Veracruz, una historia compartida
UNA HISTORIA COMPARTIDA
V E R A C R U Z
CARMEN BLÁZQUEZ DOMÍNGUEZ
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO VERACRUZANO DE CULTURA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA
1 Dn. Sebastián Lerdo de Tejada
2 Dn. Ignacio Ramírez (Nigromante)
3 Sr. Dn. Guillermo Prieto
4 Lic. A. Lacunza
5 Gral. Vicente Ribapalacio
6 Lic. Justino Fernández
7 Lic. Benito Juárez
8 Lic. Matías Romero (Ministro Plenipotenciario ante E.U.A.)
9 Gral. Carlos Pacheco
10 Lic. Manuel Romero Rubio
Primera Edición 1988
Ó Derechos reservados
conforme a la ley, 1988
Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
Plaza Valentín Gómez Farías, 12
San Juan 03730, México, D.F.
ISBN 968-6173-63-3
Impreso en México
Contenido
Prólogo
9
Los albores del siglo XIX
13
La etapa precursora
21
Primeros años de insurgencia
29
El curso de la rebelión: insurgentes y realistas
37
Iguala y los tratados de Córdoba
43
Separación política e imperio iturbidista
49
La acción de las logias: yorkinos y escoceses
57
Años de centralismo
69
La primera reforma liberal y las pugnas políticas
81
Hacia el régimen de las 7 Leyes
89
Guerra con los franceses
99
Intermedio entre dos guerras
109
Los norteamericanos en Veracruz
119
Ocupación extranjera y guerrillas
133
Hacia la dictadura del caudillo
141
Los progresos veracruzanos a mediados del XIX
153
Resurgimiento del santanismo
167
El Camino de Ayutla
175
Las perspectivas del cambio político
183
Guerra civil y la segunda reforma
195
De nuevo los franceses
205
El imperio en tierras veracruzanas
215
La continuidad política de finales de siglo
223
Consolidación estatal
233
Cronología
243
Bibliografía
367
En cumplimiento del objetivo de “Regionalizar y desconcentrar la educación superior, la investigación y la cultura”, propuesto en el Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 1984-1988, el Proyecto Estratégico Núm. 14, “Regionalización y Coordinación de la Educación Superior y la Investigación Científica y Tecnológica” contribuye a la edición de Historia de Veracruz , 1821-1917.
Prólogo
Por iniciativa del Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora, y como parte de su programa de Historia Regional, se llevó a cabo la tarea de reconstruir los procesos históricos veracruzanos que tuvieron lugar a lo largo del siglo XIX y en la dos primeras décadas del siglo XX. La labor resultó grata porque significó una mirada retrospectiva al interior de la patria chica, un esfuerzo para explicar la vinculación de una colectividad de hombres con sus raíces, un intento para comprender el pasado local enmarcado en el contexto de la historia nacional. Asimismo, significó poner de relieve las carencias que existen en los estudios realizados hasta la fecha y hacer hincapié en la necesidad de profundizar en campos, poco o nada examinados, para poder contar con una historia del Veracruz actual mejor integrada, mucho más amplia y más novedosa.
El resultado final es el texto que se presenta, cuya finalidad primordial es la de divulgar en grandes apartados el desarrollo de una región histórica, en un tiempo y en un espacio definidos. Y si bien es una síntesis historiográfica, producto de un largo periodo de investigación y reflexión, no es en sí un trabajo basado en una estructura erudita como la que requieren obras mucho más formales. En realidad, se aspira, sobre todo, a despertar el interés de conocer mejor el pasado veracruzano a través de una lectura fácil y dinámica, con una estructura documental mínima.
Con todo, debe señalarse que la reconstrucción de los hechos históricos comprendidos en esta síntesis se efectuó con la mayor objetividad posible, con el trasfondo del aparato historiográfico formado por la autora a lo largo de sus tareas de investigación y con la esperanza de brindar nuevas perspectivas de análisis e interpretación para la historia regional, dejando de lado en la medida de lo posible, las concepciones tradicionales.
Ha quedado atrás el tiempo de la historia episódica, la que sólo quiere conservar la memoria de los grandes hombres, la que ha tratado de esconder, detrás de una desmedida valoración de sus héroes, los procesos sociales, y la que pretendió desmerecer e ignorar, por cotidianos y repetitivos, los hechos vinculados a las masas anónimas. Igualmente ha perdido vigencia la historia que únicamente aspiraba a la descripción de los hechos y de los fenómenos, al margen de las pretensiones de comprensión y explicación de los hombres mismos.
Hoy en día se trata de desembarazarse de toda tentativa de reproducción del pasado; ahora se buscan entender y explicar el devenir de los hombres en el tiempo. Se aspira también a agregar el criterio temporal que se maneja, el del pasado histórico, una nueva magnitud en donde el tiempo histórico, sin perder la fuerza del pasado, se asocie cada vez más a la noción del espacio para dar cabida a lo presente, vinculando sus interpretaciones con el porvenir de los hombres. Ese presente se relaciona, pues, con la utilidad de la historia; su análisis y estudio debe ayudar a la compresión del hombre actual.
Así, la historia es la memoria colectiva de los hombres situados entre las magnitudes de un tiempo y de un espacio definidos. Los hombres concretados históricamente en sociedades locales, regionales, nacionales, establecen vínculos imperecederos con el espacio donde desarrollan sus actividades, y dichos vínculos imperecederos con el espacio donde se desarrollan sus actividades, y dichos vínculos son los que producen la identidad local y regional de los hombres objetos de la historia.
La historia local, que se agota en los pueblos y quizá en las parroquias, y la historia regional, que aspira a superar los límites y criterios de una comarca, para alcanzar el plano nacional e inclusive rebasarlo, guarda una relación muy estrecha y la práctica profesional de hoy requiere explicaciones globales y coherentes donde se combinen análisis de todo tipo. Es decir, se tiene el compromiso de proporcionar valoraciones e interpretaciones históricas que, sin abandonar su alcance local o regional, se vinculen al contexto nacional y contribuyan a una mejor explicación de las realidades concretas de donde se desenvuelve la vida cotidiana de los hombres.
El conocimiento de una región histórica, de un dilatado pasado vivido en común por una colectividad que ocupa un territorio definido, que se ha guiado por las mismas reglas y que ha experimentado las mismas vicisitudes históricas que llevan al nacimiento de costumbres y regidos por las mismas tradiciones y reglas, permite adentrarse en el estudio de la conformación y desarrollo de las micro-sociedades, enfrentando una temática amplia y diversa. Aspectos demográficos: migraciones, densidad de población, estructuras familiares, índices de natalidad y mortalidad; actividades económicas: recursos naturales, fuerza de trabajo, tecnología, capitales, sectores de producción, mercados y circulación; estructuras sociales: clases y sectores sociales, grupos de presión o manifestaciones de organización social; estructuras institucionales: legislación, corporaciones, educación, cultura, ciencia, mentalidad.
De manera que, con el trasfondo de las concepciones delineadas, se pretendió reconstruir un siglo conflictivo y efervescente en el que se gestaba la identidad nacional, el XIX, para concluir con la consolidación estatal marcada por la promulgación de la Constitución de 1917. En este amplio periodo, Veracruz se halla inmerso en luchas constantes de grupos políticos y sociales antagónicos que buscan implantar su propia hegemonía; pugnas en las que se involucra la permanencia del patrón económico colonial y la definición de regiones como la Huasteca o la costa de Sotavento, con intereses locales muy definidos.
De forma similar a otras entidades federativas, los inicios del siglo XIX veracruzano se remontan a las últimas décadas del XVIII y los acontecimientos acaecidos en la centuria, que desde entonces se inicia, revelan un conjunto de sociedades locales y regionales en continuo movimiento, involucradas en apariencia en sus propios problemas pero a la vez íntimamente relacionadas con los procesos nacionales. Etapa en la que por tradición, se ha resaltado el papel de personajes de corte heroico: Antonio López de Santa Anna, Manuel Gutiérrez Zamora, Ignacio de la Llave, Juan de la Luz Enríquez o Teodoro A. Dehesa, y que sólo puede ser comprendida en la medida en que se examinan el conjunto de hechos históricos como parte de un desarrollo gradual y confuso que busca la consolidación de nuevos grupos y estructuras sociales que implantarán nuevos modelos económicos y políticos.
La obra se caracteriza por su pretensión de divulgación, pero también es cierto que se intentó rebasar la simple exposición para examinar los diferentes acontecimientos como parte de los procesos históricos regionales. En este sentido, se busca recalcar que es cada vez más indispensable ocuparse de áreas, sectores y temporalidades olvidados, y que es necesario ocuparse, no sólo de la historia política sino también de la social y de la económica. Los estudios monográficos anuales constituyen sólo el primer paso en la tarea que significa elaborar una historia general de Veracruz amplia y profunda.
Parecería una falta de responsabilidad y respeto el hecho de no señalar con honestidad que el quehacer histórico de la autora, su reflexión y esfuerzos de reconstrucción, contaron con el apoyo documental de otros historiadores que también tienen un gran apego a la tierra natal. De aquí que deba mencionarse concretamente la ayuda que constituyó disponer de las obras clásicas de Manuel Rivera Cambas y de Manuel B. Trens, así como las síntesis elaboradas por Juan Zilli y José Luis Melgarejo Vivanco. De utilidad sin límites fueron las partes correspondientes a los siglos XIX y XX de la historia mínima de Veracruz realizada por la misma autora en unión de Soledad García Morales y Ricardo Corzo para el Instituto Nacional de Educación para Adultos. De igual forma se echó mano de estudios monográficos indispensables para comprender ciertos aspectos de la realidad histórica veracruzana de Luis Chávez Orozco, Enrique Florescano y Miguel Domínguez Loyo.
Finalmente habría que insistir en que la visión global de los procesos históricos de Veracruz no pretende abarcar ni explicar todo. Queda mucho por hacer. Esperamos que la lectura, la crítica y la discusión de los puntos de vista aquí expresados conduzca a mayores y más profundos análisis regionales.
Xalapa, Veracruz, agosto 1987
Carmen Blázquez Domínguez
Los albores del siglo XIX
La Nueva España, al comenzar el siglo XIX, era, aparentemente, un territorio próspero, tranquilo y feliz. La riqueza pública y privada había aumentado durante el reinado de Carlos III; la minería estaba floreciente; el comercio era muy activo; la agricultura y la industria, aunque rutinarias, algo había adelantado, y en las principales ciudades se emprendían obras públicas de importancia. Se dice que, en términos generales, en el territorio novohispano no sólo se dobló su población sino que se triplicó el valor de la producción económica se sextuplicó gracias a las transformaciones borbónicas que tuvieron lugar a finales del siglo XVIII.
De aquí los criterios históricos que sostienen que durante la etapa colonial, se vivieron años de tranquilidad, progreso y paz “imperturbable”. Sin embargo, dichas transformaciones políticas, administrativas y económicas sí provocaron un desajuste social que, al no encontrar vías políticas para una solución institucional, dio paso a otros procesos que hicieron más evidentes las contradicciones del sistema y que desembocaron en el movimiento de 1810.
Veracruz, con sus características peculiares, también se vio inmerso en los procesos históricos que tenían lugar en la primera década del siglo XIX. Para esas fechas el territorio veracruzano se había organizado conforme al sistema de intendencias, contaba con una extensión de 4 141 lenguas cuadradas y comprendía un total de 185 935 habitantes de los cuales 9 379 eran españoles, 137 774 indios y 28 432 castas. Y aun cuando viajeros tan importantes como el barón Alejandro de Humbolt hablaban de la riqueza natural que caracterizaba a Veracruz, la verdad es que a pesar de los progresos coloniales, no habían logrado resolverse problemas de población y producción que determinaron, en cierta forma, la urbanización, las comunicaciones y la economía regionales.
Desde el inicio de la dominación española la desproporción entre los hombres y el territorio veracruzano fue una dificultad constante. Por un lado los efectos de la conquista aunados a las epidemias y a la insalubridad obligaron el retiro indígena a las regiones más apartadas y peor comunicadas. Por otro, los grupos blancos se resistieron a establecerse en zonas tropicales y costeras, en las que no había el aliciente de la explotación minera. El resultado fue que la “extensa y rica” provincia de Veracruz quedó virtualmente despoblada en algunas áreas y que sólo la región central conservara un mayor aglutinamiento.
Esta situación se vio fortalecida por los dos factores externos: el monopolio comercial que ejerció el puerto de Veracruz en la costa de Golfo y el sistema de comunicaciones que, como consecuencia, se estableció con el Altiplano.
Es decir, el puerto de Veracruz adquirió importancia en la medida en que a lo largo de 300 años de dominación española, el comercio y el contacto con Europa se realizaron exclusivamente a través de él, aunque limitándose a la relación directa con los puertos de Cádiz y Sevilla. Por ello, los medios de comunicación que enlazaban a la capital de la Nueva España con la plaza porteña tuvieron singular importancia. Se hallaban separadas por 430 kilómetros de variada topografía que incluía las tierras del Altiplano alto y seco, las planicies cálidas y húmedas de la costa del Golfo y las hondas depresiones de la sierra Madre Oriental, pero pese a estos inconvenientes ambas metrópolis se convirtieron en centro del comercio novohispano.
Desde entonces, el Altiplano y la costa del Golfo estuvieron unidos por dos rutas paralelas derivadas de la competencia comercial entre la región de Xalapa y la de Córdoba y Orizaba, situación en la que también intervinieron factores internos y externos, contándose entre los últimos la injerencia de los comerciantes de México, Puebla, Veracruz y aun de España. en resumen, la construcción de estas dos vías se debió principalmente a intereses mercantiles externos que indirectamente favorecieron los intereses locales de una u otra zona. La circulación de efectos por Xalapa, especialmente en la época de ferias, benefició a los mercaderes de Sevilla y Veracruz, que habían fincado sus capitales en aquella población. En contraposición, el paso por Córdoba y Orizaba convenía a los comerciantes de la ciudad de México.
La red de comunicaciones así creada sufrió pocas modificaciones en los siglos de la colonia. Los avances en la tecnología del transporte, que implicaban variaciones en la alineación, o los cambios económicos y culturales, no lograron modificar el trazado descrito, sino que por el contrario fortalecieron su permanencia, especialmente porque quienes ejercieron el control del comercio y del transporte durante la etapa colonial consideraron que las vías de comunicación entre México y Veracruz estaban destinadas a funcionar como parte de un sistema económico a larga distancia, basado en la exportación de materias primas y en la importación de artículos manufacturados.
A causa del monopolio mercantil del puerto de Veracruz y del sistema de comunicaciones, la población blanca, poco dispuesta a desafiar las dificultades que planteaba la ocupación de las regiones veracruzanas del interior, cuya riqueza radicaba en la explotación de la tierra, prefirió la parte media de Veracruz por ser más benigna y acogedora y estar mejor comunicada. Las construcciones urbanas se orientaron hacia este contexto geográfico, se levantaron asentamientos a lo largo de la traza de las dos rutas paralelas y se fusionaron intereses. De manera que hacia 1800 la intendencia de Veracruz podía dividirse en tres grandes núcleos cuyo desarrollo y urbanización había sido determinado por la concentración o escasez de población: norte, centro y sur. Evidentemente la región central continuaba presentando un mayor grado de progreso, reflejado en sus cuatro principales poblaciones: Veracruz, Xalapa, Córdoba y Orizaba. 1
En cuanto a la economía veracruzana, debido al modelo económico durante la colonia, exportación de productos básicos e importación de productos manufacturados, su renglón más relevante era el comercio. El movimiento mercantil desarrollado favorablemente dentro de este contexto hizo posible el desenvolvimiento urbano y agrícola de la intendencia y fortaleció al puerto de Veracruz de manera que, durante la primera mitad del siglo XIX llegó a considerársele, no sólo la plaza marítima mexicana más destacada, sino la ciudad mercantil de mayor importancia en el país después de la ciudad de México. De 1798 en adelante, cuando se decretó el reglamento del comercio libre, la población porteña se transformó en el depósito y centro de los comercios de España y de la Nueva España, su vecindario aumentó considerablemente, sus edificios se hicieron costosos y sus habitantes invirtieron parte de sus caudales en la infraestructura que requerían los extranjeros nacionales que fueron estableciéndose en el puerto, atraídos por su activo comercio. Hacia 1802 el movimiento mercantil ascendía a la enorme suma de $82 047 000, y en 1804 su población pasaba de 20 000 habitantes.
En cuanto a la agricultura, aunque había alcanzado un relativo progreso, continuaba enfrentando graves problemas derivados de las escasez de población, persistencia de técnicas milenarias, producción de subsistencia, carencia de grandes centros de consumo y de comunicaciones adecuadas. Debido a estos factores, y sobre todo al clima y a la orografía veracruzanos, el cultivo de granos como el maíz, frijol, arroz y trigo era de producción pobre y apenas si cubría la demanda local. La pobreza de los productos anotados queda demostrada en el hecho de que la producción veracruzana de granos ni siquiera pudo abastecer al puerto de Veracruz en los momentos en que las flotas atracaban a sus muelles. Por el contrario, la agricultura tropical, caña de azúcar, tabaco, cacao, ixtle, algodón y frutas, más adecuada a la situación, clima y tierras veracruzanas, logró impulsarse, compensando así la escasez de la producción de granos.
Debe decirse que la agricultura que prosperó en Veracruz entre finales del siglo XVIII y principios del XIX estuvo basada en aquellos productos que la mesa central no producía y sobre los cuales ejercía una demanda constante para satisfacer sus propias necesidades o para exportarlos y, así, adquirir a cambio otros bienes. Dicha circunstancia ocasionó que la producción agrícola veracruzana tuviera un carácter inestable, ya que quedó supeditada a las variaciones de la demanda exterior o a situaciones extraordinarias como la creación del estanco del tabaco, los disturbios políticos o la demanda externa. A pesar de todo ocupaba ya un lugar importante dentro de la economía novohispana, en contradicción con su escaso desarrollo industrial, determinado por la falta de mano de obra y de capitales.
Durante todo el periodo colonial el desarrollo de las artesanías y de la industria fue sumamente lento. Como puede desprenderse del contexto delineado hasta aquí, la escasez de población repercutió en la falta de mano de obra necesaria para el desenvolvimiento industrial, provocando que la economía local se apoyara en la agricultura y en el comercio. En otras palabras, la falta de población y el débil crecimiento urbano imposibilitaron la formación de una demanda que impulsara la producción de artículos semielaborados.
Hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX, aunque persistían los factores que obstaculizaban el desarrollo industrial, se lograron algunos adelantos casi siempre como resultado de circunstancias externas. Por ejemplo, la principal industria de transformación que se había establecido desde los primeros años de la dominación española: la fabricación de azúcar, piloncillo y aguardiente alcanzó su mayor auge en el periodo mencionado cuando por circunstancias políticas internas se paralizó la producción azucarera de Santo Domingo y de otras islas antillanas, quedando libre el mercado europeo a la producción novohispana. Las fábricas de puros y cigarros también surgieron en Veracruz por las mismas fechas, aunque para 1768, al prohibirse la existencia de establecimientos fabriles particulares, sólo había quedado en pie la real fábrica de puros y cigarros de Orizaba.
Aparte de estas dos industrias, cuyo crecimiento se explica por la abundancia de la materia prima en la misma región donde se instalaron y por la demanda que desde el exterior se hizo de su producción, solamente puede hablarse de escasas y reducidas artesanías como tenerías, sombrererías, alfarería, loza y fabricación de tejas y ladrillos en poblaciones como Veracruz, Jamapa, Tejería, Tlacotalpan, Alvarado, Xalapa y Orizaba. La escasa población operaba con tremenda fuerza. A fines de la colonia únicamente existían en la intendencia de Veracruz dos ciudades, cinco villas, 147 pueblos, 60 haciendas y 157 ranchos; en las ciudades, villas y en algunas haciendas se concentraba la escasa población blanca veracruzana, que nunca pudo integrar una demanda que impulsara el desarrollo de artesanías, obrajes e industrias importantes dentro de los límites veracruzanos. Por el contrario, las necesidades de ropa y artículos elaborados se satisfacían acudiendo a los mercados externos de núcleos urbanos que sí habían tenido un desarrollo industrial: Puebla, México y España. 2
Ahora bien, en las últimas décadas del siglo XVIII el clima de renovaciones producido por la etapa de las reformas borbónicas sufrió un cambio. Las grandes crisis agrarias de carácter cíclico, en que el escaso maíz, acaparado por los hacendados, llegaba a ser inasequible, tenían como secuela epidemias de hombres generalizadas que devastaban regiones enteras. En 1785 y 1786 la falta de lluvias, combinada con intensas heladas produjo una “gran hambre” que tuvo fuerte repercusión social. A partir de entonces el gobierno peninsular, temeroso también del impacto de la revolución francesa, dejó de lado las transformaciones y mejorías derivadas del despotismo ilustrado. Sin embargo, las generaciones formadas en las últimas décadas de dicho siglo no aceptaron fácilmente el recrudecimiento del despotismo político y la dependencia de España, siendo permeables a los efectos, no sólo de los revolucionarios franceses, sino al movimiento independiente de las trece colonias inglesas en Norteamérica. La idea de la independencia comenzó a difundirse, creó efervescencia social y surgieron los primeros brotes de rebelión. Ya en 1793 se habían fraguado conspiraciones de criollos en Guadalajara y en la ciudad de México, y la situación pareció agudizarse cuando, en 1796, España entró en guerra con Inglaterra.
Las hostilidades entre ambos países constituyeron un factor determinante en la efervescencia social y política que comenzaba a notarse en las principales poblaciones veracruzanas y, en especial, en el puerto de Veracruz. El auge comercial porteño fomentó el temor de los grupos mercantiles locales de que la plaza fuera presa de las fuerzas inglesas, por lo que se tomaron providencias tendientes a fortificar la provincia de Veracruz, sobre todo en la región central.
Virreyes como Martín de Mayorga, Miguel de Grúa Talamanca y Branciforte; Miguel José de Azanza y Félix Berenguer de Marquina emitieron diversas disposiciones entre las que sobresalieron las órdenes de levantar acantonamientos y la de organizar milicias locales, medidas que reforzaban la defensa de la colonia al mismo tiempo que beneficiaban a los grupos dirigentes locales. Se formaron acontecimientos en Orizaba, Córdoba, Xalapa y El Encero y se trató de fortificar la costa veracruzana por el rumbo de Ulúa y Mocambo. Las milicias provinciales se organizaron con rapidez, alistándose en ellas los solteros entre 14 y 40 años, quedando exceptuados del servicio los indios y los negros; los oficiales eran propuestos por los ayuntamientos ante el virrey y éste elegía y hacía venir el despacho desde Madrid. De igual forma se importaron algunos cuadros de oficiales y tropas peninsulares y se implantó el enganche, la consignación y la leva.
Por un lado las diferentes medidas adoptadas fueron bien recibidas por las oligarquías locales, fuertemente vinculadas con los intereses mercantiles centrados en el puerto de Veracruz. Muchos comerciantes de Xalapa, Córdoba, Orizaba y de la misma plaza porteña pasaron a formar parte de las milicias como oficiales, e inclusive impulsaron la compra de cargos militares, al igual que se hacía en las corporaciones municipales y en oficinas públicas. Además, la presencia de los acontecimientos militares en la región central veracruzana significó la existencia de capital circulante que favorecía la economía local. Por el otro, hubo cierto descontento debido a los problemas que planteaba el sostenimiento militar y la indisciplina de las tropas regulares, produciéndose muchas veces el enfrentamiento entre los mandos militares y las autoridades civiles.
Lo que, en términos generales, demostró para la Nueva España es estado de guerra entre la Metrópoli e Inglaterra, fue que la colonia podía ser abastecida por buques extranjeros, y que la industria novohispana suplía en mucho los enseres que, por lo regular, debían importarse. Por lo tanto, la falta de comunicación con la Península no resultaba tan alarmante como se había pensado y la idea de la independencia comenzó a transformarse en una meta factible. Facciones descontentas de peninsulares y criollos juzgaron que se había llegado a un grado de desenvolvimiento económico, político y cultural suficiente para que la colonia se constituyera en nación independiente y se gobernara por sí sola, sin la tutela de nadie.
1 Carmen Blázquez Domínguez, “Veracruz-Perote: contrata de Postas (1800-1840)”, La Palabra y el Hombre, Revista de la Universidad Veracruzana, México, Editorial Libros de México, 1984, Núm. 52, p. 55-68.
2 Luis Chávez Orozco y Enrique Florescano Mayet, Agricultura e Industria Textil en Veracruz, Xalapa-México, Impresora Comercial, 1965, p. 32-59
La etapa precursora
Para la intendencia de Veracruz los primeros años del siglo XIX fueron críticos, con acontecimientos que aumentaron el clima de intranquilidad derivado del estado de alerta creado por la guerra con Inglaterra.
El siglo se inició resintiendo aún los efectos de una fuerte sequía habida en 1798, misma que produjo considerable escasez de víveres que, aunada a un sensible incremento de población en la región central, desembocó en problemas de abasto y encarecimiento del precio de productos como maíz, carne y pan. A ello se sumaron los embargos de “acémilas” efectuados por las fuerzas militares que paralizaban el transporte y arruinaban el comercio. Y por último, hacia 1805 dicho funcionario decidió, contra la opinión de la oligarquía local, abandonar el puerto de Veracruz a sus propias fuerzas y establecer tropas en Perote, Xalapa y Orizaba. En la primera plaza se congregó la infantería de Tlaxcala, en la segunda los batallones de la corona, Nueva España y Puebla y los provinciales de Toluca y dragones de España, y en la tercera los dragones de México; en el puerto sólo permanecieron el cuerpo de Lanceros y el Fijo. La consecuencia lógica fue la irritación de los comerciantes porteños que consideraron a Iturrigaray desleal a la Metrópoli porque no defendía una población clave para el esquema económico colonial.
Tres años después, en 1808, la situación en la intendencia de Veracruz se agravó aún más por dos sucesos: la posición que adoptó el ayuntamiento xalapeño en relación con las inclinaciones separatistas que poco a poco dejó ver Iturrigaray, y los tumultos populares motivados por la llegada de una goleta francesa a la plaza porteña.
Para entonces, Carlos IV había abdicado ya a favor de Napoleón III y los ejércitos franceses invadido la Península. Los acontecimientos continentales aumentaron la tensión, sobre todo en territorio veracruzano y en la capital del virreinato donde las noticias eran conocidas primero, y crearon en la colonia una situación especial que propició el robustecimiento de las ideas autonomistas. La ocupación francesa produjo una aguda crisis, dentro de la cual iba a desarrollarse la guerra de liberación del pueblo español, que procedió a crear juntas directoras del levantamiento dominadas por elementos de ideología liberal partidarios de la soberanía popular, la monarquía constitucional, la división de los poderes, la igualdad de los derechos, etc… Tales eventos provocaron en la Nueva España múltiples comentarios entre todos los estados sociales y tuvieron una inmediata y grave repercusión, que finalmente llevó a la rebelión armada a la independencia. Al estallar en la Península la lucha contra la intervención francesa, José de Iturrigaray proclamó, en cierto modo, la separación provisional de la Nueva España apoyado en el elemento criollo.
Como consecuencia de la situación descrita acaeció el primero de los sucesos mencionados. El 20 de julio de 1808 el cabildo de la villa de Xalapa remitió al virrey un comunicado en el cual le informaba que, si bien la agitación popular que reinaba en esas fechas en la población era una muestra de lealtad a la corona española, la situación se consideraba delicada porque la expresión de las opiniones políticas, hecha “con ardor”, podía producir los efectos contradictorios al buen orden y a la tranquilidad. Se indicaba que el regidor Diego Leño había presentado una manifestación en donde proponía la formación de una junta, y se había decidido recurrir a Iturrigaray para que fuera éste quien dictara las medidas pertinentes. Además, se sugería la posibilidad de formar una diputación integrada por varios miembros del cuerpo municipal que pasara a la ciudad de México para residir cerca de dicho funcionario.
En realidad las protestas de lealtad del ayuntamiento xalapeño ponen de relieve ciertos vagos intentos de dar a la colonia una determinada personalidad que coincidía con las intenciones que se suponía tenía el virrey: declarar la emancipación provisional apoyado en los criollos, que veían en los acontecimientos de España la posibilidad de declararse independientes con el pretexto de guardar el trono para Fernando VII. Es notable también la proposición de enviar a México una diputación municipal que se mantuviera cerca de Iturrigaray porque, ¿qué personalidad o importancia tenía la villa de Xalapa para aprender tal prerrogativa?
Son estas interrogantes las que han hecho suponer a algunos historiadores que, fuera del papel oficial, existían ciertas relaciones entre el virrey y las autoridades xalapeñas, criollos en su mayoría, integrantes de la oligarquía local, cuyos intereses e ideas coincidían en este momento con aquellos del grupo novohispano que se inclinaba por la separación política de la Nueva España.
Se ha insistido con frecuencia en que el control y la supervisión de los acantonamientos militares, así como sus movilizaciones, fueron motivo de un constante contacto entre el cabildo xalapeño e Iturrigaray. Este último visitó varias veces Veracruz para reconocer la posición militar de aquel puerto y de otros puntos de la costa; estudió la situación de Huatusco y de Palmillas y descubrió un camino antiguo que unía a Xalapa con Orizaba; colocó algunas caballerías en Acatzingo, el Palmar, Huamantla y otros puntos; y se propuso guardar las gargantas del tránsito de Veracruz a México, en caso de que la plaza porteña fuera tomada por los ingleses, decisión que produjo los problemas señalados con los comerciantes de aquella localidad. Durante estos viajes residió en repetidas ocasiones en la hacienda de Lucas Martín, propiedad de Diego Leño, uno de los munícipes xalapeños, ubicada, según Manuel Rivera Cambas, en una situación “risueña y pintoresca” a las orillas de Xalapa.
Se dice que las relaciones así establecidas fomentaron las ideas de emancipación entre el grupo dirigente local, pero la verdad es que es probable que se haya exagerado la actuación de los dos capitulares y del propio Diego Leño y Antonio de la Peña, en los eventos que llevaron a la sesión capitular del 20 de julio y en los acontecimientos posteriores. Se sabe con certeza que las noticias procedentes de Europa inquietaron a la población veracruzana, y que en el caso de Xalapa, esa circunstancia se vio aumentada por la presencia de diversas tropas en la región y de viajeros que circulaban entre la costa del Golfo y el Altiplano. Es evidente que dichas noticias fueron discutidas, tanto por los sectores populares como por lo más ilustrados, y aún llegaron a escribirse pasquines en los que se repudiaba la ocupación francesa de la Península.
Debió existir un consenso general entre los miembros de la corporación municipal, e Iturrigaray también debió contestar en términos favorables a los requerimientos de las autoridades municipales de Xalapa, porque para agosto del mismo año, 1808, la diputación xalapeña propuesta en la sesión capitular del 20 de julio había quedado integrada por Peña, Leño y el alférez real y ya se encontraba en México. El 10 de ese mismo mes informaron a su corporación sobre la participación que habían tenido en una sesión convocada por el propio Iturrigaray; en ella, el representante del ayuntamiento capitalino, Francisco Primo de Verdad, se inclinó por el proyecto que sostenían los xalapeños e insistió en instalar una junta gubernativa independiente. La comunicación del informe anterior presentaba dos elementos nuevos que reflejaron las ideas manejadas en las reuniones celebradas, todas condicionadas a los eventos peninsulares: no se llamaba a la ciudad de México capital de Nueva España sino de “México”, y se juraba reconocer a Fernando VII como rey de España y de las Indias, o en su defecto a cualquier persona de la casa de Borbón.
El segundo suceso al que se ha hecho referencia tuvo lugar al mismo tiempo que se llevaban a efecto las juntas capitalinas e involucró una fuerte agitación popular, que reflejó el estado de tensión reinante, tanto entre la población local como entre los miembros de la oligarquía porteña. El 10 de agosto, misma fecha de la comunicación xalapeña, amaneció a la vista del puerto de Veracruz la goleta francesa “La Vaillante”. Su aparición, el fuego que sobre él hizo la guarnición de la fortaleza de San Juan de Ulúa, la salida de los botes para aprisionarlo y las diligencias que se practicaron para conducirlo a la plaza, congregaron en el muelle un numeroso grupo de vecinos que deseaban conocer el objeto y procedencia de un buque que se consideraba tenía proyectos y órdenes contrarios a la Nueva España, dada la situación política en que se hallaba la Península.
Los rumores comenzaron a circular entre los porteños. Se esparció la voz de que había venido en dicha embarcación José Miguel de Azanza, antiguo virrey novohispano, en compañía de un alto militar francés y, como después apareció en el muelle un edicto del comandante del Apostadero, Ciriaco Ceballos, que prohibía toda comunicación con la tripulación del buque capturado, la población supuso que se deseaba pactar con el enemigo.
Ante el descontento público, que adquiría con rapidez los matices de un motín, el ayuntamiento se vio forzado a llevar a cabo la proclamación de Fernando VII. Alrededor de seis mil partidarios del monarca español recogieron en sus casas a los capitulares y los obligaron a reunirse en las salas consistoriales pretendiendo que realizaban la citada proclamación. Los argumentos de la citada corporación en el sentido de que todos los preparativos para la ceremonia estaban hechos, y de que sólo se esperaba la noticia de haberse verificado la misma en la ciudad de México, no fueron escuchados. Así, el ayuntamiento tuvo que aceptar la demanda popular e inclusive ofrecer que se recogieran los pliegos y noticias que conducía la goleta francesa.
Hubo saqueos e incendios que no lograron controlar ni el gobernador militar, Pedro Alonso, ni munícipes de prestigio como Juan Manuel Muñoz, Juan Bautista Lobo, José Mariano de Almanza, Miguel Cavaleri y Alberto Herrero. Al anochecer del mismo, después de la proclamación de Fernando VII, que tuvo lugar en la plaza principal con la asistencia de cerca de doce mil personas, la animadversión contra Ceballos hizo crisis, situación que resultaba mucho más grave debido a la enemistad que existía entre este militar y los comerciantes veracruzanos, quienes le reprochaban los permisos que había concedido a la casa mercantil Murphy para comerciar con los ingleses. No es de extrañar pues, que la residencia de Ceballos fuera saqueada y quemada y que su propietario debiera refugiarse en la fragata de guerra la “O”.
El 11 de agosto, el “populacho” se dirigió a la otra casa que el mismo comandante tenía en la Marina, donde se incendiaron maderas y muebles, y de ahí se pasó a la de Tomás Murphy, rico comerciante, socio de la compañía mercantil mencionada, acusado también de traficar con Inglaterra. Dos veces penetró la multitud amotinada en la residencia Murphy, a pesar de la intervención del gobernador militar Alonso, del regidor Muñoz y de varios religiosos, los ánimos sólo se calmaron cuando dos descontentos fueron dispersados por un aguacero.
El día 12 el ambiente aún se sentía lleno de zozobra y de expectación, y se barruntaban intentos de organizar nuevas reuniones calificadas de “subversivas” por las autoridades locales y que, finalmente, lograron ser controladas cuando la corporación municipal aceptó que Ceballos no volviera a tierra firme, que los responsables de los excesos cometidos serían indultados y que se entregarían armas al vecindario “honrado” para la defensa de la plaza, concesiones que aprobó el virrey Iturrigaray resaltando el espíritu de “fidelidad” que había animado el movimiento “popular”.3
En realidad la revuelta del puerto de Veracruz reflejaba la intranquilidad existente y las pugnas políticas entre los grupos dirigentes en pro o en contra de la separación de la Metrópoli. Estando así las cosas los opositores de la independencia provocaron un levantamiento en la ciudad de México. Gabriel Yermo, los del Real Acuerdo y un fuerte sector de comerciantes peninsulares lograron la caída de José Iturrigaray y nombraron otro virrey en su lugar, Pedro Garay. Pocos días después se hizo la jura y proclamación de Fernando VII como rey de España, aunque éste continuaba prisionero de Napoleón Bonaparte.
Los sucesos referidos no dieron fin a la agitación; por el contrario, las actividades a favor de la emancipación de la Nueva España continuaron realizándose. En el caso de la intendencia de Veracruz parece que existieron algunos intentos de conspiraciones separatistas en la villa de Xalapa y en la plaza porteña.
Varios historiadores locales han vinculado la presencia de Ignacio Allende en los alrededores xalapeños, en 1808, con la difusión del anhelo independentista entre algunos círculos veracruzanos. Se indica que las fuerzas reales acantonadas en Xalapa y en una hacienda vecina, El Encero, simpatizaban con las ideas separatistas y que entre los oficiales figuraba Ignacio Allende con el grado de capitán, quien frecuentó la sociedad local haciendo amistades con las que tenía afinidad de ideas, como el porteño Antonio Merino. Manuel B. Trens llega incluso a afirmar que este último se hallaba estrechamente vinculado a Allende y que sus contactos se facilitaban con los viajes que el capitán realizaba al puerto de Veracruz con el pretexto de arreglar asuntos de comercio.
En Xalapa el canónigo Cárdena celebraba por las mismas fechas juntas secretas con varios integrantes de la oligarquía local: el médico Ojeda, los licenciados Castro, Apolbón y Ruíz, el escribano Velad, los presbíteros Cabañas y Ortices y los señores Lucido, Téllez, Rincón y Paz. Se dice que en sus reuniones discutían las ideas reformistas imperantes en España así como las actividades que desplegaban las Cortes, afirmación no alejada de la verdad si se toma en consideración la facilidad que tenían de recibir noticias del exterior antes que otros puntos de la colonia. Al ser descubierto el grupo debió dispersarse y, mientras unos eran aprendidos como fue el caso de Cárdena, otros se refugiaron en poblaciones vecinas como Naolinco. 4
3 Manuel Rivera Cambas, Historia Antigua y Moderna de Jalapa y de las Revoluciones del Estado de Veracruz, México. Imprenta de Ignacio Cumplido, 1869-1871. 5 tomos, 1, p. 190-212, 236-237.
4 Carmen Blázquez Domínguez, “El Proceso Formativo” en Historia Mínima de Veracruz, Xalapa Ver., Instituto Nacional de Educación para Adultos, 1986, mecanuscrito original, inédito.
Primeros años de insurgencia
En general la primera reacción en la provincia veracruzana frente al levantamiento de Miguel Hidalgo fue de indiferencia aunque provocó las consabidas manifestaciones de lealtad al gobierno virreinal por parte de las autoridades locales. De manera oficial se notificó el suceso en el puerto de Veracruz, en la junta capitular de 5 de octubre de 1810 cuando el ayuntamiento se refirió al bando publicado el 27 de septiembre anterior por el virrey Francisco Xavier de Venegas, en el cual se ofrecían “premios” por las cabezas de los jefes insurgentes. Los munícipes, entre los que se distinguían grandes propietarios y comerciantes como Pedro del Paso y Troncoso, Antonio de Garay, Manuel de Viya y Givaxa, Mateo Lorenzo Murphy y Valentín Revilla, estuvieron de acuerdo en manifestarle a Venegas que en la plaza porteña existía unidad, que la población era leal, que no había en ella ni división, ni rivalidades, ni partidos.
Poco después, a principios de noviembre, en Xalapa, Bernardo Cobos, subdelegado de los gobernadores y repúblicas de indios de la cabecera y de sus 34 pueblos adyacentes, manifestó al virrey la lealtad a su jurisdicción y su deseo de defender la causa de la corona española, posición militar a la adoptada por los naturales de Orizaba. El mismo funcionario, ante la disposición de las tropas acantonadas en la villa xalapeña ordenada por el virrey Pedro Garibay, propuso al ayuntamiento la creación de una junta de seguridad que vigilara la tranquilidad pública y mantuviera el orden interior, propuesta que fue aceptada.
Con igual actitud se recibió la disposición dictada por Venegas que ordenaba el enlistamiento general en las provincias. En el caso de Veracruz se intentaba resolver la falta de un ejército organizado que permitiera al gobierno virreinal disponer con rapidez de una fuerza armada, si así lo demandaban las circunstancias, en la región central de la intendencia de Veracruz. En consecuencia, se formaron cuerpos de milicias denominados “patriotas distinguidos de Fernando VII” en Veracruz, Xalapa, Córdoba y Orizaba.
Sin embargo, a pesar de las providencias adoptadas y de las declaraciones de lealtad de los grupos dirigentes y de la población en general, hubo algunos intentos de pronunciamientos insurgentes encabezados por criollos, que no tuvieron mayor repercusión. En el puerto de Veracruz, Antonio Merino se esforzó por entablar correspondencia con Allende a través de un volantero del comerciante porteño Francisco de Arrillaga, el cual en los bordados de una silla de montar llevaba y traía pliegos; con todo, la pretendida coordinación con el movimiento de Dolores no pudo llevarse a cabo.
En los primeros meses del año siguiente, 1811, la revolución armada aún no había hecho su aparición en territorio veracruzano. Los donativos voluntarios, los préstamos y la formación de milicias urbanas ocupaba la atención de las autoridades y de la población. Pero a mediados del mismo año se dejaron ver las primeras partidas insurgentes. Pequeños grupos rebeldes se presentaron por los rumbos de Medellín, Jamapa y Cotaxtla, hacia el mes de mayo, que buscaron el enfrentamiento con fuerzas realistas en los médanos ubicados en las cercanías del puerto de Veracruz. El rumbo de Perote registró la presencia insurgente por el mes de septiembre. Y por último, en el mes de octubre, los hermanos Bello se sublevaron en Mutuapa, saquearon una casa en Teocelo al grito de “viva nuestra Señora de Guadalupe” y sembraron la inquietud en Xico e Ixhuacán, mientras que en Orizaba Francisco Leyva dejaba la población para sublevarse en los alrededores de Texmalaca.
No fue sino hasta 1812 cuando los levantamientos armados cundieron por toda la intendencia respondiendo a la inquietud regional y a una circunstancia externa, la derrota del Puente de Calderón. Después los insurgentes se dispersaron por la Nueva España sin reconocer en ese momento un centro formal de operaciones o una cabeza directora. Así fue como la provincia de Veracruz se vio invadida por numerosas partidas insurgentes que pusieron en jaque a las poblaciones más importantes, algunas de las cuales cayeron por poco tiempo en su poder.
Las partidas armadas surgieron con más fuerza en la región central en donde se ubicaba el sistema de comunicaciones. Los insurgentes no contaban con un buen armamento pero tenían a su favor las defensas naturales de las zonas montañosas de Perote, Xalapa, Coatepec, Huatusco, Orizaba, Zongolica y Papantla que dificultaban la persecución realista. Como es lógico suponer, su principal centro de operaciones fueron las rutas que comunicaban la costa del Golfo con el Altiplano, en especial el camino de Perote a Veracruz, con el fin de obstaculizar el transporte de víveres, ropa, armas y mercancías que eran conducidas al interior de la colonia que, además servían para dotarlos de los pertrechos de que carecían. Muchas veces se apoderaron de ricos cargamentos provocando graves pérdidas en el movimiento mercantil local y de la ciudad de México. Al mismo tiempo que atacaban las tropas españolas destacadas para defender las comunicaciones, y transformaron en reductos insurgentes los puntos de Paso de Ovejas, Puente del Rey y Plan del Río, el gobierno virreynal por lo tanto, se vio obligado a organizar el transporte en forma de convoyes.
Grupos insurgentes como los de Rincón, Machorro, Ochoa, Fuentes, Alarcón, Moctezuma, Cortés, Moreno, Sánchez de la Vega, Tamariz y Luna asolaron las plazas de Xalapa, Córdoba y Orizaba recorriendo también los rumbos de Ayahualulco, Ixhuacán, Tuzamapan, Zimpizahua, Coatepec, Sedeño, Lucas Martín, Perote, Las Vigas, Maltrata, Zongolica, Acultzingo, Tlacotepec, Chocamán, Coscomatepec, Huatusco, Naolinco, poblaciones ubicadas en la región central de Veracruz ya mencionada, en donde se localizaban fuerzas realistas como las de Llano, Hevia y Fajardo. En este mismo año de 1812, Cosamaloapan, Chacaltianguis, Amatlán y Tesechoacán, en las llanuras de Sotavento, cayeron en poder de los rebeldes y fueron recuperadas por los realistas; Tlacotalpan y Alvarado se hallaban amagadas y en la costa de Barlovento y en la Huasteca los insurgentes extendían sus operaciones sin lograr alcanzar Tuxpan y Tampico.5
Desde el momento en que el movimiento armado insurgente se hizo presente en Veracruz, y hasta la consumación de la independencia, la economía veracruzana tuvo como principal obstáculo la inestabilidad en la movilización de efectos que demandaba el esquema económico colonial. El bando realista pudo mantener en sus manos el puerto de Veracruz y las poblaciones más grandes de la región central: Xalapa, Córdoba y Orizaba, pero le fue imposible asegurar el libre tránsito de tropas, convoyes y recuas que utilizaban los dos caminos paralelos México-Veracruz. Por su parte los diferentes grupos insurgentes nunca perdieron de vista la importancia estratégica y económica del sistema de comunicaciones, y se dedicaron a organizar múltiples partidas que operaban a lo largo de su trayecto. Así, las dos rutas que conducían a la capital de la nueva España, que habían sido factores promotores de progreso económico y urbano de la etapa colonial veracruzana, contribuyeron a incrementar el surgimiento de la insurgencia local.
Pese a que siguieron llegando barcos a los muelles del puerto de Veracruz, obviamente la carga que venía en ellos no favorecía al comercio, sino que la mayoría de las veces estaba condicionada a las necesidades estratégicas y militares. A pesar de todo, hubo sin embargo que exportar e importar las mercancías necesarias para el sostenimiento económico novohispano. El principal problema era hacer llegar los efectos a la ciudad de México, o conducirlos desde el interior a la plaza porteña.
Los caminos, además de atraer a los insurgentes, extendieron, como se ha dicho, las constantes batallas y escaramuzas por los pueblos por donde pasaban. Y de este modo, una de las zonas agrícolas e industriales más ricas de la intendencia quedó paralizada y expuesta a todos los desmanes de la guerra: los numerosos ingenios y trapiches, las fábricas y los cultivos de la caña de azúcar, tabaco, vainilla y demás productos fueron destruidos y saqueados, tanto por un bando como por el otro. Situación similar ocurrió en la rica zona agrícola de Barlovento y la región ganadera del norte, sin contar con que a los saqueos del campo, se unió el asalto y deterioro de los principales núcleos urbanos.
Al decaimiento del comercio y de las ciudades y a la destrucción y saqueo de ranchos y haciendas, se sumó otro hecho que afectó poderosamente el posterior desarrollo económico de Veracruz: la salida de los españoles y de sus capitales. El grupo europeo, desde el inicio de la insurrección, fue obligado por el gobierno virreinal a soportar parte del peso de la guerra. Se acostumbraba imponer a los españoles de cualquier condición la obligación de franquear sus ganados, granos y demás efectos para suministrar lo necesario a los ejércitos, así como también contribuir con sus carros y caballerías para el servicio de bagajes. Esta situación unida al desarrollo posterior de la contienda provocaron en general la salida de los europeos, muy especialmente los de Veracruz, Xalapa y Tampico, cuyos intereses y negocios estaban vinculados al comercio ultramarino. El grupo de empresarios y comerciantes veracruzanos, al abandonar la Nueva España y llevarse con ellos sus capitales, afectaron severamente la economía de la provincia que se vio descapitalizada y falta de crédito perdiendo además, un importante grupo empresarial.6
Los movimientos rebeldes eran pues constantes. En 1812 se produjeron dos conspiraciones. El 13 de marzo los sargentos primeros de las compañías de Provinciales de Pardos y Morenos, Matías Sandoval y Narciso García, acantonados en el puerto de Veracruz, denunciaron a Cayetano Pérez y Faustino Molina, oficiales de la real Contaduría, a quienes acusaron de tramar una conspiración en la que se había involucrado a varios cuerpos militares locales. Los conjurados fueron apresados junto con 16 personas más y ejecutados sin tomar en cuenta su minoría de edad. Posteriormente, el 8 de junio, un artillero del fuerte de San Carlos de Perote, Cleto Alcántara, denunció a sus jefes las actividades de José Miguel de Aguado, sargento segundo del Regimiento Fijo de Veracruz, que junto con otros individuos, entre los que estaban Vicente Acuña, Jorge Antonio Limón, José Antonio Segura, Vicente Espinoza y Francisco Antonio López, esperaba a ocupar la fortaleza; al igual que en la plaza porteña, los acusados fueron juzgados y fusilados el 15 del mismo mes.
Uno de los principales problemas del movimiento insurgente veracruzano de estas fechas era la falta de unidad y dirección entre los diferentes pronunciamientos armados. En un principio se creó en Xalapa la Junta Gubernativa Americana con los restos de los conjurados, en torno al canónigo Cárdena, quienes tuvieron que abandonar la población después de ser descubiertos. Refugiados en Naolinco los ahora insurgentes Rincón, Tamariz, Fiayo, Velad, Ortiz e inclusive el propio Cárdena establecieron dicha junta, la cual tuvo que emigrar más tarde a Misantla y Nautla en donde se disolvió, aunque varios de sus miembros, como Rincón, continuaron levantados en armas.
Con un propósito similar José Morelos y Pavón, quien había llenado el vacío dejado por la muerte de Hidalgo en julio de 1811, entregó el mando insurgente de Veracruz a Nicolás Bravo después de la victoria de este último sobre el realista Juan Labaqui en El Palmar. Es decir, en 1812 la incomunicación del puerto de Veracruz era tal, que tanto las autoridades locales como las virreinales organizaron los dos convoyes. El primero, protegido por el realista Ciriaco del Llano, debía entregar en la plaza porteña un cargamento de harina, que el comerciante Juan Bautista Lobo se había comprometido a entregar si se le daban las seguridades y ayudas necesarias, y recoger otro de papel para surtir la fábrica de puros de la ciudad de México. Llano salió de Puebla el 3 de julio, bajó a la costa del Golfo por la ruta de Perote y Xalapa y el 30 entró en el puerto de Veracruz. Permaneció en la población 24 horas para organizar el nuevo convoy que escoltaría, y el 10 de agosto se encontraba de vuelta en la plaza xalapeña, listo para continuar su ascenso al Altiplano conduciendo no sólo el papel para la fábrica de cigarros, sino efectos particulares, multitud de pasajeros transportados en coches y en literas y 40 cajones de correspondencia de España.
El éxito de la expedición de Llano hizo que se planeara un nuevo convoy que rompiera la incomunicación en que había caído otra vez el puerto de Veracruz después de la salida de dicho jefe realista, aunque sin tomar en consideración el ataque insurgente que Llano había sufrido en Tepeyahualco ni la continua actividad de las partidas insurgentes en torno al sistema de comunicaciones. De manera que se arregló la salida de un convoy bajo el mando de Juan Labaqui comisionado, tanto por las autoridades locales como por los mismos comerciantes, para conducir a México la correspondencia proveniente de la Península y traer de Puebla harina y otros productos que escaseaban en la plaza. Como Morelos se hallaba en Tehuacan, fue informado de la movilización del convoy y designó a Bravo para atacarlo, cosa que el jefe insurgente hizo en El Palmar donde destrozó la expedición de Labaqui.7
Poco después el propio Morelos confirió a Bravo el mando militar de la provincia de Veracruz en donde, si bien tuvo encuentros que revelaron su poca pericia como militar, también enfrentó acciones de sobra conocidas como el sitio de San Juan Coscomatepec. A partir de su designación se desarrollaron diversos acontecimientos en los cuales entraron en pugna diferentes intereses, rencores personales, intrigas, victorias y fracasos que involucraron el mando de la insurgencia veracruzana y que vincularon los nombres tanto de Bravo como de Mariano Rincón, Guadalupe Victoria, Juan N. Rosains, José Ma. Martínez, Ignacio Pérez Rayón, José Joaquín Aguilar y Manuel de Mier y Terán.
5 “El proceso Formativo…”, op. cit.
6 Luis Chávez Orozco y Enrique Florescano Mayet, op. cit., p. 59-62.
7 Manuel B. Trens, op. cit., t. III, p. 94-154.
El curso de la rebelión: insurgentes y realistas
Después de la derrota de Labaqui en El Palmar, Nicolás Bravo entró a territorio veracruzano en agosto de 1812 asumiendo el mando de las partidas insurgentes. Estableció su cuartel general en la villa de Medellín, donde llegó a concentrar una fuerza de 3 mil hombres, y con frecuencia se situó en Puente del Rey o Puente Nacional para interceptar el comercio que subía o bajaba de la costa del Golfo al Altiplano, imponiendo una contribución sobre cada fardo que pasaba.
Poco después José María Morelos y Pavón logró ocupar Tehuacan y mantener en jaque las plazas de Oaxaca y Orizaba que al fin cayeron en su poder. La villa orizabeña era indispensable para el caudillo insurgente por los grandes recursos que encerraba en los miles de tercios de tabaco almacenados en su fábrica, por lo que después del triunfo de Bravo en El Palmar, trató de aprovechar la oportunidad que se le brindaba, una vez repuesto de la acción de Ojo de Agua.
Morelos descendió con sus fuerzas por las Cumbres de Acultzingo y el 28 de octubre de 1812 ocupó la hacienda del Ingenio, el mismo día en que el oficial de la guardia en la garita de la Angostura dio parte de la presencia de diversos grupos rebeldes por ese rumbo. El 29 una columna de insurgentes se situó frente a la garita, en tanto otras dos avanzaron por las faldas de San Cristóbal y Santa Catarina.
La plaza de Orizaba, defendida por 500 hombres bajo las órdenes del realista José Antonio Andrade, criollo veracruzano, rehusó rendirse; finalmente fue tomada por los rebeldes ese mismo día. Morelos permaneció en ella solamente 40 horas, y como su principal objetivo era privar al gobierno virreinal de los recursos que le proporcionaban las existencias de tabaco en la villa, ordenó la requisa de las cargas halladas en almacenes y casas particulares y del total obtenido, una parte fue vendido a muy bajo precio, otra agregada al botín insurgente y el resto consumido por el fuego.
Las consecuencias de la ocupación insurgente fueron incalculables para la economía local aunque, desde luego, contribuyó a destruir un monopolio. Al mismo tiempo se arruinaba el gobierno virreinal y a muchos particulares: cerca de 14 casas comerciales se vieron afectadas. Algunos historiadores como Manuel B. Trens sostienen que el caudillo insurgente estuvo en lo “justo” al permitir que sus tropas saquearan los almacenes y quemaran los tercios de tabaco que hallaron en ellos, puesto que al fin y al cabo, aunque significó la ruina de no pocos particulares, constituían un valioso recurso para la guerra.
El 31 de octubre las fuerzas insurgentes emprendieron la retirada hacia Tehuacan por la misma ruta que habían usado en su bajada desde Tehuacan, la de las Cumbres de Acultzingo, y sostuvieron un reñido encuentro con las tropas realistas de Luis del Águila en el que fueron derrotadas. La consecuencia final fue la dispersión de los insurgentes veracruzanos y la recuperación realista de la villa de Orizaba.
En medio de los enfrentamientos militares tuvo lugar un acontecimiento importante para los sectores sociales aún vinculados a los sucesos peninsulares: la promulgación de la Constitución española de 1812. El 7 de septiembre el gobernador Juan Soto recibió de Cádiz un ejemplar de dicho código para su conocimiento y cumplimiento, y el primer punto del territorio veracruzano donde se divulgó fue el puerto de Veracruz. El bando fue publicado el 2 de octubre, el 14 la Constitución y el 15 el ayuntamiento porteño hizo su juramento, mientras la ciudad se hallaba engalanada y con ambiente festivo.
En la villa de Xalapa, el edicto que ordenaba la publicación y jura de la Constitución de Cádiz se hizo público el 10 de noviembre. El 14, las autoridades locales se reunieron en las salas capitulares para presentar el juramento con vivas, repiques, salvas de artillería y otras demostraciones de júbilo popular. Y en cuanto a las villas de Orizaba y Córdoba, en la primera se publicó el bando del juramento el 25 de diciembre, el 26 se procedió a la lectura del código y el 27 se le juró en la iglesia parroquial; en la segunda, el bando fue dado a conocer el 31 de diciembre y los actos de promulgación y jura se efectuaron el 2 y 3 de enero del año siguiente, 1813.
No obstante las manifestaciones de júbilo con que fue recibida la promulgación de la Constitución de Cádiz, al menos en las poblaciones veracruzanas más importantes, y de la recuperación de Orizaba por las fuerzas realistas, los ataques insurgentes continuaron deteriorando la tranquilidad y la economía de la intendencia. Aún en diciembre de 1812, Nicolás Bravo, al saber que salía de la ciudad de México el convoy escoltado por el brigadier Juan José de Olazábal, se fortificó en Puente del Rey para esperar el paso de la expedición.
Después de la victoria de El Palmar, la acción del Puente del Rey contribuyó a aumentar el prestigio del jefe insurgente. El encuentro tuvo lugar el 14 de enero de 1813. Las tropas de Olazábal fueron rechazadas y regresaron a Xalapa para, posteriormente, reiniciar su marcha, sorteando la posición rebelde por el vado de Apazapam y las alturas de Jacomulco, para llegar a la plaza porteña tras 11 días de penosa marcha.
Después de la derrota realista y de un frustrado intento de ocupar la villa de Xalapa, Bravo se trasladó a Tlalixcoyan, desde donde pretendió sin éxito ocupar el puerto de Alvarado, siendo rechazado por sus habitantes que simpatizaban con el orden establecido. De aquí se dirigió a San Juan Coscomatepec, por los rumbos de Córdoba y Orizaba, y en ese punto desde mediados de junio del mismo año comenzó a construir fortificaciones. Aquí fue sitiado durante 69 días, del 5 de septiembre al 4 de octubre, hasta que el jefe insurgente, en vista de la escasez de parque y provisiones, rompió el cerco realista tomando el camino de San Pedro Ixhuatlán, Ocotlán, Huatusco, de nuevo Puente del Rey, la costa de Sotavento y, por último, abandonó Veracruz para reunirse con las fuerzas que Morelos concentraba en Valladolid.
La salida de Nicolás Bravo del territorio veracruzano dejó tras de sí la disputa por el mando insurgente. Ya Bravo había encarado dificultades con algunos jefes rebeldes, como Mariano Rincón, que le reprochaban haber abandonado Puente del Rey después de su triunfo sobre Olazábal y de haber perdido la oportunidad de ocupar la villa de Xalapa. Su retirada hizo evidente las diferencias entre Juan Nepomuceno Rosains e Ignacio López Rayón, pugnas que tuvieron severas consecuencias para la insurgencia en Veracruz: se perdieron las acciones de Omealca, Jamapa y Huatusco. Y pese a las conversaciones que los jefes rebeldes tuvieron en Acazónica, convocados por Rosains para solucionar sus desavenencias, no se logró alcanzar la unidad total.
Quizás, tomando en consideración los problemas que las partidas insurgentes vivían en la provincia veracruzana, Morelos designó hacia mediados de 1814, a Guadalupe Victoria para asumir su dirección. Este caudillo contaba también con el apoyo que le habían otorgado en la propia reunión de Acazónica los insurgentes descontentos por las actividades de Rosains. Su primer hecho de armas fue el ataque que realizó en Tolome, el 19 de junio, sobre el convoy que escoltaba el realista Miguel Meléndez; poco después, el 13 de julio, asaltó con éxito un convoy-correo en el camino real, cerca de Puente del Rey.
Victoria, como caudillo insurgente, alcanzó mayor prestigio que Bravo. Este jefe rebelde hizo de la zona ubicada entre Naolinco, Puente del Rey y Huatusco el campo de sus operaciones recibiendo pertrechos por Nautla y Boquilla de Piedra. Si bien su presencia no puso punto final a las diferencias y pugnas insurgentes, constituyó un constante problema para la pacificación que pretendía el gobierno virreinal. Unas veces triunfante y otras derrotado, aprovechó con gran habilidad la protección que podía brindarle el suelo veracruzano; se refugió en barrancas y bosques de donde salía para atacar tropas y convoyes utilizando las ruinas de Palmillas y el Castillo como puntos de resguardo y resistencia.
