ESPACIO ABIERTO
Comentario Abierto
Por: José Emilio Lobato Corrigeux.
Los Estados dentro del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Una vez definidas las responsabilidades de los tres poderes federales para dar cumplimiento a las tareas de abatir el grave flagelo de la inseguridad, el Acuerdo para la Seguridad la Justicia y la Legalidad involucra desde luego a las entidades federativas en el ámbito de sus competencias las cuales quedan establecidas constitucionalmente así como los preceptos en que la federación y las entidades federativas guardan concurrencia o en especial suscriben acuerdos de colaboración como es el caso.
Es por ello que los Titulares del Poder Ejecutivo en cada Estado de la República han comenzado a llevar a cabo acciones que coadyuven a mejorar las condiciones de la seguridad pública nacional, cumpliendo cada uno con su parte en los puntos establecidos en el Acuerdo y el primero de ellos consiste en la depuración y fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicias .mediante las siguientes medidas
· Someter a evaluación permanentemente y de control de confianza al personal de las instituciones policiales, de procuración de justicia y centros de readaptación social;
· Las procuradurías y las secretarías de seguridad pública en los estados deberán perfeccionar los mecanismos de selección y capacitación de las instituciones policiales, de procuración de justicia y los mandos de estas;
· Los gobernadores de los estados se comprometen a incrementar y etiquetar la asignación de recursos para la operación y desarrollo de las instituciones policiales y de procuración de justicia, eficientando recursos destinados a infraestructura de seguridad publica primordialmente.
· Al igual que la federación las entidades federativas a través de sus Gobernadores impulsaran el desarrollo policial y condicionarán la permanencia del personal a la aprobación de evaluaciones de control y confianza lo mismo se habrá de hacer con el personal de las agencias del ministerio público y de procuración.
Otra de las medidas a implementar es la reasignación de recursos y partidas dentro de sus respectivos presupuestos de egresos del año 2009 a las instituciones policiales y de procuración de justicia y a fin de dar transparencia a este proceso, deberán de formular reglas de operación y procedimientos eficaces.
Los gobiernos estatales además tienen que conformar, desarrollar o en su caso fortalecer unidades especializadas de combate al secuestro, es decir habrán de implementar mecanismos de evaluación y control de confianza para desarticular bandas de secuestradores y designar un enlace con la Unidad de Coordinación e Intercambio de Información Policial de la Secretaria de Seguridad Pública (Federal).
En el ámbito legislativo, los Titulares del Poder Ejecutivo de los estados deberán presentar una iniciativa de Ley de Seguridad Pública Estatal a sus Congresos Locales, cuyo contenido sea congruente con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que en su momento sea aprobada por el Congreso de la Unión.
Una acción que será de mucha utilidad es aquella en la que los Gobiernos de los Estados se incorporen al Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México donde se suscribió el compromiso de actualizar las bases de datos de vehículos, licencias de conducir, policías, expolicias reclusos, custodios, peritos, ministerios públicos registro de armamento y aplicar de manera generalizada el informe policial homologado y generar mapas geodelictivos.
Otro compromiso signado por los Gobernadores de los Estados es el de crear mecanismos de evaluación y seguimiento a través de indicadores de las instituciones policiales y de procuración de justicia, coincidentes con la metodología de indicadores nacionales y con la participación de instancias ciudadanas y finalmente establecerán un sistema de información pública sobre programas, acciones, resultados y ejercicio de recursos públicos en materia de seguridad pública y procuración de justicia.
Parte de estas acciones incorporadas en el Acuerdo, ya son consideradas en el Pacto por la Seguridad de los Veracruzanos impulsado por el Gobernador Fidel Herrera Beltrán y será en otro momento cuando nos ocupemos de el, lo cierto es que todas aquellas acciones suscritas son importantes y muy necesarias, pero sobre todo tenemos que poner en el centro del análisis cuales son las causas que originan que integrantes de instituciones policiales y de procuración e impartición de justicia.
Los ciudadanos hemos podido observar en mas de una ocasión - porque también hemos sido víctimas de la corrupción- cómo cumplidos elementos policiales arriesgan sus vidas enfrentando y deteniendo delincuentes y cuando mas han tardado en detenerlos, en menos tiempo los delincuentes salen libres por razones explicables que tienen que ver con el “tortuguismo” de la mayoría las agencias del ministerio público, no decimos todas porque existen sus honrosas excepciones y donde en muchas ocasiones ni siquiera quieren recibir las denuncias de los ciudadanos
¿Cuantas denuncias y averiguaciones ministeriales son archivadas o enviadas a la reserva por inacción de los Agentes del Ministerio Público única y sencillamente porque no se les da “para la gasolina” a los Agentes Ministeriales, para realizar sus investigaciones?, la otra es la estrategia de la “aburridora”en donde son tantas las vueltas que hacen dar al denunciante que este finalmente opta por abandonar el caso al ver que no existe una respuesta
Los policías ganan salarios muy bajos que no les permiten cubrir sus necesidades esenciales del sostén familiar y la educación de sus hijos, no han sido beneficiados con programas habitacionales para garantizarles una vida digna y decorosa, pocas veces se les estimula y cuando esto ocurre es porque tuvieron que salir lastimados o heridos en un enfrentamiento con delincuentes, por lo regular no se les apoya en su desarrollo académico para que tengan un mejor desempeño y la oportunidad de aspirar a mejores oportunidades salariales o de promoción laboral en ascensos, hace falta atender este aspecto.
La participación ciudadana es importante en los procesos de evaluación del desempeño de las instituciones policiales pero los asuntos policiales y de procuración e impartición de justicias deben hacerlo gente especializada, conocedora y experimentada, en pocas palabras, zapatero a tus zapatos, ¿no cree usted?
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