MAÍZ TRANSGÉNICO, LA NUEVA AMENAZA

Diciembre 4, 2009 06:30am


Maíz genéticamente modificado

+ Autorizan a Monsanto a cultivarlo de manera experimental. ¿A qué intereses responde el gobierno de México?

BENIGNO MONTES DE OCA M. / Acayucan, Ver.- Las autoridades mexicanas autorizaron a la transnacional Monsanto a cultivar de manera experimental maíz genéticamente modificado en territorio nacional, esto a pesar de las innumerables voces de protesta y de alerta que científicos, ecologistas, campesinos, artistas y ciudadanía en general han expresado.

La organización Greenpeace llevó a cabo una peculiar manifestación en la capital del país, dándole, de manera simbólica voz a los héroes nacionales. El 18 de octubre una manta colocada en la columna del Ángel de la Independencia, denunciaba: “Maíz transgénico: fin de la independencia”; mientras que el padre de la patria, Miguel Hidalgo, expresó en una pancarta “Muera el mal gobierno que autoriza transgénicos”.

De acuerdo a lo expresado por, Aleira Lara, coordinadora de la Campaña de Agricultura Sustentable y Transgénicos de Greenpeace a Forum, representado por Nelly Olivos.

Aun cuando están aprobados los permisos se debe “ingresar un recurso de revisión de acuerdo a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM). Hemos identificado varias irregularidades en el otorgamiento de estas solicitudes. Además de que la modificación a la LBOGM y su reglamento, en marzo del 2009, se hizo de manera ilegal”.

De acuerdo a la activista los permisos otorgados recientemente a Monsanto violan el artículo 2, fracción 11 de la mencionada ley, que establece un régimen especial de protección al maíz ya que nuestro país es centro de origen de este alimento.

La LBOGM establece que para la determinación de los centros de origen y de diversidad genética se tomara en cuenta que, en el caso de cultivos, “las regiones geográficas en donde el organismo de que se trate fue domesticado, siempre y cuando estas regiones sean centros de diversidad genética.”

En un extrañamiento dirigido a Felipe Calderón, el 29 de septiembre del presente año, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, argumenta:

“México comprende los centros de origen, domesticación y diversificación del maíz y, por lo tanto, alberga la mayor parte de la diversidad genética del maíz en el mundo, mientras que es hogar de todos sus parientes silvestres conocidos. (…) Los agricultores en los diversos sistemas agrícolas de las distintas regiones de México, dependen de una reserva de semillas que guardan de una temporada agrícola a otra, mientras que frecuentemente intercambian semillas con otros productores dentro y fuera de cada comunidad. Estas actividades están en el corazón de un sistema dinámico que garantiza la generación y continuidad de la diversidad genética del maíz.”

Sistema que está en riesgo debido a la contaminación transgénica detectada desde hace años en nuestro país. Antes de marzo de este año la siembra de transgénicos no era permitida; pero a pesar de que en México era ilegal sembrar transgénicos ya se cuenta con varios casos de contaminación documentados con estudios de laboratorio”.

Los casos registrados con la presencia de transgenes en variedades de maíz y avalados con los estudios correspondientes, son los que siguen: sierra Juárez, Oaxaca (2000, 2001-2004); en el área de conservación del Distrito Federal (2003) y en regiones de los estados de Guanajuato, Veracruz y Yucatán (2002).

En los casos de contaminación detectados en Yucatán, Guanajuato y Oaxaca, se observó que la fuente de contaminación es un programa del gobierno denominado Kilo por Kilo”. Programa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que operó entre 1996 y 2001, la activista de Greenpeace señala que “este tipo de maíz no es monitoreado o no tienen una prueba de laboratorio que descarte la presencia de transgénicos”

¿A QUÉ INTERESES ESTÁ RESPONDIENDO EL GOBIERNO DE MÉXICO?

Es la pregunta que la Red en Defensa del Maíz Nativo se formula en su boletín 09130, publicado el 19 de octubre, luego de la autorización de siembra experimental del maíz genéticamente modificado. Conformada por 600 organizaciones no gubernamentales, la red vaticina que con estas autorizaciones “se está entregando el maíz a las corporaciones, poniendo en peligro la independencia y la capacidad del país para producir su propio alimento, y arriesgando nuestra alimentación al someter a nuestro alimento básico a una tecnología que plantea serios riesgos a la salud humana”.

Además contesta el cuestionamiento planteado anteriormente: el gobierno no responde a los intereses del pueblo y de la nación.

Tendríamos que preguntarles a las autoridades correspondientes, si los intereses a los que están respondiendo son los de Monsanto, empresa líder en la producción de semillas genéticamente modificadas. Lara comenta que dicha compañía detenta el 90 por ciento de las patentes de semillas transgénicas en el mundo y la aprobación para que Monsanto cultive este tipo de maíz significaría una mayor dependencia a esta transnacional que busca controlar el monopolio del maíz.