A lo largo de los siguientes años de guerra, y hasta 1818, la rebelión insurgente continuó manifestándose principalmente en la región central en donde, como se ha señalado, la importancia de sus poblaciones y el tránsito de mercancías favoreció la existencia de las partidas rebeldes. Pese a que las fuerzas realistas lograron conservar el puerto de Veracruz, Xalapa, Orizaba, Córdoba, Alvarado, Tlacotalpan y otras poblaciones de relevancia, las partidas insurgentes se movilizaron por sus alrededores bloqueando las comunicaciones y forzando la continua organización de escoltas para las expediciones que salían de la plaza porteña.
Entre 1814 y 1815 hubo sobre todo enfrentamientos por los rumbos de Misantla, Boca del Río, Cotaxtla y aun Playa Vicente, donde se batieron fuerzas rebeldes que buscaban ocupar la barra de Coatzacoalcos para desembarcar armamento, una vez que los realistas los habían desalojado de Nautla y Boquilla de Piedra. También por entonces, hacia el rumbo de Barlovento y Sotavento, las fuerzas insurgentes dominaron gran parte de las regiones costeras, las pendientes del declive oriental de la cordillera. En el sur. Grupos como el comandado por Domingo Bainas amagaron Jamapa, Alvarado, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Amatlán y Cosamaloapan apoderándose de algodón, maíz, frijol y ganado; por la Huasteca, Tuxpan, Tihuatlán y Papantla las fuerzas realistas eran continuamente asediadas, sin mencionar los efectos que tuvo en la tierra papanteca el levantamiento de Mariano Olarte en la sierra de Coyuxquihui, desde donde resistió los ataques realistas por espacio de cuatro años.
Y si bien la muerte de Morelos, en diciembre de 1815, tuvo sus repercusiones sobre el movimiento, ello no significó la desaparición de los grupos insurgentes que, a pesar de la decadencia de sus acciones, continuaron haciendo sentir su presencia al adoptar, cada vez con mayor frecuencia, la táctica militar de la guerra de guerrillas. De 1816 a 1817, Victoria y otros jefes rebeldes veracruzanos se batieron por Boquilla de Piedra, Nautla, Misantla, Monte Blanco, Jamapa y Chiquihuite. En el fuerte de Palmillas, fortaleza construida en un peñón de difícil acceso, ubicado a corta distancia de Huatusco, tuvo lugar, por más de 60 días, una solitaria resistencia rebelde, y las noticias de la expedición de Francisco Javier Mina no dejaron de dar impulso a la decaída insurgencia veracruzana.
En 1818 algunos grupos insurrectos llegaron inclusive a incursionar junto a las murallas del puerto de Veracruz, pero la rebelión parecía extinguirse ante la política conciliatoria del virrey Juan Ruiz de Apodaca; varios caudillos se acogieron a la amnistía que les otorgaba el gobierno virreinal, como en el caso de Fuentes de Alarcón, y otros, como Victoria, eligieron mantenerse en pie de lucha, aunque reducidos a las zonas montañosas del centro de la provincia. 8
8 Carmen Blázquez Domínguez, “El Proceso Formativo…”, op. cit.
Iguala y los tratados de Córdoba
Ahora bien, mientras parte de la sociedad novohispana había optado por la lucha armada contra el gobierno virreinal, sosteniendo la opinión de que la Nueva España estaba lista para gobernarse a sí misma, otras había aceptado la invitación del gobierno peninsular, nacido de la lucha contra Napoleón, para elaborar una constitución política de la monarquía española. En Veracruz el código había sido bien recibido, publicado y jurado en medio de celebraciones oficiales en 1813. En 1814, cuando el virrey Félix María Calleja lo abolió, hubo criollos que al restablecerse el régimen autoritario se decidieron por el movimiento de independencia.
Hacia 1819, sólo quedaba en pie de lucha en la colonia un núcleo insurgente importante pero aislado, el de Vicente Guerrero y Pedro Ascencio en el sur, sin contar los esporádicos ataques de guerrillas como las de Victoria; la mayoría criolla partidaria de la separación de la Metrópoli parecía haber aceptado la derrota. Sin embargo, una nueva coyuntura despejó el camino hacia la independencia sin que ello significara libertad y reformas sociales. En 1820 una revolución liberal obligó a Fernando VII a restablecer la Constitución de Cádiz y las Cortes españolas integradas por liberales exaltados, decretaron medidas contra los bienes y las inmunidades del clero español. Esas noticias que llegaron vía Veracruz, provocaron una gran agitación entre todos los estratos sociales novohispanos.
La provincia veracruzana tuvo conocimiento de los sucesos que condujeron el establecimiento del régimen constitucional español en abril de 1820. Un buque salido de la Coruña trajo al puerto de Veracruz la noticia del levantamiento del general Riego y las gacetas de Madrid, en las que se insertaban los decretos del rey anunciando haber jurado de nuevo la Constitución de 1812. Las autoridades porteñas comunicaron a la ciudad de México esas noticias, pero aún así el virrey Apodaca optó por no tomar ninguna decisión mientras no recibiera órdenes concretas de la Metrópoli.
El prolongado silencio de las autoridades, tanto políticas como militares y eclesiásticas, aumentó el descontento de la sociedad veracruzana, en especial de los comerciantes del puerto de Veracruz cuyas inclinaciones a favor del régimen liberal peninsular eran de todos conocidas, y provocaron un movimiento popular que llevó al cumplimiento inmediato del real decreto de 16 de marzo de 1820 en el que se mandaba la observancia del código de Cádiz. La jura de la Constitución tuvo lugar, pues, el 26 de mayo, y su noticia motivo la proclamación del mismo en la capital. El 9 de junio una ceremonia similar se efectuó en la villa de Xalapa, el 10 en la de Orizaba y el 18 en la de Córdoba.
Empero, el restablecimiento de la monarquía española no fue bien recibido por otros sectores de la sociedad novohispana. Las reformas que ahora sostenían los liberales en el poder excitaron profundamente al clero que miraba con preocupación la imposición de un régimen liberal en Nueva España, contrario al dominio económico y político que durante tres siglos había ejercido. Con esta actitud coincidieron los grandes propietarios y comerciantes vinculados al Consulado, los altos jefes del ejército e incluso los oficiales criollos que se consideraban postergados por los peninsulares.
El descontento de diferentes grupos sociales novohispanos auspició las reuniones que desde mayo de 1820, antes del restablecimiento de la Constitución en la ciudad de México, se comenzaron a celebrar en la casa de ejercicios conocida como la Profesa. Poco a poco las reuniones se convirtieron en una conspiración que eligió a Agustín de Iturbide como jefe de un levantamiento militar que consumara la separación de la Nueva España, para salvar sus propiedades y privilegios.
Mediaba el mes de marzo de 1821 cuando se supo en el puerto de Veracruz la proclamación del Plan de Iguala, lo que produjo, como era natural, gran expectación en una población en donde el sector español jugaba un papel determinante. La villa de Xalapa también tuvo conocimiento del levantamiento y en un principio su ayuntamiento trató de poner en estado de defensa a la población. Pero poco después los partidarios de la insurgencia desplegaron nuevas actividades y Victoria hizo su reaparición por el rumbo de Huatusco mientras Xico, Teocelo, Coscomatepec y Actopan y otros pueblos se declaraban a favor de la insurgencia. Inclusive en los núcleos urbanos de la región central de Xalapa, Córdoba y Orizaba se trabajaba por la misma causa.
En la provincia de Veracruz dos xalapeños encabezaron el levantamiento a favor del Plan de Iguala. En un principio José Joaquín de Herrera se pronunció en Perote y desde ahí se encaminó a Orizaba, población que tomó después de derrotar a las fuerzas realistas, comandadas por Antonio López de Santa Anna quien, al no poder recuperar la plaza, llegó a un acuerdo con Herrera adhiriéndose a los postulados de Iguala y juntos ocuparon Córdoba. En ambas villas fueron recibidos con muestras de entusiasmo por la población en general. Después Santa Anna, el antiguo oficial realista, ahora insurgente, recorrió la costa de Sotavento mientras Herrera operó en la región central. De esta forma, el sistema de comunicaciones volvió a ser teatro de constantes acciones militares quedando a la causa realista únicamente el puerto de Veracruz.
En realidad el descontento de una gran parte de la sociedad veracruzana había crecido a medida que se prolongaban los años de inestabilidad política y de inseguridad que afectaban a los diferentes sectores de la economía local, en especial el comercio. El malestar de las oligarquías regionales, que crecía diariamente aumentado por los graves perjuicios derivados de las actividades insurgentes, llevaba a inculpar de la situación tanto a las autoridades locales como a las virreinales que no habían logrado una pacificación completa de la colonia. Es decir, la constante interrupción de las partidas rebeldes en el sistema de comunicaciones provocó la paralización y la ruina del comercio, principal ramo económico de los grupos sociales que controlaban la política y la economía regional. Cabe recordar que los comerciantes veracruzanos habían logrado entendimientos, en diversas ocasiones, con las fuerzas insurgentes que operaban en torno a los dos caminos nacionales, el de Xalapa y el de Córdoba y Orizaba, con el objeto de transportar sus mercancías fuera de los convoyes oficiales mediante el pago de ciertas contribuciones que cubrían “gustosos”. Debido a que la situación no cambiaba el ambiente se hizo permeable a las ideas sostenidas por los mismos insurgentes y a las actividades de los conspiradores de la Profesa, y un ejemplo de ello fue el cambio político de Antonio López de Santa Anna, hijo de una familia criolla acomodada vinculada a diversas actividades, una de ellas el comercio porteño.
Cuando el 30 de julio de 1821 arribó al puerto de Veracruz Juan O´Donojú, el movimiento de Iguala se había extendido por la provincia veracruzana y Santa Anna había intentado ocupar sin éxito la plaza porteña. El puerto era reducto español poblado por comerciantes peninsulares, acaso liberales, pero enemigos de la independencia, que en medio de múltiples contradicciones, estableció una serie de comunicaciones con el jefe insurgente que dominaba la región, el propio Santa Anna, y con Agustín de Iturbide.
El 11 de agosto la villa de Córdoba resultó elegida para realizar en ella la entrevista entre el funcionario español y el caudillo de Iguala por haber dado, según historiadores locales, muestras de “patriotismo”, lo que podría traducirse en que el grupo dirigente local había aceptado, desde su ocupación por Herrera, el viraje político planteado por Iturbide.
Antonio López de Santa Anna fue el encargado de custodiar a O´Donojú en su traslado del puerto de Veracruz a la población cordobesa en donde, el 24 del mismo mes, se firmaron los tratados de Córdoba que ratificaban, en lo esencial, el Plan de Iguala. 9
A partir de estos años entró en el escenario de la política veracruzana y nacional la controvertida personalidad de Antonio López de Santa Anna. Se convirtió en el símbolo de una época, a grado tal, que algunos autores han llamado el periodo comprendido entre 1821 y 1854 la era de Santa Anna, lo que no podía ser más exacto. Por más de un cuarto de siglo fue el hombre fuerte de México, con gran arraigo en su tierra natal en donde se hallaba la mayor parte de su “clientela”. Su nombre se vinculó a todas las rebeliones, sirvió a todos los partidos y transformó partidos y hombres en instrumentos de su propia ambición; genio de la oportunidad, supo siempre el momento exacto de unirse a la facción que tenía la fuerza y el poder.
Sin embargo, culparlo de lo ocurrido en estos años, de los disturbios y de la inestabilidad del periodo que a continuación se abordará, es confundir, con el drama mismo, a uno de sus principales autores a través del cual México intentaba forjar su identidad nacional. Por el contrario, podría considerársele como el “espectro” de la sociedad que lo exaltó y repudió, como el “prisma” que refracta y descompone los valores positivos y negativos, las preferencias, cualidades y defectos sociales de la época histórica que ambientó su vida. De esta forma, es posible presentar al caudillo veracruzano como poseedor de un fino instinto para captar la sensibilidad del pueblo mexicano y sus necesidades económicas y sociales, como un hombre que utiliza ese conocimiento en su propio beneficio y en el de su política.
Por último, habría que vincularlo a la idea del hombre providencial, que tanto impacto tuvo en la Hispanoamérica del siglo XIX, para poder comprender al hombre y a su época. Producto de la fusión de la fe en la Provincia predicada por el cristianismo y del atavismo mágico de las culturas prehispánicas, esta concepción llevó a los pueblos hispanoamericanos a esperar y exigir milagros del hombre providencial, sin reparar en su humanidad, determinando en cierto modo, la transición entre el caudillismo y el despotismo. 10
9 Othón Arroniz, Los Tratados de Córdoba, Xalapa-México, Editorial de la Universidad Veracruzana, 1986, 151 p., p. 49-51, 73-83.
10 Agustín Yánez, Santa Anna. Espectro de una Sociedad, México, Ediciones Océano, 1982, 251 p., p. 239-251.
Separación política e imperio iturbidista
En el momento en que la Nueva España alcanzó la separación política de la Metrópoli y se transformó en México, carecía de los elementos sociales indispensables para constituir un verdadero país independiente. Sus habitantes, acostumbrados a “callar y obedecer” durante los tres siglos de dominación española, tuvieron que iniciar su ruta a través de un periodo de anarquía y lucha en busca de la fórmula que permitiera construir la nacionalidad. Triunfante el Plan de Iguala, la formación del nuevo estado se convirtió en un problema prioritario, y la derrota de los ejércitos campesinos de Hidalgo y Morelos facilitó el hecho de que ese nuevo estado fuera resultado directo de un compromiso entre las oligarquías regionales, las altas jerarquías eclesiásticas y militares y los restos, todavía poderosos, de la oligarquía indiana, cuyos intereses se manifestaron en los acontecimientos que condujeron a la consumación de la Independencia.
Las pugnas entre diferentes fracciones sociales que buscaban consolidar su hegemonía e imponer sus proyectos de Estado y nación, provocaron un clima de inestabilidad permanente en el que todo elemento de orden fue destruido. En el breve periodo de 33 años, de 1821 a 1854, hubo un imperio, se dictaron cuatro constituciones, se establecieron dos regímenes federales y dos centralistas, ocurrieron dos guerras con el extranjero, en la última de las cuales el país perdió la mitad de su territorio, y en las postrimerías de esta etapa, el caudillo veracruzano Antonio López de Santa Anna estableció una dictadura con el apoyo de elementos conservadores. Se buscaba, repetimos, una fórmula de organización y de consolidación de poder que permitiera delinear la nacionalidad mexicana. Del conflicto entre diferentes tendencias y opiniones se originó un estado crónico de disputas sociales que duró hasta que desaparecieron los privilegios, costumbres e instituciones derivados de la época colonial y una fracción social emergente logró establecer su dominación.
En el momento de su independencia, México era el más extenso de los países hispanoamericanos, y en 1822 su territorio se amplió más, al incorporársele las provincias centroamericanas que abarcaban casi medio millón de kilómetros cuadrados. Tenía problemas que afectaron su desenvolvimiento a lo largo de la etapa independiente: aislamiento internacional, dificultades fronterizas, separatismo de regiones, baja población, deterioro de caminos, reducción de la producción minera, agrícola e industrial, déficit del erario nacional, una hacienda en permanente bancarrota y discordia civil. A todo esto debe agregarse la inexperiencia de los criollos en la administración pública, la inclinación de los caciques para erigirse en jefes absolutos de sus áreas de afluencia, las ambiciones de poder de los caudillos, del desinterés político de la gran masa de la población, los enfrentamientos de los partidos políticos en formación y la vehemencia política de los elementos medios de la sociedad.
El paulatino desarrollo de los procesos históricos, a través de los cuales se integraba la nación, repercutieron en el desenvolvimiento político y económico de Veracruz. La sociedad veracruzana también buscaba estabilidad y progreso después de diez años de guerra que fueron suficientes para abatir determinadamente el auge comercial de su principal plaza marítima y el lento desarrollo agrícola e industrial que se venía observando desde los primeros tiempos de la Colonia. Habría que recordar los efectos paralizantes que las constantes batallas y escaramuzas tuvieron a lo largo de la traza del sistema de comunicaciones, el decaimiento del comercio, la destrucción y saqueo de ranchos y haciendas; y el resultado de la emigración de capitalistas peninsulares. Y por último, aparte de las consecuencias económicas, la revolución de la independencia provocó desplazamientos y bajas notables en la población, con lo cual el problema más serio que encaraba la provincia veracruzana adquirió un cariz alarmante.
Los diferentes sectores de la sociedad regional, sobre todo los grupos dirigentes de las cuatro poblaciones más importantes de la región central, habían decidido finalmente unir sus destinos a los criollos y peninsulares que impulsaron la separación de la Metrópoli, y a partir de esta época, en la búsqueda de esa estabilidad y progreso que se ha mencionado, contaron con el impacto de la personalidad de Antonio López de Santa Anna, cuya clientela dentro del territorio veracruzano era numerosa y que en un lapso de seis meses había recorrido la escala de teniente graduado de capitán, cargo que ostentaba a principios de abril de 1821, hasta la alta graduación de brigadier otorgada por Iturbide, a finales de octubre.
La Junta de Gobierno, instalada en la ciudad de México el 28 de septiembre de 1821 y compuesta por 38 aristócratas, tuvo como metas elegir a los miembros de la regencia y reunir un congreso encargado de elaborar una constitución política. Y mientras tenía lugar dicho acontecimiento, la crítica situación en que se hallaba el puerto de Veracruz, aún ocupado por fuerzas peninsulares que no reconocían los tratados de Córdoba, tomó un nuevo curso.
Era evidente que no quedaba sometido al gobierno español más que un punto, la plaza porteña con la fortaleza de San Juan de Ulúa. En septiembre, el general Dávila, que dominaba la ciudad, decidió ponerse en comunicación con el jefe militar de las fuerzas trigarantes que los habían sitiado, Santa Anna. Estaba dispuesto a entregar la plaza con la idea de trasladar sus tropas a Ulúa, llevándose los cañones de mayor calibre y todas las municiones y existencias de dinero disponibles en las cajas reales, dejando inutilizado el material de guerra que no pudiera aprovechar.
Por su parte, el Consulado de Veracruz y las autoridades municipales, enfrentados a lo inevitable y previendo que una vez desalojado el puerto quedaría expuesto a las contingencias de una ocupación violenta o de revueltas populares, procuraron obtener del jefe español seguridad sobre personas y propiedades. Se temían sobre todo las hostilidades que provocaría la fortificación peninsular en Ulúa, distante de sus muros apenas un kilómetro.
El 26 de ese mes, Dávila, seguido de su reducida tropa, se trasladó al castillo dejando a la corporación municipal la libertad de tratar con los jefes insurgentes la capitulación de la ciudad. En consecuencia el ayuntamiento porteño, procurando evitar desordenes y conservar la estabilidad tan necesaria a su economía, nombró gobernador interino a Mariano Rincón y levantó un acta de adhesión a la Independencia. Al poco tiempo Santa Anna, en su calidad de comandante general de la provincia veracruzana ratificó el nombramiento. Desde este momento el puerto de Veracruz quedó expuesto a los ataques que desde San Juan de Ulúa podía realizar Dávila, el cual logró sostenerse por algún tiempo, gracias a los auxilios que recibía de La Habana y a la falta de una marina de guerra nacional que permitiera ocupar la fortaleza. 11
El curso de los acontecimientos nacionales llevó a la celebración de elecciones para representar a la provincia veracruzana en el Congreso Constituyente que reuniría en la ciudad de México. Por Veracruz resultaron elegidos el cura de Tecali José María Becerra, el entonces ya brigadier José Joaquín de Herrera, el alcalde primero de Córdoba José Francisco Quintero y los tenientes coroneles Leandro R. Echenique, José Ignacio Esteva, Miguel Argüelles, Sebastián Camacho y Juan N. Urquía. El 28 de enero de 1822, Manuel Rincón, gobernador y jefe político, publicó una proclama en la que revelaba las grandes esperanzas que tenía en los trabajos de los representantes de los once partidos en que se había dividido al territorio veracruzano.
El 24 del mes siguiente, febrero, se inauguraron las sesiones de la nueva asamblea. Sus integrantes eran en su mayoría criollos imbuidos de las ideas y postulados manejados en las revoluciones francesas y norteamericanas, simpatizantes de las formas republicanas; asimismo existía una minoría monárquica dividida entre borbonistas e iturbidistas. Y mientras se ponían en marcha los primeros trabajos políticos del país recién independizado, llegó a México la noticia de que ni las Cortes españolas ni el gabinete de Madrid habían reconocido los tratados de Córdoba, mucho menos aceptaron el trono mexicano para un príncipe español.
Iturbide, al tener conocimiento de la posición adoptada por la antigua Metrópoli, no vaciló en aceptar los trabajos de sus partidarios entre quienes se encontraba Santa Anna. El resultado final fue que por encima de las inclinaciones democráticas de la mayor parte de los diputados, los militares criollos, el clero y las clases privilegiadas, utilizando el artículo que permitía la creación de una monarquía mexicana, convirtieron al caudillo de Iguala en emperador. El 18 de mayo un sargento de regimiento de Celaya, Pío Marcha, seguido de numerosa plebe, proclamó a Iturbide cabeza de un naciente imperio y al día siguiente el Congreso admitió el sesgo de los acontecimientos.
Un extraordinario salido de Puebla llevó a las autoridades veracruzanas copias certificadas en las cuales se participaba la creación del régimen imperial. El 22 de mayo, en el puerto de Veracruz, el gobernador y jefe político Manuel Rincón, la diputación provincial y los miembros del ayuntamiento, después de discutir los sucesos, convinieron en suspender todo acto que obedeciera hasta recibir órdenes del gobierno supremo, mismas que llegaron a la plaza para que el día 25, reunidas de nueva cuenta las autoridades mencionadas, se acordara acogerse al nuevo orden en medio de festejos, Tedeum e iluminación de la ciudad. Tres días después el 28 de mayo, la diputación provincial expidió un manifiesto para participar al público la proclamación de Iturbide.
Antonio López de Santa Anna, en su calidad de comandante general, expidió una proclama en la villa de Xalapa en la que daba a conocer el decreto del Congreso Constituyente por el cual se instituía el primer imperio mexicano. Su lealtad hacia Iturbide parecía indiscutible, y probablemente ejerció cierta influencia en los grupos dirigentes locales que, a pesar de la efervescencia del momento y de algunas opiniones contrarias, aplaudieron el curso político que se le daba a la nación.
No obstante la popularidad inicial que pareció acompañar el surgimiento del imperio, la verdad es que nació muerto porque nació el indigente y porque defraudó las esperanzas de quienes veían en él una especie de “piedra filosofal”, una receta para convertir en oro las riquezas naturales del país. Las conspiraciones borbonistas y republicanas fueron constantes, evitando así la estabilidad que requería el nuevo régimen e impulsando el descontento de los sectores sociales en general cuyos intereses se hallaban en pugna: la antigua oligarquía indiana, las oligarquías regionales, fracciones emergentes de comerciantes-empresarios, una clase militar que antes no existía y elementos políticos, que sin constituir exactamente partidos políticos, comenzaban a organizarse en logias masónicas.
Poco a poco la situación de todo el país se volvió desconsoladora. Iturbide, en oposición constante con el Congreso, ordenó su disolución el 31 de octubre, nombrando en su lugar una Junta Nacional Instituyente. El erario estaba exhausto, en las provincias reinaba la anarquía y Dávila desde San Juan de Ulúa entorpecía el tráfico mercantil por el puerto de Veracruz y hostilizaba la plaza,
Con las actitudes y decisiones adoptadas por el caudillo de Iguala que no contribuía a consolidar la paz y el orden público.
Una de las consecuencias más graves de la política iturbidista fue provocar la enemistad de varios jefes militares entre los que se encontraba Antonio López de Santa Anna. El emperador ya no confiaba en la lealtad del militar veracruzano que se había mostrado sumamente activo en el ámbito local. Al no poder controlarlo desde la ciudad de México, decidió bajar a Xalapa con el pretexto de tomar las precauciones necesarias para posesionarse de Ulúa.
El 9 de noviembre de 1822 el ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, José Manuel de Herrera, informó a las autoridades veracruzanas del próximo viaje de Iturbide y el 11 el comandante de arnas de la villa, Pablo María Mauleaá, comunicó la noticia al ayuntamiento de la villa. Los capitulares, entre quienes se contaban propietarios y comerciantes de gran importancia en el ámbito local, acordaron destinar para la estancia del emperador y de su comitiva las casas de los señores de Almanza, Castillo, Orta, Murphy y Miranda; asimismo dispusieron el aseo de calles y plazas y la iluminación del vecindario. Santa Anna por su parte, residente en el puerto de Veracruz, se dirigió al cuerpo municipal el 13 del mismo mes, para indicar que se trasladaría a la villa de Xalapa con el objeto de cumplimentar al emperador, dejando al frente de la comandancia al coronel Pedro Madera.
Iturbide arribó a la plaza xalapeña el 16 de noviembre y su legada y recibimiento, según señala Carlos María de Bustamante, no correspondieron a lo que él se imaginaba a pesar de los trabajos del ayuntamiento. Se le vio con indiferencia y se le trató con “tibieza” ya dominaba entre la población el “gachupinismo”. La corta permanencia menguó mucho más su prestigio y provocó en el ánimo inquieto y ambicioso de Santa Anna la toma de decisiones revolucionarias y trascendentales.
La entrevista entre ambos caudillos no tuvo tampoco los resultados esperados. Santa Anna se presentó ante Iturbide en el paseo conocido como de los Berros usando un vistoso uniforme y al frente de una “lucida” escolta como si tratara de opacar el brillo imperial. Las diferencias entre ambos eran evidentes; tanto el uno como el otro buscaban el poder político y, no obstante los halagos mutuos, poco tiempo faltaban para que el primero se pronunciara por la República.
Hubo un incidente más que según historiadores como el mismo Bustamante y Lucas Alamán, aumentó el disgusto local y afectó a la corporación municipal. Uno de sus capitulares, Bernabé de Elías, comerciante de prestigio e influencia en el vecindario, resultó acusado de no haber proporcionado los “bagajes” que se le solicitaban para el regreso de la comitiva imperial al Altiplano; se le acusó de desafecto al régimen e Iturbide, irritado ordenó que se le pusiera un aparejo de mula y que se le cargara como a tal. El acto causó indignación general y favoreció las inclinaciones santanistas.12
El resultado final del viaje del emperador a Xalapa fue la separación del caudillo veracruzano al mando militar y su sustitución por el brigadier Mariano Diez de Bonilla. Para entonces, tanto las facciones políticas que se expresaban a través de las logias masónicas como diferentes elementos sociales, aprovecharon el descontento general para obtener el control del país y la rebelión dio comienzo en Veracruz.
Santa Anna, a quien se le había ordenado su traslado a la ciudad de México, decidió en cambio dirigirse a la plaza porteña, a donde llegó el 12 de diciembre; congregó las fuerzas militares y al frente de 400 hombres recorrió las calles de la ciudad proclamando el sistema republicano entre repiques de campanas y vivas populares. Como militar criollo y antiguo realista, sin olvidar los vínculos familiares que lo unían a la oligarquía regional, supo atraerse a la diputación provincial veracruzana, a los comerciantes españoles y a tres antiguos insurgentes: Nicolás Bravo, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. Dos hechos afortunados favorecieron su empresa: la ausencia de las tropas de Manuel Rincón y la presencia en la plaza de Miguel Santa María, quien había adquirido experiencia política al lado de Simón Bolivar en Colombia y del que se supone tuvo injerencia en la elaboración de algunas cláusulas contenidas en el Plan de Veracruz, que el caudillo firmó, junto con Victoria, el 6 del mismo mes y en el que se sostenía como única forma de gobierno para México, el sistema republicano.
Santa Anna, con extraordinaria actividad, pactó un armisticio con las fuerzas de Ulúa e hizo que secundaran el pronunciamiento los pueblos que tenía más inmediatos a la costa: Antón Lizardo, Alvarado, Acayucan, La Antigua y Tlacotalpan. Mientras Victoria se situaba en el punto que mejor conocía, Puente del Rey, el caudillo santanista se dirigió a Xalapa con el objeto de ensanchar su esfera de acción. Ahí se topó con la resistencia que le oponían las fuerzas destacadas para combatirlo al mando de los generales Echávarri, Cortazar y Lobato viéndose obligado a retirarse rumbo a Veracruz desde donde todavía incursionó por Plan del Río y hacia la costa del Sotavento, antes de quedar sitiado en la plaza porteña.
Durante los días de asedio, los múltiples intereses que se ocultaban detrás del pronunciamiento por la república impulsaron a que los bandos contendientes cursaran comunicaciones que condujeron a la unificación de las tropas rebeldes y de las fuerzas imperiales. Lucas Alamán atribuye a la influencia de las logias la decisión de Echávarri de ponerse de acuerdo con Santa Anna y de lograr la formulación del acta de Casa Mata el 1 de febrero de 1823. Dicha acta, que transformó el posible fracaso santanista en triunfo, expresaba un nuevo plan político cuyas principales bases consistían en la reinstalación del Congreso disuelto, el reconocimiento de la soberanía de la nación y la prohibición de atentar contra la persona del emperador.
El acta de Casa Mata fue conocida y aprobada también por el ayuntamiento del puerto de Veracruz, después de lo cual se envió a la circulación y con “rara” velocidad se adoptó en otras partes del país. Iturbide trató de llegar a un compromiso designando una comisión que pasara a la provincia veracruzana para entrar en arreglos con lo pronunciados, pero para el 17 de febrero, fecha en que los comisionados llegaron a Xalapa, la defección que sufría el gobierno imperial era casi total.
La realidad era que los militares iturbidistas enviados a combatir la rebelión se adherían al acta de Casa Mata. En el caso de Veracruz, Negrete, quien formaba parte de la comisión mencionada, se decidió por el cambio de bando. De manera que el caudillo de Iguala no le quedó otro recurso que elegir el camino del destierro, abdicando el 19 de marzo de 1823.13
11Vicente Riva Palacio, México a través de los siglos, México, Editorial Cumbre, 1956, 5 tomos, t. IV, p. 18, 19.
12Manuel B. Trens, op. cit., t. III, p. 383-415.
13Carmen Blázquez Domínguez “ El Proceso Formativo… “, op. cit.
La acción de las logias:
yorkinos y escoceses
Con el triunfo del plan de Veracruz y del acta de Casa Mata el imperio quedó nulificado. El 31 de marzo de 1823 el Congreso fue reinstalado y el Plan de Iguala se declaró nulo en lo referente a la Casa Borbón, resultando de aquí la unificación de dos grupos políticos, el mexicano imperialista y el hispanoamericano borbonista, y un hecho incontrovertible, la República. Desde este momento hasta la creación del imperio de Maximiliano de Austria, en 1863, el sistema político por medio del cual se gobernaron los mexicanos fue republicano, y las dificultades derivaron de las luchas entre federalismo y centralismo que a su vez, dejaban traslucir las pugnas por la implantación de una hegemonía de clase.
El 21 de mayo el Congreso expidió el decreto de convocatoria para la nueva asamblea constituyente. Su artículo 3° disponía que se imprimiera y circulara inmediatamente el proyecto de bases de república federativa, del que se había encargado una comisión de su seno. El mismo cuerpo legislativo dio a conocer, el 17 de junio, el periodo de elecciones en tanto se establecía un gobierno provisional del cual formó parte Guadalupe Victoria.
De acuerdo con la convocatoria expedida y conforme a la disposición departamental de 23 de julio emitida por Miguel Barragán, comandante general de la provincia de Veracruz, que ordenaba la celebración de la diputación provincial en San Antonio Huatusco, el 8 de septiembre resultaron electos para diputados por Veracruz Manuel Argüelles, José Luciano Becerra y Manuel de Viya y Cosío como propietarios, y Antonio Juille y Moreno como suplente. Para diputados provinciales fueron designados Pedro del Paso y Troncoso, Manuel López de Sobreviñas, Sebastián Camacho, José María Serrano, Pedro José de Echeverría y Migoni, Manuel José de Elguero y José Joaquín de Oropeza como propietarios, y suplentes Serapio Calvo, Luis Galinié y Rafael de Argüelles.
El segundo Congreso Constituyente de la nación tomó posesión el 5 de noviembre de 1823 y el 31 de enero de 1824 se aprobó el Acta Constitutiva de la Federación que consignaba los principios adoptados por el país recién formado: sistema federal, gobierno dividido en tres poderes, Legislativo depositado en el Congreso de la Unión, Ejecutivo en el presidente de la República y Judicial en la Suprema Corte de Justicia. En teoría, mediante la federación, México se consideraba formado por la unión de entidades independientes unas de otras, libres y soberanas en su régimen interno y con un gobierno integrado también por tres poderes. Dichas entidades se llamaron estados y Veracruz fue uno de ellos.
Para entonces Victoria se hallaba de regreso en territorio veracruzano para desempeñarse como gobernador militar y excitar el cumplimiento de los decretos federales. Así pues, con el objeto de aceptar el Acta Constitutiva y de organizarse según los lineamientos señalados en ella, las autoridades veracruzanas presentaron el juramento de rigor. El 17 de febrero tuvo lugar en las villas de Córdoba y Xalapa pero no en la plaza porteña, convertida en campamento militar, casi desierta de vecinos, con la aduana y otros edificios quemados y sufriendo las hostilidades de Ulúa. Meses más tarde, el 9 de mayo, se instaló en la población xalapeña el primer Congreso Constituyente local integrado por Sebastián Camacho, Francisco Hernández y Pedro Echeverría y Migoni en representación del puerto de Veracruz; José Francisco Quintero, Manuel José Royo y Francisco Cantarines por Córdoba; Tomás Illanes, José María Fuentes y Cárdena y Antonio Martínez por Xalapa; Rafael Argüelles y Francisco Cueto por Orizaba; Luis Ruiz por Acayucan; Diego Alcalde por Jalacingo; Andrés Jáuregui por Tampico, y Miguel Esquina por Cosamaloapan. Los senadores electos fueron José de la Fuente, José Antonio Sastré, Ignacio Soria, José Joaquín Cowley, Mariano Ramírez, José Ma. Jáuregui, Manuel Antonio Cabada y José Leyva Hernández.
En la misma fecha de la instalación del cuerpo legislativo veracruzano se decretó que el estado de Veracruz quedaba formado por todos los partidos que habían comprendido la antigua provincia veracruzana; que las atribuciones del Congreso se limitarían a desempeñar el poder legislativo, organizar provisionalmente su gobierno interior, elaborar una constitución particular cuando el código federal fuera publicado y arreglar el sistema hacendario. Su programa de trabajo incluía, pues, la atención de los ramos de policía, gobierno, justicia y hacienda con reglamentos “oportunos” acordes con las circunstancias, usos y costumbres regionales; se ocupaba también del fomento de la educación, del respeto al clero local, de la división territorial para el fomento de agricultura y para la creación de una clase de pequeños propietarios, y del impulso a las milicias consideradas como el “sostén del orden y tranquilidad” interiores.
Este Congreso, por decreto de 20 de mayo, nombró gobernador provisional del estado a Barragán y a Manuel Rincón para el cargo de teniente de gobernador. Este último se encargó de los asuntos públicos hasta que el primero prestó el juramento de rigor ante los diputados del Congreso. Para ayudar al gobernador y legalizar debidamente sus funciones, fue creada la Secretaría General de Gobierno.
El 4 de octubre de 1824 fue sancionada la Constitución federal y conforme a su artículo 5° el estado de Veracruz constituía una parte integrante de la federación mexicana. De acuerdo con los preceptos estatuidos en el código fundamental en relación con los estados, estaba obligado a organizar su gobierno y administración interior sin oponerse a él ni al Acta Constitutiva. Inmediatamente después se efectuaron elecciones presidenciales resultando electo para el cargo el propio Guadalupe Victoria en tanto la vicepresidencia recayó en Nicolás Bravo, quienes tomaron posesión de sus cargos el 10 del mismo mes.
El juramento de la Constitución tuvo lugar en la entidad veracruzana el 17 de octubre y el 3 de junio del año siguiente, 1825, la legislatura de Veracruz sancionó la Constitución local. El 8 de junio se expidió la ley electoral para elegir diputado al primer Congreso Constitucional del estado, elección indirecta por medio de juntas primarias, secundarias y finales efectuadas entre julio y septiembre. Para esta elección se tomó como base el número de población: por cada 12 mil habitantes un representante y por cada tres un suplente. Efectuadas las elecciones, el cuerpo legislativo quedó formado por Sebastián Camacho, Pío Fernández y Javier Echeverría por el puerto de Veracruz; Manuel Moreno Cora, Ignacio Soria y Juan Peirano por Orizaba; Mariano Ramírez, José Mariano Jáuregui y Sebastián Palma por Córdoba; José de la Fuente, José Antonio Martínez y Juan Francisco Bárcena por Xalapa; Manuel Antonio Cabada por Tuxtla; José Leyva Hernández por Cosamaloapan; José Mariano Pereyra Castro por Acayucan; José Antonio Sastré por Jalacingo; Joaquín Cowley por Papantla, y Antonio Guadalupe Cardona por Pueblo Viejo.
El Congreso Constitucional iniciaría sus sesiones el 1° de noviembre de 1825 y las cerraría el 31 de enero de 1826, para abrir las segundas el 1° de abril y clausurarlas el 30 de junio del mismo año. Fue este acuerdo legislativo quien otorgó la categoría de constitucionales a los cargos de Barragán y Argüelles.
Ahora bien, el hecho de que hubiera sido posible delinear la forma de organización que adoptaría Veracruz una vez establecido el sistema republicano, no significó la ausencia de problemas políticos que repercutieran en la estabilidad económica y social del contexto veracruzano. Hay por el contrario dos acontecimientos relacionados con la independencia recién adquirida, la ocupación de San Juan de Ulúa y la expedición de Barradas, y varios levantamientos armados auspiciados por la pugna entre logias, que afectaron el periodo comprendido entre 1824 y 1829 a nivel no sólo local, sino nacional.
Es decir, la Constitución de 1824 fue ante todo un documento político donde se consagró la alianza entre los centros de poder resultantes del último periodo de la Colonia. Así, a través del contenido del código fundamental, se reconoció: a las oligarquías regionales su demanda fundamental ya planteada y ganada desde las Cortes de Cádiz, la autonomía política regional que evolucionó desde la diputación provincial hasta el estado federal; a las altas jerarquías eclesiásticas el respeto a sus bienes, a su poder espiritual y a la dirección cultural e ideológica de las masas; y al ejército su establecimiento como una corporación que retenía sus fueros.
Este compromiso inicial estaba basado en fuertes contradicciones entre los aliados que propiciaron los enfrentamientos entre oligarquías y corporaciones que borró cualquier posibilidad de estabilidad política duradera. El nuevo estado no tuvo, por tanto, las condiciones políticas para concentrar el poder de las distintas fracciones propietarias en su seno, y tampoco oportunidades efectivas para fortalecerse económicamente. Cada fracción trató de asegurar sus prerrogativas aun a costa de las de los demás.
Asimismo, desde entonces, ya aparece un rasgo que se transformará en una característica constante de la vida política del siglo XIX, la exclusión total de las masas urbanas y rurales, derrotadas militarmente en la guerra de independencia, de toda participación en las instituciones y decisiones políticas nacionales. Sin embargo, su espíritu de rebelión permaneció latente en el fondo de la escena política, como decorado para caudillos y rebeliones de facciones oligarcas, provocando con su influencia la unificación de oligarquías y corporaciones privilegiadas ante el menor signo de evidencia de querer participar en la lucha política a través de revueltas y pronunciamientos.
Entre 1824 y 1829, establecido, al menos jurídicamente, el nuevo estado, la naciente vida política nacional y regional se polarizó, por los intereses que comprendía, en torno a las disputas entre federalistas y centralistas. Dichas disputas no constituían desavenencias exclusivamente jurídicas sobre la forma de ese nuevo estado, y tampoco es posible explicarlas como los primeros conflictos entre incipientes fuerzas burguesas y los grupos que defendían la herencia colonial. Es algo mucho más complicado y para poder comprenderlo hay que tomar en cuenta el hecho de que las fracciones de las oligarquías dominantes que sancionaron el código de 1824 se enfrentaban en la defensa de intereses específicos y de los proyectos de la nación que deseaban construir.
En consecuencia, las primeras formas políticas de agrupamiento que adoptaron los intereses encontrados de oligarquías y corporaciones fueron las logias masónicas. Importantes políticos provenientes de provincia fundaron las primeras logias yorkinas que se orientaron, como es lógico suponer, hacia el apoyo de la autonomía política regional y que se nutrieron de los estratos medios de la sociedad como burócratas, profesionistas liberales, empleados del comercio y pequeños propietarios de tiendas o talleres artesanales. Generalmente se tiende a considerar a esos estratos medios como los portadores del “progreso” y de la lucha liberal por reorganizar al país, pero en este periodo se movilizan por motivos particulares al margen de cualquier proyecto nacional propio, y es su descontento ante la permanencia de la antigua jerarquía económica, burocrática y liberal, la que bloquea sus expectativas de ascenso social, el que los alía con las oligarquías regionales engrosando las filas yorkinas.
El otro polo político, las logias escocesas, tenían como principal eje social de poder a la antigua oligarquía indiana que defendía una opción de reorganización política centralista. Esta fracción de propietarios, junto con las altas jerarquías eclesiásticas y militares, quería hacer avanzar un proyecto que centralizara el poder político como condición indispensable para concentras a su vez los circuitos comerciales internos que, antes de las reformas borbónicas, habían controlado desde la ciudad de México. Su proyecto restaurador se apoyaba, de manera fundamental, en viejas fuentes productivas de poder económico como la minería.
Dentro de la sociedad veracruzana las diferencias en el lapso señalado entre políticos, comerciantes, empresarios, funcionarios, ayuntamientos y militares pueden entenderse mejor en función del esquema descrito. Habría que recordar que muchos de los integrantes de las legislaturas veracruzanas eran representativos de intereses regionales, vinculados a la explotación agrícola y al comercio, como Manuel de Viya y Cosío, Luis Galinié, José Manuel Serrano, Pedro del Paso y Troncoso, Juan Francisco Bárcena, y los Jáuregui. La injerencia de las logias masónicas en la vida política local fue evidente desde los acontecimientos que llevaron a la firma del Acta de Casa de Mata, y con el tiempo sus actividades afectaron casa vez más la tranquilidad pública.
En medio del clima de agitación que comenzaba a palparse por la promulgación de la Constitución del 24 y con la acción de las logias tuvo lugar la recuperación de la fortaleza de San Juan de Ulúa que impedía considerar al país independizado en su totalidad. Se habían levantado obras defensivas en el puerto de Veracruz en previsión a un ataque español desde aquel punto y la economía de la población se había visto deteriorada desde entonces, pero a pesar de los esfuerzos realizados Ulúa continuaba en manos peninsulares.
En enero de 1823 llegaron al castillo tres comisionados de las Cortes españolas para entrar en arreglos con el gobierno republicano: Ramón y Blas de Osés y Santiago Irizarri; el gobierno mexicano designó a Eugenio Cortés, Francisco de Paula Álvarez y Pablo de la Llave para tratar con ellos, pero no se obtuvo ningún resultado y las pláticas fueron suspendidas hasta que se facultó a Guadalupe Victoria para continuarlas. Este caudillo militar se reunió con los comisionados en la plaza porteña y en Xalapa entre finales de junio y mediados de mayo sin obtener tampoco ningún resultado concreto. Y la situación, en la que se involucraban también las pugnas entre comerciantes, el ayuntamiento del puerto de Veracruz, las autoridades estatales y Santa Anna, se hizo a tal grado tirante que culminó en el motín del 21 de septiembre en que un grupo de “paisanos”, vitoreando la independencia y lanzando mueras a los “gachupines”, pidió la deposición de la corporación municipal y de la diputación provisional por su oposición al rompimiento de hostilidades contra la fortaleza. Cuatro días más tarde, el 25, la plaza fue bombardeada, quedando rota toda relación política y mercantil que se pudiera establecer con los comisionados españoles. Las principales consecuencias de los sucesos fueron, por un lado el éxodo de familias, unas errantes en torno a la ciudad y otras trasladadas a las villas de Xalapa, Córdoba y Orizaba, y por otro el cierre del puerto, decretado el 8 de noviembre. El movimiento mercantil básico para la población porteña debió ser desviado, primero al fondeadero de Antón Lizardo, y después al puerto de Alvarado que fue habilitado para el comercio exterior.
La misma situación se prolongó por dos años más, hasta finales de noviembre de 1825, cuando varias circunstancias se conjuraron para el éxito de la empresa. En primer término, desde el mes de agosto las autoridades militares acantonadas en la plaza porteña lograron cortar la comunicación y el aprovisionamiento de la fortaleza proveniente de La Habana; en segundo término, el gobierno federal envió ordenes y recursos con José Ignacio Esteva, ministro de Hacienda; y por último, en noviembre, el gobernador Barragán logró ocupar la isla de Sacrificios mientras Pedro Sainz de Baranda, comandante de la escuadra nacional, estrechaba más el cerco en torno a Ulúa, lográndose la capitulación el 18 de ese mes. 14
La rendición de la fortaleza de San Juan de Ulúa causó regocijo general y dio mayor fundamento a la creencia de que la independencia de México se había consolidado y de que se abría una era de paz y congreso. Empero no fue así; lo que en realidad se iniciaba era la pugna constante entre yorkinos y escoceses que llenó todo el cuatrienio de Victoria en la presidencia, y que sólo culminaría años mas tarde, con el ascenso de Anastasio Bustamante a la presidencia, imponiendo un régimen centralista e inaugurando un periodo en el que las tendencias políticas ya no se expresarían a través de las logias.
Hacia 1827 los yorkinos, en especial los estratos medios, habían alcanzado gran preponderancia en el gobierno federal y aprovechando iniciativas de los políticos provinciales, dirigidas a excluir ministros centralistas del ejecutivo, dieron comienzo a una ofensiva contra los funcionarios españoles o criollos europeos que ganó sus primeros frutos en este año con la aprobación de la primera ley de expulsión de españoles. El descontento que provocó la agitación antiespañola, en la que dichos estratos medios permitieron el acceso popular, no partió únicamente de los escoceses, sino que incluyó a políticos de provincia más identificados con las oligarquías regionales, que no estaban dispuestos a que se violara la sagrada regla de su juego político: la permanente exclusión de las masas. La única alternativa de sobrevivencia que quedó para unos y otros fue la rebelión militar.
En ese año el Congreso federal discutió la supresión o tolerancia de las sociedades secretas. Algunos autores indican que la opinión general se proclamó contra ellas aduciendo que una gran mayoría de gobernadores las acusaban de estar dedicadas a asuntos políticos y de ser peligrosas para la nación, posición irónica si se tiene en cuenta que también una gran mayoría de los diputados y gobernadores se hallaban vinculados en mayor o menor grado a los ritos mencionados. Un ejemplo típico lo constituyó el gobernador veracruzano Miguel Barragán, perteneciente al rito escocés quien, en octubre de 1826 y por conducto de la Secretaría de Relaciones, informó al presidente Victoria del escaso éxito que había tenido la introducción de las logias yorkinas en la entidad, la fuerza de su propio rito y su deseo de que se extinguieran las sociedades secretas, sin dar por sentado que tal medida comprendería inclusive, su propia agrupación.
Poco después, en abril de 1827, y con el antecedente de la conspiración del padre Arenas, la legislatura veracruzana expidió un decreto por medio del cual prohibía todo rito masónico o asociación secreta, cualquiera que fuera su denominación. Dicho decreto expedido a raja tabla por asamblea legislativa compuesta si no en su totalidad, sí por un gran número de escoceses, vino a aumentar aún más en Veracruz la tirantez entre las dos sectas por lo intolerable de la determinación.
Para mayo la situación hizo crisis en un movimiento que puede ser considerado uno de los antecedentes del Plan de Montaño y que tuvo como inicio el nombramiento de comisario del estado que el gobierno federal hizo en la persona de José Ignacio Esteva, afiliado al rito yorkino. La mayoría escocesa representada en el Congreso local acordó en sesiones extraordinarias la expulsión de Esteva de territorio veracruzano y Barragán declaró que se usaría la fuerza para cumplir tal decisión.
Tanto en el decreto que prohibía la existencia de las sociedades secretas, que solicitaba además la salida de Poinsett de la República, como el que decretaba la expulsión de Esteva, condujeron inevitablemente a la rebelión. El gobernador Barragán, junto con Santa Anna y otros militares, proyectaron pronunciarse contra el gobierno federal y variar las instituciones contando para su empresa con tres batallones y algunas tropas cívicas. Sin embargo, sus planes se vieron frustrados por la revuelta que encabezó José Rincón desde la fortaleza de Ulúa, aduciendo ante el presidente Victoria que la “unidad” nacional y el honor militar lo obligaban a sustraerse de la obediencia a las autoridades de la entidad.
En un intento por evitar la guerra civil, el gobierno federal designó entonces a Vicente Guerrero para trasladarse a la villa de Xalapa, sede de los poderes estatales y punto neurálgico de las dificultades, para que llevara a cabo un acuerdo entre todos los descontentos, quienes finalmente decidieron aplazar sus proyectos revolucionarios. Barragán, Santa Anna y otros jefes estuvieron dispuestos a declarar su obediencia a la federación y levantar el “anatema” que había caído sobre Esteva permitiéndole el desempeño de sus funciones de comisario general. Hubo, no obstante, oficiales recalcitrantes que debieron ser llevados a otros puntos, de manera que el clima de paz sólo fue restablecido transitoriamente. 15 Prueba de lo anterior fue la posición que de nueva cuenta adoptaron los sectores sociales y políticos vinculados al rito escocés cuando se tuvo noticia del pronunciamiento de Tulancingo y del Plan de Montaño, entre finales de 1827 y principios de 1828.
Parece ser que el gobierno de Veracruz fue uno de los pocos que secundó a los pronunciados. Si bien es cierto que las mismas autoridades habían dirigido una comunicación al Congreso general fechada el 3 de diciembre de 1827, solicitando se acordara la expulsión de los españoles a la mayor brevedad, también lo era que la legislatura veracruzana había cogido de mal grado las manifestaciones de los estratos medios y populares que pedían el extrañamiento de los españoles fuera del estado. Esto no entraba en las miras de los escoceses con quienes los españoles se habían ligado fuertemente. Por lo mismo era de esperarse que al estallar la sedición de Tulancingo la mayor parte de los diputados locales se pronunciaran a favor y que, contradiciendo la petición hecha, remitiera una nueva solicitud a la federación en la que adoptaban el Plan de Montaño.
La rebelión de las autoridades de Veracruz era un acontecimiento grave por los recursos que se obtenían de la entidad; en primer término los provenientes de la aduana del puerto, y después que era evidente que la fuerza de los escoceses podía ser efectiva contra el gobierno federal. Por fortuna para éste, el rápido desenlace de los sucesos de Tulancingo hizo que la escena cambiara, y que el gobernador Barragán, que organizaba alguna fuerza, abandonara su puesto al saber que las fuerzas federales al mando de Juan José Azcárate se dirigían a atacarle. En su fuga fue aprehendido junto con Manuel López de Santa Anna, pariente del caudillo, y encerrados primero en Ulúa y después en Perote, para pasar finalmente a la ciudad de México.
En Orizaba, aunque se intentó secundar el movimiento de Xalapa adhiriéndose al Plan de Montaño, nada pudo lograrse por la oposición enérgica del ayuntamiento y la fuerza militar que lo apoyaba. Aquí se procedió a la aprehensión del jefe político, Vicente Segura, de su secretario, Manuel Argüelles y Garmendia, y del regidor Mariano Bezares y Caballero.
En cuanto a la legislatura local, el diputado Manuel Carpio redactó un manifiesto en el que, a pesar de sus esfuerzos, no logró explicar satisfactoriamente la actitud del cuerpo legislativo. Se comisionaron dos de sus miembros, José Mariano Jáuregui y Pontón y José Julián Tornel y Mendívil, para que dieran seguridad al gobierno federal de su obediencia y Victoria, que recibió a los comisionados, acordó por último entrar en arreglos con ellos y que el vicegobernador del estado, Santa Anna, se encargara de la administración. 16
14 Vicente Riva Palacio, op. cit.
15 Ibid., p. 157, 158.
16 Ibidem, p. 164-166.
Años de centralismo
El fracasado levantamiento militar de Tulancingo sólo condujo al fortalecimiento de los estratos medios yorkinos, o de los que algunos autores llaman la “baja democracia” que, convencida de su triunfo, postuló a Vicente Guerrero para la presidencia, que no sólo era su ardiente partidario sino, además, mulato. La alianza concertada entre las oligarquías regionales de inclinaciones yorkinas y los estratos medios se rompió definitivamente para dar paso a la formación de un frente compacto de oligarquías, centralistas y federalistas, y de sus variantes político-ideológicas, que se declaró contra dichos estratos medios y demandó ley, orden y respeto irrestricto a la propiedad. Lo único que tenían en común era, pues, su condición oligárquica. Como veremos, el antiguo caudillo insurgente fue derrotado y los estratos medios yorkinos buscaron en vano una rebelión militar que les permitiera restablecer la hegemonía perdida. Pero en realidad, sin la fuerza aliada de las oligarquías regionales federalistas no representaban, para entonces, ningún poder social determinante.
En los años 1828 y 1829, etapa de la consolidación que se ha delineado, se terminaron de perfilar algunos factores relevantes dentro de la lucha política. Uno de esos factores lo constituyó el ejército que, desde la Independencia, había adquirido mayor fuerza en su posición de corporación privilegiada. Y como los enfrentamientos entre las oligarquías y los estratos medios desbordaban el marco institucional, los bandos contendientes sólo se podían imponer haciendo uso de las fuerzas armadas, que adquirieron entonces un carácter estratégico para imponer soluciones efímeras y transitorias al quedar excluida la posibilidad de entendimiento entre fuerzas políticas y sociales opuestas. De manera que tanto yorkinos como escoceses, federalistas o centralistas, trataron de asegurar la lealtad militar de la única forma posible en esa época, es decir, asegurando al ejército una gran parte de los presupuestos militares.
Ahora bien, para 1828, los yorkinos, dueños de la situación política, lanzaron las candidaturas de dos de sus partidarios para el periodo presidencial que se iniciaría en 1829: Manuel Gómez Pedraza y Vicente Guerrero, éste último sostenido por los elementos más radicales. La inquietud nacional era evidente y en el estado de Veracruz estuvo encabezada por Santa Anna.
El caudillo veracruzano, como vicegobernador, a pesar de la legislatura local había designado para gobernador a Manuel Rincón y a Vicente Guerrero, en febrero y mayo de ese año, ninguno de ellos tomó posesión del cargo. Y desde el puesto que detentaba ejerció una fuerte influencia sobre la asamblea legislativa para que el voto de Veracruz se diera a favor de la candidatura de Guerrero.
Parece ser en los acontecimientos que se desarrollaron en torno a las elecciones presidenciales, la antipatía que Antonio López de Santa Anna tenía por Manuel Gómez Pedraza jugó un papel determinante. Manuel Rivera Cambas opina que la enemistad entre ambos se produjo por fuertes críticas que uno y otro se habían dirigido en diversas ocasiones. Manuel B. Trens agrega que el descontento santanista favoreció las reuniones yorkinas que el caudillo celebraba en su casa con muchos oficiales del 5° Batallón. 17
Ese estado de ánimo llevó a Santa Anna a poner el mayor empeño en que la legislatura veracruzana sufragara por Guerrero, e inclusive ejerció su influencia, apoyada en vínculos familiares y de amistad con la oligarquía regional, para que los ayuntamientos de Xalapa y Orizaba elevaran a la misma asamblea una enérgica representación con similar objeto. Sin embargo, sus esfuerzos no tuvieron éxito porque el 3 de septiembre de 1828 los diputados optaron por la candidatura de Gómez Pedraza, por quien finalmente votaron 11 de las 18 legislaturas existentes en el país. En consecuencia, los partidarios del caudillo organizaron un motín en la villa de Xalapa que culminó con el desconocimiento, por parte del cabildo, de la legislatura en funciones. El Congreso, forzado por el curso de los acontecimientos, debió pedir la protección de una fuerza armada, después de lo cual, el 12 del mismo mes, nombró vicegobernador interino al general Ignacio de la Mora en lugar de Santa Anna. Mora, en el ejercicio de sus funciones, declaró al caudillo con “lugar a formación de causa”, y no le dejó otra salida que lanzarse a la rebelión, decisión en la que también debió pesar el hecho de que la presidencia de Gómez Pedraza constituía un dique a sus ambiciones personales.
Ya desde el 11 comenzó a notarse en Xalapa una concurrencia poco común de jefes y oficiales de la guarnición en la residencia santanista. Al día siguiente, Santa Anna se pronunciaba en fortaleza de Perote y el 16 dio a conocer el plan del mismo nombre en el cual explicaba la causa de su rebeldía, anulaba las elecciones hechas a favor de Gómez Pedraza, pedía que Guerrero asumiera la presidencia y exigía, en esta ocasión, la expulsión de los españoles de la nación. Días antes, el 7 de ese mes, se publicó en la ciudad de México un pasquín titulado “Levantamiento del general Santa Anna o grito de libertad” en el que se anunciaba lo que poco después habría de suceder a 70 leguas de distancia; ello parece indicar el sostenimiento de una correspondencia continua entre los partidarios capitalinos de Guerrero y el caudillo veracruzano que estimuló el pronunciamiento de Perote.
Los Congresos, tanto general como local, declararon al movimiento y a sus cabecillas fuera de la ley, combatiéndolos. Santa Anna incursionó por los rumbos de Puebla, enfrentó los ataques de las fuerzas de Manuel Rincón, designado por el vicegobernador Mora para atacarlo y, por último, debió retirarse a Oaxaca en donde fue sitiado. A punto de rendirse vino a salvarlo, primero, el hecho de que el movimiento había sido secundado en el sur por Juan Álvarez, Giordano Guzmán y Montes de Oca, y segundo, la revolución de la Acordada, que estalló en la capital, el 29 de noviembre, así como el saqueo del Parián, que motivaron la renuncia de Gómez Pedraza, la nulificación por el Congreso de la Unión del proceso electoral celebrado, y la designación presidencial de Guerrero el 12 de enero de 1829, ocupando la vicepresidencia Anastasio Bustamante.
Durante el tiempo que duró el levantamiento armado encabezado por el caudillo veracruzano, la situación en el territorio veracruzano, sobre todo en la región central, fue crítica. En medio de la inestabilidad del momento se llevaron a cabo las elecciones primarias para diputados federales y estatales, que tuvieron serias dificultades en las villas de Xalapa, Córdoba y Orizaba, e inclusive en el puerto de Veracruz, en donde reinó la violencia y el fraude por los enfrentamientos de las logias y la injerencia de Santa Anna, debiendo nulificarse el primer periodo electoral y celebrarse uno nuevo, entre octubre y diciembre de 1828. Asimismo la legislatura en turno concedió facultades extraordinarias al vicegobernador, creó la milicia cívica del estado, decretó que si los poderes de la federación eran disueltos por los pronunciados veracruzanos no reconocería un nuevo gobierno federal, ratificó su unión con otras entidades, ordenó el enlistamiento para la defensa del orden existente y emitió una serie de disposiciones para el financiamiento militar que incluyeron préstamos forzosos y una contribución de medio real mensual por el término de tres meses a todo cabeza de familia.
Efectuadas las nuevas elecciones que se habían marcado, se integró el tercer Congreso Constitucional de Veracruz cuyos actos se redujeron a designar gobernador constitucional a Sebastián Camacho, el 22 de enero de 1829, y a decretar la suspensión de sus labores el 4 del mes siguiente, febrero, por considerar que no existían garantías para el ejercicio de su autoridad. Esto último debido a que, con el triunfo de Perote y la Acordada, los diputados elegidos por la influencia santanista en el primer periodo electoral se reunieron en Coatepec, hasta que el regreso del caudillo permitió su instalación en Xalapa, el 20 de febrero, por la fuerza de las armas. Tanto en uno como en otro cuerpo legislativo se identificaron individuos ya vinculados a la práctica municipal, en su mayoría relacionados con el movimiento mercantil, a los que podría calificarse de comerciantes-empresarios, cuyos principios políticos no habían alcanzado aún las definiciones que tendrían años más tarde; por el momento, como integrantes de un estrato social emergente, no buscaban el triunfo de un partido o un proyecto sino la protección de sus intereses y posiciones. Entre ellos podemos citar a Juan Francisco Bárcena, Pedro de Landero, Mariano Pasquel, Tomás Pastoriza, José Domingo Isassi y otros.
Naturalmente, la primera disposición dictada por la legislatura santanista, fue declarar nulos los actos del Congreso anterior y vigente el nombramiento hecho a favor de Vicente Guerrero para gobernador del estado, a quien en su ausencia reemplazaría Manuel Montes Argüelles, como vicegobernador. Empero, como Guerrero renunció a su cargo por tener que ocupar la presidencia, en marzo fue designado gobernador constitucional Antonio López de Santa Anna. 18 Parecía que el caudillo era el único vencedor de todas las “aventuras” que iniciaba. Y para los ánimos impacientes de victorias no podía carecer de importancia lo alcanzado por el general xalapeño. Nadie podría afirmar, por ejemplo, en los primeros meses de 1829, que fuera un desconocido; por el contrario, se había transformado en alguien con quien se debía contar en cualquier decisión relacionada con los destinos nacionales.
En estas críticas circunstancias tuvo lugar la expedición española de Isidro Barradas. El puerto de Tampico, desprovisto de material de guerra y de medios formales de defensa, fue el punto objetivo de esta empresa. En julio de 1829 se desempeñó en Cabo Rojo, con un cuerpo expedicionario de 3 000 hombres alistados en Cuba, con el objeto de recuperar la Nueva España. para agosto había ocupado la misma plaza porteña, Altamira y otros puntos sin hallar resistencia. El gobierno federal destacó para batirlo a las fuerzas de Manuel de Mier y Terán, y posteriormente, por el desarrollo de los eventos, el caudillo veracruzano debió ser nombrado general en jefe del ejército que enfrentaba al invasor.
Por cartas particulares llegadas de La Habana a fines de mayo y dirigidas a las casas mercantiles de José María Pasquel y Joaquín de Muñoz, se tenía conocimiento en el puerto de Veracruz de los preparativos españoles. Por ello el gobierno veracruzano consideró conveniente establecer en cada cabecera una junta patriótica para colectar fondos en sus correspondientes demarcaciones. Para junio las noticias obtenidas a través del capitán del bergantín norteamericano Beban y del de la fragata Hércules de la misma nacionalidad, fueron más detalladas y por la vía de Nueva Orleáns se confirmó mucha de la información recibida. 19 Después se supo del desembarco de Cabo Rojo.
En vista de la incertidumbre de que el invasor ya había pisado territorio nacional, Santa Anna se trasladó de Xalapa al puerto de Veracruz para disponer la defensa de la plaza y ahí se le envió un aviso oficial de Tuxpan comunicándole el desembarco de Barradas. Y puesto que las solicitudes de apoyo por parte de la federación parecían, en su opinión, no ser tomadas en cuenta, desplegó una gran actividad encaminada a organizar sus fuerzas. Dictó providencias encaminadas a reunir tropas, dinero y buques, logrando congregar en el puerto de Veracruz poco más de 1 000 hombres y 200 caballos y tiros de mulas con seis piezas de artillería que le permitieron embarcarse rumbo a Tuxpan, después de lanzar su acostumbrada proclama, sin orden, designación o autorización del presidente Guerrero. Su improvisada escuadrilla de goletas, piraguas y bongos llegó a puerto tuxpeño el 11 de agosto, en donde se le unieron numerosas canoas de Tamiahua y otras partes, y utilizando la misma laguna continuó la marcha rumbo a Pueblo Viejo, apenas una milla distante de Tampico. El 20 atacó la plaza ocupada por los españoles y forzó el regreso de Barradas, ubicado en Altamira; el 9 de septiembre, ya combinado con las fuerzas de Mier y Terán, reemprendió su ataque, hasta que el 11 del mismo mes el jefe español, sin víveres, ni auxilios, y acosado por el clima y la insalubridad de la “tierra caliente”, finalmente capituló.
Cuando los sucesos de Tampico se conocieron públicamente el prestigio alcanzado por el caudillo veracruzano repercutió en el ámbito nacional. Manuel Rivera Cambas indica que Santa Anna era entonces, decididamente, el “hijo predilecto de la fortuna”. Fernando Díaz Díaz piensa que la victoria tampiqueña adquirió características de hazaña heroica a favor de los colores mexicanos. El triunfo alcanzado fue decisivo para su carrera política y militar, tanto a nivel regional como nacional. Obtuvo del general Guerrero la banda de general de división, con la cual pudo igualarse a los militares del mismo grado; también, entre otros muchos, el título de defensor de la Patria y un sincero y espontáneo beneplácito de la sociedad en su favor. Los Congresos de los estados fueron de igual forma generosos; los de Jalisco, Guanajuato y Zacatecas hicieron “profesión de fe” al héroe de Tampico. 20
En su tierra natal muchos ayuntamientos le enviaron entusiastas felicitaciones y la legislatura lo declaró benemérito del estado. El puerto de Veracruz lo recibió procedente de la plaza tampiqueña en medio de grandes festejos para celebrar su victoria. El 25 de septiembre concurrió a un Te-Deum en la iglesia parroquial de la ciudad y el 2 de octubre asistió a un fastuoso baile en el palacio municipal. El 24 de octubre, de regreso en la hacienda del Encero, a tres y media leguas de la villa de Xalapa, una comisión llegó a felicitarlo y la sociedad local celebró bailes públicos.
Así pues, habría que aceptar que mucho de su carisma provino de esta gesta y su nombre ocupó el sitio del caudillo auténticamente nacional que faltaba. Como el mismo Fernando Díaz Díaz señala, en el ciudadano sencillo el temor a una nueva invasión, que se mantuvo durante gran parte del siglo XIX, hizo que su simpatía y admiración hacia el vencedor de los españoles se reforzara cotidianamente. En el caso de las oligarquías y de las fracciones sociales emergentes, Santa Anna representaba la posibilidad de imponer un poder central fuerte que permitiera la imposición de un proyecto determinado. Para el caudillo, el recordar sus hazañas de esta fecha le serviría, a partir de 1829, para alcanzar honores, sostener su prestigio, hacer olvidar algunos de sus errores, y utilizar a los partidos y facciones que buscaban su apoyo en su propio beneficio.
No obstante el peligro que significó la expedición de Barradas, una vez superado el conflicto y reafirmada la independencia del país, continuaron los enfrentamientos entre la coalición de oligarquías y el gobierno de Vicente Guerrero hasta culminar, como era de esperarse, en el levantamiento armado de corte centralista. El 5 de noviembre de 1829, la guarnición de Campeche, al mando de Ignacio de la Roca, se sublevó pidiendo la separación de las autoridades y funcionarios que gobernaban con arreglo a la Constitución de 1824. Este pronunciamiento por el centralismo fue en principio desaprobado por Antonio López de Santa Anna y por el vicepresidente Anastasio Bustamante, situado en Xalapa con 3 000 hombres por órdenes de Guerrero en prevención de otra invasión española. Sin embargo, el 4 de diciembre, Sebastián Camacho, Juan Grambi y José Antonio Facio proclamaron el Plan de Xalapa que, al día siguiente, aceptó Bustamante pese a las promesas hechas.
El caudillo veracruzano, colocado al frente del mando político y militar del estado, no podía ignorar lo que estaba sucediendo con las fuerzas acantonadas en la villa xalapeña. José Ma. Tornel dice que rechazó las invitaciones que se le hacían de unirse al movimiento, renunciando a su cargo y retirándose a su hacienda de Manga de Clavo en “prudente” espera. Por su parte el consejo de gobierno convocó al Congreso a sesiones extraordinarias para el 15 de diciembre; dicho cuerpo decidió nombrar una comisión que estudiara el documento que enarbolaban los pronunciamientos y llamar a Santa Anna para que se ocupara del gobierno de la entidad. A finales del mismo mes, la defección había cundido con tal rapidez que el 2 de enero de 1830 se disolvió la legislatura y el caudillo veracruzano regresó a su refugio de siempre. 21
El movimiento logró la deposición de Guerrero a través de un Congreso de la Unión dominado por la acción de las logias y la primera magistratura para el propio Bustamante. En realidad, los estratos medios yorkinos, en su búsqueda de puestos en la administración o en las corporaciones, fueron derrotados por la coalición de intereses oligárquicos que, de esta forma, lograba llegar al poder. Su unidad radicaba en el rechazo a la posibilidad de guerra entre clases dominadas y clases dominantes que habían sugerido la actividad de los estratos medios, pero su alianza no significó de ninguna manera que los antagonismos materiales, políticos e ideológicos estuvieran liquidados.
Quizás es función de los intereses en juego pueda explicarse la actitud adoptada por Santa Anna que, en lugar de lanzarse a la lucha, prefirió un retiro político de poco más de dos años, sin querer decir esto que se abstuvo totalmente de intervenir en las cuestiones regionales. El caudillo, a juicio de uno de sus biógrafos, Juan Suárez Navarro, hubiera podido controlar el pronunciamiento con sólo su esfuerzo personal por el prestigio y carisma de que gozaba en la tierra natal y por la adhesión de varios cuerpos del ejército que le eran “afectos con un entusiasmo singular”. Pero la verdad es que no puso todo el empeño que le era habitual; la deposición de Guerrero constituyó la desaparición de uno de sus rivales, pero Bustamante se erigió como oponente para disputarle la investidura presidencial. Desde su segundo retiro, analizando con perspicacia la situación, decidió esperar. 22
A nivel nacional, la política de la administración de Bustamante, organizada y controlada por Lucas Alamán, repercutió a lo largo de todo el país, recordando que seguían existiendo fuertes antagonismos en el interior de la coalición oligárquica. En su corta vida, 1830-1832, puso de manifiesto que no todas las facciones oligárquicas habían accedido al poder y que era turno de la vieja oligarquía centralista, que de inmediato comenzó a planear en los terrenos económicos y políticos, la restauración de su poder y de su proyecto de Estado-nación.
Su primer paso fue el desalojo de las fuerzas políticas de las oligarquías regionales de sus principales bastiones, es decir, los Congresos locales y federal. Posteriormente fortaleció a las corporaciones tradicionales, el ejército y la iglesia, para transformarlas en pilares de una nueva y larga estabilidad, y ejerció una abierta represión sobre los estratos medios. En cuanto al aspecto económico, soñó con restaurar sus antiguas fuentes de poderío, en especial la minería y la agricultura, agregándoles subordinadamente nuevas actividades productivas, encabezadas por la industria textil. Fue el fallido intento de industrialización del país, que se concebía dependiente del crecimiento de las actividades de las zonas mineras del centro y de las regiones agrícolas del Bajío.
Para estas fechas ya se había iniciado la desaparición de las pautas ideológicas, federativas contra centralistas, y de las formas político-organizativas, las logias, que enmarcaron los conflictos políticos desde 1824 hasta 1829. Ahora comenzaban a aparecer otras formulaciones ideológicas, antecedente de los partidos políticos, y los proyectos de Estado y nación ya no se formularían y se opondrían en el plano exclusivamente jurídico de las formas centralistas o federalistas del estado. Desde entonces empezó la disputa sobre la mejor manera de organizar la riqueza de la sociedad; se iniciaba el nacimiento de liberales y conservadores. Una de las primaras consecuencias, tanto de la política de Bustamante como de la posición santanista, fue la disolución del Congreso que el caudillo impuso por la fuerza de las armas el 4 de febrero de 1829. Santa Anna, su sostén y apoyo, renunció a su cargo como gobernador del estado el 8 de enero de 1830, siendo sustituido por Pedro José Echeverría, mientras José Ignacio Iberri ocupaba la vicegubernatura, y a partir de entonces las exigencias de declarar nula la asamblea santanista fueron constantes, en especial por parte del ayuntamiento de la villa de Xalapa. Como resultado de la efervescencia social el cuerpo legislativo fue suspendido y reinstalado el anterior, que abrió sus sesiones el 25 de marzo, ordenando el cambio de autoridades; ahora la gubernatura quedó en manos de Sebastián Camacho, siendo vicegobernador Manuel María Pérez.
Las autoridades centralistas que dominaron Veracruz en el lapso de 1830 a 1832 intentaron poner en práctica los lineamientos marcados por Bustamante y Alamán, en especial en lo que se refería a los esfuerzos por fomentar las industrias textiles, que es esos años comenzaron a crearse por los rumbos de Orizaba y Xalapa, o en la solución de problemas constantes como el fomento y cuidado de las comunicaciones, pero no evitó el descontento de las facciones oligárquicas alejadas del poder. Las políticas de la oligarquía central terminaron por volver a unificar a los estratos medios y a las oligarquías provinciales, que en 1832, gracias a la rebelión militar, recuperaron el control de los Congresos y desalojaron del poder a la vieja oligarquía centralista.
Desde las postrimerías de 1831 los grupos descontentos, encabezados por el núcleo de políticos reformistas de Valentín Gómez Farías, pusieron sus esperanzas en el “vencedor de Tampico” como el único jefe militar con probabilidades de éxito en la empresa. Antonio López de Santa Anna, quien había aprovechado bien los dos años de aparente retiro, maduró una estrategia que le resultó útil, de acuerdo con los sucesos que se presentaron. Llegada la ocasión del desquite yorkino, federal o liberal, no existían en el escenario político, a nivel nacional, ningún líder con mejores posibilidades. A la desaparición de Guerrero debe agregarse el desprestigio de Bustamante y de quienes, como Nicolás Bravo, defendieron su causa. La perspicacia política del caudillo veracruzano fue manifiesta al saber obtener provecho de la situación, y ocultó tan bien sus propósitos que, al iniciarse la sublevación de Veracruz, apareció como empujado por las circunstancias cuando, en realidad, se unió abiertamente al movimiento.
El 2 de febrero de 1832 Pedro Landero, comandante del puerto de Veracruz e integrante de una familia de comerciantes criollos, con el fin de evitar ser removido de su mando, según se supone por malos manejos de las finanzas del regimiento, conforme acusación de Alamán, se pronunció en la plaza enarbolando el Plan de Veracruz con el apoyo del comandante de armas Vázquez, del jefe del departamento llamado Garay, del vicecónsul inglés Welsh y del padre capuchino Montejaque. Y de común acuerdo confiaron la dirección de la empresa a Santa Anna, quien solicitó al gobierno central, sólo como mediador en primera instancia, el cambio de ministerio; Bustamante se negó a admitir tal petición y así pudo el caudillo veracruzano afirmar que se estaba contrariando la “voluntad” de la nación. Reunió y armó cerca de 1 700 hombres y se puso nuevamente al frente de una rebelión que se extendió con rapidez por todo el país.
En realidad, el concurso del elemento veracruzano fue importante en este acontecimiento. Como considera Carlos María de Bustamante, era la época en que Santa Anna era capaz de levantar por todas partes “enjambres” de hombres apoyado en el paisaje. Asimismo se vincularon con el pronunciamiento miembros de la milicia y la oligarquía regional, y entre estos se contaron varios comerciantes extranjeros residentes en Veracruz que vieron la oportunidad de realizar negocios, facilitando al caudillo los recursos que requería a cuenta de futuros derechos de importación rebajados, práctica cada vez más común dentro de la inestable política nacional. 23
Ahora bien, a favor del movimiento actuaron algunas circunstancias: la indecisión de Bustamante en aceptar la petición inicial de los rebeldes, lo que hubiera restado validez a sus propósitos desde un principio; la imitación que del estado de Veracruz hicieron otras entidades como Tamaulipas, Zacatecas y Nuevo León; y la lentitud de acción de las fuerzas gubernamentales. La rebelión de diferentes estados varió ligeramente el planteamiento del movimiento veracruzano, porque se defendió la legitimidad de la elección presidencial de Manuel Gómez Pedraza y su derecho a seguir ejerciendo la presidencia, según idea de Gómez Farías. Santa Anna no se opuso a ello y apareció, por el contrario, como un hombre despojado de ambiciones, capaz incluso de vencer sus resentimientos personales. En rigor, el solicitar a Gómez Pedraza que retornara al país y ocupara la presidencia facilitaba los planes del caudillo, porque le abría el camino hacia la primera magistratura.
La legislatura local resolvió, el 10 de enero de 1832, cerrar el puerto de Veracruz al comercio exterior y prohibir los pagos a la aduana establecida en dicho punto con el objeto de bloquear los recursos de que Santa Anna pudiera disponer. Asimismo se entablaron conversaciones con las tropas santanistas en Xalapa, Corral Falso y Puente Nacional sin llegar a nada concreto; la plaza porteña fue situada sin éxito, y las fuerzas del caudillo fueron batidas en la acción de Tolome, aunque continuaron insurreccionadas por los rumbos de Puebla y Oaxaca. Bustamante, impotente para dominar la situación, pactó con los revolucionarios lo que se llamó el convenio de Zavaleta, renunció a su cargo y Gómez Pedraza tomó posesión de la presidencia el 24 de diciembre de 1832.
17 Manuel Rivera Cambas, op. cit., t. 1.
18 Manuel B. Trens, op. cit., t. III, p. 623-670.
19 Vicente Riva Palacio, op. cit., IV, p. 195-196.
20 Fernando Díaz Díaz, Caudillos y Caciques, México, El Colegio de México, 1972, 324., p. 74-89.
21 José María Tornel y Mendivil, Breve Reseña Histórica de los acontecimientos más notables de la nación mexicana, desde el año de 1821 hasta nuestros días, México, Ignacio Cumplido, 1852, s/p.
22 Juan Suárez y Navarro, Historia de México y del general Antonio López de Santa Anna, México, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1850, s/p.
23 Carlos María Bustamante, Un desengaño desengaña a muchos. Carta de un amigo a un alucinado, México, Imprenta de A. Valdés, 1832, s/p.
La primera reforma liberal y las pugnas políticas
Derrocado el gobierno de Anastasio Bustamante tocaba el turno a las oligarquías regionales federalistas, que en su nueva aunque corta oportunidad, tendrían presente una enseñanza básica aprendida de la experiencia anterior, es decir, que su proyecto de Estado-nación sólo podía edificarse a expensas de las corporaciones, ya que éstas se habían revelado en la práctica como enemigas del estado federal. En un ambiente de inestabilidad y de franca oposición clerical y militar, trataron de fincar su estabilidad a través del fortalecimiento de fuerzas militares propias, las combatidas milicias cívicas de cada entidad de la República. Al mismo tiempo se procedió a desmantelar la fuerza económica de los aliados políticos de la oligarquía central, la Iglesia y el ejército, mientras se hacían esfuerzos por salvar de la quiebra al erario municipal.
Al iniciarse el nuevo régimen, se instaló en el puerto de Veracruz el tercer Congreso constitucional, suspendido el 8 de marzo de 1830, declarando a dicha ciudad asiento de los poderes del estado y reconociendo como legítima la presidencia de Gómez Pedraza. Se encargó de la administración a Antonio Juille y Moreno y se convocó a elecciones para representantes de la cuarta asamblea legislativa y del Congreso de la Unión. Las juntas primarias se celebrarían, según dispusieron los diputados veracruzanos, el 6 de enero de 1833, las secundarias el 13 y la final, en la plaza porteña, el 25 del propio mes. Así terminó en la entidad el año de 1832, año de turbulencias, agitaciones, luchas intestinas y ruina para la economía local.
Y 1833 se inició con la noticia de que el presidente Gómez Pedraza había refrendado la ley de expulsión de españoles de 20 de mayo de 1829, así que el gobernador Juilli y Moreno dictó a los jefes de departamento y de cantón las providencias necesarias para su inmediata aplicación. Dichas autoridades debían examinar los motivos de residencia que alegaban los españoles y elaborar registros. Hubo listas de exceptuados que circularon impresas, aplicándose el destierro a quien no estuviera incluido en ellas.
A la efervescencia provocada por el decreto mencionado se agregaron los estragos que comenzó a causar una epidemia de cólera morbo que asoló al país en estas fechas. En la segunda quincena de enero se recibió en Xalapa la noticia de que ya había brotado la epidemia en Chiapas, y en consecuencia se tomaron medidas preventivas, pese a las cuales el cólera hizo estragos en la población local, al igual que en Nuevo León. Hacia mediados de año el Congreso local facultó al gobierno para adoptar cualquier disposición que considerara conveniente para combatir la epidemia, disposiciones que se redujeron a recomendaciones sobre limpieza de calles y casas, uso de una medalla de cobre puesta en contacto inmediato con la piel con el fin de evitar el contagio y, en el caso del puerto de Veracruz, a disparar en las calles 200 cañonazos, a quemar fogatas de brea y maderas resinosas y a pasear grandes partidas de ganado vacuno. Por desgracia ninguna medida dio resultado, y en el transcurso del año el estado se vio invadido y asolado por la enfermedad. Se calculaban alrededor de 17 mil víctimas, los campos estaban abandonados, el tráfico interior decaído y la industria sin adelantos.
Las circunstancias descritas contribuyeron, por último, a la agitación que rodeó el panorama electoral de este año, signado por las fuertes oposiciones que originaron la muerte de Guerrero, agudizadas éstas por las controversias surgidas entre el partido clerical y el progresista. Ayudado por su prestigio y por el favor presidencial, Antonio López de Santa Anna alcanzó los votos para presidente y Valentín Gómez Farías ocupó la vicepresidencia.
En rigor los destinos nacionales recaían en dos personalidades opuestas. El presidente representaba al militar victorioso, para quien importaban poco las ideologías, y que veía en su exaltación a la primera magistratura un justo premio a sus servicios; Gómez Farías, creyente fervoroso de su credo liberal, aceptaba su acceso a la vicepresidencia como la oportunidad de llevar a la práctica los principios con los cuales pensaba se podía alcanzar la redención del pueblo. Así, mientras el caudillo veracruzano, alegando falta de salud, ni siquiera asistió a la toma de posesión, fijada el 1° de abril de 1833, retirándose a su hacienda de Manga de Clavo a disfrutar lo que consideraba un premio a su superioridad, Gómez Farías, remplazándole, se dispuso a poner en marcha su programa de reformas.
Dicho programa pretendía, apoyado en los estratos medios surgidos de las logias yorkinas que creían contar con el apoyo del “hombre fuerte” de México, secularizar la enseñanza, incautar los bienes al clero, reformar las órdenes religiosas y dar al gobierno el ejercicio del patronato real. Se promulgaron una serie de decretos que suprimían la coacción civil para el pago del diezmo y el cumplimiento de los votos eclesiásticos, abolían el fuero militar, incautaban los bienes de las misiones de las Californias y de las Filipinas y reformaban la educación, excluyendo de ella al clero. Además se discutió con amplitud la cuestión de la desamortización de los bienes eclesiásticos. Algunas de las medidas anticlericales se habían incluido ya en constituciones locales y para neutralizar a la reacción se dio a conocer la ley del “caso”.
Bajo la presidencia de Gómez Farías, el gobierno de Veracruz quedó integrado por políticos progresistas de tendencias liberales, denominados por algunos autores “exaltados”, que desde un principio enfrentaron signos de descontento local, unida a las consecuencias de la epidemia del cólera. Al abrir el Congreso veracruzano sus segundas sesiones ordinarias, debió informarse que durante este año la tranquilidad de su territorio se había visto alterada en los departamento de Orizaba, Xalapa y Acayucan, donde algunos militares y particulares provocaron revueltas contra la marcha del régimen establecido.
El 1° de febrero de 1834 la asamblea legislativa designó gobernador y vicegobernador a José Joaquín Pesado y Francisco Fernández, y dos meses después sancionó el primero de dos decretos reformistas. El 14 de marzo se sancionó el decreto que derogaba en el estado todas las leyes civiles que autorizaban o permitían la fundación de conventos, se prohibía dar “hábito a profesión” a ningún novicio, se suprimían los conventos existentes en la ciudad cuyas comunidades no congregaran 24 religiosos in sacris, se confiscaban los bienes de los conventos suprimidos, se ordenaba la salida del territorio veracruzano de aquellos religiosos que se opusieran al cumplimiento de la ley y los edificios que quedaran vacantes se utilizarían para el establecimiento de hospitales, colegios y obras de beneficencia. Cuatro días más tarde, el 18, se dio a conocer el segundo decreto por el cual los establecimientos, corporaciones o juntas permanentes eclesiásticas o laicos no podrían adquirir en el estado bienes muebles o inmuebles fuera por testamento, donación, compra, permuta o adjudicación; tampoco podrían imponer ni adquirir capitales a censo de cualquier clase. 24
El impacto de ambos decretos, cuyo contenido afectaba directamente a una facción de la oligarquía regional, motivó la exaltación de los ánimos de la población, sobre todo en las villas de Orizaba, Córdoba y Xalapa que se declararon defensoras de los fueros, privilegios y prerrogativas de los religiosos. El 23 de marzo una parte del batallón de Toluca, destacó en la población xalapeña, intentó pronunciarse sin éxito en el camino hacia Perote; el 20 de abril la sociedad orizabeña se hallaba al borde de la rebelión ante el cierre inminente del convento de San José de Gracia.
Santa Anna, desde Manga de Clavo, ordenó a las autoridades veracruzanas que pusieran fin a las revueltas pero, en lugar de disminuir, la efervescencia aumentó y el descontento de Orizaba se transformó en una sublevación que cundió rápidamente por Coscomatepec, Huatusco, Ixhuatlán y Córdoba proclamando la defensa del cantón, los rebeldes reunieron al ayuntamiento orizabeño el cual, tras débil resistencia, levantó un acta que declaraba al caudillo veracruzano “protector” de la religión y desconocía al gobierno del estado, misma actitud que adoptó Xalapa entre el 14 y 15 de mayo de 1834. 25
En un principio el gobierno federal intentó llegar a un acuerdo con los pronunciados y designó una comisión que se trasladara a Veracruz para tratar con ellos. José Miguel Álvarez y Manuel Argüelles llegaron a la villa de Orizaba a mediados de mayo para encontrarse con que el movimiento se había extendido a casi todos los pueblos del estado, dispuestos a impedir cualquier injerencia en la disciplina, jurisdicción e inmunidades de la Iglesia.
El 16 de junio el vecindario de Orizaba nombró un consejo consultivo que en unión de la jefatura política resolviera todo lo conveniente para el sostenimiento de la rebelión. Fueron designados Manuel Moreno Cora, José Julián Tornel y Rafael Argüelles. Dicho consejo, de acuerdo con el jefe político Apolinario Limón, dispusieron que debían entrevistarse con Santa Anna, el individuo que, en su opinión, solucionaría la cuestión en su favor, para comunicarle: el entusiasmo por la “excelencia” del sistema federal, aunque poco después la población orizabeña se pronunciaría por el centralismo; el deseo de que el caudillo expresara la forma y modo en que debieran celebrarse nuevas elecciones locales; la necesidad de que el puerto de Veracruz se decidiera por la revolución; la resolución determinante de desconocer al gobierno veracruzano en turno; la decisión de acordar con Santa Anna la elección de una autoridad que se encargara de los puntos pronunciados; la petición de que el mismo caudillo reconociera como nacionales las deudas contraídas con prestamistas locales para el sostenimiento de la revuelta; y el desconocimiento de las autoridades federales y estatales que dispusieron y apoyaron las reformas anticlericales.
En virtud de tales circunstancias, el Congreso local se disolvió mientras el puerto de Veracruz se pronunciaba siguiendo los lineamientos de Orizaba, Córdoba y Xalapa aunque con algunas variantes, determinadas por su condición de capital del estado. El 20 de junio el ayuntamiento porteño, entre cuyos integrantes se hallaban propietarios y comerciantes, que ya jugaban un papel determinante en el desarrollo de las cuestiones locales, y demás autoridades de la plaza, levantaron un acta que declaró nulas las leyes dadas en materia religiosa, designó a Santa Anna protector de la religión, y dispuso la formación de una junta que nombraría un jefe político del departamento, que debía comunicarse con el caudillo y con otros funcionarios y ayuntamientos veracruzanos para restablecer el orden constitucional. Poco después el jefe político interino, el cura párroco y el secretario de la jefatura del departamento, acompañados de un gran gentío, abrieron las iglesias y los conventos de la ciudad.
La resolución de la corporación municipal del puerto de Veracruz provocó alarma entre las poblaciones de mayor importancia de la región central, puesto que la designación de un jefe político a través de una junta celebrada en la capital de la entidad se interpretó como la designación de un gobernador. Como resultado el ayuntamiento porteño optó por adherirse al Plan de Cuernavaca proclamado el 25 de mayo de 1834, y por expresar la necesidad de que la designación del ejecutivo estatal se efectuara por los cuatro jefes de departamento.
Así, quedó al frente de la gubernatura veracruzana Joaquín Muñoz y Muñoz, pero no por ello dejó de imperar la anarquía y el descontento en el territorio veracruzano afectando, como siempre, la economía regional tan dependiente del movimiento mercantil y del libre tránsito por el sistema de comunicaciones. Uno de los pronunciamientos de esta fecha que repercutió en la zona central, aunque no alcanzó una victoria rotunda, fue el que encabezó Juan Clímaco Rebolledo, alcalde primero de Coatepec y miembro de una familia de terratenientes y comerciantes locales, el 12 de agosto, bajo la bandera de religión y fueros en los alrededores de Xalapa y Teocelo.
Las continuas rebeliones y revueltas que se dieron contra la reforma impulsada por el grupo de Gómez Farías, tanto en Veracruz como en otras partes del país, produjeron la inestabilidad que Antonio López de Santa Anna volvió a transformarse, desde su retiro, en el “apoyo de los descontentos y la esperanza de los perseguidos y quejosos”. El partido reformista era minoritario y ello explica, tanto su falta de éxito en afectar a las corporaciones privilegiadas, como las dubitaciones del caudillo, más interesado en el apoyo de las mayorías para sostener su dominación. Es cierto que López de Santa Anna, por lo menos aprobó el proyecto de reformas e intervino en algunas de ellas, pero la reacción de la sociedad ante las medidas adoptadas lo decidió a “calmar la inquietud de las clases”. Actuó con sagacidad y astucia, y al no encontrar respuesta favorable a las propuestas progresistas eligió desistir, dejando comprometido al grupo del vicepresidente. En abril de 1834 marchó a la ciudad de México, separó a Gómez Farías del poder y se convirtió en defensor de la oligarquía centralista. Disolvió el Congreso de la Unión, derogó la ley del patronato eclesiástico, los obispos fugitivos fueron restablecidos en sus sillas, los expatriados regresaron y tuvieron que emigrar los políticos de tendencias liberales. De nuevo la suerte del país estaba en sus manos.
La nueva actitud del caudillo se podría explicar como una defensa de su prestigio y de la dominación alcanzada, que lo conducía a asegurar los triunfos obtenidos hasta aquellos instantes. Es probable, que celoso de la popularidad adquirida por Valentín Gómez Farías en algunas esferas, porque éste podría convertirse en un difícil rival al parecer como líder del reformismo político, social y religioso, pensara que la tarea reformadora era una aventura sin plazo definido y que aún podía convertirse en el jefe de un movimiento reaccionario que contaba con fuerzas decisivas como el clero, el ejército y los propietarios, quienes le permitían asegurar ese inmenso prestigio que en esos momento disfrutaba.
Habiendo derogado todo lo hecho por su vicepresidente, Santa Anna manifestó tendencias de sustituir el sistema federal por el central, que tantos beneficios parecía facilitarle y la proclamación del Plan de Cuernavaca sirvió a sus propósitos. Dicho plan, que todos los estados aceptaron con premura, le sirvió de excusa para investirse de facultades extraordinarias mientras se reunía un nuevo Congreso que adoptaría el centralismo.
Al final de cuentas la vieja oligarquía centralista había financiado una rebelión militar que, a diferencia de las anteriores, exigió la supresión de la Constitución federalista de 1824. Con esto, no sólo se imponía el rompimiento inicial que las facciones oligárquicas aceptaron al inicio del sistema republicano, roto ya en la práctica, sino la declaración abierta del antagonismo irreconciliable existente entre las oligarquías.
Trece años de lucha política habían demostrado que los proyectos de cada oligarquía no podían dar origen a un verdadero Estado-nación, que no podía nacer de la fuerza de las corporaciones, o de la fuerza de los intereses regionales. También se demostró que ya no era posible restaurar el poder de la oligarquía indiana y que se requerían nuevas fuerzas y nuevos proyectos para consolidar al estado.
24 Manuel B. Trens, op. cit., III, p. 783-787.
25 Enrique Herrera Moreno, El Cantón de Córdoba. Apuntes de Geografía, Estadística e Historia, Córdoba, Tipografía La Prensa, 1892, p. 325.
26 Fernando Díaz Díaz, op. cit., p. 121-128.
Hacia el régimen de las 7 leyes
Las décadas de 1830 y 1840 siguieron dominadas por las luchas entre las oligarquías, en medio de las cuales, los ahora centralistas lograron imponer una constitución reeditada bajo los principios de la organización central del poder político, con el establecimiento de un Supremo Poder Conservador que integró los poderes ejecutivo, legislativo y judicial exclusivamente con representantes de las fracciones propietarias. Dentro de la nueva situación política elementos sociales emergentes comenzaron a jugar un papel determinante.
Es decir, el fracaso reformista de 1833 demostró, como ya mencionamos, que el nuevo Estado-nación no podía nacer de la fuerza de las corporaciones o de las oligarquías regionales y que se requerían nuevas fuerzas sociales y nuevos proyectos para consolidar al estado. Dichas fuerzas ya se habían puesto en marcha. Aprovechando la desarticulación del Consulado empezaron a ganar terreno en el control del comercio interno y externo, asociándose, alternadamente, con los grupos militares y políticos que podían garantizar el control sobre las rutas y caminos que antes dominaba el Consulado.
Este grupo de comerciantes, asociados y militares y núcleos de la administración pública, con capital acumulado por la práctica mercantil, comenzó a monopolizar las materias primas, las mercancías y la moneda fuerte. Mediante la especulación de los precios y la escasez de determinados efectos, empezó también a romper las barreras regionales, al mismo tiempo que se ligaba con las nuevas casas comerciales, en especial inglesas y francesas, establecidas en puertos mexicanos y en la ciudad de México a raíz de la Independencia y que, en general, desplazaron a los antiguos miembros del Consulado.
El avance, de la nueva fracción de comerciantes, empresarios y propietarios así constituida, no se vio frenado por los acontecimientos políticos que se han reseñado, ni por las guerras extranjeras y la contienda civil que tuvieron lugar en décadas posteriores. En realidad, lograron subsistir bajo cualquier gobierno, independientemente de su signo político. Y a través de su relación con la deuda interna, con la compra y la especulación de los bonos de la deuda pública, se convirtieron en pilares financieros de una tambaleante hacienda nacional. Probablemente su presencia fue más notoria a nivel regional, como en el caso de Veracruz, en donde, asentados en los núcleos urbanos más importantes dominaban la política y la economía local, sin contar con que muchos de ellos se habían vinculado al caudillo santanista por lazos familiares o de amistad, fomentado por la convivencia cotidiana y los intereses afines.
En Veracruz el viraje hacia el centralismo estaba en el ambiente y las corporaciones municipales comenzaron por proponer reformas a la Constitución general. El 11 de agosto de 1834 el ayuntamiento del puerto de Veracruz acordó proponer a los cabildos de las cabeceras de los otros tres departamentos del estado, la idea de ampliar las facultades de los representantes de la entidad en el Congreso de la Unión. El pretexto era cortar de raíz los “males” que asolaban a la República haciendo en la Constitución las reformar necesarias. Fuertes comerciantes locales como Manuel de Viya y Cosío, Manuel María Quiroz y José Gutiérrez Zamora quedaron incluidos en la junta porteña que debía estudiar la propuesta de la corporación.
El cabildo xalapeño comenzó a discutir la cuestión desde el 14 de agosto, pero sólo decidió formar la junta que dictaminaría sobre la propuesta del ayuntamiento del puerto de Veracruz, hasta que recibiera una circular del gobierno estatal que preveía el cumplimiento del acuerdo de la corporación porteña. Dicha junta dictaminó, el 17 de octubre, a favor de la ampliación de poderes a los diputados federales que entrarían en funciones en 1835, siempre y cuando no pretendieran reformar los puntos relativos a la religión, a la independencia, a las garantías sociales y a la representación nacional. Poco después, el 28 del mismo mes, la junta del ayuntamiento del puerto de Veracruz también consideró las reformas constitucionales, a la brevedad posible, sin variar la forma republicana de gobierno.
Las medidas formuladas por la corporación porteña, que fueron aceptadas por los demás cuerpos municipales del estado, causaron la consiguiente alarma. Dejando entrever, en el área de influencia del caudillo veracruzano, un cambio próximo en el sistema político, cambio ya barruntado desde la disolución del Congreso de la Unión en el mes de mayo anterior y la adhesión de Santa Anna al Plan de Cuernavaca. La actitud asumida por el héroe de Tampico le deparó una situación autocrática, pues al desaparecer el cuerpo legislativo general, desapareció de igual forma el consejo de gobierno, y el ejecutivo concentró el poder de la federación.
De nada sirvió la resistencia de algunas entidades como México, San Luis Potosí, Yucatán, Michoacán, Puebla, Oaxaca y Chiapas; las autoridades rebeldes fueron depuestas y las leyes violadas. Y bajo estos auspicios, el 4 de enero de 1835, abrió sus sesiones un nuevo Congreso general. Se desconoció la autoridad de Gómez Farías, Santa Anna obtuvo licencia para retirarse a Manga de Clavo, Miguel Barragán quedó como presidente interino y los diputados iniciaron los trabajos para reformar la Constitución. 27
En territorio veracruzano se dieron dos pronunciamientos centralistas que pretendían agilizar los trabajos de la asamblea nacional. Entre el 24 y el 25 de febrero varios presidiarios y algunos sargentos de los batallones Hidalgo y Acayucan acantonados en la fortaleza de San Juan de Ulúa, encabezados por los sargentos Santiago Peñaflor y Ramón Ortega, se pronunciaron por una dictadura centralista a favor de Antonio López de Santa Anna. Habiendo arrestado a los jefes y oficiales de Ulúa, desembarcaron en la plaza y se hicieron dueños de los principales puntos de la ciudad sorprendiendo a la guardia.
El comandante general de Veracruz, Ciriaco Vázquez, avisado de los sucesos y previendo los desórdenes que podían originarse si la situación no era controlada, dictó providencias para desalojar a los sublevados. Sin embargo, como era de esperarse, al amanecer reinaba en la población un profundo descontento y circulaban rumores sobre la “sospecha” conducta del jefe militar y del jefe del departamento. Todo el mundo preguntaba sobre lo ocurrido y nadie sabía nada. Finalmente los rebeldes pudieron ser rechazados hacia la fortaleza en donde se fortificaron.
La opinión pública acusaba a Vázquez de haber provocado el pronunciamiento por su carácter “despótico y arbitrario”. Con el fin de evitar la deserción, dicho comandante envió a Ulúa al batallón de Acayucan, compuesto por hombres “sencillos”, en su mayor parte casados, que por su aislamiento, separación familiar, cambio de usos y costumbres, fueron fácilmente convencidos de apoyar una rebelión que les prometió libertad. La verdad es que aún cuando los sublevados insistieron en vinculaciones con otros partidarios, e inclusive mencionaron el nombre de Mariano Arista, el pronunciamiento de San Juan de Ulúa estaba aislado, carecía de ramificaciones en el país. Mas dado el estado de efervescencia nacional, derivado de las pretensiones de cambiar la forma de gobierno, bien podía servir de chispa para iniciar un movimiento interior que se declaraba abiertamente por el centralismo. De aquí el interés, inclusive del mismo caudillo veracruzano, por no perder el control de la nación.
El 27 la situación continuaba igual y en consecuencia en ayuntamiento porteño decidió solicitar a Antonio López de Santa Anna, retirado como se dijo, en Manga de Clavo, su traslado a la plaza para que con su “presencia y prestigio” pusiera término a la situación. La misma petición fue hecha por Vázquez, de manera que el caudillo se presentó en el puerto el 1° de marzo acompañado de una escolta de caballería. Fue recibido en Vergara por una comisión de la corporación municipal y entró a la ciudad en medio de una valla formada por tropa de infantería con música y banderas. Hubo salvas lanzadas desde Ulúa y, aunque algunos autores señalan que el pueblo se mantuvo frío e indiferente, Santa Anna estuvo acompañado por un numeroso vecindario.
El caudillo sostuvo pláticas con los sublevados. Trató de asegurar su rendición ofreciendo garantías por sus vidas, pero los pronunciados adujeron que debían se consecuentes con “personas de otros estados comprometidas en el movimiento”. Por ello el caudillo decidió el bloqueo de la fortaleza y fueron arrestados varios sospechosos de complicidad, entre ellos el propio Arista, mientras a otros se les desterró como al cura tabasqueño Alpuche Infante y al Dr. José Ma. Betancourt.
Ahora bien, viendo Vázquez la inutilidad de las gestiones santanistas dispuso, en virtud de las facultades que le había concedido el gobierno central y para evitar trastornos y perjuicios al comercio, declarar puerto al fondeadero de Sacrificios y a Mocambo zona de descarga para los buques anclados en el primer punto.
Como se había temido desde un principio la ciudad fue bombardeada y el caudillo veracruzano abandonó la plaza el 7 de marzo sin haber tenido éxito en sus esfuerzos. Al día siguiente, los dirigentes del movimiento se declararon dispuestos a rendirse si se les garantizaba su vida. Apresados fueron juzgados y condenados a la pena capital pero, pese a todo, no se supo que ninguno fuera ejecutado.
El segundo pronunciamiento centralista al que hemos hecho referencia, se efectuó dos meses después, en mayo de 1835. Ya durante los agitados días en que la atención veracruzana se centró en el pronunciamiento de Ulúa, hubo en Orizaba conatos para promover un desorden y rebelarse contra el sistema federal. El ministerio de Guerra se inquietaba por esa situación, aunque Vázquez, requerido en ese sentido por su cargo militar, opinaba que lo que realmente sucedía era que las autoridades locales carecían de autoridad para hacerse respetar. Sin embargo, los acontecimientos probaron lo contrario. La prensa local revelaba las tropelías que causaban ciudadanos partidarios del centralismo, que por las noches atacaban las casas de los integrantes de la milicia cívica gritando vivas a la religión.
Para mediados de mayo la situación se tornó crítica. En esas fechas el ayuntamiento orizabeño y una “numerosa” porción de habitantes celebraron una reunión para redactar una exposición en la que indicaron la conveniencia de cambiar la forma de gobierno. En un documento fechado el 19, con amplios considerandos, manifestaron que la ciudad de Orizaba deseaba que se variara el sistema federal, adoptando otra forma de gobierno más análoga a sus necesidades, exigencias y costumbres, y en la que se garantizara mejor la independencia, la paz interior y la práctica de la religión católica. Solicitaban además la protección de Santa Anna.
Y como si todos los pueblos del estado esperaran el acta orizabeña para secundarla por consigna oficial, se adhirieron, primero, los pueblos de su departamento. Santiago Tlilapan, el 20 de mayo; Santa Anna Atzacan, el 21; Maltrata, el 22; San Juan Bautista Aculcingo, el 25; San Pedro Tequila, Cuetzalan y Tesechoacan, el 26; San Martín Atlahuilco, el 27; Cosamaloapan, el 31; Córdoba, San Juan Coscomatepec, Amatlán de los Santos Reyes y San Francisco Chocamán, el 2 de junio; San Pedro Ixhuatlán, el 3, y Huatusco, el 6.
En el caso de Xalapa, los acontecimientos se sucedieron en una forma similar a lo acontecido en Orizaba, aunque no con la violencia que revistieron en esta última población. El ayuntamiento xalapeño, impulsado por un numeroso grupo de vecinos, levantó un acta en la que adoptaba los artículos que comprendía la exposición que la ciudad de Toluca había dirigido al Congreso general para que se variara la forma de gobierno. Empero, Xalapa protestaba obedecer a las autoridades estatales, en tanto las Cámaras de la Unión resolvían sobre sus planteamientos.
Días después, el 13 de junio, se hicieron varias adiciones al acta y representación orizabeña para asentar que Orizaba deseaba la convocación de una asamblea constituyente extraordinaria que se reuniera a más tardar el 1° de octubre, y que dejara constituida a la nación antes de un año, a partir de a fecha de su instalación. En consecuencia, se pedía que el Congreso general en funciones expidiera la correspondiente convocatoria para verificar elecciones nacionales, estableciendo requisitos que hicieran recaer las designaciones en sujetos que merecieran la “confianza pública” por sus “luces y virtudes” y que constituirían a la nación bajo bases sólidas que afianzarían la independencia, la paz interior y el ejercicio de la religión católica. Asimismo solicitaron expresamente la reelección de los individuos elegidos.
No obstante, una nueva reunión de la corporación municipal orizabeña no tomó en cuanta las adhesiones anteriores, por considerar que una gran parte de la nación se inclinaba porque el Congreso ya instalado se encargara de constituirla, bajo la forma centralista. Puesto que lo que importaba era fijar cuanto antes las bases del nuevo sistema, lo que no se obtendría con rapidez a través de un proceso electoral, se acortó que dicho Congreso se declarara constituyente, formando una sola cámara. A este acuerdo llegaron también Xalapa, Coatepec, Huimanguillo y Perote.
Por esta fecha hubo también un pronunciamiento federalista en Papantla que, sin alcanzar el triunfo definido, mantuvo a la región en constante zozobra hasta 1838. El 24 de octubre de 1835. Manuel Castellanos y Mora, Agustín Ortega, Mariano Olarte y otros partidarios del federalismo proclamaron el sostenimiento de la Constitución de 1824. Varios de ellos, como Castellanos, resultaron aprehendidos, pero Ortega y Olarte lograron huir, refugiándose en la sierra de Coyuxquihui en tierra papanteca. Las autoridades iniciaron las causas de los presos pero no pudieron sofocar las actividades de aquellos que continuaban libres.
Remitidas las actas de los diferentes pronunciamientos a la ciudad de México, el consejo de gobierno convocó al Congreso general a sesiones extraordinarias y los legisladores, el 9 de septiembre, se declararon investidos de amplias facultades para variar la forma de gobierno y constituirlo de nuevo. El 3 de octubre, el mismo cuerpo legislativo fijó las bases fundamentales del régimen central: se sustituirían los gobernadores, las legislaturas cesarían en sus funciones y se nombrarían juntas departamentales compuestas de cinco individuos.
Veracruz, convertido en departamento, asimiló el cambio político en medio de la división de opiniones en las que la afluencia santanista, sobre determinados grupos sociales, resultó determinante. La legislatura veracruzana fue suprimida el 26 de octubre pero, como a pesar de los pronunciamientos locales por el centralismo, una gran parte de los diputados se oponían al cambio de sistema, no admitieron reunirse para nombrar la junta departamental y el gobernador interino, Juan Francisco de Bárcena, quien por sus actividades mercantiles se hallaba vinculado a Xalapa, dispuso que lo hiciera el ayuntamiento xalapeño. El 3 de noviembre esta corporación designó al mismo Bárcenas y a los señores Manuel de Viya y Cosío, José Julián Tornel, Manuel Ma. Fernández y José Mariano Campillo para formarla, lo que fue desaprobado en la ciudad de México, con el inmediato descontento que brotó del puerto de Veracruz, en donde se consideraba que se menospreciaba su calidad de capital del estado. De manera que, por orden del gobierno central, la corporación municipal porteña hizo dicho nombramiento, quedando integrada la junta por Manuel María Pérez, Mariano Jáuregui, José Manuel Izaguirre, Antonio María Rivera y León Carballo e instalada en el puerto hasta el 24 de marzo de año siguiente, 1836. En el mes de diciembre de 1835, en distintas fechas, las bases constitucionales fueron juradas por las poblaciones del departamento. 28
Y mientras la oligarquía lograba afianzarse a través del Código de la Siete Leyes, que fue publicado el 30 de diciembre de 1836, la insurrección de la tierra papanteca adquirió un cariz alarmante. En julio de 1836 el gobierno de Veracruz informó al Ministerio de Relaciones Interiores que la tranquilidad pública continuaba amenazada en Papantla por los partidarios del federalismo, pronunciados en octubre del año anterior. Castellanos, preso en Perote, había sido trasladado a la población papanteca para trámites de la causa que se le seguía. Puesto en libertad condicional por fianza de José María Vidal, hermano del alcalde que conocía el proceso, se temía que pudiera entrar en contacto con Ortega y Olarte para iniciar una insurrección local.
El miedo al pronunciamiento fue tal, que el jefe político de Papantla llegó a afirmar que los sucesos de octubre de 1835 no estaban aislados, sino que tenían ramificaciones con destacados federalistas de la República, en particular con los de Xalapa y Perote y demás lugares circunvecinos. El correo de Teziutlán, que conducía la correspondencia por la costa y que llevaba en su valija los documentos de la causa seguida a los rebeldes, había sido asaltado entre Altotonga y Perote, desapareciendo el citado expediente.
Y como para corroborar el ánimo imperante en la región, el 3 de noviembre las fuerzas de Mariano Olarte se presentaron frente a la población papanteca con la intención de ocuparla. La conmoción de sus habitantes fue general, el ayuntamiento celebró una reunión urgente con los principales vecinos y finalmente decidieron rendirse para evitar mayores consecuencias.
Con el objeto de que el movimiento no trascendiera a departamentos vecinos, se destacaron tropas de Puebla, Nuevo León y Tamaulipas, combinadas con las de Veracruz, para recuperar Papantla, y se cruzaron comunicaciones oficiales con Olarte para hacerlo desistir de sus propósitos. Francisco Ávila, alcalde primero de Teziutlan, fue comisionado por el gobierno central para entrar en conversaciones con los rebeldes, mismas que llevó a cabo sin éxito en el mes de diciembre y después de las cuales se proclamó el plan de Olarte de corte federalista. Se trató inclusive, de utilizar la influencia de Guadalupe Victoria para pacificar la región pero a pesar de las derrotas militares que este último infligió a Olarte, los pronunciamientos adoptaron el sistema de guerrillas u continuaron utilizando los principales núcleos urbanos de la zona.
A pesar del clima de inestabilidad imperante, el 1° de enero de 1837 fue jurado en la ciudad de México el código fundamental de las Siete Leyes. En marzo fueron electos representantes de Veracruz al Congreso general los señores Hermenegildo Viya y Cosío y Bernardo Couto. El 26 del mismo mes se instaló la junta departamental, en esta ocasión en Xalapa y no en el puerto de Veracruz, integrada por Manuel Ma. Pérez, Juan Francisco Bárcenas, Nemesio Iberri, José Antonio Martínez, Manuel Segura, Francisco Antonio de la Llave y José Aurelio García. 29
27 Manuel B. Trens, op. cit., t. IV, p. 13-22.
28 Ibid, p. 23-63.
29 Ibid, p. 79-108.
Guerra con los franceses
La primera república central duró seis años, y un solo periodo constitucional, el de Anastasio Bustamante, que por segunda vez tomaba el gobierno y que, con múltiples interrupciones e interinatos, duró de 1837 a 1841. Antonio López de Santa Anna, quien después de su participación en el establecimiento del régimen de las Siete Leyes, había salido de su retiro para acallar a Zacatecas y Texas, volvió al país acompañado por el desprestigio del desastre de San Jacinto, aunque su “buena suerte” aún no terminaba.
En términos generales, la entidad veracruzana no sufrió en carne propia los efectos del conflicto texano, como sucedería con otras guerras extranjeras, pero de una u otra forma la influencia del caudillo repercutió en la estabilidad del ámbito local, en donde aún se temía el rechazo del centralismo, si no se contaba con el apoyo santanista. Por ejemplo, al tenerse conocimiento de los sucesos de San Jacinto y de la prisión de Santa Anna, la población de Orizaba remitió al Ministerio de Guerra un acta en la cual se declaró dispuesta a facilitar al gobierno del centro todos los recursos necesarios para continuar la lucha y libertad al caudillo, además de afirmar que no aceptaría el regreso al federalismo. El documento fue también aceptado por Córdoba, San Andrés Otatitlán, San Juan Bautista Chacaltianguis y Santiago Ixmatlahuacan.
Antonio López de Santa Anna, procedente de Norfolk, arribó al puerto de Veracruz el 20 de febrero de 1837 a bordo de un barco de guerra norteamericano “Pioneer”. Fue recibido con honores merecidos a su rango, pero la derrota sufrida había mermado su prestigio y muchas opiniones desfavorables se habían lanzado contra su actuación en aquel suceso. De manera que se retiró a su hacienda de Manga de Clavo, desde la cual rindió un informe al gobierno sobre lo ocurrido en San Jacinto. En los primeros días de marzo se trasladó a la plaza porteña para jurar la Constitución en la sala consistorial, acompañado del gobernador del departamento, jefes militares y amigos, pero volvió a retirarse a la vida privada, consciente de la mengua de su popularidad. Ni siquiera pareció escuchar, por el momento, las sugerencias de algunos conocidos descontentos con el nuevo régimen, para que reclamara la primera magistratura, de la que se había separado, sólo mediante licencia, para hacer frente a la emergencia de la lucha.
La declinación del caudillo facilitó la resurrección política de Bustamante que, de acuerdo con los sufragios de los departamentos, asumió la presidencia el 17 de abril. Las sublevaciones contra el orden establecido no se hicieron esperar y las disputas entre federalistas y centralistas atizaron los ánimos, con una circunstancia más: el temor del presidente hacia Santa Anna. En el mismo año de 1837 comisionó a Manuel Rincón para que, con el pretexto de establecer un cantón de tropas en Xalapa, siguiera de cerca la conducta del héroe de Tampico. Este, según todos los indicios, confiaba en una nueva oportunidad para abandonar las “dulzuras de la vida en familia” y saltar a defender la supremacía perdida.
Además de la complicada situación política, el descontento popular encontró oportunidad de manifestarse al ponerse en circulación la moneda de cobre a cambio de la plata; esto dio motivo a disturbios, y a un estado de crisis peligrosa. Los precios de los artículos de primera necesidad subieron y la oposición de los pueblos a recibir dicha moneda ocasionó motines como los ocurridos en Querétaro y Orizaba.
En la población de Orizaba, tan pronto se supo que había sido expedida la ley que alteraba el valor de la moneda de cobre, los comerciantes locales iniciaron el alza de los precios, mientras la mayoría de los habitantes manifestaba su desagrado. El ayuntamiento se vio obligado a publicar el decreto mencionado, exhortando al comercio a considerar la baja de precios, pero ello no calmó la tranquilidad de la ciudad. Grupos de individuos formaron masas considerables que gritaban no querer que sus “cuartilla o tlacos” se cotizaran, exigiendo que los comerciantes las recibieran sin alteración alguna.
En vista de la efervescencia local las tiendas se cerraron y se acudió al recurso religioso, tan en boga en esa época, que tampoco tuvo éxito. En vez de oír consejos, exhortaciones y promesas, la muchedumbre se lanzó sobre la fábrica de hilados Cocolapan, propiedad de extranjeros, resultando dos individuos heridos, el saqueo del establecimiento y el desprecio a la autoridad del prefecto. Por último la ley sobre la moneda de cobre fue suspendida y puesta en observación. 30
Es conveniente recordar que, a principios de 1838, tres hombres dominaban la escena política: Bustamante, que tenía la ventaja que le otorgaba el poder; Valentín Gómez Farías, de vuelta al exilio y con el prestigio del político capaz de favorecer al “pueblo”; y Antonio López de Santa Anna, que con mucha cautela y ante la crisis política y económica existente, esperaba la oportunidad para rehabilitarse, con un prestigio que, aunque menguado, aun importaba en un país plagado de revueltas y pronunciamientos militares. En esta pugna de intereses las circunstancias del conflicto con los franceses fueron determinantes.
La guerra con Francia, denominada Guerra de los Pasteles, tocó de cerca de la población veracruzana de mayor importancia, al puerto de Veracruz, y a uno de sus sectores sociales más fuertes, el de los comerciantes.
Las hostilidades fueron consecuencia directa de los trastornos políticos que se traducían en una mayor pobreza en todo el país; no era posible dedicarse al trabajo productivo, los servicios públicos se habían descuidado y existía una gran inseguridad en caminos, campos y ciudades que afectaron por igual a nacionales y extranjeros. El gobierno francés había presentado diferentes reclamaciones para obtener la indemnización de los comerciantes franceses de la ciudad de México afectados por los acontecimientos de 1828, sin obtener una respuesta favorable por parte de las autoridades mexicanas lo que condujo al enfrentamiento entre los dos países.
La verdad es que, ya desde febrero de 1837, se esperaba en el puerto de Veracruz la llegada de barcos de guerra franceses. El Ministerio de Guerra había tenido noticias de que dichos navíos se hallaban en las Antillas y que se trasladarían a aguas mexicanas si las peticiones de Francia no eran satisfechas. En noviembre del mismo año se confió a Manuel Rincón, destacado en Xalapa y comandante general, la defensa de la plaza porteña y, en consecuencia, examinó las fortificaciones de la misma y de la fortaleza de San Juan de Ulúa.
En enero de 1838, Rincón comunicó que las defensas veracruzanas se hallaban en mal estado y que era indispensable repararlas. Poco después se mandó completar el batallón activo de Puebla para que marchara a Xalapa, así como el batallón Matamoros y parte del de Toluca. Asimismo el comandante general dio a la oficialía de Ulúa un plan de señales para mantener la comunicación entre la fortaleza y el puerto. El batallón Galeana, que se hallaba en Perote, bajó a la plaza porteña, una compañía de cazadores del citado batallón Toluca pasó al castillo, junto con los víveres necesarios y suspendió el tránsito marítimo en el río de Alvarado.
Al amanecer del 9 de marzo fueron avistados en Alvarado buques franceses que se dirigieron al fondeadero de Antón Lizardo. Tres días más tarde dichos navíos se trasladaron al fondeadero de Sacrificios, desde donde el barón Deffauis mandó al gobierno mexicano, el 21 del mismo mes, un ultimátum, en el cual fijaba las bases para reanudar las relaciones entre Francia y México, previo pago de una indemnización de $600 000.00.
Debido al curso de los acontecimientos, Rincón dispuso el traslado del batallón Matamoros, que en ese momento se hallaba en Paso de Ovejas, a San Juan de Ulúa, el envío a la misma fortaleza de otras remesa de víveres activó la reparación de las fortificaciones porteñas y dictó medidas para la defensa de las barras de la Antigua, Juan Ángel, Chachalacas y otros puntos de la costa de Barlovento y Sotavento. El 16 de abril se declararon rotas las hostilidades y las fuerzas extranjeras bloquearon el puerto de Veracruz.
La alarma había cundido, tanto en la plaza porteña como en Alvarado y Tlacotalpan y en las poblaciones vecinas, desde el momento mismo en que se avistaron los buques franceses frente a las costas veracruzanas. Se esperaba que la situación fuera crítica para la población civil, pero días después de declarado el bloqueo la situación se tornó realmente grave, sobre todo para los habitantes del puerto. Numerosas familias, agotando sus recursos económicos, intentaron trasladarse al interior; el comercio estaba paralizado; la falta de población repercutió en los sectores de artesanos y obreros cuyos ingresos se vieron reducidos; y los efectos de primera necesidad eran escasos y caros.