Aleira Lara agrega que “lamentablemente, en los países donde se han empezado a cultivar este tipo de semillas, se han desplazado los campos destinados al consumo nacional a la producción en gran escala, es decir, que existe una reconfiguración de los campos destinados para la exportación o para la producción de biocombustibles, lo que significa desmantelar la soberanía alimentaria de los pueblos”.

Monsanto ha demando a agricultores en todo el mundo cuyos campos han sido contaminados con semillas patentadas por dicha empresa. En la página web de Monsanto en nuestro país (www.monsanto.com.mx) se puede leer la siguiente justificación:

“Monsanto patenta muchas de las variedades de semillas que desarrolla. Las patentes son necesarias para asegurarnos de que recibiremos el pago por nuestros productos y por toda la inversión que realizamos para desarrollar estos productos. (…) Cuando los agricultores compran una variedad de semilla patentada, firman un convenio donde se suscribe que cultivarán únicamente la semilla que nos están comprando y que no guardarán ni volverán a sembrar las semillas que van a producir las plantas que están cultivando. (…) Un porcentaje muy pequeño de agricultores no respeta este convenio. Monsanto tiene conocimiento, a través de las acciones de nuestra empresa o a través de terceros, respecto a las personas de quienes se sospecha que violan nuestras patentes y nuestros convenios. En los casos en que nos encontramos con algunas violaciones, tenemos la posibilidad de dirimir la mayoría de estos casos sin siquiera ir a los tribunales.”

En dicho texto se señalan, básicamente, tres argumentos para demandar a los campesinos que supuestamente utilizan semillas patentadas por Monsanto: 1) obtener la remuneración de los productos que genera, 2) las pérdidas de estas remuneraciones no permitirían invertir en investigación y desarrollo y, 3) la injusticia que significa que otros, que no pagaron por dichas semillas, disfruten de los frutos de éstas.

DERECHO A LA INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR, VIOLENTADO

A México está ingresando cerca de 10 millones de toneladas de maíz amarillo forrajero, proveniente de Estados Unidos, no sé sabe con exactitud qué porcentaje de ese grano es transgénico, pero se tiene conocimiento de que 90 por ciento de los cultivos que en Estados Unidos no eran transgénicos ya están contaminados. Tampoco sabemos que ese maíz sea destinado a los animales y no sea utilizado en el consumo humano.

La LBOGM establece en su artículo 101 que “los OGMS o productos que contengan organismos genéticamente modificados, autorizados por la SSA por su inocuidad en los términos de esta ley y que sean para consumo humano directo, deberán garantizar la referencia explícita de organismos genéticamente modificados y señalar en la etiqueta la información de su composición alimenticia o sus propiedades nutrimentales, en aquellos casos en que estas características sean significativamente diferentes respecto de los productos convencionales, (…)”

Punto que no es respetado por ninguna de las industrias relacionadas, así lo señala la activista Lara: “en los productos que deriven de este tipo de maíz transgénico, que de hecho ya estamos importando, no se especifica en la etiqueta que se trata de productos derivados de organismos genéticamente modificados. Ahí se está violentando el derecho al consumidor a saber qué es lo que está consumiendo. Se le está negando el derecho a elegir que quiere comer. Lo que nos lleva a otra fase, que es el impacto que pueden tener en la salud humana estos productos. La industria se ha negado a que se etiqueten sus productos, porque evidentemente cuando los consumidores carecen de la certeza de que esos productos no van a tener impactos en la salud humana, van a elegir los productos orgánicos, producidos convencionalmente”.

El argumento de que los organismos genéticamente modificados acabarían con el hambre que padecen millones de personas en el mundo no es creíble ya que “el hambre en el mundo no es un problema de falta de alimentos, sino una mala distribución de los mismos”, señala Aleira Lara quien agrega que la conclusión de una investigación realizada en Estados Unidos es que “los cultivos transgénicos no han logrado tener un rendimiento mayor al de los cultivos convencionales, estamos hablando que el rendimiento aumentó en 2.3 por ciento. Lo cual, si lo traduces en términos de inversión y términos económicos, no es un rendimiento significativo ya que la tecnología de los transgénicos cuesta hasta 10 veces más”.

Las repercusiones de la siembra de maíz transgénico abarcan desde la desaparición de cultivos tradicionales de pequeños productores, que puede desencadenar un nuevo fenómeno de migración de campesinos; la desaparición de especies originarias de maíz, y con ello hay que tomar en cuenta las repercusiones ecológicas; además de las consecuencias económicas, pues Monsanto debe estar preparada a iniciar una nueva estrategia legal para demandar a los agricultores que, “abusando de su buena fe”, usaron sus semillas sin el permiso y pago correspondientes. En suma todas estas consecuencias significan un golpe a la soberanía alimentaria de nuestro país.

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