Ante el bloqueo de la fuerza naval francesa, el gobierno mexicano declaró abiertos para el comercio exterior los puertos de Alvarado, Tuxpan, Cabo Rojo, Soto la Marina e Isla del Carmen, a los cuales posteriormente se agregó el de Tecolutla. Si bien la determinación gubernamental era comprensible, y a pesar de que se armaron seis lanchas para proteger la entrada a la plaza porteña de los buques de comercio que eludieran el bloqueo, no dejó de causar el consiguiente disgusto entre los comerciantes del puerto de Veracruz, tan vinculados a los movimientos mercantiles de largo alcance.
Una de las cosas que preocupaba hondamente a las autoridades locales era el incremento que tomaban los franceses con el arribo de nuevos navíos. El 6 de noviembre de 1838 se tuvo noticia, a través de la goleta norteamericana “Wooelbury”, de la próxima llegada del contralmirante Baudin y del príncipe Joinville para reforzar la escuadra francesa. Por lo que Rincón, temeroso de alguna acción sorpresa, ordenó colocar destacamentos en otros puntos veracruzanos: Coatzacoalcos, Roca Partida, Río Cañas, Agua Dulce, Alvarado, Antón Lizardo, Boca del Río, Antigua y Chachalacas.
El 26 de octubre Baudin, a bordo de la fragata “Nereida”, solicitó al comandante general el libre paso del oficial Le Roy hacia el Altiplano, para entregar al Ministerio de Relaciones Exteriores una copia de los poderes que acreditaban al contralmirante francés como plenipotenciario ante el gobierno mexicano. Y mientras Le Roy se trasladaba a la ciudad de México, los buques franceses aumentaron en el fondeadero de Sacrificios, congregándose: dos naves de 90 cañones, “Tritón” y “Hércules”; dos fragatas, “Herminia” e “Ifigenia”; cuatro fragatas de 45 y 60 cañones, “Medea”; “Nereida”, “Gloria” y “Criolla”; 9 bergantines, “Alcibíades”, “Lapeyrouse”, “Voltigeur”, “Cuirasie”, “Eclipse”, “Laurier”, “Dunois”, “Dupetit” y “Thonarez”; dos bergantines de 18 y 20 cañones, “Lutin” y “Patimure”; y cuatro bombardas, “Cíclope”, “Relámpago”, “Vulcano” y “Volcán”. Sumaban en total 26 naves.
Por el contrario, las fuerzas que debían defender San Juan de Ulúa y el puerto de Veracruz continuaban careciendo de lo indispensable. El 10 de noviembre, Rincón pidió insistentemente al Ministerio de Guerra 100 quintales de pólvora y tropa de refuerzo que llegaron a destiempo cuando ya las hostilidades habían sido rotas. De cualquier manera, ante las órdenes de sostener las fortificaciones sin ceder o rendir ninguna, el comandante general obtuvo hombres de Córdoba, Orizaba, Coscomatepec, Paso de Ovejas, Puente Nacional, Actopan, Nautla y Papantla, a la vez que armó a 700 jarochos.
Aún hubo reuniones de los plenipotenciarios de ambos países en Xalapa, entre el 17 y 20 del mismo mes, pero se suspendieron sin llegar a ningún arreglo. Baudin abandonó la población xalapeña el 21 de noviembre, el 22 entró a Veracruz e inmediatamente se embarcó. Y ante el fracaso de las conferencias de Xalapa el Ministerio del Interior informó al gobernador en turno, Antonio Ma. Salonio, la necesidad de defender, a todo trance el territorio nacional y de mantener el orden y la tranquilidad en la región. El ambiente que imperaba en la plaza porteña era triste y agitado por el ajetreo de los preparativos bélicos, la emigración de las familias acomodadas y la consternación de las clases menesterosas.
El 27 de noviembre la escuadra francesa bombardeó la fortaleza de San Juan de Ulúa y el 28 la guarnición que la defendía aceptó la capitulación, a pesar de que Antonio López de Santa Anna había acudido al castillo el día anterior, tratando de evaluar los daños causados y de levantar el ánimo de la tropa. Antonio Gaona, gobernador de esta plaza, esgrimió cuatro puntos que lo llevaron a firmar la rendición: destrucción de la fortaleza por el bombardeo, agotamiento de las municiones, la mayor parte de la fuerza fuera de combate y la restante desmoralizada.
Rendido San Juan de Ulúa el puerto de Veracruz se quedó sin apoyo y, ante la inminencia de un ataque, capituló también ese mismo día. En junta celebrada por las autoridades militares de la plaza, presidida por el caudillo veracruzano, se estuvo de acuerdo en que la pérdida de la fortaleza, el mal estado de la artillería y lo defectuoso de las defensas hacían inevitable aceptar las proposiciones que dos parlamentarios franceses les habían presentado. Carlos Baudin, como contralmirante de la escuadra francesa, y Mariano Rincón, en su calidad de comandante general del departamento, celebraron un convenio, por medio del cual se acordó que este último conservaría su autoridad sobre la plaza porteña, la que mantendría una guarnición de 1 000 hombres, hasta que las diferencias entre Francia y México estuvieran resueltas y sólo entonces Ulúa sería devuelta; se suspendería el bloqueo por 8 meses y el puerto de Veracruz se abriría al tráfico internacional; se facilitaría el abastecimiento de las tropas francesas que ocuparan la fortaleza con víveres frescos provenientes de la ciudad; y los franceses que, como consecuencia de las hostilidades, habían tenido que abandonar la plaza porteña, tendrían libertad de volver a ella, serían respetados en sus personas y propiedades e indemnizados por los daños sufridos.
El gobierno de Bustamante reaccionó con violencia ante la pérdida de un puerto tan importantes y desconoció los convenios celebrados. Rincón fue sustituido y el mando fue entregado al caudillo de la crisis, Santa Anna, que en ese momento se convirtió, de nuevo, en la esperanza de la nación y cuya opinión sobre la rendición de la plaza, adoptada en la junta de militares que presidió, no consta en ningún documento. 31
Santa Anna llegó al puerto de Veracruz procedente de Manga de Clavo el 4 de noviembre para encargarse del comando militar y de hacer saber a Baudin que los convenios celebrados el 28 de noviembre habían sido desaprobados. Y mientras planeaba las acciones a seguir, los franceses, aprovechando una densa niebla, invadieron la ciudad en la madrugada del 5 con el fin de apoderarse de Santa Anna. Al no encontrarlo, tuvieron que limitarse a prender a Mariano Arista, a su ayudante Manuel Iturría y al capitán Jiménez. El caudillo, según algunos autores, “batió con decisión y glorioso resultado al enemigo, obligándolo a reembarcarse a punta de bayoneta”. La victoria fue mexicana, pero Antonio López de Santa Anna fue herido por una descarga de metralla en la pierna y en la mano izquierda.
No obstante el éxito obtenido, las fuerzas nacionales se retiraron hacia Pocitos, en donde se le amputó la pierna al caudillo. Entonces, Ramón Hernández se encargó temporalmente del mando militar y el 11 de noviembre o entregó a Gabriel Valencia, en tanto Santa Anna era conducido a Manga de Clavo para su restablecimiento. Por su parte los franceses concentraron su escuadra en el fondeadero de Antón Lizardo, a excepción de la corbeta “Criolla” y de dos bombarderos que permanecieron junto al castillo, sin hostilizar a la plaza porteña. El general herido dirigió al gobierno central parte sobre lo ocurrido. El documento, en opinión de Fernando Díaz Díaz, era sincero, dictado por un hombre que se sentía al borde de la muerte. En México hubo lagrimas de quienes lo leyeron. 32
El 19 de diciembre el Diario de Gobierno anunció el nombramiento del héroe de Tampico como general en jefe del ejército de vanguardia contra el invasor y de Guadalupe Victoria como su segundo. Paralelamente se informaba que se preparaban hombres y pertrechos que se enviarían a Veracruz, noticia que contrastaba con la desesperación que embargaba a la sociedad porteña y con el triste llamamiento a la “caridad mexicana”, que el 20 de ese mes firmaron varios veracruzanos de renombre dentro de la política y la economía locales: Hermenegildo de Viya y Cosío, José Bernardo Couto, Antonio de Echeverría y Antonio Garay, con el objeto de reunir fondos para el sostenimiento y ayuda de los defensores de la ciudad.
En los primeros días de enero de 1838, mientras las tropas nacionales se preparaban a abandonar Pocitos para ubicarse en Cabo Verde, paraje situado a tres cuartos de lengua de Santa Fe, con mayor salubridad y rápido acceso a los caminos hacia Xalapa, Córdoba y Orizaba, llegaron a Sacrificios y, también, el ministro inglés Ricardo Pakenham.
Dicho diplomático ofreció sus servicios para mediar entre las naciones en guerra, y de las pláticas celebradas bajo sus auspicios en la casa de correos del puerto de Veracruz entre los comisionados mexicanos Manuel Eduardo de Gorostiza y Victoria, y Baudin, resultó el tratado de paz el 9 de marzo de 1838 que favoreció a los franceses: se pagarían las reclamaciones exigidas para garantizar a las naves y mercancías francesas, franquicias, privilegios e inmunidades.
Si bien el conflicto con Francia tuvo graves repercusiones en la población y en la economía veracruzana, para Santa Anna significó la reconquista de su popularidad. La opinión general, que persistía en 1838, era que el caudillo veracruzano había justificado sus títulos de héroe. Algunos enemigos intentaron restar méritos a su conducta frente a los franceses, pero tal proceder no prosperó. El propio Baudin reconoció la injerencia santanista en el fracaso y retiro de sus tropas cuando intentó sorprender al caudillo. El general victorioso, por su parte, demostró resignación en su dolor ante la amputación de la pierna herida; en su hacienda de Manga de Clavo recibió múltiples demostraciones de afecto y solidaridad. 33
30 Fernando Díaz Díaz, op. cit., p. 140-142.
31 Vicente Riva Palacio, op. cit., t. IV, p. 417-427.
32 Fernando Díaz Díaz op. cit., p. 144, 145.
33 Carlos María Bustamante, El Gabinete Mexicano durante el segundo periodo de la administración del Exmo. Señor Presidente interino D. Antonio López de Santa Anna, México, Imprenta de J. M. Lara, 1842.
Intermedio entre dos guerras
La experiencia del conflicto con Francia no puso fin a la inestabilidad política. La impotencia del gobierno central para cualquier tipo de organización: reducir a la obediencia a Yucatán enfrascado en una guerra de castas, presentar un ejército capaz de dictar en el territorio de Texas un pacto definitivo de respeto mutuo con los Estados Unidos, y hasta para hacerse obedecer de los departamentos, se vio confirmada pocos años después del término de la guerra.
Para febrero de 1839, mientras se llegaba a un convenio con los franceses, Antonio López de Santa Anna, aún sin curarse totalmente, pasó a México para encargarse interinamente del gobierno por ausencia de Bustamante, quien se colocó al frente del ejército para abrir una campaña en Tampico contra los generales José Urrea y José Antonio Mejía, sublevados a favor del sistema federal. El 17 por la tarde, el caudillo veracruzano verificó su entrada a la ciudad de México en medio de ovaciones y un inmenso gentío que ocupaba las calles.
Durante el breve periodo en el que Santa Anna ejerció interinamente la investidura presidencial manifestó, para variar, la necesidad de reformar las instituciones porque creía que la opinión pública se había generalizado en ese sentido. En esos días, según palabras del historiador Bustamante, el caudillo llegó al apogeo de su gloria y su casa parecía la “morada de un príncipe por su decencia y concurrencia de las primeras personas que lo felicitaban por su triunfo”. Los fracasos de la campaña de Texas pasaron al olvido y a mediados de julio; cuando Bustamante asumió de nuevo la presidencia, concedió al ahora héroe de a guerra con Francia la comandancia general del departamento de Veracruz.
La restablecida popularidad e influencia de Antonio López de Santa Anna, así como los continuos retiros que efectuó a Manga de Clavo, dotaron a las poblaciones de la región central de Veracruz en donde se ubicaba la clientela del caudillo, de una gran efervescencia política. Por ejemplo, en el puerto de Veracruz se decía que las oficinas de la ciudad, en especial la aduana marítima, estaban llenas, con muy pocas excepciones, de santanistas e incluso se hablaba de una “cofradía de la orden de santa-annistas” enfatizándose los vínculos de parentesco que unían a muchos de ellos. De manera que no sólo los integrantes de la oligarquía trabajaban por el caudillo, sino que también se hacía desde los baluartes de la burocracia provincial en donde se habían colocado elementos sociales emergentes de los que se ha hablado.
Además de la clientela citadina existía otra, compuesta en gran parte por población rural, fácil de impresionar por los honores alcanzados por el caudillo; es decir, la “jarochada” o los jarochos anónimos de la región costera del territorio veracruzano que colaboraron con él en los momentos más importantes de su carrera política y militar. Esta facilidad de Santa Anna para movilizar al paisanaje regional no es difícil de entender, si recordamos que gran parte de su actividad militar como soldado realista se realizó en esta zona y supo conquistar la voluntad de sus habitantes, realizando obras en favor suyo. Más tarde, en el apogeo de su gloria, frecuentó continuamente a sus paisanos, enterándose de sus preocupaciones, acompañándolos en sus regocijos y tribulaciones, asistiendo asiduamente a sus festejos. Y, a nivel nacional, puede decirse que el cuerpo militar constituyó la clientela del caudillo, la más importante, dado su poder de decisión política. Por otro lado, en términos generales, la clientela regional permitió a Santa Anna disponer de un grupo de adictos con los cuales incomodar al gobierno en turno de manera real y efectiva, por medio de los repetidos pronunciamientos o con sus supuestas amenazas o rumores de iniciar desórdenes locales.
Ahora bien, de acuerdo con el régimen centralista impuesto por las Siete Leyes, el departamento de Veracruz se dividió en siete distritos: Veracruz, Xalapa, Orizaba, Jalacingo, Acayucán y los Tuxtlas, a su vez divididos en 14 partidos: Tampico, Xalapa, Misantla, Orizaba, Zongolica, Córdoba, Cosamaloapan, Jalacingo, Papantla, Acayucan, Huimanguillo, San Andrés y Santiago Tuxtla. Y con arreglo a la misma legislación, que estableció que sólo podía haber ayuntamientos en determinados lugares, existiendo únicamente cuatro en territorio veracruzano: Veracruz, Xalapa, Córdoba y Orizaba.
Sin embargo, la organización centralista no puso fin al descontento local, que poco a poco volvió a surgir, fomentado por la influencia santanista. El caudillo regresó a la tierra natal en julio de 1839 pretextando su “precario” estado de salud y, aunque ocupó por un tiempo la comandancia general de Veracruz, las diferencias con Bustamante se hicieron más tajantes y fue relevado del mando. En medio de las pugnas políticas, la penuria del departamento era tal, que sus empleados civiles se hallaban en la miseria, y la junta departamental se encontraba en tan mala situación que, en repetidas ocasiones, insistió en que se le concediera la administración, íntegra de sus rentas con el fin de invertirlas en sus gastos más precisos, puesto que de lo contrario, con el tiempo, no podría cubrir ni la cuarta parte de ellos. Con todo, en octubre de 1840 se efectuaron las elecciones para diputados al Congreso general y para componer las juntas departamentales, resultando electos por Veracruz los integrantes de la oligarquía regional: Mariano Jáuregui e Ignacio Trigueros como diputados propietarios, Miguel Arias y Antonio Echeverría como sus suplentes y Joaquín Muñoz y Muñoz, José Antonio Martínez, Leandro Iturriaga, Francisco Antonio de la Llave, José Ramón Carvajal, José María Palacios y Miguel Jiménez como individuos de la junta departamental.
Y el descontento continuó. El pronunciamiento federalista de la capital del 15 de junio de 1840 repercutió en territorio veracruzano provocando una agitada actividad de Santa Anna, que formó una división de hombres con los cuales se dirigió a la ciudad de México con supuestas declaraciones de lealtad a favor de Bustamante, pero como el movimiento terminó en fracaso antes de su llegada, juzgó “innecesarios” sus servicios y volvió a Manga de Clavo. Al año siguiente, el 10 de junio de 1841, Felipe Romero se rebeló en Orizaba con algunos guardas del tabaco, con toda seguridad apoyado por intereses mercantiles y empresariales regionales que tenían ramificaciones en otras partes del país, pidiendo se prohibiera la introducción de hilazas, se derogara el 15% que se había impuesto a las mercancías extranjeras y que se arreglara la contrata del tabaco. 34
Esta última revuelta buscó en principio la protección del caudillo, que en ese mismo año elevó una representación a Bustamante en contra de la autorización para la importación de algodón en rama, hilaza y tejidos ordinarios que repercutía en los cosecheros de algodón de Veracruz. Luego fue el vocero del disgusto de los cosecheros del tabaco por la existencia del estanco de este producto, y más tarde, del descontento de los comerciantes locales que pedían la abolición de la ley que establecía el impuesto del 15%. La rebelión fue fácilmente controlada por las autoridades departamentales, pero la consecuencia final de ambos movimientos fue la designación de aprovechar su “valioso” influjo: la comandancia general.
De nada sirvieron las prevenciones de la administración de Bustamante; su eterna necesidad de recursos lo llevó a recargar, como se ha visto, las tarifas de importación y los grupos mercantiles provocaron su caída. De Veracruz a Guadalajara, pasando por México, fue un ir y venir de agentes de casas importadas. A finales del mes de julio ya se temían nuevas alteraciones del orden y los enemigos del gobierno fijaron sus miradas en el caudillo veracruzano. Seguía sin ofrecer un programa de cambio social, como nunca lo hizo, sin embargo a muchos les parecía que era capaz de imponer el orden. A nadie extrañó que, cuando en agosto corrieron en Veracruz los rumores del pronunciamiento militarista de Paredes Arrillaga, se supiera que el agente principal era Antonio López de Santa Anna.
El 25 de agosto los repiques a vuelo y el tronar de los cohetes congregaron en la plaza de armas del puerto de Veracruz a un numeroso vecindario que pidió la inmediata reunión de la corporación municipal. Así que, en sesión extraordinaria y en presencia de la multitud, los capitulares acordaron solicitar al Congreso general una serie de puntos, en donde la influencia de los comerciantes porteños era innegable: la derogación de las leyes que impusieron el aumento del derecho de consumo, la reforma del arancel de aduanas marítimas, la suspensión de la pauta de comisos en rigor, la abolición de las aduanas interiores, la desaparición del estanco del tabaco y la reforma de la ley que impuso la contribución personal. Este plan, limitado a proponer, pues, algunas reformas de exclusiva convivencia mercantil que pretendía una ilimitada libertad de comercio, significaba en el fondo, el ataque a las políticas de la vieja oligarquía centralista partidaria de la naciente industria textil.
El 26 del mismo mes el cabildo xalapeño se adhirió al acta levantada en la plaza porteña. Dos días más tarde, el 27, una comisión de la ciudad de Veracruz llevó el documento a Manga de Clavo para entregarlo al caudillo, quien en esta ocasión fue explícito en sus críticas hacia el gobierno de Bustamante, calificándolo de incapaz y sin apoyo.
Puesto que el héroe de Tampico ejercía el mando de la comandancia general del departamento, no le fue difícil dictar órdenes para movilizar a los soldados que, bajo su dirección, se dirigieron a Perote en donde se pronunció contra el régimen establecido. Y al tener conocimiento de la actitud santanista los cuerpos municipales veracruzanos, que parecían haber estado únicamente aguardando la rebelión del caudillo para entrar en acción, reprodujeron, con muy ligeras variaciones, el acta de pronunciamiento. El 10 de septiembre lo hicieron Veracruz, Xalapa y Coatepec, el 13 la guarnición de Ulúa, el 16 de la misma plaza porteña y el 17 Orizaba. 35
Con el triunfo del movimiento revolucionario, que finalmente derrocó al presidente, y con la implantación de las bases orgánicas de Tacubaya de 28 de septiembre de 1841, la junta de los representantes de los departamentos, en la que fueron designados por Veracruz José María Tornel y Crispiniano del Castillo, reunida el 9 de octubre, nombró presidente provisional al general Santa Anna. Se establecía un régimen dictatorial que debía durar de 1841 a 1844 y que se caracterizó por continuas arbitrariedades que acabaron por producir el levantamiento del propio Paredes, cuando ya las tropas norteamericanas invadían el norte del país apoyando la decisión texana de integrarse a la Unión Americana.
En Veracruz, la junta departamental electa en 1840 fue disuelta y creada una nueva, donde la presencia de comerciantes porteños era inevitable: José Gutiérrez Zamora, Cayetano Mirón, Pedro Llera, José Lucas Aguilera, Joaquín de Muñoz y Muñoz y Pedro Montes de Oca. Al año siguiente, en abril de 1842, se efectuaron en Huatusco las elecciones finales para designar diputados al Congreso Constituyente estipulado en las bases de Tacubaya, resultando seleccionados Antonio Ma. de Rivera, José Bernardo Couto, Sebastián Camacho y Juan Soto, en tanto Santa Anna disponía que Benito Quijano se encargara del gobierno del departamento.
Nada halagador era, en esos tiempos, el estado en que se hallaba la administración pública veracruzana. En el lapso transcurrido entre 1840 y 1842 poco o nada se había hecho para hacer progresar el territorio regional. La formación de ordenanzas municipales estaba estancada, al igual que la organización de la policía local, el sistema de comunicaciones requería de reparaciones urgentes, y el puerto de Veracruz, si bien se veía beneficiado por la creación de los depósitos ordenados por el decreto del supremo gobierno de 1837, mermada por el contrabando practicado cada vez en mayor escala, causando graves daños a la economía local. La verdad era que la influencia del caudillo santanista había impulsado ciertos intereses regionales y transformando a Veracruz en el punto desde el cual movía los resortes de su mando, pero también es cierto que involucró a la clientela de la tierra natal en sus continuos pronunciamientos, desestabilizando el desarrollo económico.
Para mediados de 1842 la rebelión se hizo otra vez presente en tierras veracruzanas en apoyo del héroe de Tampico. Entonces, ante la actitud de un Congreso constituyente, irónicamente integrado por una mayoría de diputados liberales moderados, que planteaba la formulación de un proyecto de constitución progresista que no era del grado de Santa Anna, el ministro de Guerra, Tornel, provocó el pronunciamiento militar de Huejotzingo que pedía la disolución del Constituyente y su sustitución por una junta de notables. Entre el 17 y el 19 de diciembre se hizo oficial el apoyo veracruzano a la rebelión; las guarniciones militares y los ayuntamientos de Veracruz, Xalapa, Perote, Córdoba y Orizaba levantaron actas que, en resumen, exigían lo mismo que los pronunciados y que obligaron a la junta departamental a adoptar la misma posición.
Antonio López de Santa Anna, ya sin cortapisas de ningún género, inauguró un régimen dictatorial. Según algunos autores, la Junta Nacional Legislativa, que se reunió el 11 de enero de 1843, fijó de manera definitiva el verdadero sentido e intención del gobierno, que era la organización de la nación sin necesidad de que, posteriormente, se hiciera otra ley constitucional. El fruto de los trabajos de dicha junta fueron las Bases de Organización Política de la República Mexicana, código eminentemente centralista, que condujo a un proceso electoral más.
En Veracruz, en octubre de 1843, se llevaron a cabo las elecciones finales para diputados en Paso de Ovejas: Joaquín González de la Vega, Manuel Escandón, José Julián Tornel y Antonio María Rivera como propietarios y Ramón Muñoz y Muñoz, Tomás González, Manuel Lebrija, Francisco Rojas, José Arrillaga, José Rafael Carvajal, Laureano de la Torre, Ángel del Campo y Pedro Somohano fueron elegidos para el asamblea departamental. Eran en ese momento partidarios indiscutibles del caudillo y por ello su voto en la elección presidencial, “genuino y espontáneo”, fue para Santa Anna el 1° de noviembre de 1843. Meses más tarde, al presentarse un nuevo pronunciamiento de Paredes y Arrillaga en Jalisco, la posición veracruzana varió, reflejando con ello las contradicciones políticas y las pugnas de facciones oligárquicas inherentes del siglo XIX.
Los primeros pasos de la administración santanista así instaurada frustraron las esperanzas de los federalistas, que se unieron al pronunciamiento esperando restablecer la Constitución de 1824 y convocar a un Congreso general. Al darse cuenta de su error, reiniciaron las conspiraciones contra el caudillo. Tampoco las clases consideradas “privilegiadas” fueron favorecidas. Santa Anna impuso un férreo personalismo y la política de su gobierno consistió en colocarse en el centro de las disputas entre facciones y partidos, aprovechando las debilidades de unas y otros con el apoyo militar. Para lograr este último objetivo dispuso levantar cuerpos de tropas numerosos en todos los departamentos, mediante frecuentes levas.
El gobierno nacional de aquellos momentos no era, pues, más que una dictadura militar. El programa político santanista se limitó a sacar del país de la anarquía y hacer respetar la autoridad presidencial, a incrementar el ejército considerablemente, y con hombres “debidamente” seleccionados, convirtió a la República en un “vasto campamento militar”, sin importar el gasto que ello significaba.
En el caso de Veracruz, diversos autores afirman que usando los recursos del erario aumentó sus propiedades en territorio veracruzano y mantuvo cerca de 5 000 hombres en guardia de sus intereses personales. Fue en este periodo cuando el centro político en que se había convertido su hacienda de Manga de Clavo, se traspasó a la de El Encero, como consecuencia de la muerte de su primera esposa, Inés García de Santa Anna, y de su matrimonio con María Dolores de Tosta.
En noviembre de 1844, Mariano Paredes y Arrillaga, sin tomar en cuenta las críticas circunstancias del país ya amenazado por el imperialismo norteamericano, comenzó una rebelión cuya chispa fue la iniciativa que el departamento de Jalisco hizo al Congreso nacional, pidiendo hacer efectiva la responsabilidad del gobierno provisional conforme a lo prescrito en el punto sexto de las bases de Tacubaya. Estos acontecimientos, que primordialmente tendían a aprovechar el desprestigio al que el caudillo había llegado por sus desaciertos y arbitrariedades, provocaron el enfrentamiento de las cámaras con el gobierno, la disolución del cuerpo legislativo y el derrocamiento de la administración santanista.
En principio, como era de esperarse, la asamblea departamental veracruzana reprobó, el 9 de noviembre, la posición de Jalisco, respondiendo así a la defensa de los intereses personales de Santa Anna. Xalapa y Alvarado, por su parte, también levantaron actas de adhesión al régimen. La causa de que la situación variara poco después, cuando el 5 de diciembre, el gobernador Benito Quijano, santanista reconocido, envió a las prefecturas del departamento ejemplares de los decretos que ordenaban el juramento de rigor para que ayuntamientos y demás autoridades pudieran continuar al frente de sus destinos, es una interrogante aún sin respuesta.
Lo que se sabe con certeza es que la disposición de Quijano fue recibida con gran descontento, que se tradujo en oposición a efectuar dicho juramento, aumentada al tenerse conocimiento de la revuelta contra el gobierno que tuvo lugar en la capital el 6 de diciembre. Pocos días después Xalapa y el puerto de Veracruz se declararon por el restablecimiento constitucional, y conforme se hizo más fuerte el movimiento contra Santa Anna se llegó a la disolución de la asamblea departamental. A raíz de estos eventos la corporación municipal xalapeña, aduciendo su “interés” por evitar la acefalía del departamento, elevó el 27 del mismo mes, una exposición al Congreso general a fin de que ese cuerpo legislativo dictara las medidas convenientes para otra elección departamental, esperándose la designación de “hombres dignos de confianza del pueblo veracruzano”. 36
Antonio López de Santa Anna, declarado fuera de ley, se dirigió hacia Perote y las Vigas tratando de sustraerse a la acción del gobierno. Fue detenido a Jicochimalco por unos indígenas y llevado a la fortaleza de San Carlos de Perote, en donde se quedó, hasta que el 24 de mayo de 1845 fue desterrado. El 2 de junio se embarcó con su familia a la Antigua a bordo de una falúa que lo condujo a la cañonera nacional Victoria, y de ésta al vapor inglés Medway, que se hizo a la mar rumbo a La Habana.
En la efervescencia popular que siguió al desenlace de los acontecimientos, el pueblo destruyó la estatua del caudillo que se hallaba en el patio del teatro de Santa Anna y la ubicada en la plaza del Volador fue mandada bajar por orden de las autoridades. La pierna izquierda – o lo que de ella quedaba como recuerdo- del otrora victorioso héroe de Tampico fue extraída de la urna que la guardaba y ultrajaba públicamente en medio de continuos “mueras al dictador”. Casi no quedó nada que recordara todos los halagos y honores recibidos en sus días de triunfos.
Veracruz por su parte, enfrentaba una situación crítica. Un territorio esencialmente agrícola y mercantil, con gran variedad de suelos y climas, poseyendo el primer puerto de la nación, se encontraba con campos sin trabajar por falta de mano de obra y por la desigual distribución de la tierra, sin exportación ni siquiera del consumo de sus producciones, un alza de precios por falta de comunicaciones cómodas y transporte barato, y con la plaza porteña abarrotada de mercancías nacionales y ultramarinas sin demanda externa debido a la desconfianza internacional y al excesivo recargo de múltiples contribuciones.
34 Manuel B. Trens, op. cit., t. IV, p. 239-242.
35 Ibid., p. 242-255.
36 Ibid., p. 257-301.
Los norteamericanos en Veracruz
Poco después del destierro de Antonio López de Santa Anna, mientras el gobierno nacional en funciones trataba de entras en negociaciones con los Estados Unidos para evitar la guerra que se cernía sobre el país, la inestabilidad, los rumores y el descontento seguían latentes en gran parte de México. No hay duda de que la situación en general era difícil, agravada por los continuos combates de las facciones políticas y los intereses contradictorios de las oligarquías. Los federalistas, fieles a su bandera, no se contentaron con el simple cambio de personas en el poder y tampoco aceptaron el sistema creado por las Bases Orgánicas de 1843; a su vez, los santanistas buscaban sin cesar la oportunidad propicia para el retorno del caudillo. En torno a estos bandos se agruparon comerciantes, empresarios, agiotistas y corredores que medraron del erario público en su propio beneficio.
Esas circunstancias fundamentaban los temores del presidente en funciones. José Joaquín de Herrera, ante la posibilidad de nuevos pronunciamientos, en especial en territorios considerados área de influencia santanista, como era el caso de Veracruz. Hacia noviembre de 1845 la Secretaría de Relaciones Exteriores y Gobernación notificó al gobierno veracruzano de la información recibida sobre la creación de juntas en los principales núcleos urbanos que pretendían alterar el orden público. Se ordenaba, por lo mismo, impedir su organización o encarcelar a quienes las integraran. En realidad no había duda de que partidarios del caudillo y del sistema monárquico se entendían con las fuerzas militares locales; el 11 de diciembre estuvo a punto de estallar un motín, que finalmente logró ser controlado, en el cuartel del 8° regimiento de infantería, acantonado en el puerto de Veracruz.
La noticia de los eventos de la plaza porteña y los rumores que hacían circular los desafectos al régimen, fomentaron el ambiente de alarma en que vivía la población local, en especial en la región central del departamento. Autores como Manuel B. Trens insisten en sostener que, en términos generales, los veracruzanos se inclinaban por la administración de Herrera, y que los santanistas debían hacer gala de un falso federalismo para conseguir adeptos. De cualquier forma, lo que si existía era una gran desorganización política y una fuerte inquietud por la alteración del orden. 37
Así pues, el año de 1846 se inició con el impacto de un nuevo pronunciamiento militar que derrocó a José Joaquín de Herrera de la presidencia y entronizó en el poder a Mariano Paredes Arrillaga. Esta revolución, de 14 de diciembre de 1845, netamente reaccionaria, tendía a volver al clero, al ejército y a la oligarquía centralista los privilegios de que habían disfrutado durante el régimen colonial y a constituir al país bajo la forma monárquica. Con grandes dificultades el gobierno de Herrera había logrado equipar a un ejército de 6 000 hombres, cuyo mando confió al militar jalisciense, quien en lugar de marchar contra las fuerzas norteamericanas que habían ocupado San Antonio, situándose en las supuestas fronteras de aquel país, dio un golpe de estado que derrocó al gobierno establecido.
El ayuntamiento de Xalapa fue el primero en declararse abiertamente contra el plan proclamado en San Luis Potosí por Paredes Arrillaga. El 22 de diciembre su cabildo levantó un acta en la que ratificó su juramento de sostener “a todo trance” las instituciones y las autoridades “legales”, además de exigir que el gobierno departamental obtuviera de la asamblea local el acuerdo que permitiera armar a los ciudadanos para apoyo del gobierno nacional. Al día siguiente, el gobernador y los diputados publicaron una protesta similar. Y mientras desde Perote, la guarnición de la fortaleza también protestaba su lealtad al régimen, se gestaba, en tanto, la rebelión en el puerto de Veracruz. en dicha plaza, el 2° y 8° regimiento de infantería y la 1ª y 2ª brigada de artillería, el cuerpo de zapadores y la escuadra nacional se pronunciaron por el Plan de San Luis. El 23 de diciembre el general José Juan Landero manifestó a jefes, oficiales y fuerzas de la guarnición la conveniencia de secundar a Paredes y de “invitar” al gobierno del departamento a secundar la decisión adoptada. Para principios de enero de 1846 se había pronunciado también la guarnición de la ciudad de México y Herrera, abandonado de todos, dejó el poder en manos del jefe del movimiento.
A raíz de estos acontecimientos, el ayuntamiento de Xalapa y el del puerto de Veracruz enfrentaron el peligro de disolución. Al menos dos capitulares xalapeños, Manuel García Teruel y Francisco Pérez y Rincón, debieron abstenerse de asistir a las sesiones del cuerpo municipal, a pesar del apoyo de sus compañeros, por haber quedado comprendidos en el artículo 8° del acta levantada en la capital, la cual especificaba que cesarían en sus funciones las autoridades que se opusieran a dicho plan. Por otra parte, un suceso aparentemente sin importancia, provocó la desaparición de la corporación porteña que había rechazado el Plan de San Luis a pesar del pronunciamiento de las fuerzas armadas; el 25 de enero una procesión religiosa, autorizada por el comandante de la guarnición, violó el acuerdo municipal que prohibía tal evento, y ante la imposibilidad de restablecer su autoridad el ayuntamiento decidió renunciar.
Las mismas circunstancias políticas disolvieron a su vez a la asamblea departamental. El gobernador Antonio María Salonio dejó la administración en manos de Sebastián Camacho, designado por Paredes, quien conformó una nueva asamblea integrada de nuevo por comerciantes y propietarios: Juan Francisco Bárcena, José María Roa, Joaquín Muñoz, Miguel Palacio, Manuel María Quiroz, Francisco de Paula Rosas, Trinidad Herrera, José Manuel Royo y José María Pasquel. La misma línea se siguió en la plaza porteña, en donde una junta de compromisarios presidida por Manuel Gutiérrez Zamora, posteriormente dirigente de un numeroso grupo de liberales veracruzanos, eligió una corporación municipal en la que era evidente la participación de individuos ligados al movimiento mercantil de gran alcance: Manuel Viya y Cosío, Manuel Prado, Ramón Vicente Vila, Luis G. Gago, Andrés Ruiz, José María Esteva, Ramón Dufoo, José Rafael Herrera, José Domingo Eizaguirre, Manuel Ascorve, Lorenzo Ferrer, Felipe Carrau, Ángel Lascuráin y José Luelmo. 38
Al saberse la caída de José Joaquín de Herrera, los norteamericanos cruzaron el Bravo y la guerra se hizo inminente. En Veracruz, el aumento de navíos enemigos frente a las costas del Golfo motivó la designación de Nicolás Bravo como comandante de la división de Oriente, en abril de 1846. Se implementaron las preocupaciones por la falta de fortificaciones en las costas veracruzanas. En el caso del puerto de Veracruz los mayores temores se centraban en el cuidado de los baluartes de Santiago y Concepción, que constituían la principal defensa de la plaza y de los flancos de la fortaleza de Ulúa. En cuanto a la costa de Sotavento no existían defensas reales a lo largo del litoral, a excepción de dos puntos, las barras de Alvarado y Coatzacoalcos, que tampoco contaban con las fuerzas o recursos, en caso de un desembarco extranjero.
Finalmente el 18 de mayo de 1846 fondeó en Isla Verde el vapor Mississippi y, dos días más tarde, el comandante norteamericano Fiterkugh declaró en vigor el bloqueo del puerto de Veracruz, mientras en tierras del interior estallaba una nueva revuelta. A mediados de abril el cacique del sur, Juan Álvarez, se levantó en armas en contra del régimen de Paredes, que lesionaba la autonomía de los departamentos e imprimía un corte aristocrático a su sistema corporativo, proponiendo un plan que desconocía al gobierno central, ratificaba las formas republicanas y reconocía como presidente de la República a Antonio López de Santa Anna.
De manera que, ante el fracaso de 12 años de predominio centralista, que no había solucionado los problemas nacionales, los federalistas tenían una oportunidad más de volver al poder, siempre y cuando contaran con el apoyo de las jerarquías militares, que sólo estaban dispuestas a la alianza si se aceptaba el regreso del caudillo. Santa Anna, desde su destierro en La Habana, lo comprendió así y ofreció defender la causa republicana bajo el estandarte federal.
Como señala Fernando Díaz Díaz, aun sin la unidad de criterio que pudiera desempeñar el caudillo en las circunstancias que se vivían, la verdad es que pocos podían disputarse el primer lugar en la consideración de la gente. El desprestigio de Paredes, la invasión extranjera, el entredicho en que se hallaba el sistema republicano, además de otro problemas internos que se mantenían vigentes, como las pugnas de las oligarquías, el aislamiento regional y la bancarrota del erario, hacían evidente que sólo un hombre con su “halo heroico” podía alentar las esperanzas del país. En consecuencia, en tanto Álvarez combatía en el sur sosteniendo el retorno santanista y el sistema federal, el grupo federalista encabezado por Valentín Gómez Farías movilizó a sus partidarios regionales y Santa Anna hizo otro tanto con los militares. La efervescencia culminó en la revolución de Jalisco de 20 de mayo, misma fecha en que se iniciaba el bloqueo porteño. 39
Veracruz, por su parte intentó, en principio, neutralizar los efectos derivados de la paralización de su puerto más importante, de manera que, ante la imposibilidad de mantener activo el puerto veracruzano, se aceptó el decreto nacional de 10 de julio que habilitaba para el comercio del Golfo a los puertos de Alvarado, Tuxpan, Coatzacoalcos, Soto la Marina y Tecolutla. Poco después, el 20 de julio, el pronunciamiento del Bajío repercutió en la región central del departamento, en donde la influencia del caudillo era indudable.
En esa fecha el ayuntamiento del pueblo de Coatepec, en apariencia impulsado por un grupo de ciudadanos, entre los que probablemente se hallaban algunos santanistas, levantó un acta similar al plan de Jalisco, agregando la necesidad de formar una junta popular del departamento compuesta por 45 individuos y un supremo directorio integrado por tres personas. A raíz de este movimiento se creó una soberana comisión gubernativa del departamento de Veracruz integrada por tres miembros de la oligarquía local y de familias de comerciantes y propietarios: Francisco Lerdo de Tejada, Juan Clímaco Rebolledo y José Arrillaga. El 31 del mismo mes la guarnición del puerto de Veracruz, encabezada por José Juan Landero, levantó otra acta, a la cual se adhirieron las fuerzas de la fortaleza de Ulúa, en donde exigían la vuelta de Santa Anna. Este estado de cosas fue secundado, entre el 1° y el 2 de agosto, por Alvarado y Xalapa. Los documentos proclamados en los cuatro puntos mencionados unificaron los esfuerzos a favor de Santa Anna, aunque los intereses involucrados provocaron, a la larga, la disolución de la comisión veracruzana.
En agosto 4, el pronunciamiento de la Ciudadela puso fin a la administración de Mariano Paredes y Arrillaga. José Mariano Salas se ocupó del gobierno y, de común acuerdo con Gómez Farías, esperó la llegada del héroe de Tampico. El 16 de agosto de 1846 Antonio López de Santa Anna arribó al puerto de Veracruz a bordo del vapor Árabe, que pasó entre los cruceros norteamericanos que bloqueaban la plaza sin ser detenido. El presidente Polk había permitido el paso del caudillo porque consideró que su presencia en México sería un nuevo elemento de disturbios, aunque en realidad Santa Anna se convirtió, en aquellos momentos, en el único hombre que podía lograr la unificación de facciones e intereses para proseguir la guerra.
El recibimiento porteño comprendió repiques de campanas, música militar, salvas de artillería y valla tendida de la puerta del muelle al palacio municipal para Santa Anna, su familia y dos individuos más: Juan Nepomuceno Almonte y Crescencio Rejón. Al día siguiente la guarnición de la plaza le dio un convite y más tarde, por diversos motivos, entre los cuales cabe mencionar su necesidad de informarse sobre la verdadera situación nacional y los trastornos causados por el muñón de la pierna amputada, se retiró a su hacienda de El Encero, desde donde preparó su entrada a la ciudad de México. Y en su nuevo papel de federalista permitió, de acuerdo a Gómez Farías, que el 22 de agosto se diera a conocer un decreto nacional que puso nuevamente en vigor la Constitución de 1824.
Al proclamarse el código federalista, el estado de Veracruz quedó sin autoridades, y en cumplimiento al artículo 73 de la convocatoria general del 6 de agosto, los ayuntamientos cabeceras de partidos integraron una lista de candidatos a la gubernatura, en la cual quedaron comprendidos: Juan Soto, José García Monzabal, Juan Francisco Bárcena y José Gutiérrez Zamora. Los cuerpos municipales eligieron al primero como gobernador y éste decretó, el 2 de septiembre, la instalación de una junta consultiva que lo apoyara en el desempeño de sus funciones.
Para octubre los temores de un ataque norteamericano sobre el puerto de Veracruz provocaron la movilización de las milicias cívicas veracruzanas y poblana hacia las inmediaciones de la plaza, en medio del ambiente efervescente que rodeaba al próximo periodo de elecciones locales. El 17 de octubre el gobernador Soto, acorde con los aires de renovación federalista, solicitó a la junta consultiva de gobierno facultades para que los diputados por elegir pudieran reformar la Constitución veracruzana y arreglar los diferentes ramos de administración, solicitud aceptada y aun ampliada, para que el congreso local pudiera, inclusive, reformar el código federal.
Una vez efectuadas las elecciones, resultado diputados a la asamblea nacional, por Veracruz, José Joaquín de Herrera, José Gutiérrez Zamora y Antonio Mariano Jáuregui. Como legisladores locales fueron designados Juan Francisco de Bárcena, Manuel Zárate, Ramón Terán, José Emparan, Manuel Ma. Quiroz, José Ma. Esteva, José Felipe Oropeza, Manuel José Royo, Gabriel Torrens, José Ventura Trujeda, Ignacio de la Llave, Clemente López, José Gregorio Uruñuela, Ramón Guzmán, Juan N. Durán, Antonio Alafita, Francisco Ostos y M. Muñoz de Ponce.
Hasta los principios de agosto la escuadra bloqueadora se había limitado a impedir la entrada de los buques mercantes y a capturar dos o tres de ellos; sostuvo, además, un tiroteo con los vecinos de la Antigua que, apoyados en un destacamento militar, le impidieron proveerse de víveres frescos. Por ello la misma Secretaría de Hacienda prometió remitir fondos en letras de cambio o en dinero efectivo, así como pólvora y armamento. Por su parte la plana mayor del ejército delineó un proyecto de defensa para la costa de Barlovento y el gobierno nacional comisionó a José Rincón para fortificar las defensas de los puntos de Puente Nacional, Plan del Río, Cerro Gordo, la Joya y las Vigas. Se insistía continuamente en la necesidad de evitar un desembarco por el río de la Antigua y de conservar el sistema de comunicaciones.
Para octubre, mientras se llevaban a cabo las elecciones descritas, los norteamericanos pretendieron, sin éxito, ocupar Alvarado, quemaron la goleta nacional Criolla y concentraron en Antón Lizardo varios buques mexicanos capturados en el río de Tabasco. Poco después volvieron a perder no sólo una nueva acción sobre la plaza alvaradeña, sino también la de San Juan Bautista. Empero, los “vientos” de guerra no parecían influir en las estructuras políticas que se delineaban, pues el 1° de diciembre de 1846 se instaló el Congreso veracruzano rodeado de festividades y pompa y al día siguiente el mismo Soto fue nombrado gobernador constitucional.
Entre las primeras disposiciones adoptadas por el nuevo gobernante estuvo la fortificación de Puente Nacional, como medida tendiente a proteger la ruta de acceso al Altiplano. Para ello requería de recursos e intentó obtenerlos, primero a través del ayuntamiento de Xalapa, que exigió a los ciudadanos “acomodados” cuatro mil pesos a cuenta de la contribución personal, y más adelante, por medio de un préstamo forzoso que su administración impuso a los comerciantes y propietarios de fincas rústicas y urbanas de los cantones de la propia Xalapa, Coatepec, Misantla, Orizaba, Zongolica, Córdoba, Huatusco, Jalacingo, Papantla y Acayucan. Se exceptuaron los de Veracruz, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla, Huimanguillo, Tampico de Veracruz y Tantoyuca, el primero por el financiamiento que hacía de las tropas de la plaza y de Ulúa, el segundo y el tercero debido al sostenimiento de la guarnición de Alvarado, el cuarto en consideración a los estragos causados por una inundación, y los dos últimos por hallarse invadido uno de ellos por el enemigo y porque ambos contribuían con fondos a las fuerzas nacionales.
Por su parte los norteamericanos, desde diciembre de 1846, aumentaron el número de sus barcos de guerra y a principios de marzo de 1847 comenzaron a llegar tropas de desembarco. Según indica José María Roa, el 9 del mismo mes el enemigo se motivó de Antón Lizardo hacia Sacrificios e inició el desembarco en la playa ubicada entre Mocambo y Collado. Se cruzó algún cañoneo con la caballería de la guardia nacional pero no logró impedirse la movilización norteamericana, a pesar de las dificultades que ésta última tenía: carencia de equipo para campar, escasez de material de guerra y los nortes que incomunicaron con frecuencia a las fuerzas de tierra de la escuadra. Al final de cuentas, para mediados de marzo, había 13 mil norteamericano frente al puerto de Veracruz. paulatinamente se fueron ocupando Malibrán, Casa Mata, Pocitos y Vergara, mientras dentro de la plaza porteña se vivía entre temores e intranquilidad.
Por un lado el general Manuel Morales había quedado al frente de las fuerzas federales cercanas en la ciudad, teniendo bajo su jurisdicción a la fortaleza de Ulúa, por otro existía la guardia nacional encabezada por José Luelmo y Manuel Gutiérrez Zamora, ambos integrantes de la corporación municipal, en la que también participaban Ramón Vicente Vila, Eugenio Batres, Manuel Velardo, J. Portilla, Lorenzo Rivera, Ildefonso Raimundo Cárdena y Ángel de Lascuráin y Gómez. En cuanto a la ciudad, distaba mucho de hallarse en situación conveniente para enfrentar el ataque de una fuerza militar más numerosa y mejor equipada. Según noticias estadísticas del Ministerio de Guerra, para las fechas que nos ocupan, el puerto de Veracruz contaba con cerca de 4 mil hombres, 89 piezas de artillería montadas y 55 desmontadas, todo ello sin tomar en consideración los elementos de Ulúa. Existía, además, un marcado deterioro de las fortificaciones ubicadas entre ambos puntos y una gran carencia de medicamentos y efectos de primeros auxilios. La población en general había tenido que enfrentar las consecuencias de casi diez meses de bloqueo: paralización mercantil, crisis de la economía local, falta de ingresos para el erario federal y carencia de víveres. 40
A los pormenores expuestos hay que agregar la circunstancia de que, con mucha anterioridad a la llegada de la escuadra norteamericana, la defensa principal de la plaza se preparó por el lado del mar, descuidando la línea de tierra. Los preparativos por ese lado fueron casi nulos, favoreciéndose así el ataque del enemigo, que sólo utilizo sus buques como auxiliares de las baterías terrestres.
A principios de 1847, las autoridades y la sociedad veracruzana aún confiaban en recibir la ayuda que desde la ciudad de México debían brindarles Santa Anna y Gómez Farías, de manera que las noticias sobre el pronunciamiento de los Polkos causó una pésima impresión. Mientras el caudillo veracruzano se batía en La Angostura, su vicepresidente, desesperado por la falta de apoyo a la federación, presionado por las intrigas clericales y urgido de fondos para el ejército ordenó, el 11 de enero, la ocupación de los bienes eclesiásticos para hipotecarlos o venderlos. Y todos olvidaron la cercanía del enemigo para entregarse a la pugna de ideas e intereses que forzó el regreso de Santa Anna.
La disposición de Gómez Farías implicó, al igual que en el resto del país, una seria oposición por parte del clero veracruzano y no produjo los recursos que tanto se necesitaban. En consecuencia, el resultado final de la revuelta de la capital no es de extrañar. A mediados de marzo el caudillo veracruzano derogó el decreto que establecía la confiscación de los bienes eclesiásticos y, ante el avance de los norteamericanos, se vio obligado a conformarse con un préstamo de 100 mil pesos. Nada puso hacer con respecto al auxilio que los estados debían al gobierno del centro; la forma en que dichas entidades federativas interpretaban el federalismo en un momento de crisis tan aguda, sólo ayudó a consumar la derrota del año siguiente, de veinte estados únicamente siete contribuyeron a la defensa contra el invasor. 41
Y en circunstancias tan críticas el gobernador veracruzano Soto, que continuaba insistiendo en la necesidad de defender el puerto más importante del Golfo, decidió, en vista de que la plaza porteña se hallaba estrechamente sitiada, concentrar sus esfuerzos, con la aceptación de la legislatura y del ayuntamiento xalapeño, en la fortificación de dos puntos clave en el sistema de comunicaciones: Puente Nacional y Perote.
El estado de la plaza porteña, como se ha indicado, era lamentable. Los poco más de cuatro mil hombres con que contaba, que integraban cuerpos militares de Puebla, Jamiltepec, Tampico, Tuxpan, Alvarado, Tehuantepec, Oaxaca, Coatepec, Vergara, además de los guardias nacionales porteños, tenían tan escasos recursos que fue necesario abrir una “suscripción” particular, y dar una función teatral para reunir capital con el cual reponer el “cureñaje” de San Juan de Ulúa y formar un hospital de sangre, sin contar con que las raciones de las tropas se hallaban limitadas, a pesar de los esfuerzos que para dotarlas realizaron tanto la aduana marítima como la corporación municipal. 42
En este sentido habría que resaltar la actitud adoptada por el ayuntamiento del puerto de Veracruz, dispuesto a responder con sus fondos todo lo que la comandancia militar tomara del comercio para el mantenimiento de los soldados y las obras de defensa. Proporcionó cuantos efectos se le pidieron y no se dio el caso de que rehusara su garantía, aunque a la larga ello significó la crisis de sus finanzas. Desde el primer momento del desembarco norteamericano por Mocambo y Collado, la corporación se declaró en sesión permanente. Proporcionó caballos a la oficialidad que carecía de ellos, suspendió el cobro de contribuciones sobre reses y puestos de carnes y verduras para estimular la entrada de víveres a la plaza, dotó a los bomberos de dos bombas contra indencios y proveyó de alimentos al batallón de la guardia nacional de la ciudad. Asimismo nombró una comisión que “ajustara las provisiones de boca” para toda la guarnición garantizando su valor con las rentas de propios; entregó a la autoridad militar los “cajones y pipas” vacías que había podido conseguir; dispuso el reparto de zapatos para el 2° regimiento de infantería, cubrió importes de arroz, garbanzo, frijol, maíz y otros efectos tomados por las tropas; acordó que la harina existente en los almacenes de la Alhóndiga fuera destinada a las necesidades militares; y facilitó aperos y numerario para establecer la pesca, bajo las baterías de la plaza y de Ulúa, al presentarse la escasez de carne de res.
En cuanto a la autoridad militar, el comandante Morales expidió dos bandos disponiendo, en el primero, el alistamiento de todos los ciudadanos no inscritos en la guardia nacional para ser destinados al servicio de las armas o empleados de las obras de fortificación, hospitales de sangre y manejo de bombas de incendio; en el segundo, declaró libres de todo derecho los víveres introducidos a la plaza y a los introductores bajo la protección de las tropas situadas extramuros, las llamadas fuerzas de la Orilla.
No obstante las dificultades con las que tropezaba, el gobierno estatal también contribuyó a la defensa porteña en lo que pudo. Soto, sin cesar de pedir el auxilio del gobierno central y de promover apoyo para la plaza, logró reunir una cantidad de dinero que José María Mata, munícipe xalapeño, llevó en libranzas al puerto, ya en los días del asedio, utilizando la vía de la Antigua; de igual forma logró concentrar en Puente Nacional, mulas y carros cargados de provisiones que bajaron de Orizaba para tratar de burlar el bloqueo norteamericano. 43
Las hostilidades se rompieron formalmente el 22 de marzo por la tarde. El 23, los cañones de la escuadra norteamericana entraron en duelo con los de los baluartes veracruzanos, habiendo rechazado la plaza un ofrecimiento de rendición. Según las versiones descritas por Vicente Riva Palacio y José Ma. Roa Bárcena, las primeras bombas estallaron en la plaza de Armas y en el Correo y durante casi cinco días el puerto de Veracruz soportó un constante bombardeo. Parece ser que el fuego enemigo se concentró en el convento de San Agustín, edificio fuerte por sus muros y bóvedas que servían de depósito de pólvora. Las demás bombas iban cayendo sobre hostilidades de caridad y de sangre, panaderías localizadas por las chimeneas que las caracterizaban y edificios particulares, algunos de los cuales comenzaron a incendiarse. Los hospitales e iglesias de Santo Domingo, San Francisco, Tercer Orden, Belén y Loreto se llenaron de heridos.
Con el paso de los días escaseó el pan y la carne y el vecindario se agrupó del lado de la Caleta, refugiándose en almacenes y zaguanes, mientras las fuerzas de la plaza contestaban, en la medida de lo posible, los ataques norteamericanos. Poco a poco los proyectiles cayeron por todos los puntos de la ciudad y ya no hubo un lugar seguro; las familias permanecieron en constante vigilia, sin alimentos, sin casas y sin recursos. Desde la Puerta de la Merced hasta la Parroquia no había un solo inmueble ileso y los escombros impedían en tránsito; de la Parroquia hacia la Caleta los edificios habían sufrido igual deterioro: no se podía caminar por las banquetas, los balcones de las casas se estaban desprendiendo y se carecía de alumbrado por las noches. Multitud de familias buscaron asilo en los depósitos de las casas mercantiles y en los consulados.
El 26 por la mañana el bombardeo continuaba y los defensores porteños continuaban sufriendo bajas. Gran número de heridos parecía sin asistencia posible, los muertos no podían ser sepultados, había múltiples incendios, se carecía de alimentos, tanto para la tropa como para la población civil, las bombas explotaban constantemente y existía una brecha en la muralla que rodeaba a la plaza. 44
Esta fue la primera vez que la oficialidad mexicana se reunió para discutir la conveniencia de prolongar la defensa o de entrar en pláticas con el enemigo. Ya dos días antes, el 24, T. Gifford, cónsul inglés, A. Gloux, cónsul francés, F. De Escalante, cónsul español, y E. de Oleire, cónsul prusiano, habían pedido al general Scott una tregua para que los neutrales, las mujeres y los niños pudieran abandonar la plaza, misma que fue rechazada mientras Veracruz no se rindiera. Los diplomáticos enviaron una copia de la respuesta norteamericana a las autoridades militares porteñas y esto, junto con las circunstancias del momento, condujeron a la apertura de las negociaciones, a la suspensión de las hostilidades y a la capitulación.
En mismo 26 por la noche, ante una junta militar, el comandante Morales resignó el mando en su segundo, José Juan Landero, y se trasladó a la fortaleza de Ulúa. El 27 al amanecer los cónsules extranjeros, con las autoridades de la plaza, insistieron ante el comandante norteamericano en que se permitiera la salida de la población civil con iguales resultados que la vez anterior. Poco después se llevaron a cabo las negociaciones de Punta de Hornos, extramuros de Veracruz, por medio de las cuales el puerto se rindió permitiendo la entrada del invasor el 29 de marzo de 1847.
En esa fecha la bandera mexicana fue arriada en Ulúa y en los baluartes de la plaza. La guarnición salió para el llano de los Cocos en donde entregó sus armas, marchando después rumbo a Medellín. Y el ayuntamiento, después de distribuir los pocos víveres que quedaban, se disolvió. El general W. J. Worth quedó como gobernador y comandante militar del puerto de Veracruz, se declararon vigentes los aranceles aduanales de los Estados Unidos y comenzó a publicarse en este punto el periódico The American Eagle. Scott se instaló en Manga de Clavo y Totten llevó a Washington los partes relativos a la ocupación porteña.
37 Ibid., p. 320-322.
38 Ibid., p. 323-331.
39 Fernando Díaz Díaz, op. cit., p. 189-194.
40 José María Roa Bárcena, Recuerdos de la Invasión Norteamericana (1846-1848) México, Editorial Porrúa, 1971, 3 tomos, t. I, p. 259-268.
41 Manuel B. Trens, op. cit., t. IV, p. 385-418.
42 Vicente Riva Palacio, op. cit., t. IV, p. 646-647.
43 José María Roa Bárcena, op. cit., t. I, p. 270-277.
44 Vicente Riva Palacio, op. cit., t. IV, p. 648-650.
Ocupación extranjera y guerrillas
Al saberse la capitulación del puerto de Veracruz, la legislatura local expidió, el 31 de marzo de 1847, un decreto en virtud del cual el gobierno estatal debía trasladarse a Huatusco, y cuando las noticias de estos eventos llegaron a la ciudad de México, Antonio López de Santa Anna nombró presidente sustituto a Pedro María Anaya, abandonó en su hacienda de El Encero, en las cercanías de Xalapa, con el objeto de detener la marcha de los norteamericanos.
Sólo entonces, cuando el avance enemigo hacia el Altiplano era ya una certeza, se trató de fortificar a toda prisa a las gargantas del camino y se movilizaron tropas para la defensa improvisada de esos puntos. Pocos días antes de la llegada del caudillo, el general Canalizo había expedido un bando en el que ordenaba el alistamiento general, la entrega de armas y municipios particulares a las autoridades políticas y el estado de sitio. En las mismas fechas los capitulares xalapeños Ángel Ochoa, Bernardo Sayago, Miguel Palacio, Macario Ahumada, Juan Devicentis, Félix Lucido, José R. Sánchez, Cayetano J. Jiménez, José Ma. Roa y Joaquín Guevara dieron a la publicidad un manifiesto en el que exhortaban a la lucha.
En cuanto a las fuerzas militares, desde el 28 de marzo había salido de la ciudad de México Joaquín Rangel con una brigada compuesta por los granaderos de la Guardia, el 6° regimiento de infantería, los batallones Libertad y Galeana y dos cuerpos de caballería con artillería. Con el mismo rumbo, pero por la vía de Zumpango, iba la división formada con los restos del ejército del Norte, el cual integraban las brigadas de Ciriaco Vázquez y Pedro Ampudia y la caballería de Julián Juvera. A los esfuerzos de estas tropas y de las que se hallaban en Veracruz, se vino a unir la actividad desplegada por el caudillo, quien dictó providencias de concentrarse sin demora en Cerro Gordo, desechando el consejo de Manuel Robles, quien había sugerido con mayor visión militar el punto conocido como Corral Falso.
Como bien indica Fernando Díaz Díaz, la suerte volvía a sonreír a Santa Anna; su vanidad halagada con los acontecimientos de la capital, la seguridad que le daba hallarse rodeado de la clientela veracruzana y el hecho de actuar en terreno más o menos conocido, reforzaron su confianza y lo hicieron inaccesible a la razón y a la lógica. 45
Los norteamericanos llegaron a Puente Nacional sin dificultades y sin encontrar resistencia formal. El Ministerio de Guerra había ordenado el abandono de la fortificación, así como la destrucción del material bélico. Para el 15 de abril los invasores estaban posesionados de Plan del Río y el 17, ambos bandos trabaron combate. Las fuerzas mexicanas, cerca de nueve mil hombres, fueron derrotadas al día siguiente en medio de un gran desorden. Se dijo que Antonio López de Santa Anna no supo guardar la serenidad requerida ante la dispersión de cuerpos enteros, se comentó que no hubo entendimiento entre los jefes, la verdad es que la batalla se perdió y con ella la moral de la tropa. Después de Cerro Gordo el sentimiento general que imperaba en el país era el del cansancio, el de la indiferencia por la lucha, aunque aún se dificultaba pronunciar la palabra paz.
El ejército mexicano se retiró en desbandada por el camino de Xalapa para llegar en algunos casos hasta Perote, mientras el caudillo, seguido de unos cuantos, después de ver fallidos sus intentos de alcanzar El Encero, marchó por veredas y pendientes intransitables rumbo a Tuzamapan, Miradores, Huatusco, Coscomatepec y Orizaba, desde donde se adentró en el Altiplano.
La población xalapeña, por su parte, oyó clara e indistintamente el cañoneo y el 18 de abril, la vista de los primeros mexicanos dispersos no dejó dudas de la derrota. Empezó a notarse en las calles el tránsito precipitado de oficiales y soldados de caballería que huían por el camino de México, sin dar descanso a las cabalgaduras ni detenerse por auxilio o alimento. Las autoridades políticas y judiciales empacaban los archivos y se disponían a emigrar. Ante tal situación, la corporación municipal, dejada a sus propias fuerzas, designó una comisión que pidiera a Scott garantías para la ciudad. Roa Bárcena describe con cierto dramatismo esos momentos recalcando lo ataques que los comisionados recibieron por parte de los soldados con los que se cruzaban, así como las acusaciones de traición. Sin embargo fueron bien acogidos por Patterson en El Encero. 46
La noche del 18 no hubo alumbrado en las calles xalapeñas y en la oscuridad se escucharon los gritos de los fugitivos de Cerro Gordo al igual que los saqueos de tiendas y casas. En la mañana del 19, en medio del silencio y de las calles vacías, la caballería norteamericana entró por la garita de Veracruz, formando en la Plaza de Armas y repartiéndose en diversos cuarteles. El ayuntamiento se reunió con los jefes de las fuerzas invasoras, el propio Patterson y Twiggs, y ahí se acordó que los últimos se encargarían de la seguridad pública, pero castigarían cualquier acto de hostilidad de los habitantes; los capitulares, por su parte, debían continuar en el ejercicio de sus atribuciones y deberes. Por último se dictaron disposiciones para el abasto de las tropas.
Los heridos mexicanos y norteamericanos fueron llegando, poco a poco, llenando los hospitales y algunas casas dispuestas para tal efecto. La consiguiente aglomeración y el desaseo desencadenaron una epidemia de disentería que asoló a la población por espacio de varios meses. La oficialidad enemiga ocupó varios edificios públicos y casas particulares vacías sin exigir alojamiento en los inmuebles habitados, y por lo regular, pagaban los víveres suministrados por abastecedores y vendedores. Así que, en los primeros días de ocupación, no se dieron casos de violencia, a pesar del abuso de bebidas alcohólicas y de la hostilidad xalapeña.
De la misma forma en que cayó Xalapa, cayeron también la Joya, las Vigas y Perote. Esta última plaza vivió un clima similar al de la población xalapeña; entre el 18 y 19 recibió militares dispersos y heridos, y las casas y mesones se llenaron a tal grado, que no podía averiguarse lo que había pasado en Cerro Gordo. El 20 comenzó a ponerse en marcha el resto del ejército, abandonándose la fortaleza de San Carlos. El 22 el general Worth y su división ocuparon el pueblo y sus fortificaciones. El camino hacia la ciudad de México parecía libre.
De Perote los invasores pasaron a Puebla y en agosto llegaron al Altiplano, venciendo al ejército mexicano en Padierna, Churubusco y Chapultepec. El 14 de septiembre entraron en la capital mientras Santa Anna abandonaba el país rumbo a Colombia y un gobierno provisional se instalaba en Querétaro.
La llegada de los norteamericanos a la ciudad de México y la ocupación de poblaciones estratégicas dentro del sistema de comunicaciones veracruzanas, como era el caso de Xalapa y Perote, no significaron la derrota total, la táctica militar que tan bien había servido a los insurgentes. La guerra de guerrillas era el recurso que había quedado para defender la autonomía y la nacionalidad, mal entendida por las entidades federativas. Pronto comenzaron a conocerse los grupos de Carreón, Mata, Aburto, Jarauta y Rebolledo que en principio acataron la autoridad del gobernador Juan Soto, quien con el consejo de gobierno de Huatusco se trasladó a Misantla. Si bien es cierto que carecieron de la disciplina necesaria para normar sus acciones y favorecer la uniformidad de sus miras, y que en ocasiones sus efectos se hicieron sentir con violencia sobre la región en que actuaban, perjudicando a los poblados, haciendas y rancherías, también lo es que sirvieron para hostilizar y desesperar al enemigo.
En el caso de la Huasteca, el proyecto de guerrillas quedó encomendado a Francisco de Garay, que se encargó de establecer una línea de observación y de defensa en Huejutla, Ozuluama y el rumbo meridional del río Pánuco. Para la región central, José María Mata actuó como segundo comandante general de las partidas que rondaban el camino de Veracruz a Perote. Y en la costa de Sotavento las actividades se desplegaron en torno a Celedonio Domeco de Jarauta, criticado por la violencia de sus hombres. Hubo otros jefes guerrilleros que también se distinguieron: Juan Clímaco Rebolledo, Mariano Cenobio, José Antonio Martínez, Juan Aburto, Leonardo Licona, Vicente Quirasco, Francisco Mendoza, Vicente Salcedo y Jacinto Robleda. En todos ellos se mezclaba el odio al invasor, las rivalidades personales y los intereses de las fracciones sociales con las cuales se hallaban vinculados.
La ocupación norteamericana no se circunscribió a la región central de Veracruz, sino que pretendió desviarse hacia algunos puntos importantes. Por ejemplo, en el mismo mes de abril, el puerto de Alvarado cayó en manos del invasor, situación qua afectó de igual forma a Santiago y San Andrés Tuxtla y a la lejana Acayucan. Y como era de esperarse, la presencia extranjera repercutió en la vida cotidiana de todos los veracruzanos.
El autor contemporáneo José María Roa Bárcena explica que, en el caso de Xalapa, el aspecto de la ciudad en los primeros días de dominio norteamericano no era el de una plaza conquistada. Las autoridades municipales funcionaban con el “apoyo” militar, el comercio se había animado, lo cual es de suponerse en circunstancias de guerra, y parecía no haber escasez de plata y de efectos como azúcar, harina, sal y cereales. El abuso del alcohol de las tropas extranjeras era, quizás, el mayor problema para los habitantes de la plaza, quienes en términos generales no entablaron “relaciones sociales” con el invasor. Ahora, el dominio norteamericano sí provocó fricciones políticas, y el supuesto “apoyo militar” para la corporación municipal condujo a la sustitución de dicha autoridad por comisiones militares. Por otra parte, Xalapa tuvo que sufrir la entrada y salida constante de invasores y guerrillas. Inclusive debió lamentar el fusilamiento de los tenientes Antonio García y Ambrosio Alcalde, oficiales mexicanos que, hechos prisioneros, habían jurado no tomar las armas contra los norteamericanos eligiendo residir en la capital del estado; sin embargo, faltaron a su promesa y fueron aprehendidos para ser juzgados en un consejo de guerra que decidió su muerte a finales de este año. 47
Por el contrario, según Miguel Lerdo de Tejada, el puerto de Veracruz, tan afectado por el bombardeo, gozó de paz y seguridad a lo largo de los 16 meses que duró la ocupación norteamericana. Allí, la política del invasor se dirigió a atraerse las simpatía local. Aunque se disponía de las rentas del gobierno general, las derivadas de la aduana marítima, se procuró dejar en manos de la corporación municipal el manejo de la administración local y se dictaron una serie de medidas que indudablemente beneficiaron a los grupos mercantiles: abolición del estanco del tabaco, derogación de los impuestos sobre el comercio interior, establecimiento de bajos derechos de importación. 48
Los meses de ocupación extranjera pasaron lentamente. En septiembre, reunido el Congreso veracruzano aún en Huatusco, nombró vicegobernador a José Gutiérrez Villanueva en vista de la mala salud de Soto, renovó la disposición que prohibía el contrabando y dispuso facultades para que el ejecutivo del estado pudiera trasladar la residencia de los poderes a lugar o lugares oportunos. Antonio Alafita, Juan Durán, José de Emparan e Ignacio de la Llave quedaron como integrantes del consejo de gobierno. Se intentaba conservar un centro político para el territorio veracruzano en medio de una situación hostil, esfuerzos que topaban con graves problemas, que no sólo incluían la crisis hacendaria local y el hecho de que la dominación extranjera continuara extendiéndose por zonas aún no controladas, sino las amenazas que se cernían sobre la integridad misma del estado.
Fue precisamente en estos difíciles años cuando en la Huasteca veracruzana se presentaron una serie de pronunciamientos con matices agrarios y sociales que involucraban encontrados intereses locales, y que plantearon sus demandas en momentos de inestabilidad y debilidad para la administración estatal. Fueron movimientos iniciados con el pretexto de combatir al invasor y que no llegaron a adquirir las características que asumió la guerra de castas en Yucatán. Ya desde diciembre de 1846 un individuo llamado Manuel Jimeno había presentado al Ministerio de Guerra un proyecto de guerrillas para aquella región, utilizando a los indios de una zona en donde los conflictos por la tenencia de la tierra habían estado siempre presentes. En el periodo que nos ocupa se tenían noticias de efervescencia indígena por el rumbo de Tampico, Tuxpan, Ozuluama, Papantla, Misantla, Tantoyucan, Chicontepec y Tantima, de manera que las exigencias de organizar guardias nacionales y la defensa huasteca debieron realizarse en medio de los problemas que planteaban las rebeliones en busca de reivindicaciones sociales. 49
A principios de 1848 el invasor logró tomar Orizaba y Córdoba, plazas que no fueron ocupadas por haberse utilizado el camino de Xalapa en el ascenso al Altiplano. En principio la población orizabeña se vio amenazada por las contraguerrillas extranjeras que se conocían por el nombre de los “perros”, afectos a los saqueos y desordenes; no existiendo fuerzas ni recursos para rechazarlos se logró entras en negociaciones que evitaran males mayores. En las pláticas celebradas en el Ingenio, el párroco José Nicolás del Llano, en unión de los principales ciudadanos, obtuvo garantías para el vecindario. Más tarde, la ciudad fue ocupada por las tropas del general Bankead, quien organizó el gobierno local y nombró, en lugar del ayuntamiento, un consejo municipal integrado por José Apolonio Nieto, Isidro Sosa y Trucios, Jospe Miguel Cano, José María Naredo, Ramón López, Claudio Valdés y Tomás Grandisson. Según dicen autores locales la labor de este jefe militar fue “prudente”.
El hecho de que los norteamericanos se encontraran en Orizaba tuvo fuerte repercusión en la vecina Córdoba. La corporación municipal, buscando proteger a la plaza y los intereses en ella concentrados, designó a José Joaquín de Apresa, Francisco Talavera, Eusebio Espetillo, José María Ocampo, Pedro Prevost y Francisco Mayobre para entrevistarse con Bankead, gobernador civil de Orizaba y Córdoba. En las negociaciones realizadas lograron garantías para la propiedad, la religión y la justicia, pero no pudieron evitar la requisa de los tercios de tabaco almacenados en la plaza, ni la disolución del ayuntamiento y la creación de un consejo formado por los mismos Apresa y Talavera, además de José Mariano Leyva, José Ma. Flores, Domingo Álvarez, Joaquín Carvajal y Crisanto Hernández.
Finalmente, el 5 de marzo de 1848 se concertó un armisticio que fue ratificado por el general W.D. Butler, y el general Pedro María Anaya remitió copia del mismo a todas las autoridades mexicanas para el cumplimiento de sus estipulaciones. En tal virtud, y con el fin de iniciar la reorganización de Veracruz, Soto, quien desde la ocupación de Córdoba y Orizaba se había trasladado con el consejo de gobierno a la villa de San Andrés Tuxtla, publicó, el 18 de ese mes, un decreto para la reunión extraordinaria del Congreso local, misma que no logró efectuarse sino hasta el 29 de mayo.
Instalada la asamblea legislativa la primera actividad consistió en el informe que el gobernador dio a los diputados, indicando lo que pudo hacer antes de la guerra y el estado en que se hallaba el territorio veracruzano en ese momento. Soto declaró que, al inicio de sus actividades, procuró impulsar los ramos educativos, los caminos, la reforma del sistema carcelario y la moral publica. Asimismo intentó fomentar la agricultura, el comercio y la organización de la guardia nacional. Sin embargo, las hostilidades del conflicto con Estados Unidos impidieron las obras planeadas y entonces se vio obligado a buscar la fortificación y defensa del estado. En consecuencia, la descripción que hizo de Veracruz en esos momentos fue desalentadora: la hacienda pública únicamente existía de nombre, el ramo judicial se hallaba abandonado, al igual que el de la instrucción pública, la acción de las guerrillas había afectado la economía y la seguridad locales, la guardia nacional se hallaba desorganizada, los campos desolados y el giro mercantil suspendido. 50 Quizás debido a estas circunstancias la labor de los legisladores se centró en la expedición de la Constitución local reformada, la ley orgánica del Tribunal superior, la erección de una dirección general de estudios y la formación de códigos del Estado: criminal, civil, de comercio y administrativo.
Poco después, el 4 de junio, fue publicado en Veracruz el tratado de paz de Guadalupe Hidalgo. La aduana porteña fue devuelta en 11 de ese mes y evacuadas las ciudades de Orizaba y Córdoba el 12, Xalapa el 12 de julio y Veracruz y Ulúa el 30. México había cedido por la fuerza de las armas mas de la mitad de su territorio a cambio de una indemnización de 15 millones de pesos.
45 Fernando Díaz Díaz, op. cit., t. p. 202-203.
46 José María Roa Bárcena, op. cit., t. II, p. 73-74.
47 Ibid., p. 92-100.
48 Ibid., p. 100-101.
49 Manuel B. Trens, op. cit., t. IV, p. 548-465.
50 Carmen Blázquez Domínguez (comp.), Estado de Veracruz. Informes de sus gobernadores, 1826-1985, Xalapa-México, Talleres Gráficos de la Nación, Gobierno del Estado de Veracruz, 1986, t. I, p. 515-528.
Hacía la dictadura del caudillo
Una vez aprobados los tratados de Guadalupe Hidalgo se inició lo que se conoce como etapa de la reconstrucción nacional, que estuvo en manos de dos gobiernos: el de José Joaquín de Herrera, de 1848 a 1851, y el de Mariano Arista, de 1851 a 1852. A ellos correspondió la tarea de aprovechar la paz obtenida, a tan alto costo, para reorganizar la nación y ponerla en la vía del progreso. Sus esfuerzos se concentraron en reducir y moralizar al ejército, sanear las finanzas públicas por medio del ahorro gubernamental e iniciar mejoras materiales de importancia, como la construcción de ferrocarriles y telégrafos y la introducción de la luz eléctrica. Empero, ambas administraciones toparon con las aún existentes pugnas entre las oligarquías regionales, los estratos medios, la antigua oligarquía centralista y los elementos clericales y militares que, en medio de un estado débil, insistían en imponer su dominación. De manera que, por protección de intereses y privilegios, tanto a Herrera como a Arista se les negaron apoyo y fondos para solventar las necesidades más urgentes del gobierno federal y, a la larga, debieron dar paso a la dictadura de Antonio López de Santa Anna.
En cuanto a Veracruz, los problemas que enfrentaba la administración estatal eran graves. Durante el periodo de hostilidades, como se ha visto, las cuatro poblaciones principales de la región central sufrieron los efectos de la ocupación militar, el sistema de comunicaciones entre la costa del Golfo y el Altiplano se vio asolado por la acción de las guerrillas y la Huasteca continuaba agitada por las rebeliones agrarias de Tantoyucan, Tantima, Ozuluama, Chicontepec y Papantla. Todas estas circunstancias dificultaban la cuestión hacendaria. Se hacía indispensable reorganizar la administración y crear un sistema de tributación que permitiera progresar a la entidad veracruzana.
Frescos todavía los efectos del conflicto del 47, el rebelde de siempre, Paredes y Arrillaga, seguido de Manuel Doblado y de Celedonio Domeco de Jarauta, se pronunció en Guanajuato pidiendo la continuación de las hostilidades y el desconocimiento del gobierno de Herrera. Los vientos de rebeldía llegaron a Veracruz, y si bien no provocaron un pronunciamiento de adhesión, obligaron en cambio a la publicación de un manifiesto oficial que rechazaba los argumentos de los sublevados y recordaba los acontecimientos de 1845, que condujeron a la instalación de un régimen monarquista. Por otro lado, la administración veracruzana tenía que enfrentar problemas propios que repercutían en la estabilidad regional. En 1848 ocurrieron dos sucesos que pusieron de manifiesto la efervescencia de las fracciones sociales, interesadas primeramente en la protección de sus intereses, y en un segundo plano en el fortalecimiento de un estado todavía no definido.
En primer término se produjeron serias diferencias entre el ayuntamiento del puerto de Veracruz y el gobierno de la entidad en relación con el cobro de los impuestos municipales. Dicha corporación, ante la necesidad de contar con recursos para el restablecimiento de sus diferentes ramos, acordó declarar vigentes los acuerdos del consejo municipal impuesto por los norteamericanos, entre los cuales se incluía la contribución sobre establecimientos, y solicitó, el 31 de marzo, la autorización correspondiente al gobernador Soto. Sin embargo, como la legislatura local no se instaló sino hasta el 29 de mayo, los capitulares porteños tuvieron conocimiento de la negativa de los legisladores quince días más tarde, el 13 de julio. Los diputados veracruzanos, algunos, como se ha visto, muy vinculados con los giros mercantiles, habían decidido que el cabildo debía sujetarse a las ordenanzas municipales y que los referidos ramos permanecieran como se hallaban, mientras el ayuntamiento presentaba un plan de reformas “convenientes”.
Ahora bien, de alguna manera los munícipes porteños, que por la tardanza gubernamental suspendieron provisionalmente el cobro del impuesto mencionado, interpretaron la respuesta del Congreso como una autorización de su petición y reiniciaron la recaudación de derechos sobre establecimientos, causando la resistencia de los supuestos contribuyentes que ya conocían la posición de los diputados. En consecuencia, el ayuntamiento insistió en lo “razonable” de su propuesta y en contraposición la asamblea legislativa le remitió un “extrañamiento”, junto con el rechazo terminante al cobro del impuesto. Aun cuando la corporación tuvo que aceptar la decisión de los diputados, la protesta municipal no se hizo esperar; los capitulares circularon entre la población un documento titulado “Manifestación a sus Comitentes” en el cual acusaron a los legisladores de “debilidad, injusticia e inconsecuencia”.
Otro evento que también efectuó la estabilidad veracruzana fue el relativo a la renta del estanco del tabaco. En este sentido habría que recordar que, de acuerdo al artículo 7° del armisticio pactado con los norteamericanos, las autoridades mexicanas tenían la libertad de establecer y recaudar las contribuciones y rentas, a las que tenían derecho por las leyes fiscales del país, en los lugares ocupados por el invasor. Lo mismo acontecía con la decisión de volver a estancar el tabaco, que había sido liberado en territorio veracruzano por Scott. Debido a estas circunstancias, la administración de Herrera declaró que, desde el 1° de julio, solamente el gobierno federal y los extranjeros podrían vender tabacos labrados y cernidos; además, los tenedores que no hubieran “realizado” sus productos hasta el 30 de junio, tendrían que presentarlos en la fábrica nacional para su clasificación y su pago se efectuaría cuando se tuviera fondos para ello. Como la situación financiera de las autoridades federales era casi de bancarrota, se sabía que no podrían cubrir los créditos adecuados. Posteriormente el gobierno celebró un contrato “ruinoso” con una compañía de agiotistas que provocó un gran descontento en las zonas tabacaleras.
Veracruz, fue desde luego, una de las regiones más afectadas. La primera población que protestó resultó ser San Andrés Tuxtla, en donde el tabaco constituía uno de los principales cultivos. La corporación municipal tuxtleca pidió al presidente Herrera la derogación de la legislación que impedía la libre siembre y venta de este producto, y buscó la adhesión de otras zonas veracruzanas cuyos intereses agrícolas se vieran tan lesionados como los de San Andrés Tuxtla. Dos ciudades centrales respondieron a las demandas de apoyo, la del puerto de Veracruz y la de Xalapa. Los ayuntamientos de ambas plazas se declararon también en contra del estanco, elevando exposiciones al Congreso local en las que resaltaban lo perjudicial del monopolio tabacalero para la “prosperidad” del país. Sin embargo, la asamblea legislativa, aunque se mostró partidaria de los descontentos, no realizó ninguna acción a favor de ellos, aduciendo que sus peticiones estaban fuera de tiempo debido a la contrata celebrada por el gobierno federal.
En realidad, el meollo del problema estaba, precisamente, en el convenio que la administración de Herrera celebró con particulares, entre los cuales se distinguían dos comerciantes-empresarios, Escandón y Bringas, y una casa mercantil extranjera, la firma Mackintosh. Manuel Escandón, en busca de la diversificación empresarial basada en capital comercial, había sido un activo especulador de la deuda pública y, como consecuencia, desde 1839 logró, junto con otros socios, contratos exclusivos para la producción, manufactura y venta del tabaco. Como consecuencia del monopolio así establecido, los empresarios nombraron el cuerpo de empleados, controlaron la infraestructura y las factorías, determinaron los contratos de cultivo y privilegiaron las zonas de Córdoba y Orizaba.
A pesar de la oposición, el gobierno federal llevó a efecto el restablecimiento del estanco al igual que la contrata mencionada que, en el caso de Veracruz, fomentaron las diferencias regionales en los momentos en que también se cuestionaba el asiento de los poderes estatales y el cambio de ruta que usaba la línea de diligencias existente. Lo que en realidad se discutía era, pues, el predominio político y económico de Xalapa y Veracruz, por un lado, por el otro el de Córdoba y Orizaba.
De manera que los años posteriores a la guerra del 47 estuvieron llenos de agitación e inestabilidad que pronosticaban la continuación de las pugnas políticas y sociales por la implantación de un proyecto de estado y nación. Por ejemplo, debido a las críticas circunstancias en que se hallaba el país, comenzó a difundirse la idea de que la Constitución federal debía ser reformada de nueva cuenta. En el territorio veracruzano un periódico, el Iris de Veracruz hizo suya una idea, insistiendo en la necesidad de implantar la tolerancia de cultos como condición indispensable para favorecer la inmigración de extranjeros que reactivarían la economía nacional. La propuesta fue discutida en pueblos, ciudades y cabildos provocando reacciones encontradas como la de Orizaba, que proclamaba la intolerancia religiosa, o la de Xalapa y Veracruz, que solicitaron al Congreso local una legislación adecuada que reglamentara la colonización en tierras veracruzanas, solicitud secundada por los ayuntamientos de Coatepec, Tlacotalpan, Alvarado, Papantla y Jalacingo. 51
Una cuestión más, motivo de inquietud y descontento entre la sociedad veracruzana, era el problema de los impuestos. A partir del final de la guerra, y debido a la escasez del erario, las contribuciones, ya de por sí numerosas, se sucedían unas en pos de otras, sin contar con que el peaje y las alcabalas comprendían dos terceras partes de las ganancias de las negociaciones particulares. En realidad los impuestos conformaban el grueso de las rentas estatales, así que los recursos disponibles para el gobierno veracruzano provenían de las contribuciones, aunque, en opinión del Congreso local, estas últimas debían ser menos onerosas para los contribuyentes, con el objeto de estimularlos a fomentar la riqueza pública y alcanzar, a la larga, mayores ingresos para el erario. 52
Juan Soto, gobernador en funciones, conociendo lo ruinoso del sistema de impuestos de alcabala, en especial por la efervescencia y agitación que producían entre los diferentes estratos sociales, los había declarado abolidos el 1° de julio de 1847 para reemplazarlos por las contribuciones directas, medida en extremo política, si se tiene en cuenta que los agricultores y comerciantes ya habían palpado las ventajas del libre paso para la internación o extracción de efectos, establecida por los norteamericanos en las zonas de ocupación. Hubiera sido una torpeza insistir en el funcionamiento de las aduanas interiores con su cortejo de trabas y alcabalas. Desafortunadamente, la aplicación de la medida distó mucho de sistematizar la hacienda estatal y de cubrir, aun a medias, su presupuesto de egresos.
De cualquier manera, Soto logró implantar el sistema de contribuciones directas y el 6 de abril de 1849 el Congreso expidió una ley especificando sujetos, actividades y áreas gravables: giro de casas de comercio; establecimientos industriales y talleres; profesiones y ejercicios lucrativos; sueldos, salarios, jornales, pensiones, gratificaciones y otros beneficios y asignaciones diarias, semanales, mensuales o anuales de compañías, establecimientos, corporaciones seculares o eclesiásticas, erario nacional y estatal; y fincas rústicas y urbanas.
Como Juan Soto pidió licencia, y más tarde renunció a su cargo, debió ser Miguel Palacios quien sancionara el decreto anterior, de manera que fue a él a quien tocó hacer frente a la indiferencia de ayuntamientos y particulares que no prestaron atención a las excitaciones gubernativas para opinar sobre la materia. La comisión de hacienda de la legislatura local, encargada de examinar todo tipo de manifestaciones que le fueran remitidas, se encontró con que estas últimas no eran uniformes, contenían proposiciones aisladas sin la menor conexión entre unas y otras y carecían de datos estadísticos; únicamente interesaba la subsistencia de las contribuciones directas. No se tenía en consideración que el buen funcionamiento del sistema tributario dependía de la formación de una estadística exacta que permitiera la elaboración de nuevos patrones, trabajo encomendado a las corporaciones municipales y a los jueces de paz, que no poseían ni capacidad, ni tiempo, ni dinero. Un factor más vino a empeorar la estabilidad veracruzana: en 1850 una epidemia de cólera morbo asoló a los diversos cantones de Veracruz, causando mas de 16 mil víctimas, sobre todo en las zonas de Xalapa y Orizaba.
Ahora bien, puesto que la aplicación práctica del sistema de contribuciones directas provocó serias dificultades, la administración de Palacios optó por restablecer las alcabalas y poner en funcionamiento las aduanas interiores de Xalapa, Orizaba, Córdoba, Tlacotalpan, Acayucan, Perote, Tantoyuca y Pueblo Viejo. La legislatura veracruzana dio a conocer esta decisión por medio del decreto de 9 de diciembre de 1851, la que probablemente influyó en la agitación manifestada en el puerto de Veracruz, en Córdoba y en Naolinco.
Ya desde 1849 una gran parte del vecindario porteño había elevado al Congreso local numerosas representaciones contra los impuestos directos. Así que las diferentes disposiciones que tendían a imponer dicho sistema tributario fueron mal recibidas por comerciantes y artesanos que se consideraron gravados por altas cuotas. El ayuntamiento apoyó a la población y los acontecimientos desembocaron en un motín que sólo fue controlado después de grandes esfuerzos. Una situación similar se presentó en otros dos lugares, Córdoba y Naolinco, en donde las corporaciones municipales solicitaron la derogación del decreto señalado.
A pesar de todo, el restablecimiento de las alcabalas determinó la revolución acaudillada por el antiguo guerrillero insurgente Juan Clímaco Rebolledo, que deparó al estado serios contratiempos, una marcada tirantez entre el gobierno federal y local y que, finalmente, el movimiento transformara su apariencia mercantil en una realidad política al proclamar el regreso de Santa Anna. Todo ello aunado al disgusto que provocaba el estanco y la contrata celebrada a favor de Escandón y socios.
El 26 de diciembre, pocos días después de que el gobierno estatal derogara las contribuciones directas y restableciera las alcabalas, Rebolledo, procedente de su área de influencia, Coatepec, invadió Xalapa con una fuerza de 80 a 100 hombres para protestar contra el sistema de alcabalas y solicitar su desaparición. Miguel Palacios, con el apoyo de los ediles xalapeños, dio a los rebeldes un plazo de dos horas para deponer las armas; antes de cuyo término la fuerza pronunciada evacuó la población, retirándose rumbo a la región coatepecana en donde se mantuvo en pie de lucha. Reducidos los sediciosos a vagar por los bosques, los legisladores veracruzanos juzgaron conveniente proclamar una ley de amnistía, fechada el 30 de abril de 1852, la que no sólo no correspondió a la intención con que se dictó, sino que fue severamente juzgada por quienes si deseaban el escarmiento de los pronunciados.
En tanto Rebolledo se hallaba circunscrito a la zona de Coatepec, la corporación municipal de Córdoba decidió, en el mes de julio del mismo año, enfrentarse a la administración estatal y pedir la derogación del decreto sobre las alcabalas, posición contraria a la manifestada a finales de 1851. Entonces el antiguo insurgente coatepecano aprovechó las diferencias regionales para extender su radio de acción hasta Huatusco y Córdoba, y a tan crítica situación vinieron a sumarse nuevos factores. El 13 de julio, Felipe Romero se sublevó en la población cordobesa pidiendo la abolición de las alcabalas fingiendo secundar el movimiento de Rebolledo, aunque sus móviles concordaban más con los de la empresa del tabaco y con los de grandes comerciantes-empresarios locales, como los mismos Escandón y Bringas; por otra parte Francisco Vargas, junto con su compadre José Ma. Cobos, ocupó Coscomatepec y asumió la jefatura de los rebeldes de la región, atrincherándose en Fortín.
En un principio, cuando las noticias de las correrías de Rebolledo llegaron a conocimiento del entonces ya presidente, Mariano Arista, por intermedio de la Secretaría de Guerra se ordenó su persecución, utilizando fuerzas militares federales, pero para mediados de julio de 1852 se dio a los dos pronunciamientos un carácter enteramente local. Manuel Marrias de Sandoval, ministro de Guerra, y José Fernández Ramírez, ministro de Relaciones, ordenaron al gobernador Palacios que escuchara las quejas de los sublevados para que fueran examinadas por la legislatura local y se diera una resolución satisfactoria a la situación que vivía la entidad. Sin embargo, la política del gobierno federal dio lugar a las protestas de los diputados locales y engrosó la lista de otros sucesos similares en los que la debilidad de la administración de Arista era evidente. Dicha actitud favoreció el rumor de que la sedición estaba siendo promovida por algunos agiotistas desde la ciudad de México, quienes siendo a la vez empresarios del tabaco, intentaban segregar del estado a los distritos cosecheros de Orizaba y Córdoba, por convenir así a sus intereses. Estos acontecimientos crearon un clima en el que se desarrollaron a su ves otros sucesos que facilitaron el advenimiento de la última dictadura santanista.
Desde luego, debe advertirse que, tanto el gobernador interino de Puebla, Rafael Isunza, como el propio Miguel Palacios, advirtieron al gobierno federal, en repetidas ocasiones, que el movimiento de Rebolledo en Coatepec, Huatusco y Córdoba, y el de Vargas en Coscomatepec y Fortín, tenían como pretexto la cuestión de la ley de alcabalas, pero que sus miras políticas eran otras. En especial, el gobernador veracruzano insistió en el peligro que corría la federación y en la inclinación santanista de individuos vinculados a los pronunciamientos como Francisco Vargas, Vicente Salcedo y José Ma. Bringas. Fue precisamente éste último quien resultó elegido por Arista, sin que se sepa exactamente la razón de su designación, para entrar el pláticas con los sublevados y lograr su sometimiento a las disposiciones gubernamentales. El resultado final fueron los convenios de Cuautlapa, signados el 28 de julio, por los cuales se accedió a las peticiones de los rebeldes en detrimento de las autoridades veracruzanas.
El descontento de los legisladores locales fue notorio. El Congreso de Veracruz exigió a la administración federal una aclaración sobre lo ocurrido y decidió expedir un manifiesto indicando que el sistema tributario no era más que un pretexto para levantarse en contra de las autoridades constituidas. Además, facultaron al gobierno de Palacios para hipotecar las rentas del estado con el menor gravamen posible y negociar un préstamo de $20 000.00 que permitiera financiar la persecución de los revoltosos; el mismo decreto advirtió que, mientras se pidiera con las armas en la mano la reforma o modificación de las leyes hacendarias vigentes, los diputados no se ocuparían de ella.
Rebolledo continuó operando por Coatepec con el ánimo de atacar Xalapa, residencia de los poderes estatales, objetivo que pretendió alcanzar, sin éxito, el 1° de agosto. Su fracaso lo llevó a publicar un manifiesto para afirmar que su aproximación a la plaza xalapeña no había tenido otro objeto que el de comunicarse con el gobernador Palacios para proponerle una “honrosa” transacción; como las fuerzas gubernamentales lo hostilizaron, entonces se vio obligado a defenderse. Pocos días después llegó a territorio veracruzano una comisión federal, integrada por Antonio Ma. Salonio, Miguel Arrioja y José Ma. Esteva cuya misión era encontrar una forma de mediar en los conflictos locales.
Era natural que a la llegada de la referida comisión, los ánimos de la población de la región central, más directamente involucrada en los pronunciamientos que otras regiones veracruzanas, se encontrara exaltada e inquieta. La noticia de los convenios de Cuautlapa y los trabajos de Bringas fomentaron la desfavorable impresión que se tenía de la administración de Arista; se consideraba que había lesionado al gobierno y a la integridad estatales. De aquí que la situación de los comisionados fuera difícil y que sus esfuerzos por disipar los cargos que se les hicieron resultaran infructuosos. Celebradas varias juntas informales con los diputados veracruzanos, lograron elaborar una serie de proposiciones que, si bien en principio quedaron adoptadas en su mayor parte, más adelante sufrieron modificaciones; el 12 de agosto se excluyó de ellas la amnistía, base para el sostenimiento de los pronunciados, con lo que se dieron por terminadas las pláticas y la comisión regresó a la capital mientras la revolución volvía a encenderse en el estado. 53
Y mientras el gobierno de Veracruz intentaba conservar el control político, otros acontecimientos tuvieron lugar. El 26 de julio de 1852 se proclamó el Plan de Hospicio en el que propietarios, comerciantes, hacendados y clérigos desconocieron a Arista y pidieron el regreso de Antonio López de Santa Anna; el 4 de febrero del año siguiente, 1853, los convenios de Arroyo Zarco dieron la presidencia al caudillo veracruzano.
Como bien resalta Fernando Díaz Díaz, el regreso de Santa Anna fue promovido principalmente por militares, quienes, como en ocasiones anteriores, lo hicieron esta vez sin más plan ni más principios que lograr grados y empleos. A ellos se sumaron ahora, diferentes fuerzas sociales y políticas; los liberales, los conservadores reunidos en torno a Lucas Alamán y los comerciantes y agiotistas que orientaban Escandón y otros. El grupo liberal no tenía plan inmediato y esperaba, quizás, que una de las “inconsecuencias” del caudillo le fuera favorable; el conservador confiaba en su jefe y éste aprovechó las circunstancias y manejó con acierto sus piezas; los comerciantes, empresarios y agiotistas buscaban, sobre todo, que les permitiera asegurar sus fuentes de acumulación de capitales. 54 La verdad es que, aún desde el destierro, el caudillo veracruzano seguía despertando en todas las capas de la sociedad la certeza de que era el “hombre providencial” que podía “hacer milagros”.
En el estado de Veracruz el Plan del Hospicio fue prontamente secundado. A finales de 1852 la plaza porteña se pronunció por el santanismo. La influencia del sector mercantil de la población, que buscaba reformas arancelarias similares a las de Tampico y Matamoros, y de los partidarios locales del caudillo, fue suficiente para subvertir el orden y rebelar a la ciudad. El 28 de diciembre se levantó la guarnición de la fortaleza de Ulúa secundando el movimiento de Guadalajara. Esa misma noche, los munícipes porteños, aduciendo responder al reclamo popular, se adhirieron a la rebelión. Paralelamente, también en esta fecha, Juan Clímaco Rebolledo se declaró contra Arista en Coatepec y Xalapa lo hizo dos días más tarde, el 30.
El curso de los acontecimientos provocó cambios políticos. El 31 de diciembre las fuerzas militares del puerto de Veracruz acordaron designar a José Arrillaga encargado del gobierno de la entidad y, en consecuencia, trasladar la sede de los poderes estatales a la plaza porteña. En enero del año siguiente, 1853, las adhesiones al Plan del Hospicio continuaron. El 2 de ese mes la guarnición y el ayuntamiento de Orizaba secundaron el movimiento, el 3 lo hizo la tropa acantonada por el rumbo de Coatzacoalcos y el 6 la fortaleza de San Carlos de Perote. Para principios de febrero la definición santanista de Veracruz era evidente.
51 Manuel B. Trens, op. cit., t. IV, p. 616-621.
52 Carmen Blázquez Domínguez, “El proceso formativo…”, op. cit.
53 Ibidem.
54 Fernando Díaz Díaz, op. cit., p. 237.
Los progresos veracruzanos a mediados del XIX
Desde el memento en que se obtuvo la independencia política de España, tanto los diferentes gobiernos nacionales como regionales tuvieron que dedicar su atención preferentemente a los constantes movimientos de oposición, a los cuartelazos, a las defecciones y a guerras extranjeras. Hasta la primera mitad del siglo que nos ocupa, fue un periodo de luchas continuas apenas interrumpido por lapsos de relativa paz; las pugnas por la implantación de un proyecto de estado y nación, que significara la primacía de un estrato social determinado, y el permanente estado de guerra absorbía todos los recursos y todas las energías y difícilmente quedaban tiempo y dinero para otras empresas. Debido a las circunstancias descritas, los progresos alcanzados por Veracruz en estas fechas reflejaron, mayormente, la defensa de la ideología y de los intereses de las facciones que detentaban el poder local.
A lo largo de los años de anarquía, una serie de individuos, cuya filiación política comprendió una amplia gama de matices en momentos en que no existía un concepto definido de nacionalidad, tuvieron en sus manos la tarea de dar forma a la administración estatal al ocupar la gubernatura. Entre 1821 y 1853 actuaron como ejecutivos Guadalupe Victoria, Miguel Barragán, Sebastián Camacho, Antonio Juille y Moreno, José Joaquín Pesado, Joaquín de Muñoz y Muñoz, Antonio Ma. Salonio, Benito Quijano, Juan Soto, Miguel Palacio, José de Arrillaga, José de Emparan y Antonio López de Santa Anna. Ellos debieron enfrentar graves problemas administrativos y buscar la forma de organizar el sistema político local, asegurar la propiedad rural y urbana, y fomentar el desarrollo material y económico favorable a los intereses de las facciones sociales a las cuales pertenecían. Entre los problemas más candentes que trataron de resolver se encontraron la tambaleante hacienda estatal, la organización judicial, el estado de las comunicaciones, el reparto agrario, la colonización y el impulso educativo.
En esa época, el territorio veracruzano comprendía la misma extensión que guarda hoy en día. Por el norte limitaba con el río Támesis; Chicontepec es principio correspondió al estado de México, porque aún no se creaba el de Hidalgo; Tuxpan pertenecía a Puebla, quedando así la entidad fraccionada en dos partes; por el sureste, hacia el actual estado de Tabasco, llegaba hasta Huimanguillo. En 1825 el Congreso constituyente veracruzano decretó que el territorio de la entidad federativa se dividiera en 12 cantones sujetos a 4 departamentos. Los primeros quedaron compuestos por los antiguos partidos de Acayucan, Córdoba, Cosamaloapan, Jalacingo, Xalapa, Misantla, Orizaba, Papantla, Tampico, Tuxpan, Veracruz y Huimanguillo. A su vez los segundos se organizaron de la manera siguiente: primer departamento con capital en el puerto de Veracruz, comprendiendo los cantones de Veracruz, Misantla, Papantla y Tampico; segundo departamento con capital en Xalapa, abarcando los cantones de Xalapa y Jalacingo; tercer departamento con capital en Orizaba, incluyendo los cantones de Orizaba, Córdoba, y Cosamaloapan; y cuarto departamento con capital en Acayucan, englobando a los cantones de Acayucan, Tuxtla y Huimanguillo.
Esta división territorial se mantuvo, casi en los mismos términos, durante las etapas federalistas, sufriendo alteraciones cuando se implantaron regímenes centralistas, como el de las siete Leyes, que dividió a la República en departamentos, distritos y partidos. En junio de 1838 el entonces departamento de Veracruz se organizó en 7 distritos: Veracruz, Xalapa y Misantla, Orizaba y Zongolica, Córdoba y Cosamaloapan, Jalacingo y Papantla, Acayucan y Huimanguillo, y San Andrés y Santiago Tuxtla. 55
Al mismo tiempo que se estableció la división territorial veracruzana se crearon ayuntamientos en las cabeceras de los cantones y en los pueblos de más de dos mil habitantes, y el reglamento de ordenanzas municipales, que reglamentaba su funcionamiento, se expidió en diciembre de 1840. Se dieron títulos de ciudad a Xalapa, Córdoba y Orizaba, y de villa a San Andrés Tuxtla, Zongolica, Coscomatepec y Huatusco. También se realizaron esfuerzos tendientes a ordenar el sistema judicial. Entre 1824 y 1845 se crearon las plazas de jueces de Letras en cada partido y de juez de Segunda Instancia en la capital del estado; se estableció el cargo de ministro Superior de Justicia; se sancionó el reglamento para los exámenes de abogados y escribanos; se formuló un proyecto de Código penal; se estableció el Tribunal Superior de Justicia; se crearon tribunales mercantiles; y se pretendió reformar el sistema penitenciario. 56
En la búsqueda de orden y administración que permitiera funcionar “bien” al gobierno veracruzano así como a la hacienda local. Las guerras y las convulsiones revolucionarias y contrarrevolucionarias requirieron de financiamiento forzoso; la búsqueda de recursos llevó a desquebrajar el orden imperante en las finanzas públicas y privadas de etapa colonial. Después, al alcanzarse la separación política de la metrópoli, el proceso de crisis hacendaria se aceleró por la inestabilidad característica de la época cuando se buscaba una forma de gobierno, de manera que la bancarrota y el déficit fueron constantes, tanto para el estado como para el municipio.
En el caso de Veracruz los ingresos monetarios provenían primordialmente de dos fuentes: los impuestos que pagaba la población y la explotación del tabaco. La verdad es que las rentas veracruzanas tuvieron su nacimiento en 1824 con ingresos como la alcabala permanente y eventual, cuyo monto varió del 2 al 16%, cobrado sobre artículos de primera necesidad, ventas de bienes muebles e inmuebles, tabaco e introducción de efectos extranjeros; derecho de consumo, del 2 al 5%, impuesto a los mismos efectos extranjeros; pulperías; degüello, que consistía en el pago de dos reales por cabeza de ganado mayor sacrificada para el abasto público, y cuartilla por la del menor; verduras, 2% sobre su valor; dos reales por tonelada de los buques extranjeros que arribaran a los puertos; papel sellado; peaje, establecido para costear la apertura de caminos; diezmos, nombre bajo el cual ingresaban al erario todas las rentas civiles provenientes de las eclesiásticas que pertenecían al estado; 20% sobre el producto íntegro de las fincas rústicas y urbanas, propiedad de individuos desterrados o enemigos; título, $50.00 por cada uno de los despachos para abogados o escribanos; juegos permitidos, billares y peleas de gallos, por los primeros $24.00 anuales cada uno; terrenos baldíos; multas; almacenaje, un real por pieza depositada en almacenes; cartas de seguridad, $1.00 por cada una expedida y renovada a extranjeros; y mandas forzadas para las casas de los niños expósitos. Ahora bien, las circunstancias políticas impidieron la adecuada recaudación fiscal y, en ocasiones, obligaron a la reforma del sistema tributario o a la creación de nuevas contribuciones.
Por otro lado, el monto de los impuestos que correspondían a la federación repercutía en disponibilidad de recursos para aplicación local. Así, en 1835, las rentas estatales quedaron sujetas al gobierno nacional y se suspendió el pago de sueldos, pensiones, préstamos y créditos para lograr el pago de tropas involucradas en el conflicto de Texas; al año siguiente, 1836, debido al mismo conflicto, únicamente se permitió a Veracruz disponer de la mitad de sus ingresos. Existían como contribuciones federales: capitación, un real por cada varón de 16 a 60 años de edad; cuatro reales sobre cada quintal de algodón despepitado que se cosechara en la entidad al tiempo de su extracción o de su consumo en las fábricas locales; mismo derecho sobre algodón despepitado procedente de distinto estado o departamento; ocho reales por consumo de barril de aguardiente de uva; seis, por una docena de botellas de cerveza, sidra y champagne; cuatro, por arroba de licores de todas clases; cuatro, por barril de vino blanco o tinto; cinco, por docena de botellas de este último artículo al tiempo de su introducción y cuatro, por un barril de aguardiente de caña; un real por arroba de azúcar; cuatro reales por quintal de cacao nacional; catorce reales por el ciento de costales de henequén; un peso por quintal de hilo de Campeche; cuatro reales por carga de petate ropero; seis, por petate algodonero y otro tanto por petate tabaquero y doce reales por petate fino; un real por docena de sombreros de petate corriente y tres, por finos; y dos reales por arroba de tabaco en rama de la región. 57
En relación al panorama económico veracruzano habría que decir que todavía persistía la estructura heredada de la Colonia, y que en esa situación se aunaban las repercusiones económicas de la inestabilidad, los pronunciamientos y las guerras. Para contrarrestar estos efectos, la sociedad en general, y en particular las fracciones mercantiles y propietarias, mandaron la adopción de medidas enérgicas, pero los gobierno de la etapa independiente tardaron mucho en dar respuestas concretas y efectivas a problemas reales por las mismas circunstancias políticas que vivían. De manera que, en un principio, los gobernadores en turno se inclinaron por la adopción de medidas generales tendientes a fortalecer varios sectores de la economía local en los que se hallaban interesados propietarios y comerciantes-empresarios de la oligarquía veracruzana. Entre esas disposiciones deben mencionarse la expedición, en diciembre de 1821, de la ley aduanal que abría los puertos mexicanos al comercio libre con todas las naciones y que significaba, aparentemente, el impulso de la industria y del comercio dado que, además, declaró extensas de impuestos las introducciones de toda clase de maquinaria útil a las actividades fabriles, agrícolas y mineras; y la creación, en 1822, de la Sociedad Económica de Amigos del País que, para 1831, contaba ya con sucursales en Xalapa, Orizaba, Veracruz y Acayucan. Sin embargo, las perspectivas de éxito de estas disposiciones se vieron limitadas por la falta de crédito, que sólo fue cubierta en parte con el establecimiento del Banco de Avío, y por cuestiones aún pendientes de resolver como la ampliación de comunicaciones y transportes, la distribución y tenencia de la tierra, la falta de población, el fomento de la economía y el impulso a la educación.
Las administraciones estatales de la primera mitad del siglo XIX pusieron especial atención en reparar y ampliar el sistema de comunicaciones. Ya en la época colonial los medios de comunicación que enlazaban a la capital de la Nueva España con el puerto de Veracruz tuvieron singular relevancia. Ambos núcleos urbanos se hallaban separados por 430 kilómetros de variada topografía que incluía las tierras del Altiplano alto y seco, las planicies cálidas y húmedas de la costa del Golfo y las hondas depresiones de la tierra. Y dado que la población establecida en esa amplia y variada zona generó, gradualmente, una fuerte demanda por caminos y transporte, se vencieron los inconvenientes topográficos para dar paso a las rutas que funcionaron durante la etapa colonial y que transformaron a México y Veracruz en el centro del comercio novohispano.
Así pues, desde los años de la Colonia, el Altiplano y la costa del Golfo estuvieron vinculados por dos vías paralelas cuya construcción se apoyó en la rivalidad mercantil de Xalapa, Córdoba y Orizaba y en la injerencia externa de los comerciantes de México, Puebla, Veracruz y aun España. En consecuencia, las diferencias entre las facciones mercantiles motivaron la persistencia en la ubicación de dos rutas e involucraron la inversión de capital local, además del proveniente de las dos poblaciones terminales: la capital novohispana y la plaza porteña. El diseño de este sistema de comunicación entre México y Veracruz estuvieran destinadas a funcionar como parte de un patrón económico de larga distancia, basado en la exportación de materias primas y la importación de artículos manufacturados. Las construcciones urbanas se orientaron hacia dichos caminos, se levantaron asentamientos a lo largo de su traza y se fusionaron intereses.
En la primera mitad del siglo XIX, el estancamiento económico, originado por la inestabilidad política, impidió completar los proyectos de construcción de caminos iniciados en los últimos años de la Colonia; el capital destinado a su servicio y reparación fue disminuyendo poco a poco y en tránsito de personas y efectos se vio constantemente interrumpido por las luchas civiles, independientemente de que el esquema geográfico y las funciones de transporte conservaron muchos de los elementos representativos del periodo colonial. En general, no sólo las carreteras veracruzanas, sino inclusive las nacionales, se descuidaron y abandonaron por las constantes revoluciones; no existió una política de cuidado continuo y, tanto las inclemencias del clima como el paso constante de cabalgaduras, socavaron la piedra utilizada en su cimentación. Por otro lado, la debilidad financiera crónica de las administraciones federales y estatales, que impedía cumplir con sus obligaciones en este ramo, fomentó la costumbre de dejar en manos privadas la construcción y mantenimiento de caminos que, a su vez, incluía el manejo de aduanas, garitas y correos, a cambio de préstamos forzosos.
En contexto descrito, y el hecho de que la libre introducción de capitales europeos a partir de la independencia obstruyeran el desarrollo de la industria nacional, reforzó la permanencia de las rutas que nos ocupan y llevó a la repetición del modelo económico de la Colonia: inevitablemente México tuvo que volver a exportar productos básicos para pagar las importaciones de productos manufactureros. Estas circunstancias facilitaron la introducción de comerciantes-empresarios, cuya praxis social y política había sustituido a la de los mercaderes peninsulares, dentro del sistema de comunicaciones. Desplegaron actividades financieras sobre bases diferentes y buscaron el control de caminos y transportes para pasar, de la simple práctica comercial, al monopolio del comercio de importación y exportación: acaparamiento de mercados internos, puertos y aduanas; control del cultivo y comercialización del tabaco; producción y comercialización de metales y materias primas para abastecer las minas; práctica del contrabando; especulación con la deuda pública; celebración de contratos gubernamentales. 58
No es de extrañar, pues, que, pese a las vicisitudes políticas, las administraciones veracruzanas de la primera mitad del siglo XIX, en donde los elementos mercantiles siempre estuvieron presentes, pusieran especial atención en conservar y ampliar el sistema de comunicaciones. Desde 1831, por decreto de la legislatura local, el gobierno del estado quedó a cargo de los caminos de la entidad; asimismo se le autorizó para fijar nuevas rutas, a cobrar contribuciones para costear composturas, a restablecer el derecho colonial de avería, a recaudar de una cuartilla a un real por bestia de carga y de cuatro reales a dos pesos por carruajes y al celebrar contratos con empresas privadas para el manejo de la infraestructura de comunicaciones y transportes.
En la región central se procuró el mantenimiento de las dos rutas nacionales, la de Xalapa por un lado y la de Córdoba y Veracruz por otro, y del camino a Misantla, Jalacingo y Tlapacoyan además de planearse la construcción del canal Tenoya-Camaronera. El mismo deseo de comunicar para impulsar el “progreso” económico, para vincular las zonas agrícolas con los centros urbanos, hizo pensar en la posibilidad de poner en marcha proyectos como el de la comunicación interoceánica por el istmo de Tehuantepec.
En 1814 ya se pensaba en la creación de un canal entre los ríos de Coatzacoalcos y Chimalapa; más adelante, el gobierno veracruzano recibió proposiciones para erigir el canal de Tehuantepec, y se concedieron algunos permisos como la concesión otorgada a José de Garay. Pese a no llegarse a nada concreto la idea siguió manejándose. Quizás, por ese motivo, se dispuso la fortificación de la barra de Coatzacoalcos, la edificación de habitaciones para el personal aduanal y de resguardo, el impulso de la migración de colonos, la planeación de un camino carretero en el istmo, en el que se involucró una firma norteamericana con sede en Nueva Orleáns, denominada La Louisiana Tehuatepec Company, y la habilitación del inexistente puerto de Coatzacoalcos como tal, en el punto denominado El Fuerte.
De igual forma se despertó la inquietud por los “caminos de fierro”. El comerciante porteño Francisco de Arrillaga fue, desde 1825, uno de los primeros en concebir la construcción del ferrocarril entre la ciudad de México y el puerto de Veracruz, interesándose en la misma empresa Antonio Garay y Manuel Escandón. Fue finalmente este último comerciante-empresario, apoyado no únicamente en intereses procedentes de la ciudad de México sino en los grupos mercantiles de Córdoba y Orizaba, quien obtuvo la concesión para llevar a cabo la obra en medio de las críticas y de la oposición de las fracciones sociales lesionadas por la misma. Hubo un grupo de comerciantes-empresarios xalapeños formado por Luis García Teruel, Francisco Fernández Agudo, Bernardo Sayago y Francisco Lerdo de Tejada que estuvo de acuerdo en formar una empresa ferroviaria con la intención de atraer para la región de Xalapa los “beneficios” derivados del “camino de fierro”. Se dice que su falta de éxito dependía de recursos europeos que no acabaron de recibir. No obstante los intereses en juego, la realidad que, para 1849, sólo se habían construido 13 kilómetros de vía férrea entre el puerto de Veracruz y el Molino, rumbo a San Juan, y en 1854 existían 24 con una locomotora en servicio, un coche para pasajeros y cuatro de carga.
En relación con los medios de transporte, al finiquitar el primer tercio del siglo XIX, se organizaron formalmente empresas de diligencias, que también compitieron por el monopolio de las rutas y de la infraestructura levantada a los lados de los caminos. Ya en 1835 funcionaban, por el camino de Xalapa, dos líneas: la Poblana, propiedad de Guillermo B. Jacques, y la Unión Mexicana dirigida por Manuel Escandón, Jorge Coiné, Nataniel Smart y Jacobo Renewalt. Ambas compañías rivalizaron entre sí, no sólo por el control del transporte, sino aun por el manejo del servicio de correos que, a fin de cuentas, quedó en manos de la segunda. 59
En cuanto a la distribución de tierras habría que decir que, no obstante haberse tomado algunas disposiciones, las medidas adoptadas no tuvieron el resultado esperado contribuyendo, en cambio, a incrementar la inquietud social, sobre todo de la masa campesina, que desembocó en rebeliones de carácter agrario. En este sentido, quizás el problema de mayor gravedad haya sido la permanente amenaza de desintegración que pendió sobre las comunidades indígenas, por la inclinación europea a transformar las tierras comunales en propiedad particular, con la única excepción de los ejidos necesarios a los pueblos.
En el caso específico de Veracruz, la ley del 22 de diciembre de 1826, sobre repartimiento de terrenos indígenas y baldíos, constituyó el primer embate contra las tierras de las comunidades. Este decreto se constituyó en referencia obligada de todas las medidas estatales posteriores y sentó las bases para el reparto de algunos terrenos en la zona central del territorio veracruzano. Con su promulgación, el gobierno regional creyó disponer de un adecuado instrumento para alcanzar el progreso anhelado y de ahí que Miguel Barragán, durante su gestión gubernamental, afirmara que la ley debía producir ventajas a la agricultura, a la industria y a la población. Casi 20 años más tarde las esperanzas de que el reparto de propiedad indígena y el aumento de la propiedad individual propiciara un auge general seguían persistiendo, aunque los esfuerzos encaminados a esa meta no siempre se sostuvieron con la misma fuerza y sólo se alcanzaron pequeños resultados, cuyos “beneficios” parecían cuestionados por el descontento t los levantamientos que asolaron algunas regiones veracruzanas, sobre todo en la Huasteca, en donde, como se ha indicado en páginas anteriores, alcanzaron visos de guerra de castas como los de Ixcatepec, Ozuluama, Tantoyuca, Papantla y Coyuxquihui. 60
Sobre el problema de la colonización extranjera, los gobiernos veracruzanos parecen haber asimilado las tendencias políticas de la época que comenzaban a considerar la migración extranjera como una respuesta, tanto para la necesidad de volver productivas vastas áreas ricas y fértiles, pero despobladas, como para la defensa de la seguridad nacional amenazada en el norte por el expansionismo norteamericano. Así que en principio, respondiendo a impulsos externos, se realizaron varios intentos por establecer colonias extranjeras en algunas zonas de la entidad consideradas “adecuadas” para ello, en especial el sur de Veracruz y algunas regiones de la costa de Barlovento. Por su parte, el gobierno estatal ratificó la ley general de colonización en 1826 y al año siguiente, 1827, se dio a conocer la ley referente a proyectos de colonización, que por esa época ya estaban en marcha en la región de Coatzacoalcos.
En realidad, desde el inicio de la vida independiente, Tadeo Ortiz y Juan Horbego, efectuaron estudios sobre el establecimiento de colonias en la región de Coatzacoalcos, subrayando los beneficios que redundarían para la economía veracruzana, pero los primeros intentos por colonizar en territorio veracruzano fueron los de Fausto Ruperti, representante de una casa mercantil inglesa que, en 1825, estuvo de acuerdo en llevar a cabo la colonización de las tierras altas del Coatzacoalcos con 1 500 familias de inmigrantes extranjeros. Empero, como para entonces el gobierno veracruzano no había ratificado aún la ley general de colonización, todo quedó en buenas intenciones, al menos temporalmente; cuando por fin el camino se allanó, la firma comercial había quebrado en la crisis financiera británica de 1826 y 1827.
En este último año, la legislación en cuestión estaba en vigor en Veracruz y se autorizaron varios proyectos. Entre 1826 y 1827 Tadeo Ortiz promovió el repoblamiento de la villa del Espíritu Santo y la fundación, en aquella parte del Coatzacoalcos, de las poblaciones de Minatitlán, Hidalgotitlán, Allendópolis, Abasolópolis y Morelópolis. En los años siguientes, de 1828 a 1830, alrededor de 600 colonos franceses trataron de establecerse, con muy poco éxito, en la misma región. Hubo otros dos intentos de colonización extranjera: en 1831, 80 familias francesas encabezadas por Stephan Guenot lograron asentarse por el rumbo de Nautla, en Jicaltepec, El Zopilote y San Rafael; para 1836 Carlos Sartorius fundó una colonia de alemanes en Zacualpan. 61
A pesar de las disputas políticas y de la crisis económica, el impulso a la educación se consideró de vital importancia, dentro de los esfuerzos por conformar una nación y un estado. En 1824 la legislatura de Veracruz afirmó que no descuidaría la cuestión educativa, proveyéndola de los recursos necesarios. En octubre de ese mismo año la propia asamblea legislativa facultó al ayuntamiento de Orizaba para establecer un colegio seminario, propuesto por José Miguel Sánchez Oropeza, cuyas bases aprobó en 1825 y amplió en 1826, cuando el sistema lancasteriano se introducía en Veracruz. En esas fechas una comisión de la corporación municipal porteña dictaminó que la educación regional debía sujetarse a dicho sistema; poco después, en julio de 1826, los diputados veracruzanos dieron a conocer el decreto que fundaba la Sociedad Lancasteriana, con asiento en el puerto de Veracruz, para propagar esta forma de enseñanza y crear, por lo menos, una escuela en cada cabecera cantonal. El entusiasmo primario se transformó en desaliento hacia 1832 cuando no fue posible cubrir los fondos convenidos a la sociedad, pero para entonces ya funcionaban escuelas municipales y estatales en lugares como Pueblo Viejo, Papantla, Misantla, Naolinco, Coatepec, Puente Nacional, Medellín, Acayucan y Huimanguillo.
Como era de esperarse, las poblaciones de la región central veracruzana, contaban con recursos educativos más amplios por el tipo de sociedades que las integraban. Por ejemplo, para 1838, Xalapa disponía de cinco establecimientos primarios y secundarios para varones, siete de niñas denominadas “amigas” y el Colegio Nacional. En Orizaba funcionaban cuatro escuelas primarias de niños, seis de “amigas”, el Colegio Nacional Veracruzano y el Colegio Seminario de Sánchez Oropeza que impartía instrucción secundaria. Córdoba contaba con dos establecimientos primarios para niños y uno de niñas. Por último, en el puerto de Veracruz trabajaban dos escuelas tipo primaria para carones y una para niñas. 62
Finalmente en el aspecto económico, como se ha mencionado al inicio de este apartado, persistían los viejos problemas que afectaban a la economía veracruzana y que las administraciones estatales no había podido solucionar. Para mediados de siglo, la falta de población seguía considerándose como el principal obstáculo para el desarrollo de la agricultura y de los diversos ramos de la industria local, mismo que intentó salvarse a través de la colonización extranjera. Sin embargo, los efectos de nuevos hombres y nuevas técnicas tardaron en hacerse sentir y el cuadro económico de la época resulta desalentador. La falta de mano de obra, de crédito y de capitales paralizaban por igual los progresos agrícolas e industriales, de manera que las perspectivas de desarrollo eran estrechas y limitadas y las causas seguían siendo las mismas: sistema de comunicaciones que condicionaba el patrón económico a la exportación de materias primas e importación de bienes manufacturados, caminos en mal estado que dificultaban la introducción de efectos a los centros de consumo, falta de brazos y, sobre todo, escasez de empresarios dispuestos a invertir en las actividades productivas.
El comercio siguió siendo, por supuesto, el renglón más importante de la economía local y los intereses mercantiles normaron, como se ha visto, gran parte de las acciones de las diferentes administraciones estatales, supeditando en gran medida las actividades agrícolas e industriales a la disponibilidad de capital, proveniente de los comerciantes. Era frecuente que individuo fuertemente vinculado al intercambio mercantil interno y externo, como es el caso de los Escandón, los García Teruel, los Sayago, los Pasquel, “habilitaran” a agricultores locales con la garantía de la tierra o parte de la cosecha obtenida, o se involucraran en el establecimiento de fábricas textiles.
La explotación agrícola, por su parte, mantuvo, al igual que el sistema de comunicaciones, características coloniales. Los principales cultivos que se desarrollaron en la primera mitad del XIX fueron también los que tuvieron mayor relevancia en la Colonia: caña de azúcar, tabaco, vainilla, café, algodón. La zarzaparrilla, algunas especies y las hierbas medicinales del tipo de la purga de Xalapa o del bálsamo del Perú, siguieron siendo artículos de alguna importancia en la economía regional, en virtud de la demanda constante que el mercado europeo ejercía sobre ellos.
La producción de la caña de azúcar se centraba todavía en el área comprendida entre San Lorenzo de los Negros y Orizaba, Huatusco, Xalapa, Tuxtla y la región de Sotavento. Sin embargo, la destrucción de las siembras y la pérdida de cuantiosas inversiones que no pudieron ser compensadas de inmediato, perjudicaron seriamente las actividades basadas en la producción cañera. Hacia 1831 los hacendados interesados en este cultivo se quejaban de que el estado apenas producía lo suficiente para el consumo de la población local. Por ello, no obstante que la cercanía al puerto de Veracruz y el acceso al sistema de comunicaciones privilegiada a las zonas productoras de caña, la mayor exportación de azúcar, en esa época correspondió a Cuernavaca y Cuautla.
En cuanto al tabaco, cuyo monopolio fue motivo de descontento y rebeliones, se cosechó en Córdoba, Orizaba, Huatusco y Zongolica, y en menor escala en Coatepec y Jico. El estado de guerra, y las restricciones impuestas a su cultivo y comercialización, provocaron entre los agricultores recelos y desconfianzas además de las constantes demandas por su liberación. Fue evidente que dichas restricciones, junto con la falta de crédito, tendieron a anular su desarrollo a favor del comercio exterior, a tal extremo que se tenía que importar anualmente tabaco de las Antillas para satisfacer el consumo nacional.
Respecto al algodón, no todas las tierras veracruzanas fueron aptas para su cultivo. La primordial zona de cultivo fue la costa de Sotavento, en los alrededores de Tlalixcoyan, Cotaxtla, Tlacotalpan, Cosamaloapan, Chacaltianguis, San Andrés Tuxtla, Pánuco y Tuxpan, y más avanzado el siglo, Xalapa y región circunvecina. Así que, a pesar de que Veracruz no contaba con condiciones ideales para las actividades industriales, funcionaron en la entidad seis fábricas de hilados y tejidos basadas en capital comercial: una en Cocolapan y cinco en Xalapa: la Industrial Xalapeña, la Probidad, la Victoria, Lucas Martín y Molino de Pedreguera.
Otros ramos de menor importancia, que también se mantuvieron en marcha, fueron la ganadería, centrada en el ganado mayor que se adaptaba mejor al clima veracruzano de la “tierra caliente”, la cría y beneficio del gusano de seda, la cría de abejas y diversas artesanías: loza, teja, ladrillo, curtido de pieles. Había asimismo talleres de tafiletes, badanas, gamuzas, pergaminos, suelas, cordobanes y artículos para la arriería. 63
55 Aurelio Sánchez Durán, “Veracruz: división territorial federalista, 1824-1832”, La Palabra y el Hombre, Revista de la Universidad Veracruzana, núm. 52, octubre-diciembre, 1984, p. 95-102.
56 José Luis Melgarejo, Breve historia de Veracruz, Xalapa-México, Universidad Veracruzana, 1960, p. 158.
57 Carmen Blázquez Domínguez, “El proceso formativo…”, op. cit.
58 Carmen Blázquez Domínguez, “Veracruz-Perote: contrata de postas, 1800-1840”, La Palabra y el Hombre, Revista de la Universidad Veracruzana, núm. 52, octubre-diciembre 1984, p. 55-68.
59 José Luis Melgarejo, Breve historia…, op. cit., p. 163-164.
60 Sergio Florescano Mayet, “El proceso de destrucción de la propiedad comunal de la tierra y las rebeliones indígenas en Veracruz, 1826-1910”, La Palabra y El Hombre, Revista de la Universidad Veracruzana, núm. 52, octubre-diciembre, 1984, p. 5-18.
61 Carmen Blázquez Domínguez, (comp.), Hippolite Maison y Charles Debouchet. La colonización francesa en Coatzacoalcos, Puebla, Talleres Gráficos de Premia, 1984, p. 7-10 (Universidad Veracruzana. Colección Rescate, núm. 2).
62 Anne Staples, “Esfuerzos y fracasos: la educación en Veracruz, 1824-1867”, La Palabra y El Hombre, Revista de la Universidad Veracruzana, núm. 52, octubre-diciembre, 1984, p. 35-54.
63 Luis Chávez Orzco y Enrique Florescano Mayet, op. cit., p. 62-69.
Resurgimiento del santanismo
Al anunciaras la proximidad del arribo al puerto de Veracruz de Antonio López de Santa Anna, las comisiones de saludo y la corte de aduladores fijaron su rumbo hacia la plaza porteña. Así, desde marzo de 1853, en las poblaciones de la región central resurgieron los elementos santanistas. El 1° de abril el caudillo, transportando en el paquebote inglés “Avon”, desembarcó en el puerto entre las aclamaciones del pueblo y de los “amigos”. El entusiasmo de la multitud que los esperaba se incrementó con los cañonazos disparados desde la fortaleza de San Juan de Ulúa y contestados por los de la plaza de Veracruz. fue recibido por las autoridades porteñas, que pusieron en sus manos las llaves de la ciudad, y felicitado por comisiones del gobierno y de varios estados. No faltaron, como era consiguiente, ni el Te Deum de ley cantado en la iglesia parroquial, ni el acto en el palacio municipal, ni los bailes, ni los banquetes, ni los arcos de triunfo, ni los fuegos artificiales. De aquí pasó a su hacienda de El Encero, en donde continuó entrevistándose con comisiones oficiales, gremios y “misiones” particulares; todos pugnaban por adular al héroe de Tampico. En la mañana del 20 de abril hizo su entrada en la ciudad de México: gentío innumerable, balcones adornados, estampidos de cañón, músicas militares.
Al mismo tiempo que resaltaba el entusiasmo popular por la vuelta del caudillo, los políticos y las fracciones sociales empezaron a tejer sus intrigas. Los conservadores, prometieron todo su apoyo para los planes futuros de Santa Anna y algunos liberales hicieron lo propio, pensando que el caudillo aún defender los principios federales, debido a la posibilidad de un cambio y de una mayor experiencia alcanzada en el exilio.
Y el caudillo veracruzano, con la esperanza de recobrar su importancia política y militar y de desempeñar el papel del caudillo insustituible, como hábil político, sopesó las posibilidades que se le brindaban. Había jugado al federalismo, porque las circunstancias políticas se lo exigieron; jugó a la democracia popular, porque si triunfaba podría vengarse de sus enemigos, y si perdía podría salir en defensa de los integrantes de la oligarquía centralista; y jugó a la guerra con el fin de conseguir un triunfo militar que le permitiera reverdecer laureles. En rigor, como opina Fernando Díaz Díaz, sólo era santanista y lo que más le interesaba era su suerte personal y su prestigio. En 1853, enfrentado al dilema de la política a seguir, mientras los liberales clamaban por la federación y los conservadores por el centralismo, se decidió por estos últimos. Al fin y al cabo era la facción política que presentaba un programa concreto y un vocero indiscutible, Lucas Alamán. Tenía, por otro lado, el apoyo de los propietarios y del clero quienes, a cambio de “seguridad y de orden”, estaban dispuestos a permitir al caudillo el establecimiento de un régimen autoritario. 64
Antonio López de Santa Anna tomó posesión de su cargo el mismo 20 de abril. Su gabinete quedó integrado por prominentes conservadores y santanistas: Lucas Alamán, Antonio Haro y Tamariz, Teodosio Lares, José Julián Tornel, Ignacio Esteva, Ramón de Muñoz y Muñoz y Manuel Ma. Pérez los cuatro últimos veracruzanos. El 22 se dieron a conocer las bases para la administración de la República hasta la promulgación de la Constitución, se estableció un consejo de estado formado por 21 notables y se crearon cinco secretarías. En cuanto al gobierno interior, entrarían en receso todas las legislaturas locales, se formaría y publicaría un reglamento que normaría las acciones de los gobernadores mientras se promulgaba otro código fundamental, y se retornaría a las antiguas demarcaciones, hasta que el gobierno central proveyera lo conveniente.
Menos de un mes más tarde, el 11 de mayo, se expidió el decreto que estipulaba cuáles serían las funciones propias de los ejecutivos estatales. En la práctica, loe gobernadores se vieron reducidos al papel de “mayordomos”; su labor se limitaba a la publicación y ejecución de las disposiciones emanadas de la administración del centro, su obligación consistiría en conservar, a toda costa, el orden y la tranquilidad pública, y en recolectar y administrar los fondos municipales. Sólo existirían ayuntamientos en las capitales estatales y en las prefecturas, cantones o distritos. Veracruz tuvo que organizarse, pues, de acuerdo a las disposiciones emitidas. Para septiembre, al restablecerse la división territorial por departamentos, la provincia veracruzana quedó integrada por seis distritos: Veracruz, Xalapa, Jalacingo, Orizaba, Córdoba y Tampico, que a su vez se subdividieron en catorce partidos: Veracruz, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla, Xalapa, Coatepec, Misantla, Jalacingo, Papantla, Orizaba, Zongolica, Córdoba, Huatusco, Ozuluama y Tantoyuca. En diciembre se agregó el distrito de Tuxpan con los partidos de Tuxpan y Chicontepec que anteriormente pertenecían a Puebla, y cuya incorporación a Veracruz fue causa de agitación y efervescencia en la Huasteca.
Poco a poco la dictadura santanista fue tomando fuerza reflejando características definidas: Alamán, mientras volvió, se convirtió en el eje de la política del nuevo gobierno. Con sagacidad, espíritu de carrera e indudables dotes de estadística, el viejo conservador imprimió un ritmo especial a la administración, por lo menos durante el tiempo que estuvo en el gabinete. Contrarrestó la orientación personal que el caudillo pretendió dar a la administración al apoyarse en la clientela veracruzana, y obligó a Santa Anna a aceptar concesiones para los conservadores y a mantener una actitud prudente en sus aspiraciones. Con su muerte, acaecida el 2 de julio de 1853, se esfumó la posibilidad de moderar la dictadura y permitió que aflorara libremente el personalismo santanista. El 17 de noviembre de ese año, Guadalajara levantó un acta pidiendo la designación del caudillo como dictador, misma que fue secundada en casi todo el país; el puerto de Veracruz, Xalapa, Coatepec, Córdoba, Orizaba y Tlapacoyan se pronunciaron en el mismo sentido. El 6 de diciembre, por decreto nacional, se le concedió el título de capitán general, el tratamiento de alteza serenísima y la autorización de nombrar quien le sucediera en el gobierno.
Entre las características más relevantes que definieron la última dictadura santanista, sobre todo a partir de agosto, fue la gran cantidad de impuestos con que se gravó a la ciudadanía y los aranceles que se impusieron al comercio, abriendo las puertas a la especulación, al contrabando y a la evasión fiscal. En el caso de la entidad veracruzana la oficina recaudadora principal radicó en el puerto de Veracruz con oficinas subalternas en Alvarado, Tlacotalpan, Pueblo Viejo, Perote, Papantla, San Andrés Tuxtla y Acayucan. Se restablecieron las contribuciones directas sobre fincas rústicas y urbanas, establecimientos industriales, profesiones y ejercicios lucrativos, sueldos y salarios, objetos de lujo y patentes sobre giros mercantiles. Lo mismo sucedió con las alcabalas, y para la plaza porteña, con el objeto de cubrir los gastos del tribunal mercantil, se creó un impuesto de un real por cada tercio de efectos de importación extranjera desembarcados.
Pero quizás una de las cuestiones que, con el tiempo, causó mayor efervescencia fue el enorme monopolio que comerciantes-empresarios y agiotistas ejercieron sobre el estanco del tabaco, la industria del azúcar, las aduanas locales y la construcción de la vía férrea México-Veracruz. Entre 1853 y 1855 se otorgaron una gran cantidad de concesiones y privilegios como parte de las alianzas establecidas entre las nuevas fracciones emergentes y el caudillo veracruzano, y que requerían de un poder central fuerte para la realización de sus actividades empresariales.
En relación al tabaco, Santa Anna mantuvo el estanco de su cultivo y comercialización, sin dar importancia al descontento creciente de las regiones cosecheras. El 3 de agosto de 1853 restableció este monopolio, estipulando un plazo de nueve meses para que los cosecheros que tuvieran existencias de tabaco en rama, cernido o labrado, lo consumieran en sus propias localidades. Empero, en beneficio de los intereses mercantiles, permitió la exportación del tabaco cultivado en las costas nacionales. Asimismo, en marzo de 1854, celebró la contrata de este fruto con Manuel Julián de Lizardi y Cayetano Rubio bajo las siguientes condiciones: entrega anual de $960 000 al gobierno, $60 000 mensuales efectivos, $20 000 en créditos buenos y reconocidos durante cuatro años. Por su parte, la compañía que contrataba gozaría de los privilegios e inmunidades que le correspondían. Si bien este convenio contó con la aprobación de Ramón Muñoz y Muñoz, Antonio Haro y Tamariz y José Ma. Mendizábal, como representantes de los agricultores de tabaco de los distritos de Córdoba y Orizaba, que resultaban beneficiados, provocó fricciones con cultivadores del mismo producto en las zonas de Jicaltepec y Nautla, en la costa de Barlovento, y San Andrés Tuxtla, hacia Sotavento, que no podían introducir sus frutos sino únicamente exportarlos, como lo había estipulado el caudillo veracruzano.
Ocurrieron sucesos que pretendían consolidar intereses regionales concretos que alteraron la tranquilidad del estado. Por ejemplo, apenas se iniciaba la administración santanista cuando se presentó la negativa del distrito de Tuxpan de reincorporarse a la entidad poblana, a la cual pertenecía en esta época, y el propósito de la oligarquía local de integrarse a Veracruz.
El problema se inició con la sublevación tuxpeña a favor del Plan del Hospicio, adhesión en la que influyó la actitud asumida por la plaza porteña sobre el retorno santanista. Como el gobierno de Puebla no se inclinó por el movimiento, el distrito se mantuvo segregado junto con el de Teziutlán. Cuando la opinión nacional se unificó y se aceptó la vuelta de Santa Anna, los teziutecos se reincorporaron a su entidad, pero no así la región tuxpeña. Como resultado, el gobierno poblano demando al prefecto de Tuxpan, Anastasio Llorente, que tomara las medidas oportunas para que el distrito volviera a la obediencia estatal. Ante esas circunstancias el ayuntamiento tuxpeño rechazó las exhortaciones que se le hacían, y se declaró por la erección de un territorio compuesto por los distritos de Tuxpan y Tampico, aduciendo que la legislatura poblana había rechazado varias veces la petición de abrir el puerto al comercio de altura, perjudicando el progreso local.
El gobernador de Puebla, Cosme Furlong, culpó de la actitud asumida por los capitulares tuxpeños a la corporación municipal de Ozuluama, en especial al síndico Manuel Núñez; declaró, probablemente con razón, que los “deseos” de los pueblos de la región de Tuxpan no coincidían con los propósitos de ciertos elementos sociales regionales y recurrió al gobierno central en busca de apoyo. En un principio Antonio López de Santa Anna ordenó la reincorporación del distrito al estado de Puebla, pero, en diciembre de 1853, expidió un decreto en el que concedió la agregación del mismo a Veracruz.
Y si bien en el norte de la entidad veracruzana resultó beneficiada con la incorporación de una plaza porteña de importancia, en el sur perdió por un tiempo la parte del Coatzacoalcos. Desde mayo de 1853 se puso en vigencia la ley de 15 de octubre de 1823, que declaraba territorio al istmo de Tehuantepec con capital en Minatitlán. Tomás Marín, designó comandante militar, se trasladó a la región en agosto y, ya en Acayucan, comenzó a enfrentarse con una serie de problemas locales de difícil solución: deficiencias en la recaudación de impuestos y contribuciones y en el ejercicio del sistema judicial, además de la falta de comunicaciones y de población.
En estos años la efervescencia política y el descontento fueron surgiendo poco a poco, impulsadas por las arbitrariedades del régimen santanista. Uno de los principales cuidados de esta administración fue la estructuración de una política represiva: se estableció un servicio de espionaje y se creó una policía secreta que practicó la persecución sin límites. La Ley de Conspiradores expedida el 1° de agosto de 1853 legalizó las acciones represivas y los destierros.
En Veracruz el malestar salió a flote de diversas maneras y por distintos motivos, que tenían como liga común el rechazo a las disposiciones dictadas por el caudillo veracruzano. En mayo del mismo año de 1853, Antonio Corona, al encargarse de la comandancia militar, se encontró con que el “espíritu de lealtad” de la guardia nacional porteña dejaba mucho que desear y cubrió con tropa de confianza los baluartes de Concepción y Santiago y el cuartel del 7° de línea. Con este motivo, y también en oposición al decreto que mandaba su unión con los cuerpos permanentes, los guardias nacionales trataron de amotinar a la población en la plaza de armas, recorrieron las calles en busca de adeptos y ocuparon los puntos más ventajosos de la ciudad. Corona intentó someterlos con parte de la tropa de la que aún disponía, pero el ayuntamiento y el prefecto político se lo impidieron, por el peligro que corrían los “habitantes pacíficos y sus fortunas” ante la amenaza de una revuelta aunque, posteriormente, por los perjuicios que sufría el sector mercantil, brindaron su ayuda al comandante. Hubo tiroteos entre guardias y veteranos, se publicó una proclama para atraer al orden a los sublevados, se llamaron a los batallones 2° y 4° ligeros y al de Tres Villas, que se hallaban en Xalapa y Orizaba; los amotinados presentaron una serie de peticiones que representaban la defensa de sus intereses militares y, finalmente, con el refuerzo de tropas remitidas desde la capital se controló la rebelión.
Dos meses más tarde, en julio, Misantla, Tlapacoyan y Papantla se pronunciaron contra la ley del sorteo militar. A mediados de ese mes la prefectura del distrito de Xalapa tuvo noticias de que se pretendía efectuar un levantamiento en aquella región para evitar que se llevara a cabo la ley del sorteo y se sacaran las armas de la guardia nacional. El 12, cuarenta hombres rondaron la cárcel de la población misanteca para sacar a los sorteados destinados al batallón de Tres Villas y las autoridades locales tuvieron que solicitar el auxilio de la comandancia militar. Corona envió una fuerza de 100 elementos a bordo del vapor “Estado de México” con rumbo a Nautla. Se esperaba que impusieran el orden, recogieran armas y averiguaran el contrabando que de las mismas se efectuaba por la barra de Tecolutla. Luis G. Osollo, jefe de la expedición logró apaciguar a la población y confiscar un numeroso armamento.
Se realizaron persecuciones y destierros que repercutieron en toda la sociedad, pero la vieja oligarquía centralista, temerosa de la acción de los estragos medios liberales y federalistas y de su alianza con oligarquías regionales, estuvo dispuesta a continuar sosteniendo al régimen, a cambio de la conservación de sus privilegios y de cierto clima de “seguridad” favorable a sus intereses. Los estratos medios, por el contrario, no obstante las promesas de “paz y amistad” que Santa Anna hizo a su llegada al puerto de Veracruz, enfrentaron en mayor grado la represión que el caudillo guardaba para los desafectos a su gobierno.
Veracruz vio desfilar por su territorio mucho de los condenados al destierro, a la confinación en apartadas poblaciones o al encarcelamiento. El 12 de agosto de 1853 Alejandro Hermida y Tomás Tejada fueron arrestados en el puerto de Alvarado y remitidos a la ciudad de México por disposición expresa de Santa Anna. José Ma. Durán, teniente coronel de ingenieros encargado de la administración del camino de fierro, fue confinado a Coatzacoalcos el 25 de agosto, debiendo marchar por tierra a falta de transporte marítimo. Félix Gómez, labrador de oficio y vecino de Tlalixcoyan, resultó aprehendido y conducido a Ulúa en septiembre, para ser trasladado al puerto campechano de Seybaplaya, bajo la acusación de ser influyente entre la “jarochada” y enemigo del régimen. En este mismo mes José Ma. Mata, un relevante político xalapeño, fue encarcelado en Papantla, transportado también a la fortaleza de Ulúa y embarcado en el vapor “Tejas” con la prohibición de volver al país.
De igual forma, en ese mes de septiembre de 1853, se encerró a las mazmorras de Ulúa a Benito Juárez, que posteriormente, en octubre, salió al exilio en el paquebote inglés “Avon” siguiéndole pocos días después José Inés Sandoval en el vapor “Tejas” y Juan Suárez Navarro en el vapor “Pánuco”. En el mes de noviembre tocó el turno a Paulino M. Pérez, quien fue enviado de Puebla a Medellín; a Miguel Cástulo Alatriste, de la misma procedencia y con destino a Xalapa; a Ramón Núñez, juez de letras en Tantoyuca, separado 50 leguas de aquel punto por convenir así a la “tranquilidad pública”; y a Manuel Arellano y a Pedro José Hernández, a quienes se remitió de la “tierra caliente” de Tabasco a la “tierra fría” en que se ubicaba la fortaleza de Perote.
Para diciembre se desterró a Yucatán a Amado Rodríguez y fueron filiados en el ejército de línea para servir en Tabasco por ocho años, nueve vecinos de Jicochimalco que habían intervenido en la prisión del dictador en 1845: Hilario Pozos, Reyes Hernández, Francisco Contreras, Modesto Gómez, José Ma. Ramiro, Viterio Olivares, Isidro Aguilar, Teófilo Ramírez y Mateo Benítez. En cuando a Melchor Ocampo, Miguel Arrioja, Francisco Modesto Olaguibel y Eligio Romero, también desterrados, se embarcaron a principios de este mes en un paquebote inglés, mientras Manuel Mejía y Francisco Álvarez eran enviados, poco después, de Oaxaca a Acayucan el primero y de Veracruz a Perote el segundo.
Al año siguiente, 1854, los destierros y las prisiones continuaban. En enero, Santa Anna ordenó a la comandancia de Veracruz, a través del Ministerio de Guerra, que en un plazo de seis horas hiciera salir de la plaza porteña a Fernando Pasquel, Sebastián A. Bárcena, José Agustín Arrangoiz, José Ma. González y Eduardo Fernández de Castro destinándolos a Córdoba, Orizaba, México, Puebla, Oaxaca y Perote. Asimismo, dispuso que Francisco Landero marchara a Cosamaloapan; que se ejerciera una estrecha vigilancia sobre los comerciantes para impedir que con su dinero pudieran seducir a la tropa; que se desterrara a los porteños Ángel Lascurain, Jorge de la Serna y José Luelmo; que se confinara en Tabasco a Mariano Cenobio y a Benito Haro; y que se expulsara de la plaza a todos los jefes y oficiales de la extinguida guardia nacional.
En consecuencia, hacia 1855, la situación hizo crisis. La opresión dictatorial ejercida por el caudillo veracruzano determinó un cambio de opinión sobre los sistemas de gobierno e hizo patente la urgencia de una reforma política y social. Esta demanda generó, como reacción contraria, la revolución de Ayutla. 65
64 Fernando Díaz Díaz, op. cit., p. 242-243.
65 Vicente Riva Palacio, op. cit., t. IV, p. 812-813.
El camino de Ayutla
La rebelión contra la última dictadura santanista se inició en el área de influencia de un caudillo regional, antiguo jefe insurgente: Juan Álvarez, cacique de la región del sur comprendida por Guerrero y una parte de Morelos. Álvarez había reconocido al gobierno de Antonio López de Santa Anna y aun sofocado una naciente revolución en su contra. Ambos desconfiaban uno del otro, y por un tiempo se mantuvieron en aparentes buenas relaciones, hasta que el héroe de Tampico, con el pretexto de combatir una supuesta expedición filibustera sobre Acapulco, envió fuerzas del ejército regular a la región dominada por el viejo insurgente. El verdadero motivo de esta acción era la destitución y aprehensión de Álvarez para acabar con su preponderancia. Fue entonces cuando el cacique suriano decidió levantarse en armas aprovechando el disgusto general con el que era visto el régimen del caudillo veracruzano.
Álvarez tomó la decisión de apoyarse en su clientela y comunicó a las poblaciones comprendidas en su área de influencia las intenciones del gobierno central. Congregó en torno a él a los opositores de la dictadura santanista y promovió la proclamación del Plan de Ayutla el 1° de marzo de 1854, muy similar a todos los que le habían precedido, pero que tuvo la característica de lograr, con el tiempo, el cambio de facciones en el poder, la reforma del gobierno y de la misma sociedad y la implantación del proyecto liberal de estado y nación. Esta rebelión contra los abusos de Antonio López de Santa Anna, sostenida por un grupo de hombres unidos en la defensa de sus intereses particulares, coincidió, en el momento de su aparición, con las aspiraciones de gran parte del país. Al principio no despertó demasiada inquietud y la prensa nacional se encargó de restarle importancia, pero el texto del plan, aparentemente de poca trascendencia, permitió la unificación de estratos medios federalistas liberales, oligarquías regionales y nuevas fracciones sociales emergentes de comerciantes-empresarios que buscaban imponer reformas políticas, económicas y sociales.
Los primeros enfrentamientos pusieron de manifiesto que se luchaba contra gente decidida, y que si el país estaba cansado de continuas revueltas, no por ello el movimiento recién comenzado dejaría de tener adeptos. Era el anuncio de la separación definitiva y tajante entre liberales y conservadores; el tiempo de la falta de definiciones políticas y de los términos medios comenzaba a quedar atrás. El campo de acción de cada facción se delimitaba cada vez más, viéndose que la moderación pronto sería una doctrina sin aplicación en el periodo que se iniciaba.
La noticia del pronunciamiento de Ayutla se dio a conocer en el departamento de Veracruz el 9 de marzo, gracias a una alocución del entonces gobernador, Antonio Corona, en la que planeaban las alternativas a seguir: el apoyo a la administración santanista o la adhesión a un movimiento que, en opinión del ejecutivo, carecía de plan político y sólo pretendía el sostenimiento de un “señorío feudal”. Tal parece que este hecho fue la señal esperada para iniciar una serie de revueltas a favor de la rebelión del sur que recrudecieron las persecuciones y los destierros.
El 10 de marzo los jefes y oficiales del puerto de Veracruz, el cuerpo municipal, la Aduana marítima, el Tribunal mercantil y la prefectura del distrito se sumaron al pronunciamiento. El 11 las tropas de la fortaleza de San Juan de Ulúa, comandancia principal de Marina, empleados públicos y clero regular y secular adoptaron una posición militar. El 12 se sublevó la guarnición de Xalapa, el 13 la de la fortaleza de San Carlos de Perote y el Tribunal Superior de Justicia del departamento, el 14 la Aduana xalapeña así como la administración de tabaco y la corporación municipal de la misma población, el 15 lo hicieron las autoridades, los empleados y las fuerzas militares de Coatepec, y así sucesivamente, desde el lejano Pueblo Viejo hasta el retirado Huimanguillo.
En respuesta a la efervescencia veracruzana, y a pesar de ser la región en donde el carisma santanista había tenido mayor impacto, se decretaron una serie de destierros y confinamientos. Antonio de Ma. I. Campos, autor del folleto “Veracruz, un tributo a la verdad” fue desterrado junto con Antonio Valía y D. N. Zayas; Juan Ortoll y Matías Ramírez resultaron confinados a Yucatán; y otros debieron salir del departamento: Ramón Vicente Vila, José Rafael Zamora, Pablo Campos, Ignacio Eizaguirre, José Ramón Campos, José Beiro, José Luis Ituarte, José Ma. Ruíz, Ignacio de la Llave y Alberto y Clemente López. Por otro lado, Corona publicó, el 2 de agosto, un bando en el que establecía la aplicación de la ley de conspiradores para aquellos que divulgaran “noticias falsas y alarmantes”, se expresaran “mal” del supremo gobierno y de las autoridades locales, ensalzaran la revolución o no denunciaran a los partidarios de Ayutla.
Cerca de dos meses después, el 20 de octubre, el caudillo veracruzano, con el objeto de continuar en el ejercicio ilimitado del poder por “votación nacional”, ordenó que del 1° al 3 de diciembre se recogiera el consenso de capitales, ciudades, pueblos y demás lugares de la República sobre la continuidad santanista en la presidencia. La verdad era que la fuerza de las armas no era suficiente para sofocar la revolución de Ayutla y entonces fingió satisfacer a la opinión pública por medio de un plebiscito. Al decir del gobernador Corona, en el departamento de Veracruz fue “unánime” la votación por el héroe de Tampico y con ese motivo se designó una comisión integrada por José Ma. Mora y Ángel G. De Lascurain, que se trasladó a México para felicitarlo. El 1° de febrero de 1855, el consejo de estado lo declaró dictador, con facultades ilimitadas para constituir a la nación por el voto “espontáneo” de los mexicanos.
Mas al mismo tiempo, y posiblemente debido a que la rebelión del sur ganaba adeptos, la política represiva se siguió practicando sin descanso. Por simples rumores de murmurar y de celebrar reuniones clandestinas los siguientes individuos fueron aprehendidos y remitidos de Tlacotalpan al puerto de Veracruz para iniciarles un proceso judicial: León y Francisco Carballo, Perfecto Hoyos, Francisco Medina, José Parra, Álvaro Guzmán, Manuel Pinelo, Clemente Reyes, Rafael Hernández, Pedro Lucas y José Ma. Malpica. El 10 de junio de 1855 Francisco Pérez, comandante general de Puebla, ordenó el traslado a otros puntos del país de varios prisioneros políticos que se hallaban en territorio poblano, cuya opinión contra el gobierno era pública, al igual que su papel revolucionario: Homobono Novoa, José Mariano Rosales y José Ma. Zambrano. En la misma circunstancia se encontró Ignacio de la Llave, político cuya influencia en la región cordobesa y orizabeña era indudable, quien de Orizaba había sido confinado, primero a Tehuacan y, posteriormente a Zacatlán. Así pues, Pérez dispuso su confinamiento: Novoa a Isla del Carmen, Rosales a Tabasco, Zambrano a Medellín y Llave a Yucatán. 66
En la realidad la rebelión armada se inició en territorio veracruzano a raíz de la fuga de Llave Rosales, que lograron escapar de sus captores a su paso por Xalapa, y por cuyo influjo se logró la rebelión de Córdoba y Orizaba en los primeros días de julio de 1855. El 5 de julio se pronunció en la población orizabeña la tropa del escuadrón de Córdoba que se posesionó en la ciudad, reduciendo a prisión a la oficialidad. Una vez ocupada la plaza, los sublevados enviaron a Córdoba una partida que se adueñó de la población fácilmente, a pesar de la resistencia de las autoridades políticas y militares, que carecerían de guarnición.
Corona, con fuerza procedentes del puerto de Veracruz y de Perote, puso sitio a Orizaba. En consecuencia, nadie podía transitar por este distrito ni por el de Córdoba sin el pasaporte correspondiente, en especial desde el momento en que se prohibió todo tráfico mercantil con la plaza orizabeña y con cualquier otra población que se encontrara en el mismo caso. El 12 de julio los rebeldes abandonaron a Orizaba y las tropas gobiernistas entraron a la ciudad sin encontrar resistencia, levantándose el estado de sitio. Sin embargo, como los sublevados ocuparon el Chiquihuite y los enfrentamientos armados se extendieron por la zona con Ignacio de la Llave, situado en el puente de Atoyac, el 30 del mismo mes se expidió otro bando que prohibía de nuevo el tránsito de personas y efectos de comercio entre el puerto de Veracruz y la región por el camino principal que subía al Altiplano.
Empero, ya las fuerzas santanistas estaban en desbandada. Cercado el gobierno dictatorial por todas partes, escaso de fondos, dudando de la fidelidad de sus tropas y sin poder sofocar la rebelión sureña que se extendía a otros departamentos, fue evidente que no podría mantenerse en el poder. Antonio López de Santa Anna abandonó la ciudad de México el 9 de agosto rumbo a la tierra natal, con el pretexto de dirigir las operaciones militares y restablecer el orden público. Lo cierto fue que prefirió refugiarse en su área de influencia, en donde se encontraban sus raíces familiares y en donde, de una manera u otra, siempre tuvo apoyo, además de contar con una puerta de salida: el puerto de Veracruz. Con una escolta de lanceros pernoctó en Puebla, siguió por Ojo de Agua y Nopalucan hasta llegar a Perote. Allí expidió, el 12, un manifiesto de despedida a la nación. Continuó hacia Xalapa, cuyo ayuntamiento encabezado por el prefecto político, Carlos Oronoz, lo cumplimentó en Banderilla, para pasar después a la plaza porteña. El 15 de agosto el Eco de Comercio dio la noticia de la presencia del caudillo en la ciudad y de su recibimiento por las autoridades locales. Hubo salvas de artillería, repiques de campanas y multitud en las calles. El 17 se embarcó en el vapor nacional “Iturbide” con todos los honores de ordenanza.
La desaparición de Antonio López de Santa Anna del escenario de la política mexicana y el desconocimiento de su triunvirato, dejaron al país en un estado de acefalía que pretendieron aprovechar los elementos que ahora ya pueden denominarse conservadores, que proclamaron el Plan de Ayutla en la ciudad de México el 13 de agosto, designando como jefe a Rómulo Díaz de la Vega. Era una mala transacción de las fuerzas reaccionarias, faltas de apoyo, con la rebelión triunfante. Se intentaba imprimir, a la marcha de los acontecimientos, una dirección que falseaba el espíritu de Ayutla. En ese mismo mes se dieron tres rebeliones más; sólo con los convenios de Lagos, celebrado el 16 de septiembre, y gracias a la labor diplomática desplegada por Ignacio Comonfort, se conjuró el peligro de caos creado por la división revolucionaria. 67
En Veracruz, sobre todo en la región central, la situación comenzó a variar para adecuarse a las nuevas circunstancias políticas. El 15 de agosto el ayuntamiento de la ciudad de Xalapa nombró una comisión integrada por Miguel Cástulo Alatriste, Ignacio Díaz Pérez, Ángel Benítez, José Joaquín de Lezama, Antonio Ma. Priani, José Ma. Rivadeneyra, José Ma. Rodríguez y Francisco Antonio Domínguez para que examinara el Plan de Ayutla y dictaminara lo conveniente, al igual que lo hacía sobre la propuesta de efectuar la designación de autoridades locales y departamentales. La decisión final fue la adhesión a la revolución del sur y el reconocimiento del gobierno provisional de la capital, misma posición que adoptó la guarnición de la plaza. Por su parte, las fuerzas militares de Orizaba, en reunión presidida por José Díaz de la Vega, se sumaron al acta levantada en la ciudad de México el 13 de agosto, como también lo hicieron las fuerzas de la fortaleza de San Carlos de Perote. Por su parte, las autoridades y vecinos de Coatepec acordaron, el 17, respaldar el documento levantado en Xalapa.
Sin embargo, los intentos formales por dar a Veracruz una nueva organización y por estructurar el poder político, ahora en manos de los estratos medios, partieron de Córdoba. Allí, el 18 de agosto, día en que la población secundó el Plan de Ayutla y las fuerzas de Llave entraron a la ciudad, el prefecto político del distrito, Ignacio Cevallos y Segura, constituyó en junta al numeroso vecindario que se había reunido y reconocido al jefe militar como gobernador del estado de Veracruz. Y como de aquí Ignacio de la Llave pasó a Orizaba, aquella plaza aclamó su designación, el 20 de ese mes, mientras Antonio Corona, gobernador y comandante santanista, se mantenía en su puesto, reconociendo al gobierno provisional.
Sucedió lo de siempre, el pronunciamiento del puerto de Veracruz hizo que la situación se volviera crítica y se buscaran soluciones rápidas y concretas. El mismo 18 de agosto el batallón militar se sumó a las fuerzas comandadas por Llave. Al día siguiente, 19, el prefecto político, la corporación municipal y las autoridades civiles y militares reconocieron como presidente interino de la República a Marín Carrera, bajo la probable influencia de Corona. La división revolucionaria hacía acto de presencia en territorio veracruzano.
El gobierno del centro, deseoso de obtener el reconocimiento de Ignacio de la Llave, comisionó a Francisco Villanueva para que lo entrevistara y lograra algún acuerdo. Ambos individuos celebraron entrevistas, entre el 20 y el 21 de agosto, en las que acordaron la obediencia a la autoridad de la Llave por parte de los jefes militares locales y el acatamiento de las disposiciones de la administración de la ciudad de México que no lesionara a Veracruz. Después de esto el caudillo liberar marchó sobre la plaza porteña logrando la destitución de Corona y la ocupación del puerto, en medio del entusiasmo de toda la población.
Llave entró a la plaza porteña el 28, sin ningún incidente, y se le invistió con el carácter de gobernador. En el paradero del ferrocarril recibió a la diputación enviada por el ayuntamiento compuesto por José de Emparan, Pedro Landero y Joaquín Cetina. Hubo valla militar, música y discursos. Se restablecía en el territorio veracruzano el sistema republicano, federal constitucional. 68
66 Manuel B. Trens. op. cit., t. V, p. 45-81.
67 Ibid., p. 101-120.
68 Carmen Blázquez Domínguez, Veracruz liberal, 1858-1860, México, El Colegio de México, Gobierno de Veracruz, 1986, p. 23-37.
Las perspectivas del cambio político
Apenas instalado el nuevo gobierno liberal encabezado por Juan Álvarez, ya había en el país elementos contrarrevolucionario. Al paso de los meses fue evidente que los progresistas agrupados en torno al viejo caudillo suriano lo lograrían alcanzar, al menos en esta etapa, el clima de estabilidad que requerían las reformas anheladas desde los años treinta; una gran parte de los militares , los líderes conservadores y los integrantes de la oligarquía centralista se negaron a considerar el fracaso santanista como su propia derrota, de manera que tampoco aceptaron el triunfo de los estratos medios. La promulgación de leyes radicales como la ley Juárez, preparada y expedida por Benito Juárez el 23 de noviembre de 1855, que suprimía los fueros eclesiásticos y que excluía del voto electoral a los clérigos, es decir, que establecía la igualdad jurídica; la ley Lafragua, obra de José Ma. Lafragua, publicada el 28 de diciembre del mismo año, que reglamentó la libertad de prensa, sosteniendo el derecho de imprimir y circular opiniones sin previa censura pero responsabilizando a editores e impresores del apego a las formas legales; la Ley Lerdo promulgada por Miguel Lerdo de Tejada, el 25 de junio de 1856, que transmitía a los inquilinos de fincas urbanas y a los arrendatarios de fincas rústicas la propiedad de tales bienes, reconociendo a favor del clero el valor de las fincas y pagando como rédito lo que anteriormente se pagaba como renta; y la ley Iglesias, presentada por José Ma. Iglesias, el 11 de abril de 1857, que señalaba los aranceles parroquiales para el cobro de derechos o obvenciones y que previno de bautizos, amonestaciones, casamientos y entierros de los pobres no causaran derechos, todas fueron disposiciones que acentuaron la inconformidad de partidos y clases sociales cuya crisis final se presentó en los debates del Congreso Constituyente, ante las perspectivas de elaborar un nuevo código fundamental.
En lapso transcurrido entre el triunfo de la revolución de Ayutla y la promulgación de la Constitución de 1857 fue tiempo de efervescencia política y social. La frecuencia de las revueltas y pronunciamientos pusieron de manifiesto la debilidad del régimen que se iniciaba y la falta de consolidación del bloque en el poder, en el que repercutían en antagonismo conservador a la política liberal y las divisiones entre moderados y puros. Juan Álvarez, ante la imposibilidad de seguir en un puesto que presentaba tantos problemas, y sin facultades para dominar la pugna entre facciones que presagiaba la violencia de las luchas por venir, al mismo tiempo que las dificultades para cimentar la paz, cedió su lugar a Ignacio Comonfort, un liberal moderado. Las diferencias políticas, que se fueron haciendo cada vez más tajantes, obstaculizaron una de las primeras metas del gobierno provisional de Comonfort, el control nacional.
En el caso de Veracruz, habría que indicar que la agitación nacional también repercutió en el estado en donde los esfuerzos del grupo liberal en el poder se encaminaban a la creación de estructuras que permitieran, a partir de una base legal, el dominio político efectivo y la transformación de la sociedad. Múltiples eran los problemas que debieron abordarse: desaliento de las clases acomodadas, paralización del comercio, inseguridad del sistema de comunicaciones, constantes levantamientos armados, escasez de recursos y deterioro de agrícola e industrial.
Los gobiernos provisionales de Ignacio de la Llave y de Manuel Gutiérrez Zamora, ambos integrantes del grupo liberal veracruzano, con áreas de influencia definidas, pusieron en marcha una serie de reformas siguiendo lineamientos políticos similares. El primero se ocupó de los mandos político y militar de la entidad del 30 de agosto de 1855 al 8 de abril de 1856, en que el gobierno provisional designó al segundo para encargarse del gobierno veracruzano, mientras Llave ocupaba la comandancia general: Gutiérrez Zamora, por su parte, desempeñó su cargo hasta el 22 de junio de 1857 en que fue elegido gobernador constitucional. Se destituyeron a todas las autoridades estatales que habían funcionado desde 1853, incluyendo las municipales. Luego, el 13 de septiembre de 1855, se formó una junta Constituyente integrada por individuos de reconocido prestigio social y filiación liberal: Manuel Díaz Mirón, Manuel Ma. Pérez, León Carballo, Francisco Hernández Carrasco, Francisco Talavera, Bernardo Sayago y Ángel Lascurain, quienes elaboraron el Estatuto Orgánico, publicado el 10 de octubre, que regiría a Veracruz mientras se efectuaban las elecciones y se decretaba la constitución local.
Fue en ese momento cuando se hizo evidente que las oligarquías regionales y los estratos medios liberales y federalista, que con la victoria de Ayutla lograron retomar el poder, encontraron en los intereses de la fracción emergente de comerciantes-empresarios un asiento fuerte y consolidado sobre el cual descansar sus proyectos de organización social. Pese al carácter transitorio del estatuto mencionado, su contenido reflejó esa circunstancia, al igual que la fluctuación de los liberales veracruzanos, entre el proteccionismo y el libre cambio; algunas de las medidas adoptadas buscaban establecer bajo tributación y limitar las funciones del gobierno a aquella de “árbitro y política”, en tanto que otras pretendían definir con claridad el campo de acción de cada uno de los tres poderes y respetar el sufragio popular. Su base fundamental fue el respeto a los “derechos naturales del hombre”: libertad, igualdad, propiedad y seguridad y, a partir de estos principios, se reglamentaron las facultades y tareas del ejecutivo y demás funcionarios gubernamentales, así como los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía. Especificó, también, la creación de un consejo de Gobierno, consultivo y provisional, integrado por Mariano Vega, José de Emparan, Manuel Zárate, Manuel Díaz Mirón y Ángel Lascurain, veracruzanos cuya experiencia política provenía de su desempeño en cargos municipales y estatales.
En términos generales, las disposiciones descritas, incluyendo la formación de estructuras de poder, respondieron a las necesidades del grupo liberal. Para asegurar la permanencia del régimen que encabezaban y dar a sus acciones fuerza legal, era menester contar con el respaldo de las clases acomodadas, especialmente de familias criollas involucradas en prácticas mercantiles e inversiones empresariales a las que pertenecían gran parte de los liberales veracruzanos. Basta decir que tanto los dos gobernadores provisionales como los miembros de la junta Constituyente y los miembros del consejo de Gobierno formaban parte de las fracciones sociales surgidas a raíz de la independencia. 69
Una vez instituida la legalidad del régimen y fijadas las metas a seguir, se llevaron a cabo elecciones municipales con la pretensión de que los nuevos comicios quedaran en manos de las fracciones sociales dominantes. Paralelamente se expidieron disposiciones para iniciar la reorganización del sistema judicial, de la guardia nacional, de la educación y de los proyectos de colonización. Con respecto a los diferentes ramos de la economía local, la política adoptada entre 1855 y 1857 puso de manifiesto la fuerza de los grupos mercantiles, en especial los del puerto de Veracruz. Se intento el arreglo de las rentas públicas, de la recaudación fiscal y de la deuda interna para conseguir un mayor orden en las finanzas del estado y dotar a éste con los recursos indispensables, sin afectar en demasía a las clases acomodadas, por lo que se mantuvo el sistema de alcabalas. En el lapso que nos ocupa, sólo hubo una providencia de orden general relacionada con la suspensión del pago de impuestos sobre efectos de primera necesidad como carbón, leña, maíz, frijol y frutas, suspensión motivada por las dificultades que enfrentaba la población veracruzana para cubrir su importe.
La forma como los liberales comenzaron a estructurar la administración estatal despertó, como era de esperarse, una gran efervescencia que desembocó en brotes de violencia, cada vez más frecuentes, en los que de igual forma influyeron los trabajos del Congreso Constituyente reunido en la ciudad de México y la expedición de leyes radicales. Según apunta Jan Bazant, el decreto de desamortización de fincas rústicas y urbanas se puso en práctica en Veracruz poco después de su promulgación, y el proceso de desarrollo en la segunda mitad de 1857. Para entonces se había dispuesto de 269 fincas de corporaciones civiles y religiosas, lo que en opinión del autor demostraba la ausencia de resistencia eclesiástica y el empeño de las autoridades y grupos liberales locales por lograr la transformación de la propiedad. 70
En la Huasteca, amén de las sublevaciones indígenas, de los terratenientes y caciques, motivadas por la tenencia de la tierra, los distritos de Tuxpan y Tampico de Veracruz, Tancanhuitz, Huejutla en Hidalgo y el sur de Tamaulipas, volvieron a levantar la vieja demanda para la formación de una entidad independiente, a la que pretendían denominar Iturbide. En la región de Sotavento hubo conatos de rebeliones indígenas en los alrededores de Jáltipan, Minatitlán y Acayucan además de los pronunciamientos contrarios al movimiento de Ayutla. Por su parte, en la zona central tuvo lugar el levantamiento de la guarnición de San Juan de Ulúa, controlada por el gobierno del estado, y las plazas de Córdoba, Orizaba, Xalapa, Coscomatepec y Naolinco resistieron las consecuencias de la sublevación conservadora de Puebla, ya que las fuerzas batidas se dispersaron por esos rumbos.
La mayoría de los pronunciamientos pudieron ser sofocados pero el descontento de la población veracruzana estaba latente. Al igual que sucedía en el plano nacional, las esperanzas de una era de armonía y progreso se esfumaron al inicio de 1857. Las perspectivas de una próxima administración constitucional no disminuyó la intranquilidad de la sociedad mexicana, ni puso fina la crisis. Los conservadores apelaron a todos sus recursos para impedir la promulgación de la Constitución, y se preveía la escisión del partido liberal, temiéndose un golpe de estado, encabezado por Comonfort en sentido opuesto al trazado por el código fundamental.
La promulgación de la Constitución federal, en febrero de este año, y el decreto de 17 de marzo que estipulaba su juramento, tuvieron una violenta acogida en territorio veracruzano. El 22 del mismo mes se conoció la orden para su publicación y jura. En la capital de la entidad, el puerto de Veracruz, ambas ceremonias tuvieron lugar el 29 y 30; fueron actos festivos y bulliciosos, probablemente por el carácter abierto de sus habitantes y por el hecho de constituir la sede de los poderes estatales, lo cual resultaba benéfico para sus actividades e intereses, sin contar que un nativo del puerto, como lo era Gutiérrez Zamora, ligado a los grupos mercantiles, ocupaba la gubernatura en forma provisional. Por el contrario, en el resto de la provincia los festejos fueron tristes y sombríos. Muchos de los ayuntamientos rechazaron el decreto de 17 de marzo y suspendieron las actividades municipales. Los cabildos de Xalapa y Córdoba resultan ejemplos claros de esta situación.
No obstante las múltiples dificultades que enfrentaban, el gobierno de Veracruz siguió desplegando múltiples actividades, legislando para la creación de infraestructuras que facilitaran el control político, y aplicando las disposiciones emanadas de la Federación. Por este motivo, una vez publicado el decreto que establecía el juramento de la Constitución, se decretó la celebración de elecciones. Entonces el clima de agitación aumentó, por tenerse que elegir a un mismo tiempo gobernador, legislatura local, diputados federales, magistrados de la Suprema Corte de Justicia y presidente de la República. Se eligieron 18 diputados, 9 propietarios y 9 suplentes, varios de ellos sin gran prestigio público pero representantes de intereses regionales concretos, como es el caso de Luciano Jáuregui, Manuel Núñez y Manuel Llorente, ligados a viejas y pudientes familias de la Huasteca, o León Carballo, propietario tlacotalpeño. Asimismo, se nombraron 7 representantes locales: Juan Lotina, José de Emparan, Manuel A. Romo, José Ma. Mena, F. Cabrero, Mariano Lazcano y Francisco de O. Mora y Daza.
De todas las elecciones celebradas quizá la que despertó mayor interés fue la del gobernador del estado. Hubo cuatro candidatos principales: Manuel Gutiérrez Zamora, Ignacio de la Llave, José Ma. Mata y Juan Soto y de un total de 320 votos emitidos por otros tantos electores, el primero obtuvo la mayoría, lo que dejó entrever la fuerza de los grupos asociados con los intereses mercantiles, quienes esperaban del nuevo gobernante una etapa “progresista”. 71
La legislatura veracruzana se instaló en el puerto de Veracruz el 21 de junio de 1857, bajo la presencia de José de Emparan, y en la misma fecha los diputados locales expidieron un decreto, declarando a Gutiérrez Zamora gobernador constitucional de la entidad, quien continuó la línea política ya descrita, siguiendo adelante con la reorganización estatal a pesar de los rumores cada vez más insistentes de un golpe de estado. El 1° de octubre se dio a conocer la ley federal sobre clasificación de rentas, el 18 de noviembre se expidió la Constitución local y se continuó promoviendo la colonización en algunas partes del norte y del sur de la entidad. Hubo, además, en estos años, dos asuntos derivados de la política federal, que aumentaron las divergencias políticas de la sociedad regional: la expedición del decreto federal del 6 de junio que imponía una fuerte contribución al tabaco y el privilegio ferroviario que Comonfort otorgó a Manuel Escandón el 31 de agosto, disposiciones que lesionaban intereses regionales.
Todo el despliegue de actividad que hizo el gobierno veracruzano encabezado por Manuel Gutiérrez Zamora, entre junio y diciembre de 1857, no puso fin a la crisis política en la entidad, ni contribuyó a calmar los ánimos, también exaltados por los eventos nacionales. De la misma forma que sucedió en el Congreso Constituyente, el primer Congreso Constitucional quedó en manos del grupo liberal, quedan do excluidos de él los conservadores por voluntad propia, así que la nueva asamblea quedó en manos de la facción “progresista” dispuesta a continuar las reformas iniciadas por los constituyentes, sobre todo en materia religiosa. Como resultado, la reacción hizo todo lo posible por retardar su instalación ante el peligro que significaban sus próximas labores.
Ahora bien, los problemas que asolaban la entidad veracruzana tales como la paralización del movimiento mercantil, la inseguridad de los caminos, la inestabilidad de la provincia y el descontento de la oligarquía local por la concesión ferroviaria y el gravamen sobre el tabaco, motivaron el traslado del gobernador de Veracruz a la ciudad de México para conferenciar a Comonfort sobre diversos asuntos de “interés para el servicio público”, quedando al frente de la gubernatura José de Emparan. El viaje duró poco más de un mes, del 8 de agosto al 11 de septiembre, y el objeto y resultado de las conversaciones sostenidas entre ambos mandatarios son materia de conjeturas, aunque probablemente se relacionaron con el desaliento que los dos sentían ante el futuro del país.
Lo cierto es que no era el único liberal veracruzano en considerar la crisis política desde este punto de vista. Entre los mismos diputados locales imperaban dudas y temores que no deben interpretarse como vacilaciones en su filiación política e ideología o en el camino a seguir, sino en el momento oportuno de realizar reformas. El panorama descrito coincidió con el resurgimiento de las sublevaciones en Tuxpan, Tantoyuca, Tantima, Teposautla, Xalapa y Jalacingo, obstaculizándose las comunicaciones entre la costa del Golfo y del Altiplano. 72
Las conspiraciones, los levantamientos armados, la inseguridad de los caminos, y sobre todo, la falta de viático ocasionados por la escasez de recursos, impedían la llegada de los diputados a la capital, de manera que la apertura de las sesiones del Congreso, el 8 de octubre, resultó un acto sombrío. El discurso del primer mandatario, que asumía legalmente la presidencia el 1° de diciembre, fue una narración de la situación política y económica del país, sin demostrar ningún entusiasmo por la Constitución con la cual tendría que gobernar. 73
Para diciembre de 1857 la revolución armada era ya inevitable. El caudillo de Ayutla, ante el dilema del gobernador con el código fundamental y enfrentar la rebelión conservadora o considerarlo nulo por impracticable, se decidió por la primera alternativa. El 17 de ese mes Félix Zuloaga, el hombre de su confianza, se pronunció en Tacubaya y ocupó la ciudad de México sin ninguna dificultad. Como bien ha dicho Francisco Bulnes, Ignacio Comonfort, el sostén del equilibrio moderado, había cambiado los títulos de su investidura presidencial por los de un “miserable revolucionario”. Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, fue encarcelado junto con otros liberales, el presidente se adhirió al movimiento y el Congreso, después de protestar con vehemencia, se disolvió. Comisionados del nuevo orden salieron de inmediato a diversos puntos de la República para asegurar la lealtad de las entidades federativas y se dio a conocer, telegráficamente, la situación imperante en la capital a los gobiernos de Guanajuato y Veracruz.
En territorio veracruzano se recibió la noticia de la proclamación del Plan de Tacubaya el mismo 17 de diciembre. Según señala Manuel Payno en sus memorias sobre la revolución de 1857, Gutiérrez Zamora había sido contactado con anterioridad por Juan José Baz, uno de los conjurados, al igual que otros liberales de importancia, convencidos todos de la conveniencia del cambio político. 74 Tal parece que el gobernador veracruzano reunió en el puerto de Veracruz a los jefes y oficiales de los batallones de la guardia nacional e infantería y artillería de la plaza, dando a conocer la situación nacional. En la alocución que pronunció no hubo referencias a la Constitución, pero sí la afirmación de sus convicciones políticas y la necesidad de apoyar al ciudadano elegido presidente por sufragio “unánime” del pueblo.
No hubo problemas, los trabajos de Baz habían sido efectivos y la influencia de Gutiérrez Zamora en su tierra natal era notoria; las fuerzas militares aceptaron el estado de cosas y al día siguiente lo hizo la corporación municipal. Acto seguido, por medio de “violentos extraordinarios”, se remitieron circulares a los departamentos y municipios en las que exigía la adopción del referido plan. En respuesta a las exhortaciones del gobernador, y a los sucesos porteños, diferentes partes del estado manifestaron su adhesión al caudillo de Ayutla. El 17, la guarnición de la fortaleza de San Carlos de Perote estuvo de acuerdo en secundar el pronunciamiento de Tacubaya y el 19 la vecina Xalapa emitió su postura; entre el 20 y el 24 siguieron el mismo camino Alvarado, Tuxpan, Tlacotalpan, Cosamaloapan, Catemaco, San Andrés y Santiago Tuxtla.
Los liberales veracruzanos que se hallaban con Gutiérrez Zamora en el puerto de Veracruz fueron coherentes con la actitud del ejecutivo y, aunque algunos autores locales opinan que la mayoría de las autoridades estatales hizo lo mismo, resulta aventurado aceptar sin reservas una conclusión de este tipo. Hubo poblaciones que, sin vacilar, apoyaron el Plan de Tacubaya, debido sobre todo a la influencia ejercida por el gobernador y sus seguidores, pero la verdad es que no todos los liberales estaban concentrados en la plaza porteña, ni todos los núcleos urbanos se mostraron accesibles a las exigencias de Gutiérrez Zamora, como sucedió con Córdoba y Orizaba.
En realidad, en un principio, no existía uniformidad en las opiniones sobre el cambio político y fueron las circunstancias las que moldearon la definición constitucionalista de Veracruz. Para comenzar la legislatura local se obtuvo, al menos públicamente, de manifestar su conformidad o rechazo en un lapso de 17 días, que mediaron entre la adhesión al Plan de Tacubaya y el despronunciamiento de la entidad. Los liberales veracruzanos que se hallaban vinculados a la política nacional por cargos federales, como es el caso de José Ma. Mata, Miguel Lerdo de Tejada, José Emparan e Ignacio de la Llave, se mantuvieron a la expectativa y su reaparición en la escena política se efectuó a finales de diciembre. Su regreso a Veracruz fue quizás uno de los factores que influyeron en el despronunciamiento del Estado.
El 19 de febrero se recibieron en la ciudad de México las actas levantadas en el puerto de Veracruz, y más adelante las que se levantaron en el mismo sentido. Empero faltaban las de dos poblaciones de relevancia: Córdoba y Orizaba. Parece que por esos días, Llave, nativo de la región, abandonó la capital con el objeto de allanar personalmente las dificultades surgidas para la adhesión al Plan de Tacubaya. La situación en ambos puntos no era clara a pesar de que el 23 del mismo mes, aparentemente: se presentaron vacilaciones y contradicciones que llevaron a una posición contraria. El 25 elementos políticos y militares de las dos plazas se declararon por el sostenimiento del régimen constitucional, cuestionaron la autoridad de Gutiérrez Zamora, designaron jefe del movimiento al propio Ignacio de la Llave y acordaron ofrecer asilo a aquellos en quienes recayera la continuidad del orden legal.
Pos lo regular se ha atribuido a la influencia exclusiva de Ignacio de la Llave el despronunciamiento de Córdoba y Orizaba, así como la rectificación política de Manuel Gutiérrez Zamora, en los últimos días de diciembre de 1857, ocasionando con ello el descontento del Plan de Tacubaya en el estado de Veracruz. Es verdad que esto constituyó un factor determinante, pero también existieron otras circunstancias que deben tomarse en cuenta, como el descontento de liberales locales, que paulatinamente fue tomando fuerza hasta lograr influir en el ánimo de sus dirigentes; las noticias contradictorias procedentes del Altiplano; la resistencia de los liberales capitalinos; el regreso de los diputados federales veracruzanos como José Ma. Mata y la inseguridad del propio gobierno estatal, cuya legalidad se veía cuestionada.
Llave, después de su designación como jefe de las fuerzas armadas de la entidad, se pronunció a la cabeza de tres mil hombres de las guardias nacionales de Córdoba y Orizaba, secundado por los levantamientos de Huatusco y Coscomatepec. Este hecho, junto con la falta de información sobre lo que realmente pasaba en la ciudad de México, de lo que Comonfort pretendía y podría lograr, hizo que los liberales porteños fueran permeables a las presiones de las figuras del partido liberal regional. El 30 de diciembre el ayuntamiento y la guarnición del puerto de Veracruz, con el visto bueno del gobierno de Gutiérrez Zamora, desconoció el Plan de Tacubaya e igualmente, en los días siguientes, volvieron al orden constitucional Xalapa, Perote, Cosamaloapan, Jalacingo, Misantla, Tuxpan, Tlacolulan, las Vigas, Acayucan, la Antigua y Coatepec.
El 3 de enero de 1858 el gobernador veracruzano dio a conocer una proclama en la que explicaba su conducta política, aduciendo el “bien de las instituciones liberales”. El 11 del mismo mes remitió una comunicación al Congreso local en la que solicitaba su enjuiciamiento por haber elegido un medio “ilícito” para lograr el triunfo de la “causa de la libertad”. El 12 la legislatura veracruzana, bajo la presidencia de Emparan, acordó diferir el examen de la conducta del ejecutivo hasta que concluyera la crisis política y el 13 clausuró sus elecciones, habiendo dictado una serie de disposiciones para enfrentar la guerra civil: Veracruz reasumió su soberanía, se otorgaron facultades extraordinarias a Gutiérrez Zamora, se decretó el enlistamiento general, se especificó la creación de un consejo de Gobierno y se establecieron rebajas al comercio, de 20% sobre los derechos de importación y de 10% sobre los de internación.
El gobernador veracruzano, en uso de sus facultades extraordinarias, designó consejeros de su gobierno a José Ma. Mata, José de Emparan y José Ma. Mena, representantes de los grupos políticos de las cuatro poblaciones centrales, y reglamentó las medidas de los legisladores acerca del movimiento mercantil. Más adelante, el 16 de enero, acordó la asociación del estado con los de Puebla y Oaxaca para restablecer el orden legal, en tanto Llave era nombrado general en jefe de la primera división de Oriente. 75
69 Jan Bazant, Los bienes de la Iglesia en México (1856-1875), Aspectos económicos y sociales de la revolución liberal, México, El Colegio de México, 1971, p. 86-87.
70 Carmen Blázquez Domínguez, Veracruz…, op. cit., p. 29-40.
71 Ibid., p. 51-52.
72 Ibid., p. 41-50.
73 Manuel Payno, Memoria sobre la revolución de diciembre de 1857 y enero de 1858, México, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1860.
74 Carmen Blázquez Domínguez, Veracruz…, op. cit., p. 58-69.
75 Ibid., p. 70-74.
Guerra civil y la segunda reforma
La contrarrevolución del estado de Veracruz fue el golpe de gracia para el caudillo de Ayutla. Se creyó perdido e intentó acercarse a la coalición que habían formado las entidades rebeldes, sintiéndose, erróneamente, dueño de la situación militar capitalina. La sospecha de que intentaba una reconciliación con los liberales produjo el movimiento del 11 de enero de 1858, en el que las tropas de la Ciudadela, San Agustín y Santo Domingo se sublevaron a favor de Félix Zuloaga. Las vacilaciones del presidente llegaron a su fin; no le quedaba más remedio que poner en libertad a Juárez para entregarle la presidencia, que le pertenecía por ministerio de ley, y abandonar el país. Salió de la ciudad de México, rumbo al puerto de Veracruz; en Perote fue recibido por José Ma. Mata como representante del gobierno local, en Xalapa publicó un manifiesto y el 17 de febrero se embarcaba hacia los Estados Unidos. Atrás dejaba la tajante división entre liberales y conservadores y la lucha sin tregua: la guerra civil.
Paralelamente a la salida de Juárez y sus seguidores de la ciudad de México, y a su errático andar por el Bajío, el grupo liberal veracruzano aprestó a la entidad que se avecinaba. Como en estas fechas ninguno de los dos bandos tenía una clara visión de lo que sucedía en el país, las providencias adoptadas por Manuel Gutiérrez cuatro meses antes de la llegada del gabinete juarista al puerto de Veracruz, de enero a abril, estuvieron rodeadas de rumores sobre contrarrevolucionarios y divergencias liberales. La prensa nacional comentaba en sus columnas la incertidumbre que existía respecto a la seguridad del cambio político del grupo liberal local, pero éste ya había definido su posición, a pesar de las discrepancias que existían entre sus integrantes, acerca de las medidas extraordinarias practicadas por el gobernador veracruzano, que afectaban en mayor o menor grado intereses regionales, o en la forma como se condujeron las operaciones militares. Debe indicarse que, en medio de la confusión reinante, se establecieron contactos con el gabinete juarista, especialmente a través de Llave, y se reconoció la autoridad del presidente interino.
El estado de guerra demandó una serie de disposiciones para mantener un relativo control de la entidad, afirmar el dominio político, aumentar las fuerzas militares y obtener recursos. Se decretó la estricta vigilancia de viajeros y la requisa de armas y municiones en poder de particulares; se castigaría como conspiradores a quienes difundieran noticias “falsas o alarmantes”; se puso en vigor la ley de 28 de diciembre de 1855, para evitar los “abusos” de la libertad de expresión a través de la prensa; se facultó a los jefes políticos para formar guardias nacionales; se dispuso de las rentas federales, además de las rebajas de 20 y 10% ya mencionadas sobre derechos de importación e internación; y se eliminó provisionalmente la oficina recaudadora de contribuciones, transformándola en una sección de la tesorería estatal para centralizar las rentas y disponer de algún efectivo real.
Y como la escasez de recursos y la presión de la guerra fueron en aumento, se dictaron dos disposiciones más. El 25 de marzo se dispuso de un descuento único sobre el sueldo de los empleados federales, estatales y municipales residentes en la entidad, que correspondería a la cuarta parte de los salarios del mes de abril. Luego, el 1° de abril, se ordenó la intervención de los bienes eclesiásticos. En un breve decreto, compuesto de tres artículos, el gobernador veracruzano explicó la determinación adoptada, esgrimiendo como argumentos principales la autorización que el clero hacía de sus bienes y la necesidad de alcanzar el triunfo constitucionalista, no sólo por la fuerza de las armas. 76
Lógicamente las providencias adoptadas por Manuel Gutiérrez Zamora no fueron aceptadas con el unánime beneplácito de la población veracruzana, sobre todo de algunos comerciantes. Las prevenciones aduanales tuvieron como reacción el decreto de 15 de febrero dictado por la administración de Zuloaga, ordenando el pago de los derechos de importación e internación en la ciudad de México, de manera que el sector mercantil se veía expuesto a efectuar un doble pago. En forma similar, la intervención de los bienes de la Iglesia despertó fuertes protestas en aquellos puntos de la entidad en que el clero poseía mayor fuerza como Córdoba y Orizaba, pero en áreas como el propio puerto de Veracruz, el acontecimiento fue recibido con júbilo por el propio grupo liberal.
En medio de contradicciones y descontento, la guerra civil hizo su aparición en territorio veracruzano. En términos generales puede decirse que la contienda de Reforma o de Tres Años se desarrolló, con mayor o menor intensidad, a lo largo de casi todo el territorio nacional, pero uno de los principales puntos en donde se concentraron los enfrentamientos entre ambos partidos fue la plaza porteña. Por diversas circunstancias históricas, de todos conocidas, el puerto de Veracruz se convirtió, como veremos, en la residencia y refugio del gobierno constitucionalista. Consecuentemente, la reacción intentó aislarla, la sitió dos veces en este periodo y entorpeció sus relaciones con el resto de la entidad.
Entre marzo y diciembre de 1858, culminando con el pronunciamiento de Ayotla, que pretendió la formación de un tercer partido político que dominara el extremismo de los dos existentes, sustituyendo al gobierno de Zuloaga por el de Miguel Miramón, la reacción se adentró en Veracruz utilizando el sistema de comunicaciones para establecer, a partir de entonces, una especie de frente militar: por el rumbo de Xalapa las líneas conservadoras llegaron en ocasiones hasta Puente Nacional, mientras que por el otro lado fueron ocupadas las poblaciones de Orizaba y Córdoba. Los principales movimientos se efectuaron en la región central, quedando el resto del estado a merced del sistema de guerrillas o de partidas en tránsito. La ocupación militar de las poblaciones ubicadas entre las posiciones conservadoras y la plaza porteña fue móvil y dependió del desarrollo de las operaciones de guerra. En el norte, hacia la Huasteca, los enfrentamientos armados estuvieron sujetos a las acciones de las fuerzas de Juan José de la Garza en los alrededores de Tampico, o a la importancia que tenía el control de Tuxpan, Papantla y Misantla por su posición estratégica. En el sur, la guerra civil parece haberse desenvuelto por medio de guerrillas, sin un plan de combate formal.
Las continuas hostilidades afectaron a la economía local y suscitaron el descontento social. En el caso del puerto de Veracruz, los diversos sectores de la sociedad porteña y las autoridades municipales debieron adaptarse a las restricciones que imponía el mando militar y enfrentar problemas como reducción de libertad, destrucción de edificios, escasez de alimentos, especulación de precios, incomunicación, insalubridad, alistamiento forzoso y persecución política; desarrollaron además, una actitud común con las otras sociedades regionales, es decir, se empeñaron en continuar la ruina de la vida diaria, produciéndose una contradicción entre el sostenimiento de la Constitución y la defensa de intereses particulares.
Por otro lado, el sector mercantil nacional, y en este caso, principalmente el del puerto de Veracruz, constituyó uno de los apoyos del partido liberal y de su programa político porque sus miras coincidieron con las de la política económica de los liberales que, desde 1856, trataban de remediar su fragilidad apoyándose en grupos de comerciantes y empresarios, los que, a su vez, buscaban que desde un poder central fuerte y estable se garantizara la permanencia y ampliación de sus fuentes de acumulación de capital. A cambio de su respaldo el Partido Liberal otorgó concesiones para la construcción de obras de infraestructura, facilitó la apropiación legal de los bienes de “manos muertas”, instaló el libre cambio y dispuso reformas arancelarias para agilizar el intercambio internacional.
A diferencia de la plaza porteña, que durante los tres años de guerra civil sufrió la ocupación liberal, en el resto del territorio veracruzano repercutieron de diferente forma los “devastadores efectos” de la contienda armada. Las haciendas y los ranchos eran abandonados, o sus habitantes vivían bajo la constante amenaza del saqueo, los asaltos se incrementaron, las comunicaciones se interrumpieron, la agricultura y el comercio se hallaban paralizados, y los movimientos militares, la persecución política, los préstamos forzosos, las exacciones, los embargos, la leva, la escasez, el acaparamiento, la especulación y la falta de circulante, acompañaron las actividades cotidianas de la población local. 77
La definición política de esta población estuvo muy vinculada a los intereses locales y al descontento que causaban las secuencias de los enfrentamientos armados. Fueron las clases acomodadas las que, con el tiempo, tomaron partido auque algunos estratos populares se incorporaron a la lucha como grupos diversos y bandas irregulares que, por un lado defendían la religión y por otro sostenían la Constitución. No había una pureza ideológica o una clara identificación con los partidos políticos, y si se recibieron con muestras de agrado o disgusto las diferentes ocupaciones militares, hubo una tendencia general para acomodarse a las circunstancias extraordinarias: los sectores pudientes, debido a la conveniencia y protección de sus intereses, los grupos populares, por la necesidad de continuar su rutina diaria.
Quizás el mejor ejemplo de esta situación hayan sido los trabajos desarrollados por las corporaciones municipales, que observaron una actitud ambivalente frente a la entrada y salida de fuerzas liberales o conservadoras; aparentemente estuvieron dispuestas a colaborar, voluntariamente unas, obligadas otras, según las circunstancias del momento, pero junto a esa postura se hallaba el propósito de conservar el control político que detentaban, aduciendo el mismo argumento esgrimido por el puerto de Veracruz, es decir, la buena administración local era la base de la buena administración nacional. Existió, además, la inclinación de utilizar la presencia de autoridades políticas y militares para obtener beneficios económicos o políticos concretos. 78
El primer año de guerra, 1858, fue de triunfos conservadores logrados por Osollo, Márquez y Miramón, todos militares de carrera al mando de tropas disciplinadas, sobre los ejércitos improvisados de Degollado, Zaragoza, González Ortega y otros. Perdidos los estados de Jalisco y Guanajuato, y derrotada la coalición liberal del centro, se hizo necesario pensar en otra sede para el gobierno constitucionalista, en un punto cuya lealtad quedara fuera de toda duda y en donde se pudiera disponer de recursos y comunicación con el exterior. Veracruz, puerto marítimo en donde se recaudaba la mayor parte de los impuestos aduanales, resultó ser población indicada. Considerada y aceptada la conveniencia de trasladarse a la plaza porteña, el gabinete juarista abandonó Colima el 8 de abril, se embarcó a Manzanillo, cruzó el istmo de Panamá para pasar a La Habana, Nueva Orleáns y, finalmente, Veracruz.
Matías Romero, testigo presencial, describe en su diario el arribo del gobierno constitucionalista. Comenzaron a ver los contornos de la tierra firme hacia las doce del día del 4 de mayo, y para las cuatro de la tarde la silueta del puerto era claramente visible: la ciudad, el castillo de San Juan de Ulúa, el faro y los buques anclados en la bahía. A las siete el “Tennessee” fondeó en Ulúa y a las ocho, el gobernador veracruzano se acercó en una falúa de la aduana en la que transportaron a Juárez y sus ministros al puerto. Fue una fecha festiva en la que las cuestiones políticas fueron dejadas de lado. Las oficinas y el comercio cerraron las puertas y los porteños se concentraron en los portales, la plaza de armas y el muelle. Hubo música marcial, valla militar, Te-Deum en la Parroquia, desfile y discursos en los que se afirmó la filiación liberal de Veracruz y su deseo de que las autoridades federal y estatal se atuvieran a sus propios campos de acción. 79
La presencia del gobierno constitucionalista en el puerto de Veracruz imprimió un nuevo aspecto a la ciudad por la importancia política que adquirió y que la hizo el objetivo de los conservadores. El simple hecho de que el gabinete comenzara a funcionar fue apoyado en su legitimidad, no en proclamas, sino en el texto de la misma Constitución, y que se hallara establecido en la primera población portuaria de la República, convirtió la guerra en una cuestión de tiempo, fueran cuales fueran los triunfos de la reacción.
El año de 1859 se inauguró con el ascenso a la presidencia conservadora de Miramón y con la campaña sobre la plaza porteña como meta primordial. El nuevo mandatario comprendió que el núcleo más importante del Partido Liberal radicaba en el puerto; las comunicaciones portuarias, los ingresos aduanales y la permanencia en él de Juárez y sus ministros, hacían imprescindible su ocupación. Se hizo de recursos a través de préstamos forzosos impuestos a Guadalajara y Guanajuato, creación de una contribución de 1% sobre todo capital mueble o inmueble de mil pesos para arriba y permiso de introducir en la ciudad de México todas las mercancías detenidas en el puerto de Veracruz, a condición de que pagaran los derechos de 10 y 20%, que les eran descontados.
Abandonó la capital el 16 de febrero y bajó a la costa por la ruta de Córdoba y Orizaba, el 13 de marzo llegó a Soledad y el 16 estaba en Tejería después de batir fuerzas liberales de Llave, Ampudia y Traconis. El sitio duró 14 días, del 17 al 30 de marzo, hasta que el caudillo conservador debió retirarse por varias circunstancias. Por un lado, tuvo conocimiento de la movilización de Degollado hacia Guanajuato y Querétaro, con el evidente propósito de atacar la ciudad de México, por otro, la pólvora y los recursos que debían habérsele enviado no había sido recibidos. Pueden indicarse dos elementos más: la imposibilidad de abastecer de la producción local, quemada o confiscada por los constitucionalistas, y los estragos e insalubridad del clima de la “tierra caliente”. El 25 de marzo ordenó la retirada, replegándose por la misma ruta que utilizó en su descenso; el 2 de abril entró a Córdoba y el 11 estaba de regreso en la capital. 80
Ahora, como la lucha parecía no tener solución y los recursos normales se agotaron, tanto liberales como conservadores buscaron el apoyo del exterior. Los primeros se inclinaron por Europa, celebrando el tratado Mon-Almonte, mientras los segundos se decidieron, debido a la afinidad de principios, por los Estados Unidos, firmando el tratado de McLane-Ocampo. Esa fue una alternativa política para obtener los fondos y el respaldo que cada bando necesitaba; otra posibilidad más radicó en decretar la reorganización de la sociedad.
En julio de 1859, casi simultáneamente, los jefes de los partidos contendientes dieron a conocer los programas políticos que pretendían defender. El gobierno constitucionalista publicó el suyo el 7 de ese mes en el puerto de Veracruz; se sostendría la Constitución de 1857, a la vez que se anunciaba la separación de la Iglesia y del Estado. Los conservadores reconocieron en el suyo, fechado el 12 de julio, la necesidad de reformar la administración hasta cierto punto, ofreciendo mantener la independencia y las prerrogativas del clero.
Los primeros hicieron realidad su programa en el mismo mes de julio, al expedir, también en la población porteña, las llamadas Leyes de Reforma destinadas a evitar la intervención del clero en la política nacional y de iniciar un proceso de secularización y estructuración social. Dentro de esta legislación reformista, destacó la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos que, buscando segar las fuentes de riqueza con que las corporaciones financiaban rebeliones y revueltas, estipuló su nacionalización sin pago alguno, convirtiéndose en un instrumento legal para transferir la propiedad territorial hacia los latifundios laicos. Se pretendía crear una generación de pequeños propietarios urbanos y rurales que ampliaran las clases medias, en las cuales se fundamentaba todo el progreso del país. Sin embargo en la práctica no resultó así. Las facilidades de pago que estableció el gobierno posibilitaron que un reducido número de negociantes impidiera la distribución equitativa de la tierra para reconcentrarla en sus manos; los mayormente beneficiados fueron los latifundistas que anteriormente habían hipotecado sus propiedades a la Iglesia, los agiotistas, los usureros, los prestamistas, los comerciantes nacionales y extranjeros y los profesionistas liberales.
El curso de las reformas fue decidido, pues, por la fuerza de las fracciones de propietarios. En lo inmediato fortalecieron a las grandes haciendas y, en la medida en que las comunidades indígenas quedaron incluidas en la definición de corporaciones, facilitaron en despojo de las tierras comunales. Este hecho, donde la nueva “legalidad” aceleró y justificó los despojos violentos, condujo a la resistencia campesina contraria a las Leyes de Reforma y, por lo mismo, contra los liberales. En las ciudades la legislación reformista permitió el incremento del agio y de la especulación inmobiliaria, que desvió hacia esas actividades improductivas fuertes recursos líquidos, vía por la cual favoreció el desarrollo del capital comercial. Por otra parte, los ingresos obtenidos por el traslado de la propiedad tuvieron que destinarse para financiar la guerra y no al progreso económico, como en un principio se había supuesto.
Sin embargo, las Leyes de Reforma pusieron la base para integrar un sólido bloque de propietarios, comerciantes-hacendados, al margen de las ideologías liberal y conservadora, cuyo punto de unión era su posición a los bienes de la Iglesia. A través del proceso de secularización, y por lo consiguiente eliminación de los privilegios corporativos, los grupos oligarcas, que según las circunstancias eran liberales o conservadores, empezaron a unificarse en un nuevo mundo de propietarios. Sin proponérselo, la política agraria liberal permitió la vinculación de los terratenientes con las fracciones mercantiles ligadas con el comercio interior y exterior, iniciándose la formación de un nuevo eje de poder que requería una economía agroexportadora. La ideología liberal, con su énfasis librecambista, estaba unida a los intereses de esta fracción de propietarios y al proyecto de nación que deseaban construir.
En el caso de Veracruz, la nacionalización se puso en práctica inmediatamente, sólo que la movilización de capitales y propiedades no se efectuó con la misma rapidez. El traslado de propiedad decretado a mediados de 1859 se puso en marcha en medio de la contienda armada, cuando el control de la entidad era disputado por uno y por otro bando. En consecuencia, las operaciones de nacionalización se comenzaron en la plaza porteña, y de ahí se extendieron al resto del territorio veracruzano, a medida que las fuerzas de la reacción se retiraran y los constitucionalistas ocupaban pueblos y ciudades. 81
El año de 1859 finalizó con una situación adversa para la causa liberal. En el mes de noviembre se perdieron las acciones de Teotitlá, del Camino y de la estancia de las Vacas y se requerían recursos para reorganizar las tropas. Por su parte la reacción cifró sus esperanzas, cada vez más el triunfo militar, porque la promulgación de la legislación reformista hizo difícil la posibilidad de una avenimiento. Al inicio del año siguiente, 1860, las líneas conservadoras se extendieron por el Bajío y el sur de Jalisco disminuyendo el peligro de nuevos enfrentamientos armados por esos rumbos. Empero, la ilusión de una victoria definitiva se veía empañada por el hecho de que el territorio ocupado por las fuerzas de Miramón se mantenían en continua alarma por la actividad de pequeñas partidas constitucionalistas y porque, tanto Veracruz como Michoacán, todavía estaban en manos liberales.
Libre de la presión de los ejércitos de Degollado, el presidente conservador concentró su atención sobre la plaza porteña e inició la segunda campaña hacia la costa del Golfo. En esta ocasión organizó una junta de capitalistas para obtener un préstamo de $250 000 y eligió la ruta de Perote y Xalapa. El tránsito de Miramón y sus fuerzas por esta vía constituyó un homenaje forzoso, porque, por orden superior, los pueblos ubicados a la orilla del camino nacional tuvieron que poner arcos y flores a su paso. Entre el 14 y el 15 llegó a Xalapa, el 25 entró a Paso de Ovejas, el 28 pernoctó en Paso de San Juan y el 4 de marzo apareció frente al puerto de Veracruz.
El segundo sitio de la plaza porteña tuvo lugar del 8 de febrero al 7 de abril y en el tiempo que duró se evidenciaron las diferencias dentro de la facción liberal y los deseos de la reacción de llegar a una transacción. Asimismo se dio el incidente de Antón Lizardo, que significó la injerencia extranjera, española y norteamericana, en los asuntos nacionales, que ambos partidos justificaron a su manera. Después del fracasado sucedo marítimo, Miguel Miramón trató de parlamentar sin éxito de manera que, en respuesta al rechazo constitucionalista, cañoneó la ciudad por espacio de varios días. El resultado final fue similar al del año anterior; la capacidad militar del caudillo conservador se advirtió en las batallas de movimiento, pero la de Veracruz constituía un sitio, y sus tropas no pudieron ocupar el puerto ni por tierra, ni por mar. El 21 de marzo se retiró por el camino de Espartal, el 27 entraba en Xalapa y el 7 de abril a la ciudad de México. 82
A partir de la derrota de Miramón, la balanza de la guerra comenzó a inclinarse a favor de la causa de la legalidad y, a pesar de los intentos de transacción que se dieron en el último semestre de 1860, hacia diciembre la lucha tocó a su fin. La noche del 23 de ese mes, cuando el gabinete constitucionalista y las autoridades estatales y municipales de Veracruz se hallaban en el Teatro Principal, se recibió la noticia de que las tropas de González Ortega habían derrotado a Miramón en Calpulalpan y ocupado la ciudad de México.
76 Ibid., p. 78-79, 138, 153.
77 Ibid., p. 152-155.
78 Ibid., p. 87, 88.
79 Anónimo, Diario de los sucesos de Veracruz durante los días en que está amagada la plaza de los facciosos acaudillada por D. Miguel Miramón, México, Editorial Citlaltépetl, 1968, p. 5-29.
80 Jan Bazant, op. cit., p. 86-88.
81 Ibid., p. 205-234.
82 Carmen Blázquez Domínguez, “El proceso formativo…”, op. cit.
De nuevo los franceses
El gabinete juarista entró en la capital en enero de 1861. El resultado final de la guerra de Reforma era la instauración de un Estado que, por primera vez en el proceso histórico nacional, podía definirse como capitalista pero que estaba caracterizado por una profunda desorganización administrativa y un desequilibrio fiscal, agobiado por reclamaciones extranjeras sobre el pago de la deuda externa que hicieron peligrar su misma sobrevivencia.
La dureza con que la administración juarista inició sus gestiones fue muy criticada y provocó serias crisis ministeriales; estaba decidida a sostener la Constitución de 1857 y a evitar el resurgimiento de la reacción. A pesar de que sus verdaderas dificultades residían en las finanzas y en la necesidad de practicar realmente la nacionalización obstaculizada y reducida por la inestabilidad política, decretó el periodo de elecciones que debería dotar al país del nuevo orden constitucional.
En el estado de Veracruz fueron nombrados para integrar la legislatura local ocho individuos: Albino Carballo Ortegat, Miguel Huidobro González, Hilarión Pérez y Olazo, F. Cabrera, Manuel Ma. Alba, Manuel Díaz Mirón, Juan N. Llorente y Manuel Núñez Jáuregui. Este Congreso se instaló el 10 de marzo encabezado por Fernando de Jesús Corona en sustitución de Manuel Gutiérrez Zamora, quien falleció pocos días más tarde, el 21 del mismo mes. Como diputados federales resultaron elegidos Carlos Casas, Manuel Díaz Mirón, Francisco Hernández y Hernández, José Ma. Mata, Clemente López, Leonides Badillo, Eufemio Rojas, Manuel C. Tello y Francisco Maldonado.
Al abrir su primer periodo de sesiones, los legisladores veracruzanos publicaron un manifiesto en el que delinearon, a grandes rasgos, el programa de trabajo a seguir para encauzar la administración y el orden estatales: se harían efectivas las garantías constitucionales, desaparecerían las facultades extraordinarias otorgadas al ejecutivo, se analizarían con cuidado la administración judicial y la instrucción pública, se buscaría la apertura de vías de comunicación rápidas y baratas y se crearían juntas de higiene públicas.
Las aspiraciones plasmadas en la citada proclama llevaron a la insistencia en reestructurar la entidad, aunque fuera tan sólo a través de leyes y decretos y cuya aplicación se vio entorpecida por la inestabilidad política. El 15 de abril la legislatura local expidió la ley Orgánica Electoral del estado, a la que siguió el Reglamento Interior del Congreso, de 15 de mayo, y el 16 la ley Penal y de Procedimientos para juzgar a los ladrones. Días después, el 27 de dicho mes, se dio a conocer la ley Orgánica para Ia Administración Interior de la entidad y otras disposiciones más sobre colonización y vías de comunicación. 83
El 1° de junio de 1861, Ignacio de la Llave quedó al frente de la gubernatura, y el 30, al terminar los legisladores su primer periodo de sesiones ordinarias, presentó ante ellos una memoria de las labores realizadas hasta esa fecha, en la que reflejó el deterioro de la administración pública. Una de las medidas dictadas por la asamblea veracruzana, que tuvo graves repercusiones en la tranquilidad de la entidad, fue la realización de elecciones para jefes políticos de los cantones; los actos electorales fueron contraproducentes, alteraron el orden, exacerbaron las pasiones y despertaron las diferencias regionales.
La estructura judicial, por su parte, se hallaba en total desorden. Los encargados de ella estaban sujetos a trámites prolongados y a la observancia de leyes contrarias a las costumbres y a las necesidades de la época. De aquí la expedición del decreto 27 de junio, por el que se facultaba al ejecutivo para tomar las disposiciones que considerara adecuadas para conservar la seguridad del sistema de comunicaciones, y la orden gubernamental de 4 de julio, dirigida a los jefes políticos de los cantones para reprimir, incluso con violencia, el bandolerismo.
Sobre la instrucción pública sólo puede decirse que se hallaba considerablemente atrasada y que la instrucción secundaria era deficiente por falta de establecimientos adecuados y de recursos, misma situación de la hacienda pública, que se encontraba en bancarrota. Ni sus productos eran suficientes para cubrir el presupuesto estatal, ni contaba con una legislación que reglamentar las actividades hacendarias. Nada se había hecho a favor de este ramo desde los tiempos de la última dictadura santanista, que por el contrario se vio afectado, al declararse libres de derechos algunos artículos que antes los causaban. Además, las contribuciones directas, que únicamente pesaban sobre las fincas rústicas y urbanas, capitales en giro, profesiones y ejercicios lucrativos, se observaban con lentitud ante la resistencia de los causantes. 84
Desafortunadamente el esfuerzo emprendido por la legislatura del estado y por Llave para organizar a la entidad en medio de un orden recién establecido, apenas se iniciaba cuando, por segunda ocasión en el siglo XIX, estalló la guerra con los franceses. El conflicto se tradujo en la ruina del territorio veracruzano, una contradictoria legislación en vigor, destrucción de archivos, distracción de fondos y relajación de vínculos sociales.
En el plano nacional el país se debatía en la inestabilidad política y financiera. Juárez, electo presidente, y en uso de sus facultades extraordinarias que se le otorgaron para salvar la situación, decretó la suspensión del pago de la deuda exterior el 17 de julio de 1861. En realidad la medida estaba destinada a evitar la bancarrota, y si los acreedores extranjeros, franceses, españoles e ingleses hubieran reflexionado en ello, se habría visto que era la única posibilidad de reorganizar la hacienda, pacificar al país y cumplir los compromisos contraídos. El consentimiento no llegó y el problema financiero se complicó con un problema internacional.
La principal consecuencia de la suspensión del pago de la deuda exterior fue la llamada Alianza Tripartita. El conocimiento de la firma de los tratados entre Inglaterra, España y Francia llegó pronto a Veracruz, produciendo graves preocupaciones. Para comenzar, el 18 de noviembre de 1861 Ignacio de la Llave dirigió una comunicación al jefe político de la zona, Albino Carballo Ortegat, en que le advirtió la probabilidad de guerra extranjera, ordenándole la protección de los archivos oficiales; por las mismas fechas la corporación municipal solicitó que el gobernador le informara hasta qué momento debía permanecer al frente de la administración municipal.
El 26, el gobierno veracruzano convocó a las autoridades de la plaza porteña, jefe político y capitulares, para discutir las medidas que se adoptarían para seguridad de la población y servicio de los establecimientos de beneficencia. Allí se acordaron los siguientes puntos: todos los munícipes, a excepción de aquellos que pertenecieran a la guardia nacional, se ocuparían de los ramos municipales hasta que, llegado el caso de invasión, el invasor resolvería sobre la permanencia o disolución del cuerpo; el ayuntamiento informaría al gobernador el número de ciudadanos alemanes y norteamericanos que se hallaran en el puerto y que estuvieran dispuestos a formar una fuerza neutral que coadyuvara con la autoridad municipal a conservar el orden y la seguridad de las actividades mercantiles. Así, el cabildo en funciones quedó integrado por Francisco de P. Rosas, Juan Cruzado, Miguel Carrau, Manuel Oliver, José Zapari, Carlos Ritchie, Manuel Ma. Muñoz, José R. Carral, Francisco de P. Mirón y Lorenzo Eizaguirre. Por su parte, la legislatura local ordenó, el 3 de diciembre, el traslado de los poderes estatales a Xalapa durante el tiempo que fuera necesario y que durara el amago de guerra; el 9 suspendió sus sesiones y designó consejeros de gobierno a los diputados Manuel M. Alba, Juan M. Llorente y Francisco Cabrera.
El 29 de noviembre la escuadra y las tropas españolas, bajo el mando de Joaquín Gutiérrez de Rubalcava y Manuel Gasset, zarparon de La Habana y el 1° de diciembre se presentaron ante la costa veracruzana para fondear en Antón Lizardo el 10, en tanto las autoridades locales decidían la desocupación de la plaza y de la fortaleza de San Juan de Ulúa. Los baluartes y los fortines fueron desartillados; las piezas se enviaron al Chiquihuite y Puente Nacional a fin de proteger los caminos de Orizaba y Xalapa. El 14, dos de los buques hispanos se trasladaron al fondeadero de Sacrificios, desde donde remitieron al gobernador Llave pliegos intimidando a la rendición en un término de 24 horas, mismos que fueron rechazados. Ese días las tropas nacionales comenzaron a abandonar el puerto, al igual que gran parte de la población civil, que inmigraba a Xalapa, Orizaba y Medellín. Entre el 15 y 16 la plaza porteña había hecho saber al enemigo que la ciudad se hallaba indefensa, ya que las autoridades federales deseosas de evitar cualquier pretexto para romper hostilidades, habían ordenado la suspensión de las obras de defensa y de la guarnición. El 17 las tropas invasoras ocuparon la plaza y poblados circunvecinos, nombrándose gobernador civil y militar de Veracruz a Carlos Vargas Machuca ante quien presentaron su renuncia los capitulares porteños.
Ya desde el 23 de noviembre la línea de oriente se había encomendado a José López Uraga. A principios de enero del año siguiente, 1862, se contaba con las fuerzas de Ignacio Zaragoza, Francisco Lamadrid, Mariano Camacho y Antonio Álvarez, concentradas en Soledad, con las de Ignacio Mejía y Porfirio Díaz ubicadas en Orizaba, con las de Mariano Rojo situadas en Xalapa y con las de Mariano Cenobio distribuidas en varios puntos de la región central. El gobierno del estado, el 15 de ese mes y de acuerdo con el consejo gubernativo, declaró que se privaría de los derechos de ciudadanos a todos aquellos que aceptaran empleos, cargos o comisiones del invasor, y puesto que Juárez decretó el estado de sitio a toda la entidad, suspendió sus funciones, a fin de que López Uraga reasumiera el mando político militar. Este último designó comandante general de Veracruz a Llave, y el gobernador veracruzano nombró comandante del cantón de Xalapa a José Ma. Mata.
En los primeros días de enero arribaron a la plaza porteña la escuadra francesa y parte de la inglesa, y para el 27 se encontraban, en este punto, todas las fuerzas de la Alianza Tripartita, cuando la situación en la ciudad era poco halagadora; pendía sobre ella la insalubridad de la “tierra caliente”, la amenaza de la malaria y de la fiebre amarilla, la escasez de víveres y el acoso de las guerrillas de Cenobio. De ahí que se ordenara la salida de algunas tropas para la Antigua, Antón Lizardo y Medellín y que, posteriormente, Jurien de la Gravieré, hiciera construir carruajes por los obreros de la flota y comprara, a altos precios mulas y arneses para transportar hacia el interior la impedimenta y los efectos de su ejército. El 11, cuando los aliados tomaron Tejería, la fatigas experimentadas por las tropas aliadas en una marcha de 12 kilómetros, pusieron de manifiesto las dificultades de la misma, sobre todo si se encontraba resistencia armada; era necesario avanzar hacia las tierras templadas del primer escalón de la mesa central. Manuel B. Trens indica que el puerto de Veracruz, “reino permanente y mortífero del vómito negro”, sólo había ofrecido sus viejas y pobres iglesias, sus calles rectas y casi desiertas para evitar insolaciones, sus “típicos” montones de basura depositados ante las casas después del aseo matinal y el peligro de producir una epidemia ante el hacinamiento de cerca de 10 mil europeos, víctimas propicias de la insalubridad tradicional. 85
Ocupado el puerto de Veracruz por las tropas aliadas, se continuó la fortificación de los caminos que conducían al Altiplano. Se percibía una gran actividad para la formación de grupos militares y obtención de recursos, armas y alimentos. Por el lado de Xalapa, desde Puente Nacional hasta Pajaritos y las Animas, se trató de establecer un vasto campamento militar con emplazamientos armados en Corral Falso, El Encero y Dos Ríos.
El gobierno juarista trató de solucionar el conflicto a través de la política conciliadora y de los tratados diplomáticos. Las potencias aliadas enviaron comisionados a la ciudad de México para entregar a Juárez un pliego donde constaban sus demandas. Este último designó a Manuel Doblado, ministro de Relaciones Exteriores para entablar pláticas de avenimiento. Tales conversaciones se iniciaron en Purga para continuarse en la Soledad. Firmados el 19 de febrero de 1862, se convino por ellos que los aliados europeos ocuparían las ciudades de Córdoba, Orizaba y Tehuacan, ésta en el estado de Puebla, mientras duraban las negociaciones que debían seguirse en la plaza orizabeña; también se estipuló que, en caso de fracasar dichas pláticas, las fuerzas extranjeras se retirarían rumbo al puerto de Veracruz, trasponiendo las fortificaciones del ejército nacional, esto es, Paso Ancho, en el camino de Córdoba y Orizaba, y Paso de Ovejas en Xalapa, quedando los enfermos extranjeros hospitalizados bajo la salvaguarda del gobierno mexicano.
A principios de marzo llegó otro contingente francés al mando de Carlos Fernando Latrille, conde de Lorencez, que se acantonó en Tehuacan. Casi al mismo tiempo arribaron Juan Nepomuceno Almonte, Antonio Haro y Tamariz, Francisco Xavier Miranda y otros destacados conservadores que conocían bien las pretensiones de Francia, que pretendía contrarrestar el expansionismo norteamericano con la creación de un imperio en México. El gobierno nacional protestó por la presencia conservadora en el campo francés y pidió su expulsión, pero la solicitud fue denegada.
Así que no es de extrañar la rapidez con la que se pretendió ejercer el control político local. Manuel Ma. Serrano resultó designado por los intervensionistas gobernador de Veracruz, y el 24 de mayo se ordenó restablecer las autoridades municipales en los puntos donde no existieran, apegándose a la ley electoral centralista de 27 de abril de 1837. En la plaza porteña fueron elegidos capitulares Domingo Bureau, José Ignacio de la Fuente, Manuel Rojas, Alejandro Campera, José M. Álvarez, Vicente Méndez, Francisco Fernández, Benito Loredo, Miguel Valenzuela, Antonio Hoffman, Eduardo Uriarte, Francisco Rocha, José Ma. Bello y Alejandro Troncoso. Pocos días después Bureau abandonó su cargo para ocupar la prefectura del distrito. 86
El 9 de abril se rompieron las pláticas que se llevaban a cabo en la ciudad de Orizaba, quedando sin efecto el pacto de Londres. Los ingleses y españoles, satisfechos en relación a sus demandas, organizaron su salida del país. Por su parte los franceses, aduciendo la protección de sus enfermos hospitalizados en el convento de San José de Gracia, se negaron a replegarse hacia Paso Ancho y Paso de Ovejas, declarando la guerra el 16 de ese mes.
El 19 estalló en Córdoba un motín organizado por Antonio Taboada a favor de Juan Nepomuceno Almonte desconociendo al gobierno juarista, lógicamente con el apoyo del invasor; era necesario instalar una administración con apariencia nacional que se opusiera a la de Juárez y agrupara a los elementos conservadores. Almonte fue reconocido como jefe supremo de las fuerzas mexicanas y su reconocimiento acatado por Márquez, Gálvez y Mejía en Querétaro, Lozada en Jalisco, Montaño en Puebla, Tacón en México y por otros militares como Galván, Navarrete, Jiménez, Caamaño, Argüelles y González. Orizaba secundó el movimiento al día siguiente, de igual forma que se había hecho en la plaza cordobesa, sin contar con la participación de la población. 87
Para Juárez y su gabinete la situación era crítica. En poco tiempo los personajes más connotados de la etapa reformista habían desaparecido de la escena política: Lerdo de Tejada, Gutiérrez Zamora, Ocampo, Degollado, Llave. El decreto sobre la suspensión del pago de la deuda exterior fue derogado, pero no evitó el rompimiento de las hostilidades y tampoco solucionó la grave situación financiera del erario nacional. El gobierno juarista había esperado el apoyo norteamericano, pero la vecina república del norte se encontraba en plena guerra civil y era evidente que no podría interesarse en los asuntos mexicanos por un tiempo.
Con respecto al estado de Veracruz, habría que decir que las dificultades nacionales repercutieron con fuerza en mayor parte del territorio. La población sufrió los impuestos, alcabalas y exacciones extraordinarias realizadas para cubrir los gastos de guerra. Además, la expedición del decreto por el cual cesaban toda clase de autoridades en la entidad, así como las corporaciones municipales, debiendo ejercer el mando un jefe militar nombrado en cada cantón, dejó a sus habitantes al arbitrio de los comandantes militares quienes, dadas las circunstancias existentes, no ejercieron un control eficaz.
En territorio veracruzano las hostilidades se iniciaron hacia finales de abril, cuando Lorencez marchó rumbo a Puebla al frente de una división de más de 6 000 hombres. Las fuerzas mexicanas, concentradas en las plazas de Xalapa y Huatusco, salieron a su encuentro. Dos avanzadas de las tropas de Ignacio Zaragoza chocaron con el invasor en Fortín, cerca de Córdoba, y en Escamela, próxima a Orizaba. El propio Zaragoza libró una escaramuza más, la de Acultzingo, sin poder detener el avance francés. Después de la acción del 5 de mayo en Puebla, el ejército invasor levantó su campo de Amalucan y se replegó a la población orizabeña. A partir de este momento la lucha se generalizó en territorio veracruzano, afectando en mayor grado, como era tradicional, a la región central, y la táctica de guerra de guerrillas hizo su aparición de nueva cuenta.
En el segundo semestre de 1862 la situación de la entidad varió con rapidez para reflejar los efectos de la contienda. Se libraron acciones importantes en Barranca Seca, en Chiquihuite y Atoyac, en donde fueron batidas las partidas de Ignacio de la Llave, en Orizaba los republicanos pretendieron ocupar la plaza, fracasando en su intento al perder la posición de cerro del Borrego y también cayeron Fortín y Paso del Macho. Sin embargo, el invasor enfrentaba el surgimiento de guerrillas, cuya acción se desarrolló en torno al sistema de comunicaciones, afectando el abastecimiento del invasor.
La necesidad de cortar las comunicaciones entre los puntos ocupados por los franceses y el puerto de Veracruz, o al menos entorpecerlas, así como tratar de destruir los convoyes enemigos, era imperiosa. De manera que, a falta de las fuerzas regulares, se crearon columnas volantes o guerrillas que se movilizaran rápidamente de un punto a otro. El artículo 3°, del decreto federal de 12 de abril de 1862, autorizó a los gobernadores de los estados a expedir patentes para el levantamiento de dichos cuerpos armados.
Según afirma Miguel Loyo, los integrantes de las guerrillas eran hombres “resueltos y capaces”, conocedores de la región, pero también es cierto que algunas de las partidas volantes degeneraron en gavillas de bandoleros que asolaron campos y ciudades. La reacción del invasor fue la formación de contraguerrilla, que actuó en la Huasteca y en Sotavento, con individuos de triste renombre como Dupin, Stoeklin y Natzmer. 88
En general las partidas veracruzanas combatieron con denuedo. Porfirio Díaz y Honorato Domínguez recorrieron la zona de Huatusco y Xalapa. Por Sotavento, Juan de la Luz Enríquez asedió Alvarado, Vergara, Boca del Río y Tlacotalpan. En la Huasteca, las guerrillas comandadas por Desiderio Pavón, Francisco Esteban Mascareñas y José María Carvajal interrumpieron por Tampico, Tuxpan, Temapache, Tantoyuca y Pueblo Viejo. 89
A pesar de todo, las dificultades no faltaron. El 28 de agosto desembarcaron en el puerto de Veracruz tropas francesas de refuerzo, el 21 arribó Forey, desconociendo al gobierno de Almonte y haciendo evidentes las aspiraciones imperialistas de Napoleón III, y en los días siguientes un número cada vez mayor de soldados marcharon hacia el Altiplano por la ruta de Xalapa, bajo el acoso de las guerrillas, con el objeto de ayudar en la ocupación de Puebla. La plaza poblana, después de un sitio de dos meses, finalmente se rindió el 17 de mayo de 1863. Tras la ocupación de dicha población los invasores se dirigieron a México, ciudad a la que entraron en 7 de junio, mientras Juárez y su gabinete huían rumbo a San Luis Potosí, iniciando un largo peregrinaje para mantener incólume su legitimidad.
83 Carmen Blázquez Domínguez (comp.), Estado de Veracruz…, op. cit., t. II, p. 597-634.
84 Manuel B. Trens, op. cit., t. IV, p. 321-334.
85 Miguel Domínguez Loyo, La intervención y el imperio en Veracruz, Xalapa, Gobierno de Veracruz, Universidad Veracruzana, Fonapas, 1982, p. 14-17.
86 Joé Ma. Naredo, Estudio geográfico, histórico y estadístico del cantón de la ciudad de Orizaba, Orizaba, Imprenta el Hospicio, 1898, t. I, p. 180.
87 Miguel Domínguez Loyo, op. cit., p. 23, 41-44.
88 Carmen Blázquez Domínguez, “El proceso formativo…”, op. cit.
89 Miguel Domínguez Loyo, op. cit., p. 22-23, 74-79.
El imperio en tierras veracruzanas
La entrada de las fuerzas francesas en la ciudad de México significó hacer públicas las pretensiones francesas y conservadoras. La corona del imperio mexicano fue ofrecida a Fernando Maximiliano de Habsburgo, quien aceptó el ofrecimiento y se comprometió con Napoleón III, por los convenios de Miramar, a pagar los gastos de la intervención francesa que ascendían a 260 millones de francos. Y mientras en nuevo emperador llegaba a México, el ejército invasor amplió su ocupación en el interior del país. En el estado de Veracruz no sólo se presentaron encuentros entre franceses y republicanos, sino que las diferencias políticas y las rivalidades regionales repercutieron en los mandos mexicanos locales.
Después de la derrota de cerro del Borrego, Ignacio de la Llave dejó el mando de las fuerza veracruzanas. En principios se dijo que su sustitución se debió a su nombramiento como ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero parece que en realidad obedeció a lo que entonces se consideraron como “desaciertos” militares, por fortificar la zona costera más que la región de Córdoba y por no impulsar como se deseaba el desarrollo de las guerrillas estatales. Empero, la orden de pasar a la Suprema Corte fue revocada y Llave pasó con sus hombres a reforzar la defensa del sitio poblano.
Para junio de 1862 se dieron dos designaciones que, al contrario de lo que se esperaba, no contribuyeron a centralizar el mando regional. Por un lado, Manuel Doblado, ministro de Relaciones Exteriores y de Gobernación, nombró, interinamente, a Rafael Cevallos para ocupar lo que se constituyó como jefatura política y militar de Veracruz, y por otro, Juárez, a través del ministerio de Guerra, eligió a Francisco Hernández y Hernández para cubrir el mismo puesto. Cevallos declinó entrar en posesión de un cargo que de inmediato tendría que dejar, y Hernández y Hernández se negó a aceptarlo arguyendo “incapacidad para desempeñarlo”, lo que traslucía con certeza de que el gobierno nacional estaba por desintegrarse.
De manera que, como Llave debía entregar los mandos que detentaba, eligió para cubrirlos a José Juan Landero informándolo así al gobierno juarista, pero a la larga Landero únicamente quedó al frente de la administración política, mientras la militar pasó a manos de Porfirio Díaz. Díaz se instaló en Huatusco por más de mes y medio para vigilar los caminos nacionales en espera del regreso de Llave. En octubre Manuel Díaz Mirón ocupó provisionalmente la jefatura por orden de Manuel González Ortega.
Díaz Mirón, como la idea de que la división política de la entidad no era conveniente por el estado de guerra en que se vivía, decidió organizar militarmente en tres cantones, de los cuales el primero comprendería los antiguos cantones de Cosamaloapan, Tuxtlas, Acayucan, Minatitlán, Córdoba, Orizaba y Zongolica; el segundo los de Veracruz, Huatusco, Coatepec, Xalapa, Misantla y Jalacingo; y el tercero los de Papantla, Tuxpan, Chicontepec, Tantoyuca y Tampico de Veracruz. Cada uno de dichos cantones militares tendría un comandante y contribuiría con un contingente de dos mil hombres para la formación de los cuerpos y brigadas que habrían de organizarse.
Sin embargo, esta división militar y la misma elección de Díaz Mirón despertó serias diferencias entre los jefes republicanos locales, a grado tal que el 7 de enero de 1863, a raíz de una serie de quejas en su contra, entre las que resaltaron las sostenidas por Ignacio de la Llave que lo acusaba de varios “delitos”, lo sustituyó Francisco de Paula Milán por acuerdo presidencial. Y entre las primeras disposiciones del nuevo mandatario estuvo la de cambiar la organización militar recién creada para constituir una nueva que comprendiera tres líneas militares: Sotavento, Centro y Barlovento. 90
Como resultado, a partir de 1863 y hasta el final de la guerra, hicieron su aparición en el escenario político veracruzano dos hechos fundamentales en torno a los cuales giraron diversos acontecimientos: primero las divergencias entre Manuel Díaz Mirón por una parte, y Francisco Hernández Hernández, Francisco de P. Milán, Ignacio Alatorre y Luciano Prieto por otra, mismas que reflejaron la pugna por el poder en el interior del grupo republicano local, en donde la injerencia de las oligarquías regionales era también evidente; y segundo, lo que Manuel B. Trens llama las “sangrientas” correrías de las guerrillas de Veracruz y contraguerrillas francesas por Sotavento, Orizaba, Córdoba, Huatusco, Coscomatepec, costa de Barlovento y Huasteca. 91
De las diferencias políticas quizás el suceso que tuvo mayor repercusión, porque implicó que el acceso al poder regional era más importante que la unidad nacional frente a la intervención extranjera, fue el relativo al pronunciamiento de la guarnición que existía en Xalapa encabezada por Antonio Ma. Vivaldo, a mediados de julio, cuando ya no se podía contar con la influencia de Ignacio de la Llave, asesinado en la hacienda de La Quemada el 14 de julio. Los rebeldes desconocieron la autoridad de Hernández y Hernández, acusándolo de “ineptitud” para la defensa y unidad veracruzanas, y propusieron como su sustituto a Díaz Mirón, contando con la adhesión de la guardia nacional del Pital y Nautla y con el batallón de Papantla.
De inmediato Hernández resolvió atacar la plaza porteña, auxiliado con varias fuerzas entre las que se contaban las de Alatorre, pero debido a la intervención de Miguel Negrete, por entonces gobernador y comandante militar de Puebla y Tlaxcala, se llevaron a cabo una serie de pláticas entre Luciano Prieto, designado por Negrete, y Díaz Mirón. El 4 de agosto se firmó un arreglo por el cual Prieto se haría cargo temporalmente del gobierno civil y militar del estado, se suspendería toda actividad militar en espera de que el gobierno juarista tomara una decisión sobre los problemas internos de Veracruz y las tropas rebeldes formarían la brigada Díaz Mirón, que quedaría bajo las órdenes del nuevo mandatario. Lo trágico de la situación era que dicho cuerpo armado, si no era utilizado para combatir al invasor, marcharía hacia la costa norte de la entidad, sosteniendo con fondos estatales y llevándose el material de guerra, en espera de la resolución gubernamental, como si el país y el propio Veracruz se hallaran en tiempos de paz con el extranjero.
Es verdad que se evitó un choque violento, pero se debilitó la defensa veracruzana contra el naciente imperio y se perdió la fuerza de la autoridad local. Díaz Mirón se trasladó a la costa norte con todas las fuerzas y pertrechos que pudo reunir, mismos que se perdieron en el transcurso de la marcha; el 10 de agosto, desaprobada su conducta por el gabinete juarista, debió ocultarse en Jicaltepec, pasar posteriormente a Coatepec y allí, junto con el comandante militar del cantón, fraguó otro motín que lo proclamó gobernador del estado.
Las disensiones internas provocaron desaliento y falta de confianza. Algunos autores han señalado que el “entreguismo” pareció cundir produciéndose defecciones como la de Prieto, que se adhirió al imperio el 15 de octubre. De cualquier manera, las guerrillas veracruzanas mantuvieron su agresividad en Tlalixcoyan, Jamapa y Cotaxtla, continuaron interrumpiendo frecuentemente las vías de comunicación con el Altiplano y operaron en la Huasteca. Honorato Domínguez siguió atacando desde la zona de las barrancas y se dieron acciones como la de Camarón, en donde una partida de legionarios franceses fue aniquilada con violencia. 92 La guerra continuaba de diversa manera mientras se instalaba el régimen monárquico de Maximiliano de Habsburgo.
La noticia oficial de la aceptación de la corona de México por Maximiliano fue traída a Veracruz por José Rodríguez, portador del acta de Miramar, quien llegó a la plaza porteña el 15 de mayo de 1864 a bordo del vapor “Veracruz”. El 28 del mismo mes la población local se despertó con denotaciones de artillería que anunciaban la cercanía de la fragata “Novara” que transportaba a la pareja real. Por la tarde el navío entró a la bahía.
Conforme al Eco de Comercio, al día siguiente, 29, muelles, azoteas, balcones y miradores se hallaban llenos de espectadores; Ulúa, los buques de guerra y mercantes, las lanchas y botes y la entrada portuaria, todo estaba adornado con banderas, gallardetes, escudos, cortinas y lazos. Los edificios públicos y consulares ostentaban sus pabellones. Maximiliano y Carlota fueron recibidos por las autoridades civiles y militares imperialistas, hubo repiques de campanas, cohetes y música, pero, a pesar de los esfuerzos de la prensa por dar a la recepción matices populares, de entusiasmo y alegría, los actos oficiales fueron fríos, realizados en medio de la indiferencia de la sociedad porteña. De aquí siguieron la ruta de Soledad, Loma Alta, Paso del Macho, Potrero, Paraje Nuevo, Córdoba y Orizaba. En estas dos últimas plazas se les agasajó con ceremonias oficiales y religiosas, empero, a pesar de la insistencia de la multitud, tampoco se observó un clima de aceptación. 93
El establecimiento de un imperio satisfacía los deseos e intereses de la reacción y se sustentaba en el apoyo del ejército francés, sin embargo, justo es consignar que el archiduque de Austria era un príncipe de ideas democráticas y aceptó el trono de México, entre otros motivos, porque los elementos conservadores que acudieron a ofrecérselo, le hicieron creer que la nación así lo deseaba. Juárez y el partido liberal desconocieron al emperador y continuaron la lucha contra éste y contra los franceses, recurriendo sobre todo, como se ha visto, a la guerra de guerrillas. De igual forma habría que indicar que, al momento de su arribo, la situación militar le era favorable pero, puesto que sus inclinaciones ideológicas lo llevaron a aceptar parte de la legislación reformista, provocó el descontento del clero y de los conservadores que esperaban del emperador la práctica de una política reaccionaria que derogara las leyes de Reforma.
El 3 de marzo de 1865 el imperio creó una división territorial diferente a la existente. Se establecieron 50 departamentos y con el territorio veracruzano se formaron los de Tehuantepec, Veracruz y Tuxpan. Dicha organización se efectuó sin tener en cuenta las conveniencias regionales o una mejor administración de las provincias, designándose por capitales lugares que no tenían ninguna condición para serlo por faltarles agua, habitaciones, comunicación y recursos. Días después, el 16 de marzo, otro decreto estableció en el país ocho divisiones militares, de las cuales la segunda comprendía a Veracruz, Tuxpan, Puebla, Tlaxcala, Teposcolula, Oaxaca, Tehuantepec y Ejutla con capital en Puebla.
La nueva división territorial y la declaratoria del puerto de Veracruz como capital del departamento de su nombre, ocasionaron un gran descontento en las otras tres poblaciones de la región central que también disputaban las ventajas de constituirse en centro político y económico de la entidad. Los ayuntamientos de dichas plazas pidieron al emperador su separación del departamento de Veracruz para formar uno diferente, e intentaron aprovechar su traslado a tierras veracruzanas para insistir en su petición.
Más adelante, con el manifiesto deseo de alcanzar simpatías y popularidad, Maximiliano efectuó un viaje por los departamentos de Veracruz y Puebla entre abril y mayo de este año. Salió de la ciudad de México el 18 de abril y el 19 se encontraba en Orizaba. Se hospedó durante dos días en la fábrica de Cocolapan, pasando luego a la hacienda de Jalapilla, propiedad de José Ma. Bringas. El 19 de mayo pasó a San Antonio Huatusco, hospedándose en la casa de Clemente González, de ahí a la hacienda del Mirador de Carlos Sartorius, a la de Mahuixtlán de José Cervantes, a Coatepec y a Xalapa. Su estancia en el último punto fue motivo de grandes festejos y, en esta ocasión, parece ser que imperó un ambiente de alegría y entusiasmo. 94
Ahora bien, en este año de 1865, las vicisitudes de la lucha, los fracasos republicanos locales, como los de Tlacolulan y Tuxpan, pero sobre todo, las divergencias y las intrigas políticas incrementaron el desaliento de algunos dirigentes veracruzanos que finalmente optaron por adherirse al imperio. Por ejemplo, en marzo, el jefe militar y político, Francisco Hernández y Hernández, sin poder desarrollar una actividad militar efectiva, incapaz de organizarla o de despertar en la región central de Veracruz el mismo espíritu de rebelión que imperaba en la Huasteca y en Sotavento, renunció a su cargo y, junto con Francisco de P. Milán, Marcos Heredia, Ricardo B. Suárez y José Ma. Cortés firmaron el acta de adhesión. En Diciembre, Ignacio R. Alatorre, derrotado en Misantla y Papantla, firmó un armisticio con las fuerzas imperiales.
Con todo, la resistencia veracruzana no logró ser aniquilada. Entre 1863 y 1866, pese a la deserción de dirigentes locales, las guerrillas desplegaron múltiples actividades. En la Huasteca diversos grupos siguieron actuando con suerte variable: unas veces vencían y otras eran derrotados, pero no vencidos. Pavón, Ferrer, Mascareñas y Jáuregui recorrieron las cercanías de Ozuluama, Chinampa, Chicayan, Tuxpan, Papantla, Nautla y Tlapacoyan. Por la costa de Sotavento operaba García con campesinos guerrilleros.
Hacia 1866 la suerte republicana comenzó a cambiar. Los Estados Unidos habían dado por finalizada su contienda civil, de manera que ahora si podía oponerse a la injerencia de Francia en México. Por su parte Napoleón III, en pugna con Prusia, se vio en la necesidad de retirar las tropas que sostenían al imperio de Maximiliano, y éste debió apoyarse en fuerzas de la reacción que no pudieron batir el empuje de los republicanos. Entre el 18 de diciembre y el 11 de marzo del año siguiente, 1867, los franceses comenzaron a embarcarse y terminaron su retirada. A partir de entonces los conservadores en los que se apoyaba el emperador fueron derrotados, una y otra vez, hasta perderse casi todas las ciudades que antes habían controlado, restándoles únicamente el puerto de Veracruz, Puebla, México y Querétaro.
Todavía, en octubre de 1866, Maximiliano, titubeante, pasó a Orizaba cuando su situación era crítica. Ahí se concentraron sus ministros y ahí, conforme a las opiniones recibidas, decidió permanecer en el país saliendo rumbo a Puebla a principios de diciembre.
En territorio veracruzano las partidas de Mascareñas y Pavón recuperaron Pánuco y ocuparon Pueblo Viejo, Tuxpan y Tampico. Hacia el sur se triunfó en Alvarado, Tlacotalpan y en la línea del Papaloapan. Por el centro se ganaron Xalapa, Huatusco y Orizaba mientras el puerto de Veracruz era rodeado por las fuerzas de Rafael Benavides. 95
El emperador, primero sitiado y luego hecho prisionero en Querétaro, fue fusilado en el cerro de las Campanas el 19 de mayo de 1867. La recuperación de los puntos, aún ocupados por la reacción, sobrevino con rapidez. La ciudad de México, cercada por Porfirio Díaz, se rindió, y el puerto de Veracruz, después de un asedio de cuatro meses, el 28 de junio, abrió sus puertas a las fuerzas combinadas de Benavides, Baranda, García y Larragaña. Había terminado lo que se conoce como la “guerra de la segunda independencia”.
90 Ibid., p. 417-418.
91 Carmen Blázquez Domínguez, “El proceso formativo…”, op. cit.
92 Manuel B. Trens, op. cit., t. V, p. 443-449.
93 Miguel Domínguez Loyo, op. cit., p. 129-133.
94 Carmen Blázquez Domínguez, “El proceso formativo…”, op. cit.
95 Ibidem.
La continuidad política de finales de siglo
El gabinete juarista regresó a la ciudad de México el 15 de julio de 1867. Por esta ocasión, al anularse el imperio, la facción conservadora resultó anulada y los liberales moderados, que aún subsistían, desaparecieron al fundirse en los partidos existentes. Sólo quedó triunfante el partido liberal puro, que había hecho la Reforma y vencido a los franceses.
Entonces la lucha política oligarca cambió de contenido y de forma porque la vieja oligarquía centralista estaba vencida, y porque las fracciones sociales emergentes en donde se distinguían comerciantes-empresarios, industriales de nuevo cuño y propietarios, comenzaron a cohesionarse en el bloque del poder, impulsados por la presencia amenazante del capitalismo norteamericano. En ese mismo sentido actuaron la legislación reformista de 1857 y 1859, la oposición al proteccionismo industrial y el rechazo a las posiciones librecambistas moderadas.
Así que, ante la exigencia de bases reales para que la unificación de fracciones sociales oligárquicas pudiera realizarse, los antiguos conflictos y los proyectos de reorganización productiva que a lo largo del siglo habían estado en constante contradicción, tendieron a desaparecer para dar paso a las luchas al interior del aparato de estado. Dentro del proceso de unificación del nuevo bloque en el poder se inició un conflicto abierto entre los liberales para definir la situación de sus facciones cuya tendencia fundamental derivó hacia la concentración política, que el gobierno juarista de 1867 comenzó con el control de los gobernadores y que finalizó en la administración porfirista.
De manera que, si bien la historia tradicional pretende ver la etapa de la República restaurada como el momento en que la tradición liberal logra el establecimiento de a nacionalidad, imponiendo un estado democrático, y el Porfiriato como el periodo de traición –a esa misma tradición liberal con la instauración de una dictadura que suplantó la nacionalismo por una abierta entrega de los recursos productivos al capital extranjero-, la realidad es que existieron líneas de continuidad a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX que impulsaron la formación del estado capitalista.
La reorganización nacional, que da comienzo en 1867, es el momento que marca el lapso en que se intentaron resolver los problemas restantes de la Reforma y del segundo imperio, al mismo tiempo que se procedía a la creación de un régimen de orden, paz y progreso económico. Por tal motivo, el gobierno de Díaz no inauguró un periodo de innovaciones políticas, sino que por el contrario, su tarea consistió en llevar al último extremo las tendencias centralizadoras que ya estaban en acción.
Es decir, los problemas pendientes de solución, tanto a nivel nacional como regional, que concentró en ellos sus principales energías, obedeciendo al dictado de las circunstancias. En ese momento lo que tenía primordial importancia, después de la lucha por la paz y el orden, era la clara tendencia hacia el centralismo. Reunificar a México bajo un gobierno centralista, destruir el federalismo feudal que existía de hecho, significaba transformar a los gobernadores de los estados o a los caudillos, en agentes obedientes de la autoridad central.
Había que centralizar el mando efectivo y consolidado económica y administrativamente. De aquí, la inclinación a la reforma fiscal que uniformara el sistema hacendario federal con los estatales y limitara las facultades de las entidades en la creación de impuestos, la formación de estadísticas y la integración de una numerosa y adiestrada burocracia dependiente de la federación.
Asimismo, a partir de la República restaurada, y precisamente por la forma como se consolidó e integró el bloque en el poder, se empezó a delinear una política abierta impulsora de las actividades de los empresarios particulares. Se estimuló la minería, la agricultura, los transportes y el comercio, dejando relegada a la industria. Es, precisamente en este punto, en donde se revela con claridad la clase del nuevo estado. Al concentrar sus intervenciones y estímulos en las actividades económicas vinculadas a la exportación, se identificó con los intereses de exportadores, latifundistas e intermediarios cuyas ganancias dependían de la relación entre la economía nacional y el mercado mundial. Las líneas férreas, que en principio se plantearon para conectar a las regiones, terminaron por seguir de esta dependencia, hacia la frontera norte y los puertos del Golfo.
Algunos de los elementos de continuidad en estos años fueron: la penetración de capital extranjero, la concentración de la propiedad rural, el centralismo federal o preeminencia del poder ejecutivo sobre el legislativo, la formación de cuerpos de represión política y la política de conciliación de facciones oligarcas. Lo que Díaz hizo fue continuar los lineamientos marcados por los gobiernos liberales de la restauración, sobre todo en lo que se refiere a la última circunstancia y que le permitió lograr total cohesión del bloque hegemónico.
Durante los años de la restauración, 1867-1875, fueron gobernadores constitucionales de Veracruz Francisco Hernández y Hernández, Francisco de Landero y Coss y José Ma. Mena, los tres de trascendencia en el grupo liberal local y provenientes de familias que pueden considerarse integrantes de las fracciones sociales emergentes del puerto de Veracruz y de la zona de Córdoba y Orizaba. A ellos tocó, en cierta forma, articular la política nacional con el desarrollo de la entidad que había alcanzado diversos progresos materiales y culturales a pesar de la inestabilidad política.
En este periodo hubo pocos cambios en la estructura y organización de Veracruz. Como indica José Luis Melgarejo Vivanco, “menudearon” las discusiones y arreglos de límites, pero sin afectar sensiblemente su demarcación. Asimismo, volvió a presentarse la discusión sobre el asiento de los poderes estatales y en 1867 la legislatura veracruzana decretó su traslado de Xalapa al puerto de Veracruz, evidenciando las vinculaciones entre los intereses porteños y el ejecutivo. Con ellos, la plaza xalapeña, afectada en su economía por el ejercicio del poder, hizo público su descontento así como su necesidad de recobrar la importancia y el prestigio de que había disfrutado en tiempos pasados. 96
En el campo legislativo, en febrero de 1871, los diputados locales efectuaron reformas a la Constitución en medio de “agrias” discusiones, y en junio del mismo año se puso en vigor la Ley Orgánica Electoral del estado por la cual se estableció la elección directa y se consideraron nuevas elecciones generales de distritos, cantones y ayuntamientos. En el aspecto judicial entraron en vigor los códigos Civil, y Penal y de Procedimientos.
Se reorganizó la hacienda estatal, gracias a la formación de padrones sobre bienes e intereses y, en 1868, se levantó el primer censo veracruzano que, no obstante sus defectos, era el primer intento por contabilizar los recursos humanos y materiales con que contaba Veracruz. De igual forma se procuró uniformar el sistema fiscal, poniendo la recaudación bajo la responsabilidad de las corporaciones municipales, de la cual el gobierno estatal percibiría el 20%.
La tenencia de la tierra siguió siendo un problema de difícil solución. Desde agosto de 1869 se ordenó el cumplimiento de las disposiciones legales emanadas de esa materia, cambiando a propiedad privada las tierras de las comunidades indígenas, pero no se hizo así a pesar de la amenaza de “severas” penas. En realidad Francisco Hernández y Hernández intuyó el verdadero problema del campo veracruzano al manifestar que, la aparente mejora implicada en la división de terrenos indígenas era de grave trascendencia para el porvenir de estos últimos; había que mediar en la “multitud” de inconvenientes que se presentaban al querer efectuarla, ya que el indígena tenía una “adoración fanática” por la tierra y no comprendía la utilidad de su fraccionamiento. Era el choque de dos concepciones diferentes sobre el progreso social. El instrumento final para llevar a cabo esa política fue la ley general sobre Colonización.
Con respecto a la industria y el comercio se notaban signos de mejoramiento. Córdoba contaba con un Banco Agrícola e Industrial, a pesar de haber sido liquidado con pérdidas en 1885, puso de manifiesto el interés por la atracción de capitales que intervinieran en la explotación del campo y en el desarrollo industrial, sobre todo de las fábricas textiles. Para 1878 funcionaban un buen número de despepitadoras de algodón en la región de Sotavento: Medellín, Tlalixcoyan, Cosamaloapan, Tlacotalpan, San Juan Evangelista y los Tuxtlas. A lo largo del estado también funcionaban fábricas de azúcar: Tuxpan, Chicontepec, Coatepec, Nogales, Zongolica, Córdoba, Boca del Río, Cosamaloapan y San Andrés Tuxtla. De igual forma se levantaron aserraderos y se fomentaron los establecimientos textiles en la zona de Orizaba, cerca del sistema de comunicaciones y de la región productora de la materia prima.
Por primera vez se tocó de cerca la cuestión laboral al expedirse, en marzo de 1868, una circular para que se respetaran las garantías individuales, por persistir la costumbre de tener a los jornaleros de campo en una especie de “simulada” esclavitud. Por otro lado, para agosto de 1870 y desde Xalapa, los trabajadores agremiados de carpinterías, armerías, fábricas de puros, talabarterías, reposterías, sombrererías, hojalaterías, peluquerías, albañiles, herreros, zapateros, operarios de fábricas de velas y jabones efectuaron la primera gestión ante Díaz para solicitar impulso a los ramos agrícola, industrial y comercial con el objeto de que su estrato social también se beneficiara.
Y finalmente, en el aspecto educativo, se puso en vigor la enseñanza laica, se estableció la educación secundaria y se crearon escuelas de artesanías. Para 1869 funcionaban 363 establecimientos educativos de diverso tipo con una población estudiantil de 15 381 alumnos. Al año siguiente, 1870, se puso en funcionamiento el Instituto Veracruzano en donde se impartían las mismas materias que en el Colegio de San Ildefonso de la ciudad de México. Otras medidas adoptadas fueron: la fundación de un colegio de jovencitas que funcionó como primaria superior; la creación de la biblioteca El Pueblo en el puerto de Veracruz; el funcionamiento de dos secundarias, una de varones y otra de señoritas, en Córdoba; la celebración, en enero de 1873, del Primer Congreso Pedagógico del estado; y la expedición de la Ley Orgánica de Instrucción Pública.
En otros aspectos cabe notar que la arriería continuó siendo un importante oficio, pero el transporte de pasajeros y la carga de mercancías ya podía efectuarse regularmente en literas y en diligencias con más seguridad que a mediados de siglo. Córdoba y Orizaba contaban ahora con un puente sobre el río Jamapa, en el punto de Soledad, y el servicio postal, realizado por este medio de comunicación, mejoró en gran medida.
También en relación con el incremento de las comunicaciones, la construcción de vías férreas se incrementó notablemente. Aparte del tramo tendido entre el puerto de Veracruz y Paso de San Juan, dos comisiones de ingenieros estudiaron la posibilidad de trazar ferrocarriles de la costa del Golfo al Altiplano, uno por Xalapa y otro por Córdoba y Orizaba. Para enero de 1873 pudo ser inaugurada la vía férrea que pasaba por este último punto.
De igual forma se introdujo el telégrafo, tendiéndose líneas telegráficas entre la plaza porteña, Xalapa, Perote, y las poblaciones cordobesa y orizabeña y ciudades del interior del país. Y se llevaron a cabo obras materiales de menor costo como alumbrado de gas, construcción de edificios públicos, arregló de calles, plazas, jardines y levantamiento de caminos vecinales. 97
Ahora bien, fue a José Ma. Mena a quien tocó enfrentar los acontecimientos de la Noria y Tuxtepec. Ya desde 1867 coexistían tres facciones dentro del partido liberal derivadas de las aspiraciones presidenciales del ministro juarista Sebastián Lerdo de Tejada y el caudillo militar de la época, Porfirio Díaz, frente a la figura de Benito Juárez que insistía en mantenerse en la silla presidencial. De manera que hasta 1876, tuvieron lugar varios levantamientos armados contrarios a las reelecciones juaristas y a la presión del gobierno federal sobre los estatales. Era la búsqueda del acceso al poder de elementos regionales.
En 1871 Díaz se pronunció con el plan de la Noria enarbolando el principio de la “no reelección”. La rebelión fue secundada en algunos lugares. En Veracruz hubo pequeños contingentes que se sumaron al movimiento, y Honorato Domínguez, el antiguo guerrillero republicano, y Teodoro A. Dehesa, ayudaron al caudillo a salir al extranjero cuando la muerte de Juárez, en julio de 1872, quitó validez a su revuelta.
Posteriormente, la administración lerdista decretó una amnistía y celebró nuevas elecciones que no evitaron la efervescencia y el descontento de diversos estratos sociales. En el territorio veracruzano una mezcla de rebeldes y bandoleros volvió a asolar campos y ciudades, de manera especial en la Huasteca, y la certidumbre de que Lerdo de Tejada buscaba, al igual que su antecesor en la presidencia, mantenerse en el poder, produjo el segundo levantamiento porfirista, el de Tuxtepec en 1876.
Luis Mier y Terán, en esos años agente porfirista reconocido, realizó trabajos de adhesión en Veracruz y efectuó bien su cometido. En esta ocasión la rebelión cundió por Acayucan, Coscomatepec y Xalapa, encabezada por un individuo de nombre Couttolenne. En la plaza xalapeña, la más importante de las poblaciones centrales que se pronunció por Díaz, la rebelión estuvo encabezada por Manuel García con el apoyo de propietarios y comerciantes. El movimiento se extendió hacia Xilotepec, San Miguel del Soldado, El Chico, Tlalnehuayocan, Atesquilapa, Acajete, Las Vigas, Coacoatzintla, Chiltoyac, La Joya, Tepetlan, Naolinco, Choconquiaco y otros puntos. Mena fue destituido, la legislatura local disuelta y el mando militar y político encargado a Marcos Carrillo. Días después, con el triunfo porfirista de Teocac, Mier y Terán, amigo del caudillo, pasó a ser la principal figura política de Veracruz.
Como afirma Soledad García Morales, Porfirio Díaz, acostumbrado a la disciplina militar, ascendió a la presidencia con el propósito de iniciar un gobierno de “orden y desarrollo”. 98 El régimen de “poca política y mucha administración” retomó los hilos de continuidad para la consolidación del proyecto de nación capitalista dependiente. Sin apartarse de la tradición liberal siguió fomentando la penetración de capital extranjero, condición necesaria para que el país se sumara al “progreso”, siempre y cuando esa penetración económica respetara y aceptara la soberanía indiscutible del gobierno nacional; las leyes de colonización y las campañas deslindadoras completaron la concentración de la propiedad rural y urbana iniciada por los procesos de desamortización y nacionalización, que suprimieron y despojaron a las comunidades campesinas para favorecer a los comerciantes, usureros, políticos y grandes terratenientes laicos; el ejecutivo continuó teniendo preeminencia sobre el campo legislativo; los cuerpos represivos, como la guardia de seguridad creada en 1857 y los rurales fundados en 1861 para control político y defensa contra el bandolerismo, siguieron ejerciendo la represión contra campesinos y mineros descontentos; y la política de conciliación permitió completar la total cohesión de los conservadores de las esferas políticas con su ingreso a la Cámara de senadores y con el restablecimiento de la enseñaza religiosa.
El estado de Veracruz participó, pues, en el nuevo periodo político que se iniciaba con demandas muy claras sostenidas por las fracciones sociales, cuyo acceso al poder había sido garantizado por el triunfo porfirista: paz, orden y progreso, la seguridad de sus intereses y de sus fuentes de acumulación de capital.
Tres fueron los gobernadores constitucionales de la etapa que nos ocupa: Luis Mier y Terán, Juan de la Luz Enríquez y Teodoro A. Dehesa. La trayectoria de los dos primeros fue militar al lado de la facción liberal, mientras el último se mantuvo siempre en el campo civil, pero su lazo común lo constituyó la lealtad al caudillo.
Los aspectos que requirieron la atención de estos gobernantes resultaron diversos. Con respecto a la tenencia de la tierra, la legislación federal que afectó a este campo causó en Veracruz graves despojos en perjuicio de las comunidades indígenas. Entre 1881 y 1889 las compañías deslindadoras delimitaron 32 200 000 hectáreas, y en la región de Acayucan y Minatitlán vastas extensiones de los pueblos de Soteapan, Mecayapan, Texistepec, Chinameca e Hidalgotitlán, de propiedad indígena, se denunciaron como baldías, adjudicándose a Manuel Romero Rubio.
Como lo había hecho en pasadas, el gobierno veracruzano legisló sobre la inviolabilidad de la propiedad privada y los derechos de los terratenientes, lo cual, aunado a la migración de capitales extranjeros que buscaban la compra de propiedades para invertir en la explotación de café, tabaco, azúcar, hule y maderas, favoreció la acumulación de propiedad rural y urbana. En 1895 existían en el estado 237 haciendas y 652 ranchos y para 1900 había 360 de las primeras y 1 733 de los segundos. 99
Al igual que sucedió en la etapa de la restauración, el desarrollo industrial se mantuvo se segundo plano, pero aun así existieron establecimientos entre los que pueden citarse las despepitadoras de algodón ubicadas en Sotavento, las fábricas de azúcar de la región central, los aserraderos de la Huasteca y las fábricas textiles de Orizaba y Xalapa. Fueron precisamente las concesiones a inversionistas extranjeros, como la exención del pago de impuestos a o los incentivos económicos, las que abrieron las perspectivas económicas locales resultando redituable el invertir en ferrocarriles, navegación, luz, fuerza motriz, cerveza y, sobre todo, petróleo.
La explotación petrolera se convirtió en el principal atractivo regional de la entidad y su auge se intensificó a partir de 1901. En pocos años Veracruz se transformó en centro de operaciones de consorcios norteamericanos e ingleses entre los que estaban Southern Oil Transport, Penn Mex Oil, Waters Pierce Oil y Mexican Petroleum of California, pero las más importantes llegaron a ser la Huasteca Petroleum Company y la Mexican Eagle Petroleum Company, empresas que lograron controlar una extensa zona que abarcó, aparte de territorio veracruzano, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tabasco y Chiapas.
Otras actividades empresariales fueron la banca, los ferrocarriles, la energía eléctrica y obras portuarias. En 1882 hizo su aparición en el puerto de Veracruz una sucursal del Banco Nacional de México, en 1887 otra del Banco de Londres y México, en 1889 funcionó el Banco Mercantil de Veracruz y en 1897, gracias a un convenio estatal, se ubicó en Xalapa una sucursal del Banco del Estado de México.
En cuanto a la creación de “caminos de fierro”, la fiebre constructora” se orientó, como se ha dicho, no tanto para satisfacer los requerimientos nacionales como a dar solución a las exigencias del capitalismo. La obra más relevante de estos años fue el Ferrocarril Interoceánico que, en 1891 enlazó al puerto de Veracruz con la ciudad de México pasando por Xalapa, Perote y Puebla; tres años más tarde, en 1894, comenzó a funcionar el ferrocarril de Córdoba a Santa Lucrecia, en 1896 quedó terminado el del istmo de Tehuantepec; y en 1902 se concluyeron los trabajos de la línea de la plaza porteña a Tierra Blanca. Con motivo de observar los avances de este tipo de empresas, y en especial para la inauguración del tramo Xalapa-Teocelo y el examen de las mejoras portuarias, Porfirio Díaz efectuó un viaje a la entidad en mayo de 1898. 100
La educación pública progresó, aparentemente, más que en otras entidades, según menciona Juan Zilli. Con el gobierno de su mayor apogeo. En Orizaba funcionó el Instituto Laubscher y en Xalapa se creó la Escuela Normal Veracruzana bajo la dirección del suizo Enrique C. Rébsamen. Se establecieron también las escuelas cantonales, básicamente de instrucción primaria, en las cabeceras de los cantones. 101
Dentro del marco de fomento educativo y cultural, la ciudad de Xalapa, que había perdido el asiento de los poderes estatales, adquirió un gran prestigio derivado del hecho de haberse convertido, desde la misma administración de Enríquez en la capital del estado, en tanto que el puerto de Veracruz mantenía su auge mercantil y la región de Córdoba y Orizaba se involucraba cada vez más en actividades fabriles.
Teodoro A. Dehesa resultó, de igual manera, un impulsor de la cultura y de la educación, además de ejercer un férreo control político de la entidad. Protector de las bellas artes y especie de “mecenas” local, favoreció a la Academia de Pintura en donde se distinguieron artistas como Diego Rivera, Natal Pesado y Segura y José Bernardet, mientras en las letras sobresalían Salvador Díaz Mirón, Josefa Murillo, Juan Díaz Covarrubias, Rafael Zayas y otros. 102
Sin embargo, la fórmula de “poca política y mucha administración”, que funcionó durante los largos años del régimen porfirista, por haberse consolidado el bloque hegemónico de poder y porque se deseaba la paz y el progreso que el caudillo era capaz de garantizar, se hizo cada vez más ingrata hasta provocar una nueva etapa de inestabilidad y de rebelión, la Revolución de 1910.
96 Ibidem.
97 Soledad García Morales, “Porfiriato y Revolución mexicana” en Historia mínima de Veracruz, Xalapa, Ver., Instituto Nacional de Educación para Adultos, 1986, mecanuscrito original, inédito.
98 Ibidem.
99 Ibidem.
100 Juan Zilli, Historia suscinta del estado de Veracruz, Xalapa, s/e., 1943, 156 p., p. 112, 113.
101 Soledad García Morales, op. cit.
102 Juan Zilli, op. cit., p. 118, 119, 121.
Consolidación estatal
La inquietud y el descontento por la dominación porfirista se manifestaron de diversas formas y, en principio, revistieron un carácter político que poco a poco adquirió cariz de reivindicaciones agrarias y laborales. De 1876 a 1878 se suscitaron en Veracruz cuatro movimientos rebeldes: Chocamán, Coscomatepec, Santiago Tuxtla y Xalapa. Se consideró que cada uno de ellos era el resultado de las ambiciones “bastardas” de sus dirigentes. En 1879 tuvo lugar la represión de una conspiración porteña, cuyos efectos trascendieron el ámbito regional, debido a la orden remitida por el gobierno federal al gobernador en turno, Luis Mier y Terán: “aprehendidos infraganti, mátalos en caliente”. De 1885 a 1888 se suscitaron nuevos levantamientos provocados por los conflictos de la tenencia de la tierra: Tuxpan, San Juan de la Punta, Arroyo del Potrero, Papantla y Soteapan. En 1896 se originó otra rebelión indígena en la región papanteca y en 1906 una situación similar se presentó en Soteapan.
Respecto a la cuestión obrera, la situación no era la mejor. Los trabajadores percibían bajos salarios, sus jornadas laborales eran prolongadas, no contaban con días de descanso, se abusaba de ellos en las tiendas de raya y vivían y trabajaban en pésimas condiciones sin una legislación que protegiera sus derechos. Así que no es de extrañar que los obreros textiles de la zona de Orizaba recurrieran a la huelga por primera vez en 1896 y que otra vez utilizaran esa alternativa en 1898 y en 1903. Asimismo comenzaron a unirse en sociedades mutualistas en Río Blanco, Nogales y Santa Rosa. Posteriormente se formó el Círculo de Obreros Libres cuyo órgano de difusión fue el periódico Revolución Social. Este mismo tipo de actividades se presentó también en Xalapa, con los obreros de la fábrica de puros “El Valle Nacional” y las factorías textiles de San Bruno y el Dique, y en Coatepec con los trabajadores de la fábrica de puros “La Vencedora”.
La actitud obrera, vinculada al contexto de efervescencia nacional derivado de las condiciones de vida y trabajo de las masas trabajadoras, desembocó en movimientos huelguísticos como el de Río Blanco y Santa Rosa, en 1907, sometido con violencia, o en levantamientos armados como el de Hilario Salas en Soteapan en 1906, o el de Santana Rodríguez, alias Santanón, en Acayucan en 1908, que pronto fueron sofocados. 103
La resistencia que se gestó no fue excluida de los grupos obreros y campesinos. Para comenzar se estaba gestando una crisis dentro del bloque en el poder en donde una fracción social, compuesta de capitalistas asociados a inversionistas extranjeros, accionistas de los monopolios industriales, mercantiles y bancarios, tuvo problemas, ocasionando fricciones con otros grupos empresariales. El desarrollo de esas contradicciones coincidió con la agudización de las paradojas políticas entre las fracciones de propietarios y, dado que el poder político se había concentrado en el ejecutivo, las pugnas entre las fracciones con mayor capacidad de representación política ocurrieron en el gabinete presidencial, en los puestos ministeriales y en las secretarías. Por ejemplo, Joaquín Baranda representó al grupo liberal más radical que se sentía apoyado por las ambiciones presidenciales del gobernador veracruzano Dehesa, cabeza visible de los grupos dominantes de la región de Veracruz; Bernardo Reyes era el caudillo regional norteño, y José Ives Limantour por la fracción más dinámica de los empresarios monopólicos.
A partir de 1900 las luchas entre las fracciones se agravaron por la influencia, cada vez mayor, de Limantour. Sin embargo, el creciente control de una de ellas, dentro del bloque del poder, aumentó las fisuras políticas con los poderes regionales del norte y del Golfo y, al no haber espacio político para contrabalancear la exclusión de estas fracciones, se afirmó la tendencia al enfrentamiento. Dichas fisuras se incrementaron con las crisis de 1906 y 1907, con la política financiera y monetaria de Limantour y con las pugnas por el acceso al ejecutivo. Cuando en 1910 Díaz pretendió estas en disposición de abrir de nuevo las posibilidades políticas a todas las fracciones, el rompimiento del bloque en el poder se había iniciado.
Existió una circunstancia más, la aparición de una generación joven obstaculizadora en su ascenso por la inmovilidad social. Su descontento fue paralelo al surgimiento de una corriente nacionalista como respuesta a la expansión del capitalismo extranjero en México. Eran intelectuales de clase media que comenzaron a organizarse en forma coherente para poderse enfrentar a la dictadura. Abogados, médicos o ingenieros que sentían la necesidad de hacerse presentes, de abrirse paso, de destacarse en la vida pública del país, apeteciendo los puestos de la burocracia oficial, parlamento, judicatura, enseñanza o periodismo, que estaban ocupados por una generación vieja. Sentían a la sociedad mexicana como “petrificada” y creían que, a menos que ellos la “sacudieran” para renovarla, no tendrían cabida en ella.
Se minaba, pues, la estabilidad del sistema y se aproximaba otra crisis de hegemonía que, a diferencia de la que se dio en la primera mitad del siglo XIX, bajó desde las esferas del poder de las clases dominantes a una sociedad que había sufrido cambio sociales y económicos con celeridad y violencia. Ahora, los procesos de expropiación de la tierra habían permitido integrar un grupo social nuevo, el de los campesinos pobres, mientras la industrialización y la urbanización fomentaron la formación de la clase obrera.
Veracruz no escapó a todas estas contradicciones. Allí también los estratos medios intelectuales criticaron la inmovilidad social, la falta de actividad y de discusión en la administración pública, sujeta a la política centralista del caudillo. Se pedían cambios radicales que devolvieran a la entidad su autonomía perdida. Soledad García Morales indica que se consideraba a la población “enferma del mal de la inalterabilidad, del continuismo”, enviciada con el “providencialismo” de los hombres. 104
El empuje de la campaña electoral de 1910 trajo al territorio veracruzano un clima de agitación social. Francisco I. Madero realizó una gira por la entidad en el mes de mayo visitando, lógicamente, las cuatro poblaciones más importantes de la región central: el puerto de Veracruz, Xalapa, Córdoba y Orizaba en donde contaba con partidarios, sin que ello significara que tuviera una gran influencia en la localidad.
Posteriormente, al iniciarse el movimiento armado con la proclamación del Plan de San Luis, Dehesa extremó sus precauciones para controlar un posible levantamiento de adhesión, pese a lo cual pequeñas partidas revolucionarias hicieron su aparición dirigidas por Gabriel Gavira, Camerino Z. Mendoza, Rafael Tapia, Cándido Aguilar, Enrique Bordes Mangel, Vicente Escobedo y otros. Estos grupos maderistas no pudieron conformar una fuerza compacta, ni sus actividades se desplegaron como se esperaba por carecer de recursos, de manera que algunos jefes, como Gavira, debieron exiliarse por un tiempo. No fue sino hasta mediados de 1911 cuando el mismo Gavira, de regreso en el país y en unión de Aguilar, emprendieron una campaña revolucionaria formal en la región central, extendiéndose el movimiento por toda la entidad.
Los grupos combatientes de la primera etapa revolucionaria, cuyos integrantes provinieron también de las entidades colindantes, se abastecieron de recursos mediante el asalto a los núcleos urbanos. A lo largo de la primera mitad de 1911 la ocupación y desocupación de diversas población es por ambos bandos fue continua y la economía local se vio de nueva cuenta seriamente afectada así como la estabilidad social, situación que no solucionó la renuncia de Díaz y el triunfo del maderismo. 105
Teodoro A. Dehesa renunció a la gubernatura en mayo de ese año, hecho que tampoco significó el cambio de las estructuras sociales imperantes ni la desaparición de los intereses de la oligarquía regional. Aquellos que lo sucedieron no tenían un trasfondo revolucionario y apenas se iniciaba la pugna por la consolidación de un nuevo bloque hegemónico.
En medio del forcejeo entre antiguos porfiristas y maderistas, Francisco Delgado, Emilio Léycegui y León Aillaud resultaron designados gobernadores provisionales, aunque ninguno pudo satisfacer las aspiraciones de los grupos revolucionarios locales y sus designaciones sí reflejaron, por el contrario, las ambiciones gubernamentales de caudillos regionales como Gavira. Por último, en enero de 1912, al ser depuesto Aillaud por la Asamblea legislativa, Francisco Lagos Cházaro ocupó la gubernatura, gracias a un proceso electoral, en tanto Madero era elegido presidente constitucional.
La división y las diferencias cundieron entre los revolucionarios. Gabriel Gavira, inconforme con la elección de Lagos Cházaro, se levantó en armas combatiendo por el rumbo de Misantla hasta que, una vez aprehendido, se le remitió a la fortaleza de San Juan de Ulúa. Por otro lado, el movimiento a favor de la vicepresidencia para Francisco Vázquez Gómez, tomó fuerza en los cantones del centro de Veracruz produciendo la rebelión de Daniel Herrera, Eduviges Montiel, Eduardo Loyo, Jesús M. Ramírez y Crescencio Villaraus.
Y la inestabilidad política se mantuvo conforme avanzó el año de 1912. Con el pronunciamiento de Pascual Orozco en el norte, varios revolucionarios veracruzanos, leales a Madero, lo combatieron en Zacatecas y Jalisco. Entre ellos se contaron Cándido Aguilar, Manuel F. López, Guadalupe Sánchez, Agustín Millán y Adalberto Palacios. Poco después hubo que enfrentar la sublevación de Salustio Lima en el puerto de Veracruz, quien en unión de los guardias de Ulúa se proclamó a favor de Félix Díaz. Sofocada la revuelta por las fuerzas de Joaquín Beltrán, Díaz resultó encarcelado, juzgado por un consejo de guerra y conducido a la ciudad de México a la prisión en donde se fraguaba el derrocamiento del presidente. 106
A la lucha militar que se desarrollaba en el estado debe agregársele la contienda política provocada por las elecciones gubernamentales. Las divergencias entre los clubes políticos desembocaron en acusaciones y protestas mutuas. Esta vez resultó vencedor Antonio Pérez Rivera que se mantuvo en su cargo hasta que el cuartelazo huertista lo obligó a abandonarlo.
En Veracruz, al igual que en el resto del país, la Revolución de 1910 no cambió las estructuras políticas, económicas y sociales existentes. Madero, y la fracción de propietarios en la que se apoyaba, no incorporaron a sus filas a los revolucionarios que tomaron las armas en su favor y, en cambio, unificaron a las fracciones sociales aún vinculadas con el porfirismo para que lucharan por recuperar el poder perdido.
Con el triunfo de Victoriano Huerta la gubernatura veracruzana fue cubierta, en los primeros seis meses de 1913, por Enrique Camacho, Eduardo Cáuz, Alonso Guido y Acosta y Guillermo Pasquel, en tanto la proclamación del Plan de Guadalupe enarbolado por Venustiano Carranza, incrementó los movimientos armados locales con un objetivo común, el derrocamiento del régimen huertista.
Cándido Aguilar fue elegido por el jefe constitucionalista para activar en tierra veracruzana la campaña contra Huerta. Dicho dirigente buscó la unificación de las distintas partidas y con los contingentes integró la primera división de Oriente, dependiente del ejército de Pablo González. Para entonces era de vital importancia para los constitucionalistas el control de la zona oriente del país, en donde se ubican los puertos de Tampico y Tuxpan, centro del comercio petrolero y fuente de recursos del gobierno, así como el de Veracruz.
Paralelamente al desarrollo de los acontecimientos políticos internos, aconteció un nuevo incidente internacional. Los Estados Unidos, que no habían reconocido el régimen de Huerta, con el pretexto de proteger a sus nacionales, trataron de inmiscuirse en los asuntos nacionales. Primero se produjo una fricción en Tampico y, a pesar de las satisfacciones dadas por la administración huertista, tropas norteamericanas ocuparon el puerto de Veracruz en abril de 1914. Las fuerzas dictaroriales acantonadas en la plaza la abandonaron y la defensa se realizó por los alumnos de la Escuela Naval y el pueblo en general. La ocupación extranjera de la ciudad duró hasta Noviembre de este año.
Irónicamente, por las mismas fechas, los triunfos constitucionalistas fueron en aumento. En mayo se tenía controlada gran parte de la entidad veracruzana y, en junio, Aguilar fue designado gobernador y comandante militar. Su primer decreto consistió en declarar a Tuxpan, la plaza en donde se hallaba, capital del estado, y luego designó a Heriberto jara como secretario de gobierno. La revolución contra Huerta se extendió por el centro y por el sur, gracias a las acciones de dirigentes como el propio Jara y Gavira, Agustín Millán, Daniel Cerecedo, Higinio Melgoza y un veracruzano que poco a poco adquirió fuerza, Adalberto Tejeda. En agosto, cuando el constitucionalismo triunfaba a nivel nacional, los contingentes de la división de Oriente ocuparon Xalapa. 107
Durante el ejercicio de su cargo, Cándido Aguilar emitió una serie de disposiciones legislativas que ya planteaban reformas sociales. Dispuso la confiscación de tierras en el cantón de Tantoyuca; reglamentó la celebración de contratos de arrendamiento, venta o hipoteca de tierras en los cantones de Ozuluama, Tuxpan, Tantoyuca, Chicontepec, Misantla y Minatitlán para proteger a los propietarios de predio prolíferos de los abusos de compradores o arrendatarios, especialmente extranjeros; decretó el descanso dominical para los dependientes del comercio y de la industria; y sancionó la creación de la Comisión Agraria Mixta que dotaría de tierras a los campesinos desposeídos, conforme a la ley del 6 de enero de 1915. 108
Empero, la crisis hegemónica persistió y las divergencias entre facciones revolucionarias fueron conformando bandos separados hegemónica persistió y las divergencias entre facciones revolucionarias fueron conformando bandos separados, cada uno representante de intereses sociales, económicos y políticos concretos: carrancistas, villistas y zapatistas. La contienda civil que se inició a mediados de 1914 llegaría hasta los primeros meses del año siguiente, 1915.
En esta etapa revolucionaria el ascendiente político del gobernador Aguilar fue en aumento hasta transformarse, en 1920, en el hombre fuerte de Veracruz. En noviembre trasladó los poderes estatales de Tuxpan a Córdoba, y en diciembre dio asilo al gobierno en la plaza porteña que ya había albergado con anterioridad otro gobierno constitucional, el juarista.
Radicado, pues, en el puerto de Veracruz junto con el poder federal, Aguilar empezó a emitir una legislación reformista relativa al reparto agrario, a la mejoría de las condiciones laborales, organización de la vida educativa y arreglo de los ramos administrativo y fiscal del estado. La política practicada en este sentido obedeció, según afirma Ricardo Corzo Ramírez, tanto a las convicciones “reformistas y liberales” que subyacían entre los revolucionarios veracruzanos como a la necesidad de atraer prosélitos locales para la causa del constitucionalismo. 109
Al mismo tiempo, otro requerimiento del grupo local en el poder era la afirmación de su control político. En consecuencia, al desocupar los norteamericanos la plaza porteña, se crearon juntas de administración civil que permitieron fortalecer el dominio aguilarista.
Tal parece que la industria, el comercio y las comunicaciones, en especial las de la región central, continuaron sus prácticas cotidianas, sin graves alteraciones, a pesar de la inestabilidad de los tiempos. Así, la pacificación estatal dependía de ganar, no grandes batallas, sino pequeños y frecuentes enfrentamientos armados, y hacia esa meta se canalizaron los escasos recursos con los que contaba la administración de Aguilar. Con todo, por la situación de guerra civil en que se vivía, hubo carestía, ocultamiento y especulación de alimentos y una gran inflación. 110
Hubo problemas que enfrentaron junto con el gobierno carrancista, relacionados con el reparto agrario, las reformas laborales y la organización educativa. La ley del 6 de enero de 1915 tenía en Veracruz el antecedente del decreto de 8 de octubre de 1914, que permitió a Cándido Aguilar argumentar jurídicamente el reparto agrario; asimismo, como se indicó, se estableció la Comisión Agraria, que dejó en manos del presidente la decisión final para resolver los problemas de la tenencia de la tierra, de manera tal que, esa circunstancia, aunada a la inestabilidad política y otras causas diversas, ocasionaron que el reparto agrario no fuera tan extenso como se había esperado.
Por otro lado, la firma del pacto entre el gobierno constitucionalista y la Casa del Obrero Mundial hizo posible la presencia de los batallones rojos en Orizaba, reactivándose la organización obrera veracruzana y ejerciendo una fuerte demanda en pro de sus reivindicaciones. En octubre de 1914, Aguilar reconoció los derechos de los obreros y estipuló mejoras en sus condiciones laborales; y si bien este intento de reglamentación jurídica parecía, a decir de Corzo Ramírez, vasto y general, fue puesto en marcha por el departamento de Trabajo, dependencia del gobierno estatal. Las negociaciones entre la acción directa de los trabajadores y la intervención oficial, en el arreglo de sus conflictos con los patrones, llevaron a conquistar concretas como la disminución de la jornada de trabajo, el descanso dominical y el salario mínimo.
Respecto a la educación, Cándido Aguilar convocó al Congreso Pedagógico de 15 de febrero de 1915, que tuvo lugar en el puerto de Veracruz. En él se trató de vincular los programas educativos con las necesidades del ámbito rural y laboral, al mismo tiempo que se pretendió reformar los planes diseñados por Rébsamen Laubscher y Carrillo desde finales del siglo XIX.
La efervescencia y la agitación despertada por la legislación reformista dotó de experiencia a los diputados veracruzanos que asistieron al Congreso Constituyente de Querétaro, en 1917, con el objeto de reformar la Constitución de 1857. Con la expedición del Código fundamental de 1917 la crisis hegemónica llegó a su fin, consolidándose de nuevo el bloque en el poder, conservándose la continuidad del proyecto de Estado y Nación entre los gobiernos liberales “clásicos”, el Porfiriato y los gobiernos de la Revolución. Poco después de promulgada la Carta Magna, el estado de Veracruz dio a conocer también una nueva Constitución local, el 24 de agosto del mismo año.
103 Soledad García Morales, op. cit.
104 Ibidem.
105 Ibidem.
106 Ibidem.
107 Ibidem.
108 Ricardo Corzo Ramírez, “La reconstrucción, 1915-1950” en Historia mínima de Veracruz, Xalapa, Ver., Instituto Nacional de Educación para Adultos, 1986, mecanuscrito original, inédito.
109 Ibidem.
110 Ibidem.
Cronología comparada
Veracruz 1808
Se registra la presencia de Ignacio Allende en el puerto de Veracruz y en Xalapa como parte de la oficialidad de las fuerzas reales acantonadas en la población xalapeña y en la hacienda de El Encero. Julio 18. El ayuntamiento de la villa de Xalapa se reunió a petición del regidor procurados, Diego Leño, para discutir el apoyo al virrey Iturrigaray ante los acontecimientos de la Península. Julio 20. El ayuntamiento de la villa de Xalapa envió al virrey Iturrigaray una representación en la que le manifestaba su apoyo. Julio 22. El ayuntamiento del puerto de Veracruz envió al virrey Iturrigaray una representación de apoyo, similar a la remitida por el ayuntamiento xalapeño, para manifestarle su lealtad. Julio 22, 26, 27. Las autoridades locales y la población del puerto de Veracruz tuvieron conocimiento de la rebelión española, que se había iniciado en Madrid, contra la invasión francesa. Reinaba un clima de agitación. El ayuntamiento xalapeño, en consonancia con la representación remitida a Iturrigaray, formó una comisión que debía trasladarse a México para entrevistarse con el virrey. Agosto 10-12. Tumulto y agitación en el puerto de Veracruz derivados del clima de agitación imperante por los acontecimientos de la Península y las actividades de Iturrigaray, que hacen crisis con la llegada de la goleta francesa. La Vaillante. Agosto 10-13. La comisión de capitulares xalapeños instalada en la ciudad de México, remitió dos comunicaciones al cabildo de Xalapa informándole sobre los acontecimientos que estaban teniendo lugar en la capital en torno al virrey Iturrigaray. Septiembre 16. El ayuntamiento de Xalapa tuvo conocimiento de la destitución de Iturrigaray y de que la comisión enviada a la ciudad de México, venía de regreso. Septiembre 18. El ayuntamiento del puerto de Veracruz comunicó su alegría al virrey Pedro de Garay, por la destitución de Iturrigaray. Septiembre 21. El ayuntamiento de Xalapa remitió a las autoridades superiores una representación en la que explicaba las actividades relacionadas con Iturrigaray y protestaba su lealtad a Fernando VII. Septiembre 29. El ayuntamiento de Xalapa y las autoridades locales celebraron la ceremonia de proclamación y jura de Fernando VII. Diciembre 6. Iturrigaray y su familia abandonaron la Nueva España por el puerto de Veracruz a bordo del navío San Justo y se dirigieron a la Península
México 1808
Como consecuencia de los sucesos políticos en España, tiene lugar en la ciudad de México la primera junta política para discutir la situación en la Metrópoli; se pretende instaurar una Junta Suprema con el virrey José de Iturrigaray a la cabeza. Golpe de Estado encabezado por los comerciantes españoles, cae Iturrigaray.
_______________________________________________________________
Veracruz 1809
Enero 12. La junta Central designó a Carlos Urrutia como gobernador e intendente de Veracruz. abril 1. La villa de Xalapa celebró el establecimiento de la Junta Central de Gobierno de España e Indias en la Península.
México 1809
Francisco Javier Linaza es nombrado virrey de la Nueva España. las autoridades descubren la conspiración revolucionaria de Valladolid, lo cual no impidió que el ímpetu del movimiento insurgente siguiera su curso.
_______________________________________________________________
Veracruz 1810
Mayo 5. Orden superior para formar en la provincia veracruzana cuerpos de milicias urbanas. Integradas por los vecinos útiles para el servicio de las armas, se compondrían de compañías de 100 hombres que se ocuparían de la seguridad interior y de auxiliar al gobierno provisional. Julio 3. Elección en el puerto de Veracruz de Joaquín Maniau, director de la Real Renta del Tabaco, para representar a la provincia veracruzana en las Cortes Extraordinarias de España. Agosto 25. Llegada al puerto de Veracruz del virrey Francisco Xavier Venegas a su paso por la villa. Fue aquí donde este funcionario tuvo noticia de la conspiración de Querétaro. Octubre 5. El ayuntamiento del puerto de Veracruz acordó remitir al virrey Venegas una representación en la que le agradecía el celo y la energía desplegados frente a la revuelta de Hidalgo. Noviembre 1. El ayuntamiento de la villa de Xalapa, al igual que el del puerto de Veracruz, elaboró un manifiesto para declarar al virrey Venegas su adhesión. Noviembre 20. Los naturales de Orizaba remitieron un oficio al virrey en el que protestaban por el movimiento insurgente y señalaban las ventajas del gobierno monárquico.
México 1810
La Real Audiencia se hace cargo del gobierno de la Nueva España. el obispo Manuel Abad y Queipo pública un análisis y denuncia la grave situación socioeconómica. Se descubre la conspiración de Querétaro. En Dolores, Guanajuato, Miguel Hidalgo llama a la revolución; toma en Atotonilco la imagen de la Virgen de Guadalupe como bandera de su lucha. La independencia a Celaya. Cae Guanajuato en manos de los insurgentes. Abad y Queipo excomulga a Hidalgo y sus compañeros. El ejército insurgente toma Valladolid. José Ma. Anzorena, lugarteniente de Hidalgo, da a conocer el decreto de abolición de la esclavitud. Con más de 50 000 hombres. Hidalgo abandona Valladolid; se entrevista con Morelos. El Ejército insurgente entra en Toluca. Batalla del Monte de las Cruces. En Aculco la revolución sufre una derrota parcial. Antes de entrar a la ciudad de México los insurgentes deciden regresar a Valladolid. Guadalajara recibe apoteóticamente a Hidalgo; ahí decreta la abolición de la esclavitud y cesa el pago de tributos de castas e indígenas; queda abolido el uso del papel sellado y el estanco de la pólvora. Aparece el periódico El Despertador Americano, órgano de difusión de las ideas insurgentes.
Veracruz 1811
Enero 22. El virrey Venegas aprobó la creación de compañías de milicias urbanas en la villa de Orizaba con las mismas características con que se habían dado antes: defensa de la población y apoyo al gobierno virreinal. Mayo 2. Partidas de insurgentes hicieron acto de presencia por los rumbos de Medellín, Jamapa, Cotaxtla y San Juan de los Llanos. Octubre. Las fuerzas realistas acantonadas en Xalapa se batieron desde mediados de este mes con grupos insurgentes por los rumbos de Coatepec, Xico, Motuapan, Ixhuacán, Tenextepec y Santiago. Octubre 13. Un núcleo insurgente capitaneado por los Bello, sublevados en Mutuapa por la causa de la independencia, entró en Teocelo al grito de “¡Viva la Virgen de Guadalupe!”. Huyó rumbo a la barranca de Loma Parada e Ixhuacán. Diciembre. Francisco Leyva se rebeló en la villa de Orizaba y se retiró al poblado de Temascala, en donde se le unió Simón Brano. Ambos, con algunos indios de Ixhuacán y otros puntos, iniciaron recorridos de alguna importancia.
México 1811
Se iniciaron los reveses de los insurgentes: Félix María Calleja, al mando del ejército realista; derrota del Puente de Calderón y toma de Guadalajara. Los insurgentes se retiran hacia el norte del país, a fin de proseguir la lucha. En Acatita de Baján, Coahuila, son tomados prisioneros Hidalgo, Allende, Aldama y José Mariano Jiménez; ejecutados posteriormente en Chihuhua. Campañas en Zacatecas y Michoacán de Ignacio López Rayón, y en Guerrero y Morelos de José María Morelos. Ambos jefes serán, durante 1811, el alma del movimiento insurgente. Rayón establece en Zitácuaro la Suprema Junta Nacional Americana. Las fuerzas realistas son derrotadas en Izúcar, Puebla; este lugar se convierte en el cuartel de los insurgentes de la región. El Ilustrador Americano, periódico insurgente, aparece en Zitácuaro, fundado por Andrés Quintana Roo, Ramón Rayón y José María Cos. Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz en España insisten en que se conceda a los colonos americanos igualdades políticas con la Metrópoli; libertad de industria, agricultura y comercio; supresión de preferencias a los españoles en cargos y empleos públicos. Se conoce la edición francesa de Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, de Alejandro de Humboldt.
_______________________________________________________________
Veracruz 1812
Marzo. Los curas Manuel de las Fuentes Alarcón, de Maltrata, y José Moctezuma Cortés, de Zongolica, sublevaron a los feligreses contra el gobierno español. Comenzaron acciones por los rumbos de Acultzingo interrumpiendo las comunicaciones de Orizaba y Córdoba con Tehuacan. Se sumaron a ellos José Ma. Sánchez de la Vega e Ignacio Luna de Tlacotepec. Marzo-Julio. Conspiración descubierta en el puerto de Veracruz a favor de la independencia. Juicios celebrados y fusilamiento de los involucrados: Cayetano Pérez, Evaristo Molina y otros. Abril. Las partidas insurgentes se hicieron fuertes en los alrededores de Xalapa: Ayahualulco, Ixhuacán, Jicochimalco, Motuapan, Coatepec, Quimixtlán. En estas fechas Benito Ochoa había rebelado a los indígenas de las rancherías de Chiltoyac y Maxtlatan. Mayo 22. Las partidas de Domingo Bainas partidarias de la independencia, que recorrían la región de Sotavento, asaltaron la población de Tlaxlicoyan obligando a los vecinos a refugiarse en Tlacotalpan. Mayo 30, Junio 1, 19. La villa de Xalapa es atacada por los jefes insurgentes Mariano Rincón y Machorro. En ambas ocasiones los grupos rebeldes debieron retirarse. Junio 8-15. Se descubrió una conspiración en la fortaleza de San Carlos de Perote a favor de la independencia. Los involucrados, entre los que se encontraban oficiales del regimiento fijo de Veracruz, fueron fusilados. Junio 28. Ocupación de la villa de Orizaba por las fuerzas insurgentes de Mariano de las Fuentes Alarcón. Junio 30 – Julio 10. Las fuerzas insurgentes sitiaron Córdoba por poco más de ocho días sin éxito. Tuvieron que retirarse violentamente al tenerse noticias de que el realista Ciriaco del Llano había recuperado Orizaba Orizaba y marchaba hacía la población cordobesa. Julio 19-28. Tropas insurgentes en número de 3 000 sitiaron sin éxito en puerto de Tuxpan, defendido por Domingo Camuñez, Andrés Jáuregui y José Esnaurrizar. Julio-Agosto. Expedición de Ciriaco del Llano para romper la incomunicación con el puerto de Veracruz ocasionada por las partidas insurgentes. Bajó la ruta de Xalapa y regresó con cargamento de harinas y papel para la fábrica de cigarros. Por otra parte, Juan Topete, designado por el gobernador Juan Soto para encargarse del mando político y militar de Sotavento, logró emprender la campaña contra los insurgentes de la zona desalojándolos de varias haciendas importantes y de los pueblos de Amatlán, Santiago Chacaltianguis y Cosamaloapan. Octubre 14. Promulgación y solemne juramento de la Constitución de Cádiz en el puerto de Veracruz. Festividades locales. Octubre 19-13. José Ma. Morelos, procedente de Tehuacan, atacó y ocupó la villa de Orizaba. Después de obtener los recursos que necesitaba, de quemar cargas de tabaco y de fusilar a algunos realistas se retiró de nuevo a Tehuacan. Noviembre 11-21. Las fuerzas insurgentes de Nicolás Bravo y Mariano Rincón intentaron sin éxito tomar la villa de Xalapa. Se retiraron a Puente del Rey o Puente Nacional. Noviembre 14. Promulgación y jura de la Constitución de Cádiz en la villa de Xalapa. Diciembre. Promulgación y jura de la Constitución de Cádiz en la villa de Orizaba.
México 1812
Félix María Calleja ocupa la villa de Zitácuaro, derrota a las fuerzas de Ignacio López Rayón y obliga a la Suprema Junta Nacional Americana a emigrar y establecerse en Sultepec. Morelos entra a Taxco. Desembarca en Veracruz el primer batallón del Regimiento de Infantería estadounidense, en apoyo del movimiento insurgente. Sitio de Cuautla. El Virrey Venegas publica un bando para exigir a particulares un préstamo forzoso de oro y plata. El doctor José María Cos, en Sultepec, imprime El Ilustrados Nacional, más tarde, publica El Ilustrador Americano. Morelos triunfa frente a las tropas realistas en Citlala. Se presenta en Huajuapan para auxiliar a Valerio Trujano. Entra a Tehuacan para iniciar su tercera campaña. Leonardo Bravo es ajusticiado en México. El virrey Venegas promulga la Constitución de Cádiz. Es recibida con júbilo y aprovechada en punto clave. Se publica en México el bando de libertad de imprenta, los insurgentes aprovechan las circunstancias. Morelos sale de Tehuacan y toma Orizaba. Se dirige a Oaxaca y la ocupa por asalto. Se publica en Oaxaca El Correo Americano del Sur. Se suprime la libertad de imprenta. José Joaquín Fernández de Lizardi es arrestado en México por la publicación de su periódico El Pensador Mexicano. Otros periodistas sufren persecución; entre ellos, Carlos María de Bustamante, editor de El Juguetillo. Andrés Quintana Roo funda el Semanario Patriótico Americano.
_______________________________________________________________
Veracruz 1813
Enero 2. Promulgación y jura de la Constitución de Cádiz en la villa de Córdoba. Enero 14. Acción de Puente del Rey o Puente Nacional. Las partidas insurgentes comandadas por Nicolás Bravo enfrentaron a las realistas de Juan José Olazábal que custodiaban un valioso convoy con destino a Veracruz. Marzo. Para estas fechas los insurgentes dominaban gran parte de las regiones costeras de Sotavento y Barlovento y las pendientes del declive oriental de la cordillera. Si bien los realistas controlaban Veracruz, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Alvarado y Tlacotalpan, las comunicaciones estaban en poder de los rebeldes. Abril 11-29. Por el rumbo de la Huasteca, tropas realistas acantonadas en Tuxpan, lograron batir a las partidas insurgentes en Tihuatlán, Palo Blanco, Potrero del Tigre y Mesa de los Coroneles. Abril 30. Bravo atacó sin éxito el puerto de Alvarado y se retiró a San Juan Coscomatepec. Julio 28 – octubre 4. Sitio de Coscomatepec. Las fuerzas de Nicolás Bravo resistieron durante 69 días los ataques realistas para finalmente romper el cerco y retirarse hacía Ixhuatlán y Huatusco.
México 1813
Toma posesión el virrey Félix María Calleja. Gran parte del país está bajo el dominio insurgente. Comienzan las operaciones de Morelos contra Acapulco; el Castillo de San Diego y la fortaleza en poder de los insurgentes. Decreto del virrey Calleja formando una junta que promueva recursos para nivelar los ingresos y egresos. Mariano Matamoros derrota al jefe realista Manuel Dambrini. Se instala el Congreso de Chilpancingo con Rayón, Bustamante, Quintana Roo, Cos, Morelos, etc. Se lee el documento los Sentimientos de la Nación de José Ma. Morelos quien es nombrado por el Congreso “Generalísimo”. En octubre Morelos retira en Chilpancingo la abolición de la esclavitud. Se promulga, el 6 de noviembre, el Decreto de Independencia expedido por el Congreso de Anáhuac. El Congreso decreta el regreso de los jesuitas. Se inicia la cuarta campaña de Morelos. Fray Servando Teresa de Mier publica su Historia de la revolución de Nueva España. la masonería del rito escocés empieza a trabajar regularmente.
_______________________________________________________________
Veracruz 1814
Marzo 1. El Congreso de Chilpancingo, desde Tlachapa, designó a Juan Nepomuceno Rosains general en jefe de las provincias de Puebla, Veracruz y norte de la de México. Marzo 15. Se reunió en el puerto de Veracruz la Junta Electoral que designó como diputados a las Cortes de España a Antonio Manuel Couto y Pablo de la Llave y Avilés. Abril 27. El relista Hevia logró apoderarse de Huatusco, favorecido por las desavenencias de López Rayón y Rosains por el mando insurgente de Veracruz. Mayo 4-6. Acción de Omealca. Las fuerzas insurgentes de Rayón, refugiadas en ese punto y sin tener la ayuda de Rosains, fueron batidas por las tropas realistas de Hevia. Rayón se retiró hacia Tehuacan y abandonó la provincia de Veracruz. Junio. Nueva reunión de la Junta Electoral en el puerto de Veracruz para designar a Ramón de Garay como diputado propietario por Veracruz por la Junta Provincial.
México 1814
Derrota de Puruarán; desastres militares de Morelos. Ramón Rayón comienza a reorganizar las tropas para defender la provincia de Oaxaca. Mariano Matamoros es fusilado por las huastecas realistas. El virrey Calleja consolida su poder, emprende una lucha sin cuartel contra la causa insurgente. Gabriel Armijo el mando de las tropas del sur. Los ejércitos virreinales toman varios puntos estratégicos de Puebla y la ciudad de Oaxaca, el jefe realista Agustín de Iturbide destaca en Guanajuato en su lucha contra los independientes. El comandante insurgente Juan Álvarez es derrotado en Pie de la Cuesta, Acapulco, Gro. Se conoce la noticia del regreso de Fernando VII como rey de España. Sitio realista de Silacayoapan, Oaxaca. Muere el jefe insurgente Hermenegildo Galeana. Se promulga la Constitución de Apatzingán. Ignacio López Rayón comisiona a Carlos María de Bustamante para marchar a Estados Unidos en busca de auxilios. Política virreinal contraria a principios liberales: reinstalación del Tribunal de Inquisición. Tadeo Ortiz es enviado por Morelos como representante diplomático ante el gobierno del Río de la Plata. Por sus ideas independentistas, Lorenzo de Zavala es enviado a la prisión de San Juan de Ulúa donde permanece tres años.
_______________________________________________________________
Veracruz 1815
Junio 26 – julio 26. Expedición realista de Carlos Llorente por el territorio de Misantla y Punta de Piedra que no tuvo el éxito esperado. Julio 17. Por órdenes del virrey Venegas, el territorio de las villas de Xalapa, Córdoba y Orizaba y el que comprendía el gobierno de Perote, formaron una demarcación militar independiente de la Comandancia General del Ejército del Sur bajo el mando del brigadier Fernando Miyares y Mancebo. Agosto 20. Rosains es destituido de su cargo por una junta de oficiales descontentos con su tiranía y reducido a prisión. Noviembre 23-27. Tropas realistas lograron la ocupación de Nautla, puerto por el cual los insurgentes lograban comunicarse con los piratas de las Antillas para proporcionarse armas y pertrechos. Diciembre. En los últimos días de este mes, Miyares fue designado gobernador de Veracruz en tanto ocupaba ese puesto José Dávila.
<